“En un acto de campaña Sergio Massa anunció que a partir del 1 de octubre el nuevo piso del Impuesto a las ‘Ganancias’ subirá hasta $1.770.000 mensuales. Pero al no eliminarlo, muchos trabajadores podrán quedar nuevamente comprendidos en caso de que haya alguna suba salarial. Massa dice ‘que el salario no es Ganancia’ ¿en qué quedamos entonces?”, graficó el candidato a gobernador por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Rubén “Pollo” Sobrero.

“A tal punto es una medida electoralista que Massa aprovechó el anuncio para pedirle a los trabajadores ‘todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, de la Argentina y el peronismo’, mientras está aplicando un brutal ajuste para cumplir con el FMI”, agregó Sobrero.

Sobrero también se refirió a los burócratas que aplaudieron la medida: “La burocracia de la CGT y las CTA, entre ellos Héctor Daer, Gerardo Martínez y Yasky felicitaron a Massa por esta medida que solo abarca a una parte de trabajadores, pero no hicieron nada para sacar este vergonzoso impuesto al salario en todos estos años, firmaron paritarias a la baja y nunca movieron un dedo para pasar a convenio a millones de trabajadores tercerizados, contratados y precarizados, los más explotados y pobres que no tienen derechos laborales”.

Sobrero finalizó: “Massa prometió que enviará un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría, pero durante años se opuso al proyecto de los diputados del Frente de Izquierda que plantea la anulación del impuesto al salario. Los únicos que peleamos por esta medida somos el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad con la fórmula Bregman-Del Caño, no el peronismo.”

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Escribe Guido Poletti

Inmediatamente a la devaluación del 22% realizada por el ministro y candidato Sergio Massa a pedido del FMI, el conjunto de las patronales procedieron a remarcar sus precios, incluso mucho más allá de la real incidencia de dicha devaluación en sus costos. Salieron a preservar y, si se podía, a río revuelto a incluso ampliar sus ganancias.

En los días siguientes incluso avisaron mediante las cámaras respectivas, que no estan dispuestos a acatar el margen de aumento del 5% del que hablaba el gobierno. Por último, incluso protestaron ante el miserable bono de 30.000 pesos por dos meses para las categorías más bajas de asalariados, amenazando con trasladarlos inmediatamente a precios.

Los aumentos, que llegan hasta el 30% en los productos alimenticios y de primera necesidad, son llevados adelante por las grandes cadenas, que siguen registrando superganancias Así Arcor, empresa oligopólica en golosinas, enlatados y otros rubros viene de ganar más de 25.000 millones de pesos en la primera mitad del año. La otra gran alimenticia, Molinos Río de la Plata también registra ganancias por 9.000 millones, en el mismo período. Y no se trata sólo de este semestre. En 2022 la firma de los Pagani (Arcor) tuvo ganancias netas por 35.380 millones de pesos, un 7 % más que en 2021. Molinos Río de la Plata, perteneciente a los Pérez Compac, registró en 2022 un resultado positivo por 8.197 millones, un aumento de casi el 50 %, respecto al año previo.

Números muy parecidos muestra el resto de las empresas que monopolizan el 75% de lo que se vende en las góndolas: Unilever, Mastellone, Coca Cola, Sancor, Danone, Procter & Gamble, Pepsico Co, Mondelez, Nestlé, Bagley S.A., Molino Cañuelas, Ledesma.

Por si todo esto fuera poco, la cadena de comercialización también está concentrada en unas pocas cadenas de hiper y supermercados: Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea), Coto, Walmart (Changomás) y La Anónima, que también remarcaron desaforadamente en los últimos días para llevarse su porción.

Hay que terminar con estos abusos y salir a defender el bolsillo popular, retrotrayendo estos aumentos, congelando los productos de la canasta familiar y estableciendo un estricto control de precios con las sanciones que establece la ley de Abastecimiento.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

El jueves 24 de agosto se anunció el ingreso de  Argentina al bloque Brics. El término “Brics” alude a la reunión de un grupo de países, creado en 2009, y originalmente compuesto por Brasil, Rusia, China e India (de ahí la denominación original: Bric), al que, en 2011 se agregaría Sudáfrica, sumándole la “s” a la sigla.

En  la cumbre realizada la semana pasada en Johannesburgo, los presidentes Lula da Silva (Brasil), Xi Jinping (China), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), el premier de la India, Narendra Modi y el canciller ruso Serguéiv Lavrov, resolvieron invitar a formar parte del grupo a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. El gobierno peronista de Alberto Fernández inmediatamente comenzó a plantear que el ingreso al Brics era una gran victoria, un enorme paso adelante, que “abre un nuevo escenario para la Argentina”.

¿Es realmente así? ¿Se trata de una buena noticia para el pueblo trabajador, que ayudará a resolver las penurias que se viven actualmente? ¿Es, aunque sea, una posibilidad de “independencia” ante el imperialismo?

Lamentablemente, no se trata de nada de eso. Entramos a un bloque hegemonizado por otra potencia imperialista, China, conducida por una dictadura sangrienta, la del partido Comunista chino encabezado por Xi Jinping. Un régimen que, tras llevar adelante la restauración capitalista y reprimir a sangre y fuego a su propio pueblo en la masacre de Tiananmen, ha sometido a la clase trabajadora china a la más feroz superexplotación, sin autorizar siquiera el más mínimo derecho a una sindicalización independiente. En los últimos años, China ha actuado como cualquiera de los imperialismos preexistentes, saqueando riquezas incontables en el resto del sudeste Asiático, África y también Latinoamérica. Más allá de sus choques de disputa comercial y por las hegemonías regionales con los Estados Unidos, existe una estrecha interrelación entre ambas potencias, que se expresa en la presencia en China de una enorme cantidad de transnacionales de origen yanqui, asociadas a capitales chinos. En nuestro país, empresas chinas participan del saqueo de la soja (Cofco), en la megaminería, en el petróleo y gas (tienen presencia en Vaca Muerta) y en otros rubros.

También forma parte de los Brics, la Rusia de Putin, una potencia imperialista menor que, además de gobernar autoritariamente su propio país ha invadido Ucrania, provocando una guerra con decenas de miles de víctimas.

Que no se trata de un bloque “del Tercer Mundo” ni mucho menos “antiimperialista”, lo demuestra el hecho de que, junto con Argentina, también ha ingresado Arabia Saudita, la potencia petrolera y uno de los socios estratégicos del imperialismo yanqui.

En el bloque también está Brasil, con el que tenemos ya una larga historia en otra experiencia de integración, en  este caso regional: el Mercosur. ¿Para qué ha servido hasta ahora? Sólo para los negocios de las grandes multinacionales, como las del complejo automotriz o el negocio sojero. Ni una sola medida favorece a los pueblos trabajadores de los países miembros: ni siquiera se permite que alguien tenga libre acceso para trabajar en otro país del grupo.

Al sostener que el ingreso a los Brics de nada servirá para resolver los problemas del pueblo trabajador y sectores populares, nos deslindamos a su vez de los planteos de Patricia Bullrich y Milei, que han rechazado entrar a los Brics simplemente porque defienden el alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Milei incluso le agregó el exabrupto, de que no quiere relaciones con China porque él “no hace tratos con comunistas”. En su delirio ultraderechista, ni siquiera reconoce que hace décadas que el régimen chino se ha transformado en una dictadura capitalista.

Criticar el ingreso a los Brics no significa que, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad no tengamos una postura sobre la necesaria unidad e integración de los pueblos. En concreto, lo que se necesita en estos momentos es un gran frente de países deudores, en principio latinoamericanos, pero extensible a todos los demás países dependientes y semicoloniales del planeta, para enfrentar el saqueo de las deudas externas y los planes de sometimiento al FMI. Ese sí sería un gran paso, uniendo nuestros pueblos y nuestras riquezas, para enfrentar y derrotar al capitalismo imperialista que nos explota y saquea.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

A cambio de los 7.500 millones de dólares (que se usaron para devolver lo que ya se pagó al mismo Fondo), el gobierno se comprometió a devaluar, aumentar las tarifas y bajar salarios y jubilaciones.

El día siguiente a las PASO, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, devaluó el peso un 22%, lo que desató una inmediata escalada de los precios, pulverizando salarios, jubilaciones y partidas sociales. Se trató de una medida previamente acordada con el FMI, que ya venía exigiendo una fuerte devaluación desde hacía varios meses.

Recién luego de haber cumplido con esto, el FMI se dignó a aprobar el acuerdo negociado en las semanas previas. Ahora sí, el Board del FMI (su conducción política, integrada por representantes de los distintos países y con una mayoría absoluta de las potencias imperialistas) liberó los 7.500 millones de dólares prometidos.

¿Para dónde fueron los dólares?

Ni un centavo de todo ese dinero irá destinado a resolver necesidades populares. Una parte muy importante y mayoritaria se usó inmediatamente para devolver los préstamos de corto plazo realizados en su momento por el gobierno de Qatar (750 millones) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) (1.000 millones) para cubrir, a su vez, los vencimientos de julio y agosto con el propio FMI. Otra parte se puso para reponer otro monto prestado para idéntico fin, en este caso del swap con China (1.700 millones). Luego de esto, quedan apenas 3.000 millones de dólares. Pero en septiembre habrá que pagar más vencimientos por 923 millones y en octubre nada más ni nada menos que 2.652, por lo que nuevamente estaremos en rojo.  

El FMI exige un mayor ajuste

Luego de la aprobación del acuerdo y el envío de los 7.500 millones, el Fondo dio a conocer “la verdad” del acuerdo. El gobierno argentino se comprometió a cumplir con la meta de llevar el déficit fiscal de este año al 1,9% del PBI. Para lograrlo debe achicar el gasto en un 11% de acá a fin de año. El Fondo explica como hacerlo: dice explícitamente que hay que reducir salarios y jubilaciones (con esta inflación esto se realiza dando aumentos por debajo de lo que suben los precios), aumentando más aún las tarifas de servicios públicos (ya se anunciaron incrementos en luz, gas y empezaron a llegar aumentadas las boletas de agua) y, como si esto fuera poco, con una nueva devaluación (que a más tardar se hará efectiva inmediatamente después de las elecciones de octubre). El gobierno se compromete, además, a enviar al Congreso en el mes de septiembre un proyecto de presupuesto con déficit cero para 2024. O sea, un ajuste mayor aún para el año que viene.

Juntos por el Cambio y Milei se reunieron con el FMI y avalan el ajuste

Los directivos del FMI no sólo requirieron el acuerdo del actual gobierno peronista. También pidieron garantías a la oposición patronal. Juntos por el Cambio apoyó el ajuste por partida doble, con sus actuales economistas y candidatos y también con Carlos Melconián, el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich. El ultraderechista Milei, que fue a la reunión acompañado por dos viejos economistas menemistas como Roque Fernández y Carlos Rodríguez, les prometió al FMI que si gana hará un ajuste “mucho mayor” al exigido por el Fondo Monetario.

Solo el FIT Unidad contra el ajuste del FMI

Tenemos que sacar conclusiones. Estamos viviendo un feroz ajuste. Pero el Fondo reclama uno mayor aún. ¡Los tres candidatos patronales, Massa, Bullrich y Milei, acuerdan llevarlo adelante! Nos ofrecen un futuro de más hambre, marginación social y saqueo de nuestras riquezas. Del otro lado, sólo el Frente de Izquierda Unidad, con la candidatura de Myriam Bregman y Nicolás del Caño y con el “Pollo” Sobrero en la provincia de Buenos Aires y los restantes candidatas y candidatos plantea la salida opuesta: hay que terminar con este sometimiento, rompiendo ya mismo los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI y suspendiendo inmediatamente todo pago de deuda externa, para volcar esos recursos a un programa alternativo, obrero y popular, que resuelva las urgentes necesidades de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, vivienda, salud y educación.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La educación pública fue uno de los grandes orgullos del país, de donde salieron mentes brillantes que hicieron honor a la ciencia, a la educación, el arte, premios Nobel. Pero hace décadas que los distintos gobiernos patronales la atacan y desfinancian. Ahora Milei, directamente quiere acabar con ella. ¿Cuál es la salida a la crisis educativa?
 
En 1884, impulsada por Sarmiento, se aprobó la Ley 1.420 que estableció la educación primaria obligatoria, pública y gratuita. Pondría las escuelas al alcance de todas y todos los niños del país para tener acceso a conocimientos estipulados por la Ley. Era un momento de crecimiento capitalista y la burguesía impulsaba la formación de todos los sectores sociales, al servicio de alfabetizarlos y formarlos para serles útil en el trabajo.

El país se llenó de escuelas públicas, garantizando este derecho social a la educación durante décadas. Esto generó la “movilidad social”, bien desarrollada en el libro “M´hijo el dotor” del uruguayo Florencio Sánchez: quienes estudiaban lograban mejorar socialmente. Y mostraba la importancia que las familias trabajadoras daban a la educación. Los grandes logros y avances educativos, tecnológicos, científicos, culturales, artísticos, literarios, que generó la escuela pública fue un orgullo nacional, que perdura, lo mismo el prestigio de la UBA y otras universidades públicas del país.

En nuestro país está muy arraigado el derecho a la educación pública. Los cambios fueron graduales, pero profundos. Se permitió el ingreso a la educación confesional, privada. Se la comenzó a subsidiar, quitando fondos a las estatales. Se traspasaron las escuelas a las provincias para reducir gastos. Se atacaron derechos laborales y cada provincia comenzó a pagar salarios diferenciados. Cualquiera podía poner un jardín, escuela o universidad privada y manejar sus propios contenidos educativos y títulos. Se privatizaron “servicios” educativos. Todo lo que pueda dar ganancias, se hace. Con esa política el peronismo, Juntos por el Cambio y los gobernadores de distinto signo político, están liquidando la escuela pública.

Los gobiernos, responsables de esta situación, culpan a la docencia. Pero si no fuera por las y los docentes y sus luchas permanentes, las escuelas se caerían a pedazos. Aunque muchas familias deciden llevar sus hijos a escuelas privadas, logrando los gobiernos su objetivo: liquidar el derecho social a la educación gratuita y pagar para estudiar en colegios privados.

Frente a esta crisis, aparece el ultraderechista de Milei proponiendo una “solución” que, de novedosa no tienen nada: entregar “vouchers” (bonos) a las familias para que, supuestamente, ellas decidan llevar a sus hijas e hijos a pagar la escuela que más les guste. Son propuestas que vienen desde 1955 (Milton Friedman) y fracasaron en cada lugar donde se las implementó (Estados Unidos, Canadá o Chile). Según el proyecto, los vouchers se podrían usar para pagar escuelas “estatales” que van a terminar siendo gestionadas por “gerenciadores” que reemplazarían a las directivas escolares. O para pagar privadas y si el valor de un vouchers no alcanza, deberán agregar dinero de la familia, que acabará endeudándose con bancos que cobran de por vida los préstamos para estudiar. Préstamos que, a nivel universitario, son enormes y endeudan al estudiante durante años de profesional, si se recibe.

Estas escuelas “vouchers” deben competir entre ellas para ver quién atrae a más estudiantes y las que bajan su matrícula, deben cerrar, dejando docentes y niños en la calle. Nada tiene que ver esta política con el derecho social a una educación pública, gratuita, laica y de calidad académica. Y en ningún país dio resultados, como no podía ser de otra manera. Más allá de los discursos tramposos, la única salida para retomar y sostener el derecho social a la educación pública y gratuita, es invertir el dinero necesario para tener nuevas aulas y escuelas, arreglar las que existen, para terminar con la sobrepoblación. Nombrar la docencia, gabinetes, auxiliares, necesarios, invertir en tecnología. Acabar con la sobrecarga y precarización laboral, tener docentes bien pagos y con cursos de formación gratuitos en contra turno. O sea, invertir en educación pública, y para eso quitar los subsidios al negocio de las escuelas privadas y suspender los pagos al FMI. Ese es el único camino.