Escribe María Meza, Izquierda Socialista/FIT Unidad Tierra del Fuego

Demostrando un servilismo ilimitado, el presidente Javier Milei, junto a su ministro de Defensa Luis Petri, extendieron la alfombra roja para recibir al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey. El funcionario yanqui no viene a traer buenas noticias. La visita responde a los intereses estratégicos estadounidenses en la región sur del continente. Viene a supervisar las medidas de seguridad que adopta el gobierno y extender la influencia del país del norte.

El almirante se reunió con personal militar en la Base Naval Multipropósito de Ushuaia, donde informó el papel de su país en la protección de las rutas marítimas como pretenden hacer en el Canal de Panamá, donde enfrentan una fuerte resistencia. El interés del gobierno Donald Trump es controlar este tipo de instalación naval terrestre, multifuncional, que incluye el apoyo logístico a buques navales, reparaciones, aprovisionamiento, y entrenamiento. Lo mismo se proponen con los ejercicios militares que realizarán las Fuerzas de Operaciones Especiales que incluyen Santa Cruz y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y específicamente en Isla de los Estados, lo que permite a los yanquis actuar directamente en el terreno de operaciones.

En ese sentido, Holsey se interesó por la puesta en funcionamiento del Radar instalado en la Estancia el Relincho, en Tolhuin, a unos 100 kilómetros de Ushuaia. Un dato curioso es que este radar, que puede ser utilizado para espionaje, recibir y enviar mensajes, fue instalado por una empresa irlandesa y otra británica, en pleno gobierno del Frente de Todos. En la época se desató una gran polémica por la autorización y el gobierno peronista tuvo que retroceder y cancelar el proyecto.

Repudiamos la visita de este representante militar estadounidense. No hay nada de inocente ni casual en ella. En nombre de Trump, viene a poner un pie en una región geopolítica de importancia estratégica. Para eso, se utiliza de las facilidades que le otorga un gobierno entreguista que está dispuesto a renunciar a la soberanía nacional para congraciarse con el gobierno norteamericano. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, llamamos a resistir esta política pro imperialista del gobierno y a defender la soberanía económica, política y territorial de nuestro país.
 

Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobierno quiere trasladar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, de un pabellón de la cárcel común de Ezeiza, a un penal ubicado en el interior del predio de Campo de Mayo. La medida otorgaría beneficios a los represores condenados como celdas individuales con televisor, acceso a plataformas de internet y la posibilidad de utilizar las comodidades de la Unidad 34 de Campo de Mayo que dispone de canchas de tenis, gimnasio y una heladera cada dos detenidos.

Además de Astiz, también son parte de la lista de beneficiados Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, entre otros, todos con condena de prisión perpetua. Es una medida inaceptable. Nos sumamos al pedido de organismos de derechos humanos que exigen “que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido sus penas […] Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino (privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros) deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”.

Desde que asumió, el gobierno encabezado por Javier Milei y la negacionista Victoria Villarruel, se trató de rehabilitar a las Fuerzas Armadas negando sus crímenes. Parte de esa escalada fue la visita oficial de parlamentarios de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para “confortar” a los genocidas. También el video mentiroso publicado por Agustín Laje desde la Casa Rosada el 24 de marzo. Después resolvieron incorporar a los militares a tareas de seguridad interna, algo que está impedido por ley (ver nota en esta página) y ahora pretenden aliviar a los represores enviándolos a una cárcel VIP. No lo podemos permitir. Unamos fuerzas para gritar de viva voz: juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas.
                               

 
 

Escribe José Castillo

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es el organismo encargado de regular y controlar a todas las empresas que prestan servicios con camiones, ómnibus de larga distancia, colectivos del AMBA, trenes de pasajeros y formaciones ferroviarias de carga.
Hoy, la CNRT está en la mira de la motosierra del ministro Federico Sturzenegger, quien la tendría como próximo organismo a cerrar o “liquidar”. Esto ya ha desatado una feroz interna “por la torta” entre las distintas alas libertarias.

De hecho, para la eliminación y reestructuración de la CNRT existen dos alternativas en pugna dentro de la gestión mileísta. La primera propone fusionar el ente regulador con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST).

La nueva estructura absorbía la mayoría de las tareas de control y supervisión de las empresas de transporte automotor de cargas y pasajeros, mientras que los permisos y licencias internacionales quedarían a cargo de la Secretaría de Transporte. En cuanto a los trenes de pasajeros, las funciones de control pasarían a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario; para los trenes cargueros, se crearía la nueva Agencia Federal de Regulación del Transporte Ferroviario de Cargas (Afrtc), prevista en el esquema de privatización de Belgrano Cargas.

La segunda variante de reconfiguración de la CNRT consistiría en una fusión del ala terrestre de camiones y ómnibus en un nuevo organismo con Vialidad Nacional y la ANSV, mientras que los servicios ferroviarios quedarían reasignadas en la Secretaría de Transporte y en la nueva Afrtc.

Habrá un desguace de las actuales funciones, despidos masivos y, lo más importante, los controles pasarán a ser meramente formales, y a la medida de los negociados de los empresarios. El servicio bajará en calidad; la inseguridad y los riesgos de accidentes crecerán exponencialmente.

Nos oponemos al cierre y desguace de la CNRT, y sobre todo a los despidos de su personal. Junto con las y los trabajadores de los distintos medios de transporte involucrados, que son quienes deben administrar y controlar todo el sistema de transporte, el cual debe reestatizarse y no profundizar su privatización como propone el gobierno.
 

Escribe María Meza, Izquierda Socialista Tierra del Fuego

El presidente Milei no se cansa de arrodillarse ante Trump y el imperialismo. No le basta con entregar las Malvinas a los piratas ingleses. Ahora viene al país el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, para monitorear la Base Naval de Ushuaia. Base que está destinada a garantizar que pretende controlar el comercio en esa zona marítima estratégica, según dicen los propios yanquis. Es decir, los intereses de E.E.U.U.

Pero como si fuera poco, Holsey quiere que el Radar inglés que está en la Estancia el Relincho, en Tolhuin, se ponga en funcionamiento. Es decir, activar el Radar espía de los piratas y sus socios yanquis. En primer lugar, le decimos al Melella que desmantele ese radar, que lo tendría que haber hecho hace mucho, como lo venimos denunciando. En segundo lugar, decirle al facho de Milei, admirador de la asesina Margaret Thatcher, que ese radar no pasará.

Milei, por supuesto, le brinda un banquete en la Casa Rosada, que ya parece una oficina de negocios Yanqui. Ya que, no solo, se endeuda con el FMI para garantizar el dominio imperialista, sino que se entregan todos los bienes comunes sin ningún tipo de vergüenza. La entrega es completa, ¡¡¡para Milei la Soberanía está a la venta!!!

Lo cierto es que el 30-04 Holsey llega a Ushuaia. Desde Izquierda Socialista de Tierra del Fuego repudiamos esta visita y llamamos a que las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de DDHH, de mujeres, disidencia y juventudes se pronuncien en contra de la intención yanqui de establecerse con Base propia en nuestro territorio. Entendemos que ninguna autoridad fueguina, empezando por el gobernador y el intendente de Ushuaia, tienen que recibir a este nefasto personaje.

Fuera Holsey de Ushuaia
Fuera Yanquis de Argentina y América Latina
Defensa de Nuestra Soberanía
No a Bases Imperialistas en nuestro territorio
No al Radar Inglés

Monica Gurina y Leandro Sánchez, dirigentes de la lucha docente del 2024, conocida como "misionerazo" enfrentarán en octubre un juicio por haber desobedecido la orden judicial de desalojo de un acampe.

El origen de la causa se remonta al acampe realizado por sectores sindicales en la avenida Uruguay de Posadas entre mayo y junio de 2024, en lo que fue una verdadera rebelión contra la política de ajuste del gobernador Passalacqua. La medida de fuerza fue levantada por orden judicial el 4 de junio, pero fue reinstalada poco después, lo que motivó la imputación de Gurina y Sánchez por desobedecer las órdenes de desalojo y obstruir el transporte terrestre.

Desde Izquierda Socialista y la agrupación Docentes en Marcha nos solidarizamos con Mónica y Leandro, al mismo tiempo repudiamos al gobierno provincial que a través de la justicia criminaliza la protesta con el fin disciplinar a las y los trabajadores, borrar las enseñanzas de la lucha y reemplazarlos por una discusión judicial. Por eso exigimos desprocesamiento a los compañeros y con toda contundencia decimos "luchar no es delito".

Raquel Osorio
Contacto: 376-433-949
Docentes en Marcha - A Luchar
Izquierda Socialista Misiones