Escribe Atilio Salusso

Sueldazos
Los jueces de la Corte acaban de recibir un aumento de sueldo porque dicen que así no podían vivir. ¿Cuánto ganan? Ricardo Lorenzetti 19.534.215 pesos; Horacio Rosatti 19.147.398 pesos y Carlos Rosenkrant 18.567.176 pesos. Los jueces de la Cámara Federal perciben entre 13 y 15 millones. Y recordemos que las y los magistrados que ingresaron al Poder Judicial antes de 2017 están beneficiados por no pagar el impuesto a las ganancias, mientras a un millón de laburantes se lo descuentan religiosamente. Así vive la “justicia independiente” que defiende Javier Milei.
 
Adorni 2
El hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, Francisco Jorge Adorni,  sigue en ascenso. Y lo hace a costa del Estado, donde recientemente fue nombrado nuevo presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM). Dicho organismo tiene a su cargo el pago de 300.000 retiros y pensiones a las Fuerzas Armadas. Además, realiza “inversiones en el mercado financiero para el otorgamiento de préstamos”. Dicen que el ministro Luis Petri lo designó por “su experiencia en el sector público y formación en ciencias económicas”. ¡Pero cuidado con meter la mano en la lata!
 
Menemismo
Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, puso en X “PROHIBIDO OLVIDAR” a un posteo periodístico que decía lo siguiente: “La AUH y la Tarjeta Alimentar hoy cubren el 100% de la Canasta Básica. En 2023 cubrían apenas el 54%. El ajuste fiscal más grande de la historia se hizo protegiendo a los más vulnerables.” Rápidamente explotaron las redes, pero con mucho nivel: “La canasta de indigencia que informa el Indec fue en mayo para una familia tipo de 500.281 pesos. En total, una familia tipo cubre con AUH y alimentar 295.008 pesos versus 500 mil de la canasta. ¿Me falta algún dato?” Otros escribieron ¿hablás de los más vulnerables con jubilaciones de indigencia?

Foto de portada: Desde Villa Ramallo vinieron al hospital. José María Azorín (trabajador rural) y Luana Campos junto a su bebé Samira. 

Escribe Atilio Salusso

“Salió redondo”, dijo la jefa de Neonatología del primer centro de salud público que, sin apoyo del sector privado, realizó esta cirugía. Profesionales intachables, que el gobierno de Javier Milei ataca mientras les paga salarios miserables.
En la semana 27 de embarazo, lograron corregir una malformación en la columna vertebral: espina bífida, un defecto congénito en el que los huesos de la columna no se cierran del todo y dejan expuesta la médula espinal y las meninges. La beba nació saludable y deberá seguir en tratamiento hasta los 18 años.

Desde 2015 este tipo de intervención solo se hacía en el sector privado, donde la cirugía cuesta unos 15 millones de pesos, y con la internación, el monto total asciende a cerca de 50 millones. En cambio, el Hospital Garrahan la realiza de forma gratuita para pacientes sin cobertura médica.
José María Azorín, padre de la beba expresó: “Estamos eternamente agradecidos, a cualquiera que pase por lo mismo, le digo que no lo dude, que se acerque al Garrahan. Es un hospital público, nos ayudaron, nos contuvieron y salvaron a nuestra hija”.

“Lo que tiene el Garrahan es que siempre responde. Nunca deja a un paciente tirado, más allá del momento crítico en el que estamos. Jamás se dejó de atender a nadie y se garantiza la atención médica en todo momento, con esta cirugía se achica la brecha entre pacientes que sí tienen dinero y cobertura con las que no”, relató con orgullo la ginecóloga Analizia Astudillo (Página/12, 18/06). El equipo que llevó adelante la intervención estuvo integrado por cirujanos, neurocirujanos, obstetras, anestesistas, instrumentadoras y enfermeras. Un orgullo nacional e internacional, y una razón más (por si faltara alguna) para seguir apoyando la lucha de las y los profesionales y trabajadores del Garrahan.

Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La incansable lucha de las y los jubilados continúa. Es cotidiana, pero cada miércoles, alrededor del Congreso, se convierte en una batalla. Se trata de un problema arrastrado durante años, pero que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ha profundizado con crueldad, sostenido por la violenta represión ordenada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en obediencia a lo exigido por el FMI.

Lejos de hacernos retroceder, la aplicación del nefasto “protocolo antipiquete” no ha hecho más que consolidar la convocatoria de cada miércoles, en el marco de una movilización que no se detiene. No sólo crece la presencia de nuevos grupos de jubiladas y jubilados, sino que la movilización despertó una simpatía generalizada en el conjunto de la población. No podría ser de otro modo: en cada familia hay una o más personas que pertenecen a este sector y padecen las consecuencias de una política de ajuste especialmente ensañada.

La jubilación mínima, hoy en 304.724 pesos, más un bono fijo de 70 mil pesos (congelado desde marzo de 2024 y que, si se actualizara, debería alcanzar los 145 mil), nos condena a una situación de indigencia y privaciones inaceptables.

El haber que recibimos no llega ni al 30% de lo necesario para cubrir la canasta básica de las y los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos. Este cálculo se hace a partir de un estudio en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario. La medición contempla gastos propios de la tercera edad, incluyendo vivienda, alimentación, medicamentos, higiene, vestimenta y otros rubros esenciales.

Los medicamentos, un rubro esencial para nuestro sector, aumentaron muy por encima de la inflación, sin que el gobierno tome medidas frente a la voracidad de los laboratorios. La medicación para la tercera edad, que abarca tratamientos para diversas patologías, insume en promedio 260 mil pesos, incluso con el descuento según la obra social. Esto representa más del 70% del total de los haberes percibidos. La situación se agravó desde que el PAMI amplió el listado de medicamentos de venta libre (sin descuento) y redujo los porcentajes de cobertura sobre los recetados. Exigimos, más que nunca, el 100% de descuento en los medicamentos recetados, que hoy se llevan buena parte de nuestras jubilaciones.

Nuestra movilización también rechaza la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, que propone aumentar la edad para acceder al haber. Exigimos la restitución de la moratoria, eliminada por el gobierno ultraderechista el pasado 23 de marzo. La falta de aportes no es responsabilidad de las y los trabajadores, que desde hace décadas se ven obligados a aceptar empleos informales y precarizados, sin registro en la Seguridad Social ni acceso a los derechos laborales correspondientes. También es consecuencia de la evasión patronal: los empleadores descuentan los aportes al trabajador, pero no los depositan en las cajas previsionales ni cumplen con su propia obligación como aportantes.

Junto a estos reclamos, y en repudio a la brutal represión ordenada por la ministra Bullrich, desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) decimos: no a la supresión de las pensiones por discapacidad y por viudez. Defendemos los regímenes especiales y las trece cajas provinciales, y rechazamos la llamada “armonización”. También decimos: ¡No a la jubilación privada! Exigimos que Anses y PAMI vuelvan a manos de sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y jubilados. Para resolver de fondo estos problemas, sostenemos con firmeza: no al pago de la deuda externa con el FMI. Esa plata, que hoy va a parar a los cofres del sistema financiero usurero, debe destinarse a salud, educación, salarios y jubilaciones.

Nuestro partido Izquierda Socialista fue claro desde un primer momento al condenar el fallo de la Corte Suprema que proscribe a Cristina Kirchner para ser candidata (ver declaración). Estamos en contra de toda decisión judicial o política que cercene elementales derechos democráticos como en este caso, más allá de nuestras diferencias con las políticas de Cristina Kirchner y el peronismo.

En este marco, el Partido Justicialista (PJ) y sus distintas agrupaciones sindicales y políticas han convocado a manifestarse el próximo miércoles 18 cuando Cristina Kirchner vaya a los tribunales de Comodoro Py o frente a su domicilio en caso de que la justicia la notifique de la condena en ese lugar. Respetamos a quienes se van a movilizar en apoyo a su dirigenta política y consideran que también se vulneran sus derechos democráticos al no poder votarla en las próximas elecciones. Pero desde Izquierda Socialista no vamos a participar ya que la marcha es de apoyo político a Cristina Kirchner y al peronismo.

La marcha está convocada con la consigna “Argentina con Cristina”, es decir, en apoyo político a su figura, a sus gobiernos y al peronismo, no centralmente contra la proscripción. Es una marcha con una clara motivación política partidaria peronista que impide la participación de aquellos miles que están dispuestos a movilizarse contra la proscripción pero no están de acuerdo con las políticas que vino aplicando Cristina Kirchner y el peronismo, entre ellas distintas organizaciones como nuestro partido.

Siempre dijimos que condenábamos la proscripción desde una política de independencia política de clase y con la autoridad de haber enfrentado los negocios capitalistas corruptos en la obra pública bajo los gobiernos peronistas kirchneristas, a los Lázaro Báez, la masacre de Once, a los planes económicos de ajuste diciendo que se “redistribuía la riqueza” y también a la judicialización de la protesta social que se hizo con el espionaje de la Gendarmería a través del “Proyecto X”. Como lo hemos hecho de manera consecuente contra todos los gobiernos capitalistas.

Izquierda Socialista no va a la marcha mientras sigue repudiando la proscripción contra Cristina Kirchner y el ataque a los derechos democráticos de quienes quieren votarla. Llamamos a unir las luchas contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Exigimos a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y apoye los reclamos en curso, como la emblemática lucha del Garrahan, entre tantas otras, convocando a un nuevo paro general de 36 horas y a un plan de lucha nacional. Al mismo tiempo que llamamos a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) para pelear por una salida de fondo, en las calles y en las elecciones.

Comité Ejecutivo de Izquierda Socialista (FIT-U)
16 de junio de 2025

Contacto:
Diputado Nacional electo Juan Carlos Giordano: 11 3119-3003
X: @GiordanoGringo
Diputada en CABA Mercedes Trimarchi: 11 5956-1007
X: @MercedesTrimar
IG: MercedesTrimarchi
Diputada Nacional electa Mercedes De Mendieta: 11 6542-5363
X: @MechiDemen
IG: mechidemendieta
Mónica Schlotthauer: 11 6458-5777
Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Ante el inminente fallo del Tribunal, el diputado nacional electo JUAN CARLOS GIORDANO (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) señaló: “La Corte Suprema se apresta a ratificar la condena a prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Lo va hacer justo en un año electoral y a días de que la ex vicepresidenta y titular del PJ anunciara su candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires. Más allá de nuestras diferencias con Cristina Kirchner, consideramos que se trata de un intento de proscribirla para que no sea candidata en las próximas elecciones, algo que repudiamos”.

Giordano prosiguió: “Estamos en contra de toda decisión judicial o política que se use para intentar cercenar a alguien en sus derechos democráticos o en una contienda electoral. ¿Quiénes son estos jueces privilegiados que con su dedo acusatorio inhabilitan a alguien cuando han sido puestos a dedo, ganan sueldos millonarios y tienen cargos vitalicios? No tienen ninguna autoridad jurídica, política ni moral para hacerlo”.

Giordano agregó: “Este fallo va en consonancia con la política ultraderechista de Milei, que persigue al periodismo, reprime a las y los jubilados, tilda de 'terroristas y golpistas' a quienes nos movilizamos contra la Ley Bases, blinda con fondos millonarios a la SIDE para perseguir opositores, gobierna a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, apela al veto contra leyes que se logran con la movilización de distintos sectores, entre un largo etcétera. Todo es parte de un claro avance reaccionario y antidemocrático.”

Giordano finalizó: “Esto no lleva a desconocer los casos de corrupción que hubo bajo los gobiernos peronistas kirchneristas, hechos que se dieron también con Macri y ahora Milei, como el pacto entreguista y corrupto que firmó con el FMI o la participación directa del presidente en la estafa cripto. Políticas contra las cuales seguiremos luchando, mientras repudiamos este intento de inhabilitación y proscripción política por parte de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner”. 

9/6/25

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