Escribe José Castillo

El martes 12, el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer los detalles del anunciado tarifazo a los servicios públicos privatizados de electricidad, gas y agua. Tal como se venía sospechando, terminó siendo mucho mayor al anunciado a principios de año. Van desde el 50% para la luz hasta el 150% para el agua. Alcanzando, además, a amplias franjas del pueblo trabajador. Muy lejos quedaron los debates de que Cristina “se oponía” al incremento de tarifas. El aumento es obra del superministro Sergio Massa, con pleno aval de Alberto y Cristina Fernández.

¿Cómo será el tarifazo?

El gobierno dividió a la población en tres niveles: el grupo A, que perderá todo subsidio (399.000 hogares), el grupo B, el más bajo socialmente (5 millones de hogares) y un grupo intermedio C, integrado por 3.451.000 hogares, sobre los que caerá una parte sustancial del tarifazo.

Pero no será solamente esta división la que establecerá quién pagará tarifa plena (grupo A), quién tendrá aumentos pero parciales (grupo B) y quiénes sufrirán solo el incremento del 20% que ya se produjo (grupo C). Se establece también un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar (o 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural), traspasado el cual se paga plenamente el tarifazo por la diferencia.

En concreto, en la franja promedio, el aumento será, como mínimo, de un 50%. Como ejemplo: un cliente de Edesur que consume 300 kWh mensuales pasará de pagar 1.467 pesos mensuales a 2.285 pesos. Como ya dijimos, será mucho más si se pasa del máximo de los 400 kWh.

No es cierto que el aumento de tarifas eléctricas solo alcanza a los ricos. Muchas familias populares gastan mucho más en electricidad que el límite de 400 kWh, debido a que tienen artefactos más viejos que consumen más energía. Los sectores más postergados viven en lugares donde no llega la red de gas y se calefaccionan con electricidad, superando fácilmente dicho límite. Muchas familias de dos o tres generaciones viven en un domicilio donde, más allá que haya dos o tres unidades de vivienda, comparten un solo medidor, pasando también fácilmente el máximo establecido. Sobre el bolsillo de todos ellos caerá el tarifazo.

También se anunciaron incrementos en las boletas de gas, que se efectivizarán en los próximos tres bimestres. Se trata de un aumento cercano al 100%. Los usuarios con consumo promedio (97 metros cúbicos mensuales) pasarán de una boleta de 1.650 pesos en junio a otra de 3.100 pesos en enero. En la franja intermedia, los hogares que conservarán una parte del subsidio pasarán a pagar 2.146 pesos al cabo de los tres aumentos. Las tarifas de agua también subirán en un promedio de 100% de acá a junio de 2023. A los aumentos domiciliarios hay que sumarle los tarifazos de los tres servicios que caerán sobre los comercios, y que luego, trasladados a los precios, sumarán a la carestía.

¿Quienes se beneficiarán?

El aumento que se acaba de informar es parte del plan de ajuste acordado por el gobierno del Frente de Todos con el FMI. Tiene el objetivo explícito de reducir el gasto público en subsidios para ahorrar alrededor de 47.000 millones de pesos este año y entre 500.000 y 600.000 millones el año próximo, y así cumplir con las metas del Fondo y demostrar que tiene dinero para seguir pagando la deuda externa.

Pero la reducción de subsidios no perjudica a los dueños de las empresas privatizadas. Ellos siempre ganan: si no es con tarifazos, es con subsidios. O les paga el pueblo trabajador con los aumentos en las boletas o las sostiene el gobierno con subsidios. Así viene siendo desde que Menem llevó adelante las privatizaciones, en la década del ‘90. Las empresas, a lo largo de todas estas décadas, brindaron servicios pésimos, nunca cumplieron con los planes de inversión a los que estaban obligadas por los contratos, pero siguieron embolsando superganancias con la anuencia de absolutamente todos los gobiernos, sea Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri o ahora Alberto Fernández.

Hoy, con el tarifazo, ganan Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, los dueños de Edenor. Vila, propietario también del Grupo América. Manzano, ex ministro de Menem, con una fortuna hecha en base al robo y la corrupción, y con negocios junto con Vila en el petróleo y la megaminería contaminante. Y Mauricio Filiberti, llamado “el rey del cloro” por sus negocios con Aysa, la empresa estatal de aguas manejada por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.

También gana el grupo multinacional ENEL, dueño mayoritario de Edesur. En el gas, los que se embolsarán el tarifazo serán los propietarios de las distintas empresas que prestan el servicio de distribución en las diferentes zonas del país. Así tenemos a Metrogas (cuyo accionista mayoritario es YPF, pero hay un 30% de acciones en manos privadas), GasNor S.A. (propiedad del grupo transnacional Naturgy), GasNea S.A. (donde entre los dueños aparece Panamerican Energy y el Grupo Roggio, junto con el gobierno de Entre Ríos), Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (con dueños mayoritarios en el Grupo financiero Puente), Litoral Gas (grupo financiero transnacional Sociedad Tibsa Inversora y Tecpetrol-Techint), Gas Natural BAN (de la transnacional española Fenosa), Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur (del holding italiano Camuzzi Gas Inversora).

Repudiamos este tarifazo que pega directamente al bolsillo del pueblo trabajador. Para que los ganadores de siempre no sean el FMI y los dueños de las privatizadas, decimos que hay que rescindir todas las concesiones y reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, colocándolas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Solo así habrá servicios de calidad, con tarifa social para quién la necesite.

Escribe José Castillo

Finalmente, la semana pasada se conoció el índice oficial de inflación del mes de julio. Resultó ser de 7,4%, la más alta de los últimos 20 años. En el año, ya acumula un 46,2% y, anualizada, un 71%. Nos vamos acercando peligrosamente a terminar el 2022 con una inflación para todo el año cercana al 100%.

Pero, más allá de estos fríos números estadísticos, la dramática realidad es la suma de aumentos que, semana a semana, tienen todos los productos de la canasta familiar, tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador. Lo mismo que los medicamentos y otros productos de los que el pueblo trabajador no puede privarse. Para agosto, los números no vienen mejor: en la primera quincena hubo otras tandas de aumentos en las góndolas de los supermercados. Pero también el gobierno del Frente de Todos autorizó incrementos en el transporte (colectivos, tren y subte), la medicina prepaga, los colegios privados. Y se vienen, por exigencia del FMI, varios meses con subas sistemáticas de las tarifas de los servicios públicos privatizados.

Frente a esta realidad, el nuevo secretario de Comercio Interior y Exterior, Matías Tombolini, no tuvo vergüenza en debutar diciendo que el problema es que la gente mira los precios que suben y no los que bajan, y que la alta inflación es una “sensación”, mientras repetía la vieja fórmula de volver a reunirse “para la tribuna” con los remarcadores, las grandes empresas monopólicas de alimentos y artículos de limpieza y tocador (Arcor, Molinos, Quilmes, La Serenísima, Procter&Gamble, Unilever) y los dueños de los hipermercados (Jumbo, Disco, Coto, Changomás, La Anónima, Día), para volver a rediscutir el programa de “Precios Cuidados”. Que, como todos ya sabemos, luego estas mismas empresas violarán descaradamente, con la tranquilidad de que nunca serán sancionadas.

La contracara de todo esto es la pulverización más absoluta de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales. Para los trabajadores en blanco, todos los acuerdos paritarios volvieron a quedar por detrás de la suba de precios de estos meses. Ni hablemos de los precarizados, que ya directamente cobran ingresos de indigencia. O de los estatales de todas las categorías (incluyendo a los docentes y a los trabajadores de la salud), a los que el propio gobierno, como su patrón, toma como variable de ajuste para cumplir con el FMI. Ya suman millones los trabajadores que, aún teniendo un empleo, caen bajo la línea de pobreza.

Que, en medio de todo esto, la burocracia de la CGT y las CTA sigan manteniendo su pacto con el gobierno, o hagan su marcha anunciando que “no es un acto opositor”, es directamente indignante. Justamente por eso, para marcar el camino de lo que hay que hacer, es que el 17 de agosto marchamos en forma diferenciada con el sindicalismo combativo a Plaza de Mayo. Exigiendo lo básico frente a esta realidad: que haya un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado en 179.990 pesos por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec. Y que ese monto se actualice mensualmente de acuerdo al incremento del costo de vida. Al mismo tiempo, hay que reabrir todas las paritarias, para reajustar los salarios de todas las categorías  con las subas que correspondan para que no se achate la pirámide y nadie pierda poder adquisitivo.

Por supuesto que ni las patronales ni el gobierno van a aceptar fácilmente otorgar estos aumentos. Las patronales, para mantener sus superganancias. Y el gobierno, porque el hecho de que la inflación se coma los salarios estatales le conviene para hacer pasar más fácil el ajuste exigido por el FMI.

Entonces, al mismo tiempo que denunciamos la traición de las direcciones burocráticas de la CGT y las CTA, tenemos que seguirles exigiendo que llamen a un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste en curso.

Escribe José Castillo

El gobierno acaba de anunciar los nuevos valores para las jubilaciones. Increíblemente, insisten en que con ello las y los jubilados “conservarán su poder adquisitivo”. Es una auténtica burla. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, lo calificó así: “ni siquiera tienen imaginación para mentir”.

En concreto, el reajuste trimestral de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria hace que en septiembre las y los jubilados perciban un incremento del 15,53%. Cuando la inflación de junio y julio sumadas dio 12,3% y todavía falta agregarle la suba de precios de agosto, que nunca será menor a 6%. O sea, con cualquier número que se quiera hacer, las jubilaciones quedarán por detrás de los precios ya aumentados, mucho peor si tomamos en cuenta los incrementos de la canasta alimentaria.

El gobierno de Alberto Fernández quiere esconder esta situación diciendo que a ello se le sumará un “refuerzo”, con un bono de 7.000 pesos a pagar en los próximos tres meses para quiénes perciben la jubilación mínima (decreciendo hasta 4.000 pesos a pagar hasta los que perciben dos mínimas). Para el resto no hay nada, volviendo a achatar la pirámide. Recordemos que la suma de jubilaciones que perciben hasta dos mínimas ya está en el 90% del total de las que se pagan.

Yendo a los números concretos: una jubilada o jubilado que cobre la mínima pasará a percibir, incluyendo el bono de refuerzo, 50.353 pesos. Una auténtica miseria.  

La situación de las y los jubilados es gravísima. Luego de recibir un 27 % de incremento en los dos primeros trimestres del año (12% en marzo y 15% en junio), las y los jubilados llegarán a septiembre con casi veinte puntos por debajo de la inflación. Hay que otorgar un inmediato aumento de emergencia que lleve la jubilación mínima al valor de la canasta básica de la Tercera Edad, de 120.000 pesos, ajustable mensualmente por la inflación. Y, a partir de allí, aplicar el 82% móvil. Solo así podremos hablar de jubilaciones y pensiones dignas.

 
Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El pasado 8 de agosto el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo por Twitter: “Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país.” ¿A dónde apuntan sus dichos? ¿Es cierto que sin peronismo no hay país?
 
Larroque volvió a hacer una defensa cerrada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en momentos en que sectores de su propia base social también la empiezan a señalar como responsable de la crítica situación actual. Sus dos frases, bien pensadas, tienen por objetivo llamar a mantenerse dentro del peronismo a trabajadores, jóvenes y demás sectores populares cada vez más desilusionados con un gobierno que solo puede exhibir más pobreza, inflación, bajos salarios y sometimiento al FMI.

El mito de Cristina salvadora

“Sin Cristina no hay peronismo” es una clara demarcación de Larroque y del kirchnerismo hacia el interior del Frente de Todos. Como diciendo que Cristina le da un carácter ‘nacional y popular’ al peronismo, versus los Alberto y Massa que son los conservadores. Pero Larroque tiene un gran problema para sostener su afirmación,  porque fue Cristina la artífice del actual Frente de Todos poniendo a Alberto Fernández de presidente (con su famosa frase “con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede”). Y porque ahora es Cristina quien bendijo la asunción del superministro Sergio Massa para aplicar el mayor ajuste del FMI, el mismo Massa que años atrás prometía mandar a laburar a La Cámpora.

También flaquea el argumento de Larroque porque a Cristina Kirchner, después de pasarse meses criticando cosas parciales de un gobierno que ella misma diseñó e integra (sobre que el presidente no usa la lapicera, los funcionarios que no funcionan o que faltan dólares porque se los llevan afuera), no se la ha escuchado proponer ninguna medida concreta para frenar la inflación, combatir la pobreza, evitar la fuga de capitales o para que no se sigan yendo los dólares para pagar una deuda usurera y fraudulenta. Cristina no dice nada porque no tiene ningún plan económico alternativo. ¿O acaso propone desconocer el pacto con el FMI? Como denunciamos desde el Frente de Izquierda, si bien el kirchnerismo se opuso a la votación en el Congreso, lo hizo después de dar quórum y cuando estaban garantizados los votos para su aprobación.
 
Hay que superar al peronismo por izquierda

Reflexionemos sobre la segunda frase de Larroque, “sin peronismo no hay país”. Implica que Argentina sería un país inviable si no gobernara el peronismo. Pero el gran problema es que Argentina se está hundiendo en la pobreza y la desigualdad social de la mano del gobierno peronista del Frente de Todos.

Larroque y el kirchnerismo vienen ocultando su responsabilidad con la campaña de que la culpa la tendrían los jueces, los medios opositores, los especuladores y grupos concentrados que no lo dejan gobernar para los sectores populares.  Pero ahora no hay más excusas.

Le contestamos a Larroque que en el país donde gobierna el peronismo millones la pasan muy mal, mientras el agronegocio, las mineras, petroleras y esencialmente los usureros internacionales y el FMI se la siguen llevando en pala bajo el mando de un gobierno supuestamente “nacional y popular”. El peronismo en el poder no está salvando al país, lo está sometiendo a más ajuste y dependencia.

Cristina en un encuentro con jóvenes de La Cámpora ya había dicho que “el peronismo está más vigente que nunca”, para evitar que una franja se le siga yendo a la izquierda revolucionaria conquistada con el Frente de Izquierda Unidad. Ahora Larroque vuelve con el mismo mensaje.

Larroque debe recordar cuando la rebelión popular de 2001 que se llamó Argentinazo (donde millones en las calles echaron al gobierno de De la Rúa) se hizo al grito de “que se vayan todos” y “sin radicales, sin peronistas, vamos a vivir mejor”. Es decir que nuestro pueblo trabajador ya mostró su hartazgo no solo contra variantes de centro derecha sino también señalando al peronismo. De lo que se trata es superar al peronismo por izquierda, sin dejar de combatir por un minuto a Juntos por el Cambio (como lo estamos haciendo e hicimos cuando fueron gobierno), o ahora ante peligrosos personajes de ultraderecha como Milei y Espert.   

A los trabajadores y a la juventud les decimos fraternalmente que el peronismo no es salida para las legítimas aspiraciones de quienes no quieren vivir sin futuro. Que la salida pasa por fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, la verdadera alternativa política de los trabajadores, las mujeres y de la juventud y de la unidad de la izquierda para terminar con la dependencia del FMI y luchar por medidas de fondo. Tareas que no va a llevar a cabo un peronismo cuyos máximos referentes defienden al capitalismo, sino un gobierno de las y los trabajadores que empiece a construir una Argentina Socialista, con plena democracia para los trabajadores y el pueblo. Por esto luchamos. 

Escribe Elisa Rodríguez

Se están llevando adelante las audiencias del juicio por corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la que aparece involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández. Los testimonios son abrumadores acerca de la connivencia de la familia Kirchner (Néstor, Cristina y Máximo) con Lázaro Báez, al que se le otorgaban innumerables contratos por obras que, mayoritariamente, nunca se terminaban. La contrapartida era el pasaje de parte de ese dinero a la ex familia presidencial.

El peronismo kirchnerista sostiene que todo se trata de una maniobra de “lawfare”, denuncias falsas con las que se quiere atacar y proscribir a la actual vicepresidente. Sin embargo, las pruebas y testimonios son innumerables y concluyentes.

Cristina Kirchner y los medios de comunicación que la apoyan contraatacaron recusando jueces y fiscales, mostrando fotos donde se los ve a todos juntos formando parte de equipos de fútbol que jugaban campeonatos en la quinta de Mauricio Macri.

¿Qué pensamos frente a todo esto? Se trata del más absoluto y completo muestrario de corrupción en el que hace décadas se mueven todos los políticos patronales y también los jueces y fiscales.
El kirchnerismo, ya lo dijimos varias veces, tiene decenas de pruebas en su contra, en la figura de la ex presidenta, de sus ministros y secretarios, de hechos de corrupción, con millones de dólares para el enriquecimiento no sólo de funcionarios, sino también de empresarios amigos. Lázaro Báez y Cristóbal López son solo los más destacados y conocidos.

Pero Juntos por el Cambio también está absolutamente salpicado por sus propios casos de corrupción. Ni hablar del monumento a la corrupción que es la propia fortuna de la familia Macri, hecha al calor de la dictadura militar y la estatización de la deuda externa y con los grandes negociados de la obra pública con distintos gobiernos. Pero más cerca en el tiempo, durante su gobierno también hubo contratos de obra pública no cumplidos para empresarios amigos, tal el caso de Calcaterra. La propia Elisa Carrió, en estos días, se refirió a “los negociados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. También nos podemos referir al escandaloso préstamo con el FMI, para financiar la fuga de capitales de sus amigos especuladores financieros.

Por último, hablemos de “la justicia”. Es un hecho comprobado que jueces y fiscales de todos los niveles, hasta llegar a la Corte Suprema, componen una corporación al servicio de los negocios de las grandes patronales. Todo el tiempo, en las mansiones de los empresarios, en las canchas de golf, en los countries o en los clubes exclusivos, se juntan y resuelven sus asuntos con jueces y fiscales. Así se conforma una justicia siempre lista para fallar contra los trabajadores o los sectores populares y rápida para encubrir y absolver a los ricos. Por supuesto, esta justicia elitista tiene sus internas, y funcionarios que aprovechan para “tirarse carpetazos” que sirven a uno u otro sector político patronal.

Frente a este barrial de corrupción, en el que están metidos todos, desde Izquierda Socialista volvemos a afirmar: que se condene a quien haya que condenar por todas y cada una de las causas de corrupción; que los corruptos vayan presos y tengan que devolver lo robado. Todos, sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. A la vez insistimos, ante el espectáculo que se ha destapado de una justicia corrupta y al servicio del poder político y empresarial de turno, que hay terminar con esto. Los jueces deben ser electos por voto popular y ser revocables. Y las causas deben resolverse por medio de juicios por jurado.