Escribe José Castilllo, candidato a diputado nacional por CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hay dos noticias de esta semana que dejaron contento al establishment económico local e internacional. La primera fue la declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de que el gobierno pagará puntualmente los más de 1.880 millones de dólares del próximo vencimiento con el FMI de septiembre. Se utilizará para ello el dinero que el Fondo destinó a todos los países para “atender la pandemia”, del que le tocan a la Argentina 4.355 millones. Olvidados quedaron los planteos del propio kirchnerismo, que el 25 de mayo pasado afirmaba que “no se iba a usar un peso para pagar deuda durante la pandemia”. Ahora hasta ese dinero del Fondo, que supuestamente debía tener como destino las políticas sociales, se usará para pagarle al propio FMI. Y ya se anticipa que en noviembre se utilizará el resto para abonar otro vencimiento, también cercano a 1.880 millones de dólares.

Mientras todo esto pone contentos a los pulpos especuladores, que ven así que “la Argentina cumple sus compromisos”, esta semana se procederá también a pagar en efectivo 225 millones de dólares al Club de París. Se suman así a los 115 millones que se abonaron este mes a los bonistas del canje cerrado por Martín Guzmán el año pasado (y que, dicho sea de paso, se presentó en su momento como un gran “éxito”) .
El gobierno paga, paga y sigue pagando. Por eso no hay plata para atender la pandemia sanitaria ni la social.
Una vez más, la única salida es dejar de pagar esa deuda horrorosa y usurera y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares. Es uno de los puntos centrales de la propuesta del Frente de Izquierda, y en particular de la la lista 1A Unidad de la Izquierda.

Escribe Mónica Schlotthauer, candidata a Diputada Nacional por Provincia de Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Sigue creciendo la pobreza, que ya orilla el 50%. Se continúan perdiendo puestos de trabajo. El gobierno del Frente de Todos ajusta y prioriza al FMI antes que las necesidades del pueblo trabajador.

El ministro de Economía Martín Guzmán se jacta de que en estos meses de 2021 ha realizado la mayor reducción del déficit fiscal de los últimos siete años. Lo explica orgulloso en cada reunión que tiene con los funcionarios del FMI. Achicar el déficit, para dejar contento al Fondo no es gratis: lo paga el pueblo trabajador. Lo hacen los jubilados con sus haberes que se siguen achicando frente a la inflación. También quienes se quedaron sin ingresos durante la pandemia, ya que este año ni siquiera existió el ya miserable IFE del año pasado.

Las consecuencias de este ajuste, porque esa es la palabra que cabe aunque el gobierno trate de ocultarla, están a la vista. Los trabajadores ven como sus salarios, esos que ya venían en picada durante el macrismo, siguen cayendo. Las paritarias ya cerradas, en el orden del 35%, valor a cobrar en cuotas y terminando en marzo del año que viene, un 15% por debajo de lo que va a ser la inflación de 2021. Los trabajadores precarizados perdieron más aún. Hoy el sueldo promedio de los trabajadores en blanco está en 50.000 pesos mensuales ¡La mitad de lo que requiere la canasta familiar calculada por ATE-Indec! Mientras el salario mínimo, vital y móvil ya directamente está por debajo del nivel de indigencia.
Se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo durante la pandemia. Por eso la miseria y la marginación social pega más que nunca, en particular en los barrios populares. La pobreza crece astronómicamente, en particular entre las mujeres, las niñas, niños y la adolescencia, donde ya supera el 60%.

El gobierno de Alberto Fernández dice que ellos “hacen lo que pueden”, justificándose en que heredaron la crisis del macrismo y encima después les cayó la pandemia. ¿De verdad no se podía hacer otra cosa?
Veamos: desde que asumieron ya llevan pagados 7.100 millones de dólares a los acreedores de la deuda externa. Sólo en este mes le pagaron a los buitres y ahora lo harán al Club de París. Ya se anuncia un mega-pago al FMI por 1.880 millones de dólares en septiembre. Ese dinero (que traducido son más de un billón y medio de pesos) es mucho más que todo lo que se puso para atender a las consecuencias sociales de la pandemia.
El Frente de Todos, más allá de su doble discurso, de su retórica de “privilegiar a los más vulnerables” ya anuncia para qué quieren los votos: para estar más fuertes y así firmar el pacto con el FMI, que significará un mayor ajuste. Juntos por el Cambio, por su parte, ya gobernó y nos hambreó, además de seguir haciéndolo en los distritos que hoy gestiona.

Por todo esto es que decimos que los únicos que planteamos una real propuesta alternativa, a favor del pueblo trabajador, es el Frente de Izquierda Unidad. Lo sintetizamos en una frase: la plata tiene que ir para trabajo y salario, no para el FMI y los pulpos de la deuda. Por eso te pedimos que nos apoyes entre tus compañeras y compañeros de trabajo, familiares y vecinos, llamando a votar al FITU, lista 1A Unidad de la Izquierda.

Escribe Liliana Olivero, candidata a diputada nacional por Córdoba, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Ya gobernaron y hambrearon al pueblo trabajador. Donde ahora gestionan siguen haciéndolo. Y si se autocritican de algo, es de no haber ajustado más rápido.
 
La feroz interna de Juntos (antes Juntos por el Cambio) culminó con la presentación de diferentes listas que competirán en las PASO del próximo 12 de septiembre.
La oposición patronal disputará en las primarias cuál será el sector que se gane el derecho a postularse como el mejor ajustador en las elecciones de octubre.

En Juntos no existen los “halcones” y las “palomas”. Cuando gobernó Macri todos apoyaron sus políticas de ajuste al pueblo trabajador. Por ello, por más que algunos intenten despegarse, no proponen nada distinto de lo ya hecho por el gobierno de Cambiemos. Es más, hay candidatos que afirman que el gran error de Macri fue elegir el camino gradual para meter el ajuste, es el caso del mediático economista Martín Tetaz, puesto por el senador Martín Lousteau en la lista de Vidal.

Es un hecho, donde gobiernan aplican y profundizan el ajuste. Lo hacen Rodríguez Larreta en CABA, Gerardo Morales en Jujuy y Rodolfo Suárez en Mendoza.

La división de la oposición patronal alcanza una dimensión nacional. En la Ciudad va con tres listas, encabezadas respectivamente por María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires; Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa, de Economía y de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, y Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de Macri, con la candidatura testimonial del actor Luis Brandoni.
En la provincia de Buenos Aires la oposición patronal se oferta en dos listas. Por un lado, Diego Santilli, vice de Macri, y por el otro, lo “nuevo” en política, el candidato de la UCR y neurocientífico Facundo Manes junto con Margarita Stolbizer.
En Santa Fe, Juntos por el Cambio presenta cuatro listas, ¡tres encabezadas por la UCR! En la cuarta, como en una película de terror, se postula la militante antiaborto Amalia Granata.

En la provincia de Córdoba, para comprender la interna de cuatro parece necesario un mapa, con enfrentamientos entre quienes hasta horas atrás eran aliados. Mario Negri encabeza, junto con Santos (ex ministro de Turismo macrista y a quien el ex presidente postuló) la lista en la cual está Ramón Mestre, con quien se enfrentó en la elección de gobernador. Luis Juez, anteriormente compañero de Negri en las provinciales, ahora va con De Loredo y los representantes de PRO Laura Rodríguez Machado y Baldassi. Además, Bee Sellares (antes secretario de Gobierno de Mestre en la ciudad) tendrá su propia boleta, al igual que Rossi, el “alfonsinista” que hace unas semanas pidió reglamentar las marchas.
Juntos presenta una diversidad de candidatos por separado a los que une una misma política, la defensa del gran capital, las multinacionales y el ajuste. Es lo que hicieron cuando gobernaron.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys y candidato a diputado nacional CABA, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Larreta aprovechó el primer día del receso escolar para anunciar el regreso a la presencialidad total del sistema educativo en agosto, como la que teníamos antes de la pandemia. Esto pocos días después de haber llegado a los cien mil fallecidos por Covid.
Larreta vuelve a reafirmar que la pandemia y la presencialidad escolar son tratadas como cuestiones electorales, exponiendo la salud de miles. Cuando, de manera prematura, se inició el ciclo lectivo en CABA, había 500 contagios diarios, hoy en la máxima expresión del aperturismo educativo, los casos diarios ascienden a 800. Este lunes murieron casi 400 personas.

El gobierno lleva adelante una política criminal con la apertura de las escuelas, para garantizar que los padres, sin vacunación, vuelvan a a su trabajo y así asegurar las ganancias de los empresarios.
La presencialidad forzada sólo ha servido para profundizar la brecha educativa de nuestros pibes. Solo en CABA fallecieron 35 docentes y auxiliares y el invierno demostró la falta de inversión, con más de cien establecimientos sin calefacción. Ahora Larreta deja de lado su propio protocolo, ya que será imposible poder cumplir con el distanciamiento de 1,5 metros entre los estudiantes. ¿El ministro de Salud Quiroz anunciará que ya no es necesario mantener ese distanciamiento?
Larreta sigue siendo el alumno más aplicado de la política de Trotta y Fernández, pero no el único. En todas las provincias que culminaron el receso de invierno han citado a la docencia y a los estudiantes a presentarse, pese a que los índices epidemiológicos no cierran, a que las escuelas están en pésimo estado y que el frío, en muchas regiones, es tremendo. ¡Y aunque fallecieron dos trabajadores y una docente por la crisis edilicia en Neuquén! Pero todo sea por tratar de mostrar una cierta “normalidad” antes de las elecciones. ¡No tienen vergüenza!

Es necesario garantizar vacunas para todas y todos, incautando las dosis de Garín. Implementar un sistema educativo dual, con computadoras y conectividad gratuita, que permita la educación en la virtualidad hasta que baje el riesgo epidemiológico y se garanticen las condiciones materiales en las escuelas. Para esto son necesarias partidas presupuestarias de emergencia.
Contra estas medidas, Ademys convoca a parar el lunes 2 de agosto. Mientras los sindicatos y las agrupaciones docentes combativas luchamos, la burocracia de Ctera, que apoya al gobierno, ni siquiera llama a un paro nacional en repudio por las docentes fallecidas. Por eso Yasky y sus seguidores van en las listas del Frente de Todos y la docencia combativa en las del Frente de Izquierda Unidad lista 1A Unidad de la Izquierda.

Esta semana se dio a conocer por distintos medios que el cantante Chano fue herido de bala por la policía bonaerense mientras atravesaba una descompensación y alteración mental, que en los medios fue erróneamente titulado como “brote psicótico”. Ante está situación, en vez de recurrir al servicio de Salud Mental -que se encuentra cada vez más desfinanciado por los presupuestos aprobados por los distintos gobiernos - como lo indica la Ley de Salud Mental sancionada hace ya diez años, se le dió intervención a la fuerza policial y abordado a los tiros. Se trató de un auténtico caso de gatillo fácil.

A todo este accionar que pasa por encima de cualquier garantía básica a los derechos humanos, se le suman los dichos violentos a los que nos tiene acostumbrado el nefasto ministro de seguridad bonaerense del gobierno del Frente de Todos, Sergio Berni: “esto con las pistolas Taser no pasaba”. Por sí al ex carapintada no le bastaba con apoyar el accionar policial contra Chano, reivindicó el uso de estas armas de descarga eléctrica que están totalmente cuestionadas en todo el mundo y que el macrismo en su momento quiso instalar, no pudiendo llevarlo adelante por el rechazo masivo.

Lamentablemente esto no es un hecho aislado, sino que en los barrios todos los días el gatillo fácil es moneda corriente y se ha incrementado durante la pandemia. Esto incluye la violencia contra aquellas personas que presentan consumo problemáticos y padecimientos en torno a su salud mental. Esto sucede mientras ya hace diez años que fue sancionada la ley de Salud Mental, pero ningún gobierno se preocupó en su implementación efectiva con una inversión digna -la cual debería ser del 10% del presupuesto total de salud, pero sin embargo hace años es menor al 1%-. En cambio, siempre la prioridad fue y es aumentar el presupuesto del aparato represivo.  
Se trata de la misma policía, la que persigue a los pibes y a quienes consumen, la del gatillo fácil y la que ampara a las redes narco y de la trata. Sergio Berni, funcionario del Frente de Todos, coincide con Patricia Bullrich en fortalecer y defender a este aparato corrupto.