Escribe Claudio Funes

Habló Elisa Carrió y disparó munición gruesa contra referentes de Juntos por el Cambio, su coalición. Solo evitó hablar de Mauricio Macri y, en alguna medida, de Horacio Rodríguez Larreta.

Corrupción, negociados y todo tipo actividades que son parte de lo que Juntos por el Cambio denuncia sobre el peronismo, fueron las acusaciones que la dirigenta de la Coalición Cívica apuntó contra sus compañeros de ruta.

Advirtió que sectores de Juntos hicieron acuerdos con Sergio Massa y el peronismo. Y fue más allá, afirmó que hay negocios de Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el massismo.

Afirmó que Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA ) es una caja del superministro de Economía que administra su esposa, Malena Galmarini, y que durante el gobierno de Macri fue de Rogelio Frigerio, actual diputado nacional por Entre Ríos. Y redobló la apuesta: “Yo sé que en la Cámara de Diputados Emilio Monzó tenía negocios con Massa porque los veía”.

El ventilador continuó tirando y le tocó al fallecido titular del banco Macro, Jorge Horacio Brito, al que vinculó con el diputado radical y aspirante a la presidencia, Facundo Manes.

En otros momentos las declaraciones de Carrió no merecían respuestas, desde Juntos se venía sosteniendo un silencio cómplice con el ajuste del Frente de Todos para dejar que la crisis del gobierno se agudice. Pero ahora, ante la dureza de las acusaciones y la proximidad de la campaña electoral, salieron a contestarle con firmeza.

Desde Juntos por el Cambio afirman que la ofensiva de Carrió es funcional al kirchnerismo para deslegitimar sus dichos. Primero fue Patricia Bullrich, luego Larreta, Gerardo Morales y el sector de Martín Losteau. La UCR sacó un comunicado institucional de repudio a los dichos de “Lilita”.

¿Por qué no lo dijo antes? Es la pregunta. La respuesta está en las elecciones de 2023. Elisa Carrió quiere estar en una posición de fuerza para negociar mejor sus espacios en las distintas listas. Es un método de la vieja y putrefacta política patronal: el apriete. Si no me das lo que quiero continúo denunciando. Los partidos patronales son básicamente lo mismo, están plagados de políticos corruptos y oportunistas. No comparten ningún interés con el pueblo trabajador.

Es que todos sirven a un mismo patrón: el gran capital y las multinacionales. Lo dice Carrió con sus denuncias.

Ella no es la excepción. Posa de política honesta, pero es igual al resto. ¿O ella no apoyó el ajuste de Macri y el gigantesco robo a los jubilados? ¿Y la deuda que contrajo su gobierno y se fugó en su totalidad?

No hay que dejarse engañar. Para castigar al peronismo en todas sus expresiones no debemos apoyar a Juntos por el Cambio y a sus distintos personajes que demostraron cuando fueron gobierno y aún demuestran, con creces, que son más de lo mismo.

Izquierda Socialista y el FIT Unidad se postulan como la verdadera opción para el pueblo trabajador y los sectores populares.

Escribe Fernanda Giribone

En los últimos días se realizaron dos acciones importantes en la provincia contra la persecución política y criminalización de la protesta por parte del gobernador radical Gerardo Morales.
Desde el Ministerio Público de la Acusación iniciaron (de oficio) una causa por extorsión y asociación ilícita contra distintas agrupaciones sociales. También realizaron una serie de allanamientos en viviendas, comedores y sedes de entidades.

Estos allanamientos fueron realizados sin pruebas. La “justicia” de Morales, con la excusa del manejo de planes Potenciar Trabajo, cae sobre las organizaciones sociales, en el marco de la campaña nacional de criminalización de la protesta.

Todo el arco político opositor a Juntos por el Cambio y al gobernador Morales realizó acciones de lucha. Se concretó una multitudinaria marcha, convocada por decenas de organizaciones, y la presentación ante la justicia de un pedido de habeas corpus colectivo para que se “respeten las libertades democráticas” y “cese la persecución” a quienes protestan, y por el cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes de la oposición política de la provincia.

La causa armada, donde noventa militantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas figuran con información sensible, demuestra que la investigación y el espionaje llevan meses, desde principios de abril. Gran parte del expediente del fiscal Funes se nutre de información recabada por los infiltrados durante las movilizaciones. Entre las personas investigadas figuran Natalia Morales y Gastón Remy, referentes del PTS.

Desde Izquierda Socialista Jujuy decimos que hay que frenar este avance sobre el derecho a la protesta y organización de las y los trabajadores y las y los desocupados. Es necesario que llevemos adelante la más amplia unidad de acción en la lucha en las calles hasta el cierre definitivo de las causas y el cese de la persecución.

Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el apoyo del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, el gobierno peronista del Frente de Todos está impulsando una auditoría sobre el manejo de los planes sociales. Están “revisando los papeles” a los pobres, mientras los grandes empresarios formadores de precios se la siguen llevando en pala sin que el gobierno adopte medidas para combatir una inflación desenfrenada que genera más pobres cada día.

Coherente con esa política, Sergio Massa presentó como una de sus principales propuestas el “reordenamiento” del Potenciar Trabajo, un programa que atiende a más de 1.200.000 personas que han perdido sus empleos o viven en condiciones precarias. “Quien no cumpla con la auditoría, recibirá la suspensión del plan”, amenazó el super ministro al asumir, mientras ofrecía beneficios al agronegocio, a los empresarios de las automotrices y de la construcción.

No se resuelve la crisis auditando las migajas

La medida de auditar la asistencia de hambre que se destina a socorrer la miseria social, que los sucesivos gobiernos patronales han generado durante décadas, no soluciona el problema. Controles y auditorías siempre se han hecho y se hacen sin que eso resuelva la pobreza. No hay posibilidades de transformar los planes sociales en empleo con plenos derechos y salarios dignos sin atacar el poder económico y fundamentalmente sin romper con el FMI para frenar la sangría producida por la deuda externa.

Una medida electoralista del peronismo

Detrás de la medida de la vicepresidenta hay un claro interés político electoralista. Es la lucha por el control de esos fondos. Cristina critica la “tercerización” de la acción social del Estado y el manejo de los planes por parte de las organizaciones sociales. Se los quiere sacar para que sean manejados por los gobernadores e intendentes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires; un distrito clave donde pretende utilizarlos como moneda de cambio en las próximas elecciones.

No fue casual que después de su discurso recibió al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien presentó un proyecto de ley para que los planes sociales pasen a ser controlados por las provincias y los municipios. Y que varios intendentes del conurbano, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, hayan salido a cuestionar la “falta de transparencia” en el manejo de los planes, como si ellos fueran trigo limpio.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad repudiamos estos ataques a los movimientos sociales y sus intentos de criminalizar la protesta, y nos oponemos al manejo electoralista y corrupto de los planes sociales por parte de los gobernadores e intendentes para perpetuarse en sus cargos. Hay que generar trabajo genuino, destinando el dinero del pago de la deuda externa a un plan de viviendas populares, como estamos reclamando.

Escribe Noelia Agüero, legisladora de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Juan Manuel Cid es un mandadero del gobernador peronista Schiaretti. El legislador provincial del PJ cordobés presentó un proyecto de ley para imponer fuertes multas, trabajo comunitario y hasta tres días de prisión a quienes participen de marchas en todo el territorio provincial. Su argumento es que los pequeños y medianos comerciantes se ven perjudicados por movilizaciones y cortes de calles. Promete terminar con las protestas, otorgándole más poder a una justicia corrupta y a la policía provincial del gatillo fácil y los abusos. Miente diciendo que todo lo que se recaude irá a compensar las pérdidas de estos comercios.

Es claro que Cid, aprendiz de fascista, no hizo esto por iniciativa propia sino por orden del amo. Schiaretti lanza este globo de ensayo ante el mal humor real de la población por tantas marchas y cortes, que obviamente causan problemas.

Ahora bien, los comerciantes no están mal por las movilizaciones. Están agobiados por tarifas de servicios altísimas, por los impuestos de todo tipo que imponen los gobiernos y, fundamentalmente, porque venden mucho menos que antes, y esto se debe a que cada vez hay más pobres y los salarios pierden por goleada ante la inflación en una provincia donde el peronismo gobierna hace más de veinte años.

Como siempre, los gobiernos capitalistas no atacan las causas de estos problemas porque sería atacar la esencia del capitalismo, es decir, la ganancia a cualquier costo, incluida la represión.

En Córdoba hay movilizaciones por los más diversos motivos: los trabajadores pierden sus derechos y tienen salarios miserables, los jubilados son condenados a la indigencia y les robaron el 82% móvil, los ambientalistas luchan contra la destrucción con la que el gobierno beneficia al negocio inmobiliario y al agronegocio. Razones sobran para salir a las calles.
Por eso desde Izquierda Socialista llamamos a repudiar este y cualquier otro intento de criminalizar la protesta.

El tarifazo en el gas y la electricidad será mucho mayor al anunciado. Esto es obra del nuevo superministro del gobierno peronista del Frente de Todos, Sergio Massa, avalado por Cristina Kirchner.

Después de largas deliberaciones sobre si la discriminación se haría por zonas de domicilio o por ingresos y de que se lanzara el formulario para establecer quién quedaba sometido al aumento, llegó la hora de la verdad. Se anunció que habrá incrementos no sólo para las capas superiores de ingresos sino para todo aquel que supere el consumo de 400 megawatts. Y no es cierto que sólo superan ese límite los ricos. Muchas familias populares gastan mucho por el simple hecho de contar con artefactos más viejos (como las estufas a cuarzo), que gasta más energía. Hay zonas enteras del país -donde viven los sectores más postergados- que no llega la red de gas, por lo tanto la calefacción requiere de un mayor uso de la electricidad. Y la crisis que ya lleva décadas hace que crezcan las situaciones de familias ensambladas, donde los padres o abuelos con un terrenito detrás de la casa permiten que sus hijos o nietos construyan algo precario para tener un techo. Varias familias siguen teniendo un solo medidor siendo casi seguro que superen el mínimo establecido quedando sometidos al tarifazo.

¿Al servicio de qué y de quién está este nuevo tarifazo que se le suma al aumento del 40% en los trenes, subtes y colectivos en el AMBA? ¿Acaso va a servir para mejorar los pésimos servicios con los recurrentes cortes y las subas y bajas de tensión que arruinan artefactos?

Nada de eso. El tarifazo tiene el objetivo explícito de cumplir con el ajuste exigido por el FMI. Es parte de las medidas para intentar reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI de acá a fin de año, es decir, más ajuste. Poniéndolo en números, se trata de achicar el gasto público entre 500.000 y 800.000 millones de pesos. El gobierno de Alberto Fernández apuesta a que alrededor de 130.000 millones los podrá obtener de la reducción de subsidios, compensada con este tarifazo.

Esto nos lleva al segundo ganador del tarifazo. Si el primero es el FMI, el segundo son las propias empresas de servicios públicos privatizadas que verán reducidos los subsidios que reciben del gobierno pero serán compensadas con el mismo monto por el aumento del precio de las tarifas. O sea, privatizadas que a través de subsidios millonarios y tarifazos vienen haciendo grandes negocios con un servicio esencial como lo es la luz o el gas.

En el caso eléctrico, tenemos a los dueños de Edenor como grandes ganadores, “casualmente” grandes amigos del superministro Massa: el grupo Vila-Manzano (este último ex ministro del gobierno del peronismo menemista que entregó todas las empresas del Estado). No es casualidad que justamente en estos días la cotización en bolsa de su empresa haya tenido un alza notable. Los acompaña en el paquete accionario Mauricio Filiberti, “el rey del cloro”, también con fluidos contactos con Sergio Massa, un millonario que tiene un yate de 64 metros en el mediterráneo y viene siendo el proveedor de Aysa (la empresa de agua que tiene como titular a Malena Galmarini, la esposa de Massa). Edesur, por su parte, también le dará beneficios a la empresa multinacional ENEL, su actual dueño mayoritario.

Repudiamos este tarifazo como parte del ajuste del FMI. Y también decimos que hay que terminar con este círculo vicioso de empresarios que siempre ganan, sea con subsidios que les dan los distintos gobiernos o con tarifazos que paga directamente el pueblo. Hay que rescindir todas estas concesiones y proceder a reestatizar a todas las privatizados bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Sólo así habrá servicios de calidad, con tarifa social para quién la necesite.