El mismo día en que se cerraban las alianzas electorales para las PASO de septiembre, una noticia sobrecogedora recorrió el país, superamos los 100.000 muertos por Covid-19.
El gobierno hace propaganda diciendo que llegan miles de vacunas y que la campaña de inmunización avanza. Pero la realidad es que hay un fuerte retraso no solo en la aplicación de la primera dosis, sino en la de la segunda vacuna, que miles ya deberían haberla recibido y no saben cuándo serán citados, lo que aumenta los riesgos de perder su inmunización. Todo mientras sigue creciendo el peligro de un nuevo rebrote producto de las nuevas cepas que están llegando. ¿No se podía hacer nada? Hace meses venimos denunciando que en Garín se produjeron cien millones de vacunas que fueron enviadas al exterior. Si se hubiesen aplicado acá tendríamos a la población inmunizada y con las dos dosis.

Mientras tanto, el dólar “se despertó” y dio un nuevo salto. Noticia y negocio para los pulpos especuladores, sin duda. Esto repercutirá en unos días sobre el pueblo trabajador, ya que será la nueva excusa para que aumente todo, enflaqueciendo más aún los bolsillos debido a la pulverización de los salarios y las jubilaciones. Es que, con cualquier cuenta que se haga, todas las paritarias firmadas terminaron quedando desfasadas frente a la inflación. Por eso la bronca popular está obligando a la burocracia a exigir que se reabran las paritarias en, prácticamente, todos los gremios. Claro que tanto las direcciones de la CGT como las de las CTA siguen con su apoyo al gobierno, no se les ocurre exigir un aumento generalizado de emergencia ni, mucho menos, llamar a movilizar. Así, esta reapertura va a terminar en nuevos acuerdos en cuotas que se terminarán cobrando el año próximo, por lo que se seguirá perdiendo frente a la inflación.
Una vez más, será el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero y los ferroviarios de la Bordó, Ademys, el Sutna y los Suteba multicolores, quien recoja el guante, convocando a una nueva jornada de movilización el próximo martes 20.

El gobierno peronista de Alberto Fernández quiere maquillar el ajuste anunciando ahora un bono de 5.000 pesos para los jubilados que perciben la mínima, escondiendo que, aun con esto, no impedirá que todo el sistema previsional quede por debajo de la inflación, sumando más pérdidas a las jubilaciones a las que ya vienen acumulando sucesivamente hace años.
La contrapartida de todo esto fue que esta semana el gobierno del Frente de Todos, el mismo que dice que no hay plata para otorgar un nuevo IFE mientras crecen la miseria y los despidos, acaba de pagar en efectivo 150 millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda externa a los buitres acreedores privados. Y se prepara para pagar otros 215 millones a fin de mes, esta vez al Club de París.
Con este panorama entramos al calendario electoral, ya con las alianzas presentadas y a pocos días de la proclamación de las listas de precandidatos para las PASO del 12 de septiembre. Va a comenzar en breve el debate en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios populares sobre a quién hay que votar.

El gobierno peronista de Alberto Fernández quiere hacernos creer que si no pudo cumplir sus promesas de “llenar la heladera” fue por la pandemia. Cuando la realidad es que se debió a que, desde el principio, antes y durante la pandemia, priorizaron poner la plata para la deuda externa. Allí están los 7.200 millones de dólares ya abonados que nos dan la razón. Por eso, miles que en 2019 votaron por el Frente de Todos contra el ajuste de Macri hoy están decepcionados. Juntos por el Cambio, por su parte, busca pescar en el río revuelto del voto castigo y quiere aparecer como algo nuevo cuando ya gobernó para las multinacionales.

Este es el marco en el que acabamos de presentar al Frente de Izquierda Unidad en todo el país para dar pelea al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Planteando que somos los que tenemos de verdad una propuesta alternativa, un programa de emergencia que prioriza las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, poniendo como centro que hay que suspender ya mismo los pagos de deuda para poner todo ese dinero al servicio de atender el salario, el empleo y la salud. Exigiendo que se incauten las dosis que se producen en Garín para que haya vacunas para todas y todos. Un FIT Unidad que no es un “recién llegado”, que tiene toda una trayectoria para mostrar, de apoyo a cada una de las luchas que se vienen dando y de denuncia al ajuste y los negociados llevados adelante por todos los gobiernos, nacionales y provinciales.

Claro que, para poder llevar a fondo esta pelea, es fundamental garantizar que haya lista única del FIT Unidad, sin PASO, para poder salir, todos juntos, a dar esta batalla. Es la obligación de todos los partidos que componemos el frente lograrlo, poniéndonos a la altura de las circunstancias. Desde Izquierda Socialista nos comprometemos a seguir avanzando en ese sentido.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Ayer, 14 de julio, superamos los 100.000 muertos víctimas de Covid-19. El año pasado, cuando la cifra de decesos llegó a 12.000, dijimos que era como si una localidad como Capilla del Monte hubiera desaparecido. Hoy debemos decir que es como si Bariloche, Tandil o Pergamino, ciudades importantes que rondan los 100.000 habitantes, hubieran sido borradas del mapa.

La pandemia sigue, la segunda ola está todavía en su apogeo y se cierne en el horizonte la temible tercera ola, que puede venir traída por la cepa delta, ya ingresada al país pero que aún no tiene circulación comunitaria. Mientras tanto, el gobierno del Frente de Todos inunda las pantallas de la televisión con imágenes de la llegada de aviones cargados de vacunas para generar una sensación de que ya estamos al borde de inmunizar a toda la población. La realidad es muy distinta.

La pandemia continúa con mucha fuerza

La pandemia continúa y las cifras son categóricas, 102.000 infectados por millón de habitantes, más que en algunos países donde el Covid-19 pegó fuerte, como Francia, España y Chile, aunque menos que los Estados Unidos y Uruguay. Las muertes por millón son 2.100, más que en los Estados Unidos, México y Chile, pero menos que en Colombia. No caben dudas ya de que la Argentina está entre los principales países castigados por la pandemia y, con este resultado, el gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández tiene la principal responsabilidad, a la que no escapa Juntos por el Cambio, que no es una oposición patronal desde el llano dado que gobierna varias provincias.

Fracasa el plan de vacunación del gobierno

Los patéticos esfuerzos del gobierno peronista para ocultar el fracaso de su plan de vacunación no resisten el cotejo con las estadísticas. Nuestro país tiene apenas 12% de la población con inmunización completa, cifra que lo coloca un punto por debajo del promedio mundial. Brasil, Chile, México y Colombia tienen más porcentaje de vacunación completa que nosotros. Que haya tan poca población con inmunización completa nos deja a merced de la cepa delta y otras nuevas que puedan aparecer.
En total, solo se han aplicado hasta ahora unas 25 millones de dosis, falta mucho todavía. Hay que llegar a 63 millones para tener 70% de la población vacunada y producir el “efecto rebaño”. Cuanto más tiempo se tarde, más víctimas habrá y, también, más posibilidades de que aparezcan mutaciones y nuevas cepas del coronavirus.

No hay vacunas porque las farmacéuticas imponen sus condiciones y el gobierno peronista las acata. Pfizer se negó a vender su producto durante ocho meses hasta que logró que el gobierno modificara una ley que había hecho a pedido de las multinacionales garantizando su impunidad, en la que había una palabra que los abogados de Pfizer objetaban. Esto fue reconocido por Clarín que, en consonancia con Juntos por el Cambio, publicó que “el gobierno argentino decidió modificar por DNU recién ocho meses después la ley que le impedía comprar vacunas de Pfizer” (4/7/2021).
La vacuna Oxford, del millonario peronista Hugo Sigman, asociado a la multinacional AstraZeneca, atrasó sus entregas varios meses a pesar de que se produce en el país. Sin embargo, el gobierno no lo puede sancionar ni demandar porque está amparado por la misma ley que protege a las farmacéuticas.

Las vacunas están en Garín

¿Se pueden completar las dosis que hacen falta para llegar al “efecto rebaño”? Hay que incautar la producción de la vacuna de AstraZeneca –que ya superó cien millones de dosis– que se producen en Garín, fraccionarla, envasarla en el país y distribuirla para inmunizar en muy poco tiempo a 70% de la población. Un proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad lo plantea. Para lograrlo, será necesario continuar y acrecentar la campaña para que el gobierno del Frente de Todos lo haga y libere las patentes del resto de las vacunas para que se produzcan en el país sin subordinarse a las condiciones leoninas exigidas por los laboratorios. Es necesario frenar la pandemia y prevenir la llegada de una tercera ola de mano de nuevas cepas que puede ser más grave que la actual.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

A quince meses del inicio de la pandemia, los trabajadores decimos que la crisis estructural del sistema público de salud sigue intacta.
Continuamos sin recomposición salarial, peleando por las licencias de descanso, por el pase a planta de los residentes que terminan este año y otras tantas reivindicaciones pendientes y urgentes que los trabajadores de la salud venimos exigiendo. La falta de cirugías, insumos, medicamentos para tratamientos de salud mental y otras tantas prácticas y especialidades, debido a la prioridad que tiene el Covid-19, son cuestiones centrales y acuciantes que no pueden seguir siendo postergadas.

La pandemia no ha servido para mejorar la deteriorada infraestructura de los hospitales, que siguen con graves problemas edilicios y en muchos casos sin el mantenimiento mínimo. Con el gobierno de Kicillof este déficit en hospitales y centros de salud continúa y se profundiza. Las “becas”, un sistema de precarización laboral impulsado por el gobernador peronista, han tomado más fuerza y suman cientos de trabajadores a la informalidad, llegando en algunos hospitales a ser la mayoría. El Larcade, de San Miguel, en el que Kicillof se comprometió a resolver las demandas de sus trabajadores y no cumplió, es un ejemplo de un hospital con el 90% de sus trabajadores que se desempeñan en sus tareas en condiciones de precariedad e informalidad y donde los profesionales de la salud han renunciado masivamente. Por la falta de insumos básicos y un presupuesto muy bajo e insuficiente, le exigimos al gobernador Kicillof una partida de emergencia y la recomposición salarial para todas las trabajadoras y los trabajadores provinciales de la salud.

Escribe José Castillo

¿En qué quedaron las promesas de “poner plata en el bolsillo de la gente” o “llenar la heladera” ¿No lo pudieron hacer porque “los agarró la pandemia”?

Millones de compañeras y compañeros, que hace apenas dos años votaron al Frente de Todos para “terminar con la pesadilla del ajuste de Macri” se hacen estas preguntas. Queremos, fraternalmente, reflexionar juntos con ese sector importante del pueblo trabajador. Nos une un sentimiento común: nunca más Macri, nunca más Juntos por el Cambio. En eso estamos de acuerdo. Pero  vamos más a fondo. Alberto y Cristina, en su campaña electoral, prometían que se iba a acabar el ajuste y que ellos no iban a permitir un acuerdo con el Fondo que se hiciera a costa del pueblo. Más aún, hasta reconocían parte de las cosas que habían hecho mal en el período anterior (el gobierno de Néstor y los dos de Cristina Fernández) diciendo “volvemos para ser mejores”. ¿Y qué pasó? Nos seguimos hundiendo, los salarios y las jubilaciones siguen cuesta abajo, cada día hay más desocupados, crece la miseria, el hambre y la marginación social.

¿Fue por la pandemia?

Alguien acá podrá objetarnos: “¿Y qué querés? Nos agarró el Covid-19?”.
Vamos por partes. El ajuste del gobierno de Alberto Fernández empezó antes del Covid, apenas asumió, en diciembre de 2019. Ahí se votó suspender la movilidad previsional, y empezó el ajuste, con jubilaciones que sistemáticamente perdieron contra la inflación. También fue en esos primeros meses cuando el peronismo del Frente de Todos, en alianza con Juntos con el Cambio, votó darle prioridad a la renegociación de la deuda externa (solo votamos en contra los dos diputados del FIT Unidad).

Luego, efectivamente, vino la pandemia. Que tuvo sus consecuencias, sin dudas. Sin embargo, en medio de ella, el gobierno de Alberto Fernández siguió privilegiando a los de siempre, las grandes empresas y los banqueros. Repartió subsidios a las patronales para que “no despidieran”, y luego las dejó echar trabajadores y hasta cerrar. Por poner un solo ejemplo, recordemos el caso de Latam. A los millones que quedaron sin ingresos, apenas si les otorgó tres cuotas de IFE de 10.000 pesos (¡por grupo familiar, y en 10 meses!), y por si fuera poco, luego lo discontinuó en 2021. Los trabajadores de la salud, primera línea indiscutida en la lucha contra la pandemia, todavía hoy siguen reclamando no cobrar salarios dignos.

Pero lo peor fue que todo esto sucedía no porque “no hubiera plata”. Se continuó favoreciendo a los acreedores externos: sólo desde que subió Alberto Fernández ya se llevan pagados 7.250 millones de dólares de deuda externa, la inmensa mayoría en tiempos de pandemia.
A todo esto sumémosle el manejo de las vacunas, que siguen llegando a cuentagotas, mientras acá se están produciendo de a millones en Garín, a pocos kilómetros de la Casa de Gobierno, pero se van al exterior, producto del acuerdo entre el empresario amigo del gobierno Hugo Sigman y la transnacional AstraZeneca, en vez de ser utilizadas para acelerar la inmunidad en nuestro país.

No se come con discursos

De vez en cuando se escucha en el Frente de Todos retazos de discursos progresistas: “vamos a expropiar Vicentin”, “le pondremos un impuestos a las grandes fortunas” o, como sucedió el 25 de mayo pasado “no hay que pagar un peso más de deuda mientras dure la pandemia”.
Terminan siendo todas frases “para la tribuna”. Vicentín no se expropió, el impuesto a los ricos terminó saliendo muchos meses después y fue un fiasco, y los pagos de deuda siguen dándose mes a mes. Lo único que no es discurso es que los bolsillos del pueblo trabajador se siguen enflaqueciendo.

Queremos reflexionar juntos sobre todo esto. Porque desde el Frente de Izquierda Unidad lo advertimos ya en la campaña electoral de 2019, y lo seguimos señalando sistemáticamente desde que empezó la pandemia. Y lo postulamos ahora, que se acerca la hora de las nuevas elecciones: es necesario un programa de emergencia, que ataque las dos pandemias, la sanitaria y la social.
Hay que priorizar los salarios, las jubilaciones, plata para el que se quedó sin ingresos, hay que incautar las vacunas de Garín. Y, para que haya plata, hay que dejar de pagar la deuda, romper con el FMI y crear un auténtico impuesto a las grandes fortunas. Nada de eso plantea ni va a hacer el gobierno del Frente de Todos. Por el contrario, es lo que postulamos desde el FIT Unidad.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (m.c.) y referente de la izquierda cordobesa
 
En Juntos por el Cambio buscan capitalizar el descontento de algunos sectores con el gobierno peronista de Alberto Fernández. Pero no pueden esconder que ya gobernaron, y lo hicieron al servicio de los grandes empresarios, los banqueros y el FMI, hundiendo en la miseria al pueblo trabajador y los sectores populares.
 
La interna de Juntos por el Cambio es feroz y pública. El gobernador ajustador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, manifestó: “Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debilitó la estrategia de la coalición en la provincia de Buenos Aires al obligar a bajarse de su candidatura a Patricia Bullrich y poner a dedo a María Eugenia Vidal como candidata a diputada por CABA”. Son disputas entre candidatos que defienden las ganancias patronales y que, por lo tanto, son partidarios de más ajuste.

 Juntos por el Cambio, aunque busque “renovarse”, no puede esconder lo esencial, ya gobernó. Basta recordar que Mauricio Macri llegó a la presidencia con puras promesas, entre ellas lograr la pobreza cero, que los trabajadores no paguen el impuesto a las ganancias, o bajar la inflación a un dígito. Si los medimos por estos objetivos de campaña, ya fracasaron. Macri dejó 35,5% de pobreza, la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias pasó de 1.2 millones a 2.3 millones y la inflación se comió el salario, acumuló 300% durante su gestión.

Pero en realidad, sí cumplieron una parte importante de lo que se proponían, garantizar las superganancias de las patronales. Y lo hicieron conscientemente contra el pueblo trabajador. Con la reforma previsional de fines de 2017 les robaron a los jubilados más de 100.000 millones de pesos y los tarifazos transformaron los servicios públicos en artículos de lujo, por citar solo dos cuestiones de las centenares de políticas antipopulares del macrismo.   Además, son quienes niegan a los 30 mil desaparecidos de la última dictadura.

Pero no se trata solo del balance de la presidencia de Macri. Allí donde siguen gobernando, como la Ciudad de Buenos Aires, también se sigue aplicando el ajuste. En el presupuesto aprobado para 2021 la partida para educación representa solo 17% de los gastos totales, hecho que remarca la intención de Cambiemos de bajar la inversión en este rubro, política iniciada por el macrismo en 2010 y que continúa Larreta. Mienten cuando afirman que les interesa la educación pública.

Tampoco les preocupa la salud pública. En medio de la pandemia de Covid-19, Larreta ajustó su presupuesto castigando a sus trabajadores, que cobran salarios de miseria, y a los sectores populares de la ciudad.
La candidata a diputada María Eugenia Vidal, que gobernó la provincia de Buenos Aires y aplicó el mismo ajuste que Macri, confesó en su libro Mi camino que se arrepiente de su trato para con los docentes y reconoció que el porcentaje que les ofrecía en paritarias y que llevó al conflicto estaba muy por debajo de la inflación.

En Córdoba, Juntos por el Cambio ha sido un socio estratégico de Schiaretti con el gran apoyo que le brindó Macri durante su presidencia y acompañando las políticas que nos trajeron al 42% de pobreza. En la Legislatura votó todos los presupuestos presentados por el PJ cordobés. Apoyó cada ataque a los trabajadores que llevó adelante el oficialismo, como la ley de servicios esenciales, que atenta contra el derecho a protestar de los trabajadores de UTA, Luz y Fuerza, recolectores, etcétera. Mestre (UCR) y Juez como intendentes de la capital endeudaron a la ciudad e hicieron millonarios a los empresarios del transporte y la recolección de residuos.

Juntos por el Cambio aspira a capitalizar el voto castigo frente a las promesas no cumplidas del Frente de Todos. Pero desde ningún punto de vista ofrece algo positivo para el pueblo trabajador.
La salida pasa por romper con todas las opciones patronales y apoyar a la única fuerza que plantea un programa de emergencia que atiende las más urgentes necesidades populares, el Frente de Izquierda Unidad.