Escribe Mariano Barba

Con el objetivo de reunir a su alrededor a todo el arco peronista, Cristina, refiriéndose a la justicia y a la derecha, dijo que: “Vienen por todo, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, las jubilaciones”.

Rápidos de reflejos los burócratas sindicales salieron presurosos a defender a Cristina ante la acusación del fiscal Diego Luciani.

Los más jugados son los dirigentes de la CTA de los Trabajadores, encabezada por el diputado kirchnerista  Hugo Yasky. Reunieron a la Comisión Ejecutiva Nacional y el Plenario de Secretarios Generales para lanzar un plan de lucha y preparar un paro nacional. ¿Será para defender el salario, las condiciones de trabajo y la jubilación? ¿Será para enfrentar el ajuste y el pacto con el FMI? ¡No! No se les pasa por la cabeza. Las medidas son para defender a Cristina. La resolución dice textualmente: “Impulsar un plan de lucha destinado a impedir la maniobra de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la criminalización de la protesta social”. Y además agrega “[…] preparar el paro nacional activo para exigir la declaración de nulidad del juicio contra la vicepresidenta de la Nación”. Esto demuestra que son cómplices totales del ajuste. Ya de las medidas de Massa ni hablan.

La burocracia de la CGT también se enfrascó en analizar una medida de fuerza en apoyo a Cristina. Pablo Moyano de Camioneros junto a Víctor Santa María, secretario general del sindicato de encargados de edificios (Suterh) y referente del PJ porteño, plantearon la conveniencia de tomar una medida de fuerza para “autodefensa ya que vienen por nosotros”, haciendo caso al llamado de Cristina.
El 17 de agosto la CGT y la CTA habían confluido en una marcha sin oradores y solo “contra los formadores de precios”. Hoy vuelven a repetir la historia, ya que debaten una medida pero no para defender los trabajadores sino para defender al PJ, a Cristina y compañía.

Enfrentando al ajuste y al pacto burocracia-gobierno está el Plenario del Sindicalismo Combativo, encabezado por las y los ferroviarios del Sarmiento y trabajadores del Sutna, entre otros. Un espacio de coordinación para seguir construyendo una nueva dirección combativa y democrática, independiente de todos los gobiernos.
                                                                   

Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner entregó la faraónica y cuestionada tarea de soterrar el Sarmiento a un consorcio de empresas privadas, con su decreto 151 del 23 de enero de 2008. La Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por: la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa (de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la italiana Ghella (socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS -Obras, Desarrollos y Servicios-) y la española Comsa; recibieron millones, también del macrismo, por un trabajo nunca concluído.

El 16 de junio de 2016, mediante un decreto firmado por Gabriela Michetti, el gobierno de Mauricio Macri ordena reanudar las obras, entonces paralizadas. Rápidamente asignó fondos a ser pagados a la UTE Iecsa-Odebrecht-Ghella-Comsa. A esa altura, Marcelo Odebrecht, CEO del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la causa por coimas en su país (Lava Jato) y en varios de América Latina, entre ellos la Argentina. Eran los mismos tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos frente a las cámaras de televisión. Para colmo ejecutivos de Odebrecht confesaron pagos de coimas por al menos 3,3 millones de dólares para ganar la obra del ferrocarril Sarmiento. La tarea la llevó adelante Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en Iecsa.
Recordemos que Odebrecht también financió la campaña electoral de Mauricio Macri, así como la de Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Las grandes empresas ponen plata en todos los canastos para continuar haciendo negocios con los gobernantes de turno que la aceptan.

Si bien la UTE se fue transformando según las conveniencias de los grandes capitalistas, lo cierto es que, a la fecha de la suspensión de las obras en diciembre de 2018, el gobierno de Macri gastó más de 747 millones de dólares.

Los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, estuvieron en la primera fila de la denuncia técnica, por lo perjudicial del proyecto al servicio de pasajeros, y política, por la corrupción que caracterizó este proyecto. Las obras de soterramiento tuvieron como fin ser un gran negociado, no un más rápido y seguro transporte para el pueblo trabajador.
                                                           

Escribe José Castillo

El superministro de Economía Sergio Massa anunció un fortísimo recorte de partidas presupuestarias, con el objetivo de cumplir con la meta de ajuste pactada con el Fondo. Son 210.000 millones de pesos de recortes, que afectan centralmente al pueblo trabajador.

El entronizamiento de Massa tenía un objetivo bien concreto: demostrarle al FMI y al establishment financiero que “ahora sí” se iría a fondo con el ajuste. Que, recordemos, ya se viene llevando adelante desde la mismísima firma del acuerdo con el Fondo, vía licuación de salarios públicos y jubilaciones y sub-ejecución de partidas. Silvina Batakis, en sus escasas tres semanas en el ministerio de Economía, también hizo los deberes, congelando partidas e ingresos de personal al Estado.

El ministro Massa acaba de dar dos señales contundentes de alineamiento con el Fondo. Por un lado, finalmente nombró como secretario de Programación Económica (el puesto número dos de su ministerio) al economista liberal Gabriel Rubinstein, toda una garantía para los ajustadores. Pero lo más importante fue el anuncio de recortes muy fuertes en varias áreas, hasta sumar 210.000 millones de pesos.  

El foco está puesto en reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI, tal como lo establece el acuerdo firmado con el FMI en marzo pasado. Para llegar a esto se necesita un achique de al menos 500.000 millones de pesos. El recorte anunciado es, sin duda, el primer paso, aunque como vemos no será el último.

Un auténtico mazazo a la educación pública

Educación sufrió un recorte de 50.000 millones de pesos. Golpea especialmente al plan Conectar Igualdad, que pierde 30.000 millones de pesos, lo que equivale a decir que habrá 180.000 computadoras menos para repartir entre los estudiantes. Otros 15.000 millones dejarán de aplicarse al programa Fortalecimiento de los Jardines Infantiles y 5.000 millones en Infraestructura y Equipamiento.

En este marco resultó increíble que, ante semejante achicamiento presupuestario, el ministro de Educación lo minimice, sosteniendo que no afecta en nada. El insólito argumento de Jaime Perczyk fue que “igual las computadoras no se podían armar por la restricción en la importación de componentes”. Sostuvo que, de todas maneras, “pasan al año que viene”. Cosa que no sucederá porque el ajuste exigido por el Fondo para 2023 será aún mayor.

Las otras partidas ajustadas

Además sufrirán un ajuste violentísimo las partidas del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, también por un monto de 50.000 millones de pesos, afectando en este caso al programa Procrear. Otro rubro de recortes es el de Obras Públicas, por un monto de 20.000 millones de pesos.

El ministerio de Desarrollo Productivo sufrirá un recorte de 70.000 millones de pesos. Se trata de partidas destinadas al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y al Fondo de Garantías Argentino (Fogar), dos asignaciones de respaldo al crédito productivo principalmente orientado a la pequeña y mediana empresa.

También el ex ministerio de Transporte, que ahora fue absorbido por el Ministerio de Economía, verá afectadas sus partidas con un recorte de 10.000 millones de pesos, entre las que se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales, que tendrá un ajuste de 4.076 millones de pesos.

El ministerio de Salud, finalmente, tendrá un recorte de 10.000 millones de pesos, que afecta fundamentalmente a campañas de vacunación.

Y todavía falta más

La suma de los tarifazos con el ajuste que detallamos en esta nota probablemente no sea suficiente para alcanzar la meta exigida por el Fondo.  Tampoco alcanzará con el congelamiento de ingresos al Estado anunciados hace dos meses por Silvina Batakis, ni con la licuación de las jubilaciones y salarios del sector público. En las próximas semanas veremos nuevos anuncios de recortes.

Y, aún así, esto no es lo peor. Para el año próximo el FMI requiere un ajuste más duro aún, llegando ahora al 1,5% de déficit fiscal. En las próximas semanas esto se verá en el proyecto de presupuesto que tiene que presentar el gobierno ante el Congreso.

Como vemos, el único plan económico en curso es ajuste sobre ajuste. Un achicamiento que pega tremendamente sobre el pueblo trabajador. No hay salida por este camino. Hay que plantear una política totalmente distinta, un plan de emergencia que comience, justamente, por romper con el FMI y suspender todos los pagos de deuda externa. Para, con esos fondos, dedicarse a priorizar las más urgentes necesidades populares de salario y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

Finalmente, tras idas y vueltas de varias semanas, el superministro de Economía Sergio Massa confirmó en el cargo de Secretario de Programación Económica (virtual “viceministro”) al economista del establishment Gabriel Rubinstein.

La designación de Rubinstein es todo un guiño a los grandes capitalistas, a los especuladores financieros y al FMI. Es una garantía de que, efectivamente se va a llevar adelante el mayor ajuste, y que la prioridad absoluta es cumplir con el Fondo.

Rubinstein tiene toda una trayectoria como consultor de grandes corporaciones y bancos. En los tiempos inmediatamente previos al Argentinazo de diciembre de 2001, abogaba porque la Argentina eliminara su moneda y pasara a la dolarización, la misma propuesta que hoy sostiene Javier Milei.

No es la primera vez que el peronismo recurre a Rubinstein para mostrar empatía con “los mercados”. En épocas de la presidencia de Néstor Kirchner con Lavagna como ministro, Rubinstein fue incorporado a su equipo para aportar a la renegociación de la deuda con los acreedores privados (que terminó en el Canje de 2005).

Más acá en el tiempo, Gabriel Rubinstein era conocido por sus notas de opinión en los medios de comunicación, siempre planteando la necesidad de mega-ajustes y avanzar con las llamadas “reformas estructurales”, como la jubilación o la flexibilización laboral.

También era conocido (y eso fue lo que generó el escándalo que puso en suspenso por algunas semanas su nombramiento) por sus intervenciones en las redes sociales. Por ejemplo, hace pocos meses reprodujo un texto de José Luis Espert donde este reclamaba la privatización de Aerolíneas Argentinas.

En síntesis: un economista de derecha, bien del establishment, con todo el currículum de ajustador, hoy está en el comando efectivo de la política económica argentina.

Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos trabaja a toda velocidad para lograr meter el incremento de las tarifas de luz y gas en el mes de septiembre. La duda es cuántos usuarios lograrán conservar los subsidios, y cuántos caerán en las garras del aumento pleno de las facturas.

Según los datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, se anotaron para conservarlos 9,7 millones de hogares, de los cuales solo 428 mil califican como “de altos ingresos” y por lo tanto perderían el beneficio. El problema es que en total hay 15,5 millones de usuarios de energía eléctrica. ¿Qué pasa con los 5,8 millones no inscriptos en el registro? ¿Acaso son todos millonarios? ¿Todos ganan más de 350.000 pesos, o son propietarios de tres inmuebles, o tienen un avión privado o un barco? Evidentemente no, pero la realidad es que a hoy estarían perdiendo el subsidio y les tocaría plenamente el tarifazo eléctrico, con aumentos promedio de 2.000 pesos. En el caso del gas, este universo estaría alcanzando a cuatro millones de hogares.

Todo esto demuestra la improvisación y el desmanejo de un gobierno que lo único que quiere es que se avance “rápido” para dar una señal al FMI. En el medio de todo esto quedan millones que no se pudieron inscribir por desconocimiento, por falta de acceso a internet o por situaciones como encontrarse con contratos de alquiler en negro.

Se saltean las audiencias públicas

El gobierno, en su afán de avanzar con el ajuste, está dispuesto a pasar por alto hasta las exigencias más básicas de los contratos de concesión de las privatizadas. Así, descarta realizar las obligatorias audiencias públicas previas a cualquier aumento. En el caso del gas, desde la secretaría de Energía anuncia increíblemente que la audiencia se realizará…¡después del aumento! Para el caso de la electricidad es peor aún, ya que se argumenta que “no hace falta audiencia pública, ya que se trabajará sobre la realizada en el primer semestre”. Frente a esto, 30 asociaciones de consumidores amenazan con judicializar el tarifazo diciendo en su escrito que en las audiencias anteriores “no se puso en discusión la segmentación en niveles de ingresos y patrimonio, como sí se hizo posteriormente a través del decreto 332/2022, ni los topes al consumo y la quita del subsidio por los consumos excedentes. Por lo tanto,  no puede considerarse válida la aplicación de la quita de subsidios fundamentado en la realización de la Audiencia Pública del 12 de mayo de 2022”.

Hay que rechazar los tarifazos y reestatizar las privatizadas

Los inminentes tarifazos no solo serán una prueba más del ajuste del FMI. También son una demostración de que se le sigue garantizando las superganancias a los monopolios que manejan estas privatizadas (sea el Grupo Vila-Manzano o la multinacional italiana ENEL en el caso eléctrico, o los pulpos energéticos en el gas). A ello se le agrega que los tarifazos serán manifiestamente ilegales.

No podemos seguir girando entre subsidiar con millones a las privatizadas versus sufrir tarifazos que agujerean el bolsillo del pueblo trabajador. Hay que rescindir inmediatamente todos los contratos, ya que las empresas no cumplieron ni con las inversiones prometidas ni con los estándares mínimos de calidad requeridos. A partir de allí hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, poniéndolas bajo la gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Solo así tendremos auténticos servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.