El peronismo kirchnerista en su proclama del 25 de mayo, llama a suspender los pagos durante la pandemia. Pero la realidad es que cada vez se paga más.

Escribe José Castillo

Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández lleva abonados 7.100 millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda. No es cierto que “mientras se negocia con el FMI” no se está pagando nada. Tomemos simplemente el dinero que salió en concepto de pago de intereses del deuda que publica la Oficina de Deuda Pública del Congreso Nacional. Es un dato disponible en internet y al acceso de todos. Así, leemos que en enero de este año se pagaron 370,9 millones de dólares, en febrero 119,2 millones, en marzo 399 millones, en abril 419 millones y en mayo 903 millones. No están los datos disponibles de julio, pero se trata de un número intermedio entre el de abril y el de mayo.
Ya con estos números deberíamos horrorizarnos.

Pero lo peor está por venir. El gobierno acaba de negociar pagarle el próximo 28 de julio 215 millones de dólares al Club de París (parte de los 430 que se comprometió como “anticipo” a liquidar los 2.400 millones pendientes). Ese mismo mes hay que abonar 80 millones de dólares a los chinos (de vencimientos totales para 2021 de 441 millones de dólares con ese país).

Además, recordemos que el canje con los acreedores privados firmado en agosto del año pasado, establecía que a los 12 meses tenían que empezar los reembolsos. O sea que, este mes de julio, comenzarán a cobrar estos pulpos acreedores. Son 155 millones de dólares que vencen el 9 de julio, paradójicamente el Día de la Independencia.

Si a todo esto le sumamos los intereses “normales” que vencen todos los meses por los pagos que hace el Banco Central a los bancos por bicicleta financiera (otros 400 millones de dólares), tendremos en julio erogaciones por casi 900 millones de dólares. ¡Un escándalo!
En síntesis, sólo en el 2021, vamos a terminar julio llevando pagados 3.200 millones de dólares. Son, al tipo de cambio real actual 544.000 millones de pesos. El 22 de mayo pasado, con bombos y platillos, el gobierno de Alberto Fernández anunció que aumentaría el gasto para atender la pandemia en 480.000 millones de pesos. ¡Sólo en intereses de deuda se está pagando más que eso!

La proclama del 25 de mayo de los dirigentes kirchneristas reclamaba no pagar un peso más hasta que no termine la pandemia. La realidad es que se venían pagando millonadas de antes,  eso se incrementó en junio y  lo será mucho más en julio, incluyendo el pago al Club de París. ¿En qué quedamos entonces? Nos parece bien suspender los pagos, aún cuando los firmantes kirchneristas sólo lo planteen provisoriamente. Pero el problema es que eso no está sucediendo. Es más, los pagos se incrementan, y los autores de la proclama del 25 de Mayo no dicen una palabra al respecto.

Por eso, volvemos a insistir. Es absolutamente necesario dejar de pagar inmediatamente la deuda externa y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI. Ahí está la plata que necesitamos urgentemente para atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Hoy, la única fuerza política que plantea consecuentemente esto es el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria
 
El gobierno peronista de Alberto Fernández salió en estos días a hacernos creer que se están reestatizando los ferrocarriles de carga. Esto no es así. La resolución 211 que instrumenta la ley Randazzo, que se refiere al tema, no es más que una vuelta de tuerca a la política que pone al servicio ferroviario a disposición de las multinacionales exportadoras.

El peronismo vuelve a garantizar la adecuación de la Argentina a las ganancias de las multinacionales.
Menem concesionó la red a manos de empresarios estafadores como Pescarmona, Paolo Roca, Romero, Urquía, Cirigliano y Roggio sin olvidarse de incorporar a la burocracia de Pedraza de la Unión Ferroviaria. Tras esa sociedad estaban todas las exportadoras de granos y  los saqueadores de minerales y otros recursos.

El kirchnerismo revalidó las concesiones y en 2006, a través de la Uniren (unidad de renegociación) dirigida por la dupla De Vido-Jaime propuso que, entre otras cosas, las empresas ferroviarias de carga compensaran las obras no realizadas y las multas impagas con inversiones a lo largo de 17 años, que era el tiempo que restaba de concesión. Además les posibilitó que el monto a invertir fuera entre el 7% y el 9% de la facturación anual, que por otra parte nadie controlaba. No quedaba ahí la generosidad del gobierno peronista  kirchnerista, a expensas del pueblo trabajador, también ofrecía que los ramales e instalaciones de la traza que no fueran rentables para la concesión quedaban a cargo del Estado para sus reparaciones.
En una muestra palpable de la ficción de la grieta, incorporaron a Macri al Belgrano Cargas con la multinacional china Hopefull Grain & Oil.

En el 2015, ya con la masacre de Once sobre sus hombros como expresión del desastre ferroviario, apareció el ministro Randazzo que, entre otras barbaridades, impulsó la ley 27.132 de “reestatizacion”  que se hacía cargo de la destrucción que dejaban los concesionarios poniendo la infraestructura bajo la órbita del Estado con su enorme costo y a la vez habilitaba a las grandes exportadoras a operar sus propios trenes, tanto de cargas como de pasajeros, con solo inscribirse en un registro de operadores y abonando un canon, que por otra parte la experiencia indica que jamás se pagó durante los 30 años de concesión.

La nueva resolución que lleva la firma del ministro de transporte Alexis Guerrera, anunciada como una vuelta del transporte ferroviario de carga al Estado, en realidad extiende la concesión de Ferroexpreso Pampeano (Techint), Ferrosur Roca (Camargo Correa) y Nuevo Central Argentino (Urquía, aceitera Deheza) por un año más y al término del mismo podrán inscribirse como operadores y seguir con sus negocios, esta vez con las vías e instalaciones puestas a punto por el Estado, con una inversión de 5.000 millones de dólares en el marco del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario y realizado con un préstamo tramitado al Banco Mundial.  Para eso el presidente Fernández del Frente de Todos firmó cuatro convenios con empresas chinas con la finalidad de renovar las líneas del Belgrano Cargas, San Martín Cargas y el Tren Norpatagónico. También es la razón por la cual se importaron 39.000 toneladas de durmientes de hormigón de China de la firma Cemec, descargadas en el puerto de Rosario.

Se consolida entonces la entrega del país a las multinacionales extranjeras y se concreta la estafa al pueblo trabajador con un nuevo capítulo de la entrega de sus ferrocarriles.
Por eso se impone ante esta falsa estatización levantar las banderas por las que venimos luchando desde el combativo cuerpo de delegados del Sarmiento. Las mismas que  el FIT Unidad planteara en oportunidad del debate en el Congreso por la Ley Randazzo. Solo dos fueron las posiciones que estuvieron en el Parlamento, la de la seguir con las privatizaciones, sustentada por todo el peronismo y la de independencia sostenida por los diputados del Frente de Izquierda que plantea la reestatización de los ferrocarriles en su totalidad con control de sus trabajadores y usuarios, construyendo un sistema único que sume la carga junto con el transporte de pasajeros. Para pelear por un ferrocarril al servicio del pueblo y un sindicato al servicio de los trabajadores, como decimos las y los ferroviarios del Sarmiento.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) y referente de la izquierda cordobesa

El llamado a licitación internacional que prepara el gobierno para renovar la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, acaba con las promesas de estatización y coloca al desnudo el doble discurso de la dirigencia peronista kirchnerista sobre la defensa de la soberanía económica y territorial de nuestro país.

Durante varios meses, sectores del peronismo kirchnerista ligados a la vicepresidenta y al Instituto Patria, coqueteaban con la posibilidad de acabar con la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná y retomar el control estatal de ese importante recurso económico, social y ambiental. Entregada a manos privadas en 1995 durante el gobierno peronista de Menem, la concesión fue prorrogada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2015, condición que se arrastra hasta los días de hoy y vence a fines de este mes de julio.  
“Se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país”, declararon dirigentes kirchneristas organizados en el Grupo 25 de Mayo. Sin embargo, esa dirigencia, entre ellas La Cámpora, cambiaron el discurso y ya aceptan que no se reestatice. Con pequeños reparos, se están alineando con el proyecto presidencial de Alberto Fernández de mantener la concesión en manos privadas. El único cambio será la aparición de un organismo de control y la existencia de una disputa por quién cobraría los peajes.

La cuenca del Paraná, es un recurso fundamental que va más allá de la importancia económica. No es solo una hidrovía, es un espacio que contiene una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y una gran influencia socio ambiental. A lo largo de sus riberas se desarrolla una rica fauna y flora que hay que preservar y millares de familias utilizan el río para su sustento, para la recreación y para transportarse. Ese espacio, complejo y sensible, en manos de multinacionales, cuyo único interés es la ganancia, pone en riesgo la biodiversidad y la vida misma de las poblaciones. Ese es el primer problema que nos plantea la privatización, además de continuar renunciando al control de un sector estratégico de la economía.

Retomar el control del Paraná es una cuestión estratégica

Por el río Paraná sale el 80% de las exportaciones. En manos privadas, multinacionales, como Dreyfus, Bunge y Born, Cargill o Vicentin, han subfacturado a su antojo. Evaden tributos, contrabandean granos y se apropian de más de 300 millones de dólares en concepto de peaje. Además, la falta de control por parte del estado, facilita la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de armas. Estatizar el control del río Paraná, es un problema estratégico para el país.
Por eso muchas compañeras y compañeros que votaron en este gobierno, correctamente, mantienen la exigencia de la estatización. Amplios sectores, como el que encabeza el escritor y periodista Mempo Giardinelli cuestionan la decisión del gobierno. Es una postura con la que tenemos pleno acuerdo. Nuestro diputado Juan Carlos Giordano, Izquierda Socialista/FIT Unidad, ha presentado un proyecto para reestatizar la denominada hidrovía. Es urgente y necesaria la más amplia unidad de todos los sectores que se oponen a la entrega del Paraná para impedir la privatización de este recurso fundamental.

No es cierto que no se puede, como dice el presidente Alberto Fernández. Hay estudios que demuestran la viabilidad del control del Estado sobre la cuenca del Paraná, de sus puertos y del dragado. Tampoco es que esté mal asesorado. Mantener las privatizaciones es parte de las imposiciones del FMI que el gobierno peronista acata. El progresismo peronista es sólo en el discurso. Es la misma situación en relación a la deuda. Es un escándalo que en medio de una emergencia económica y sanitaria se paguen 430 millones de dólares al Club de París. Como señala el documento de la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, “Estas negociaciones, […] condicionan la economía nacional y condenan a nuestro pueblo a […] más pobreza y miseria, menos salud y educación...”. La Cámpora, que cuestionaba las negociaciones por la deuda del ministro Guzmán, se quedó callada ante este nuevo desembolso.

No va más este doble discurso. Defender la soberanía pasa por dejar de pagar la deuda externa, rompiendo los lazos de sometimiento y dependencia en relación al FMI o al Club de París. En el mismo sentido hay que reestatizar la llamada hidrovía Paraguay-Paraná y colocarla bajo control y administración de los trabajadores y las poblaciones ribereñas. No existe soberanía si no controlamos nuestros recursos económicos y territoriales. Estas son partes de las propuestas de Izquierda Socialista y el FIT-Unidad para salir de la crisis. Sumate a estas propuestas para fortalecer esta lucha.  

Escribe Noelia Agüero, legisladora electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada docente

Según datos del Indec del 24 de junio el Gran Córdoba registró en el primer trimestre de este año la tasa de desocupación más alta del país con un 14,8%, superando al Gran Buenos Aires que llegó al 14,3%. Esto afecta a 115.000 personas. Tuvo un incremento de 4% respecto al mismo periodo del 2020.

Esta es otra muestra clara de que a la crisis capitalista, agudizada con la pandemia, la siguen pagando los trabajadores, no solo con salarios que continúan perdiendo poder adquisitivo ante una inflación que llegará al 50% anual, sino también con más desocupación. Esto sucede pese a que rige el DNU que a nivel nacional prohíbe los despidos, lo cual también demuestra que el gobierno de Schiaretti a través de su secretaría de trabajo sigue avalándolos en beneficio de los empresarios. Lo mismo hacen los dirigentes sindicales y de las CGTs y la CTA, quienes en esta provincia son cómplices de estos despidos y son los que acuerdan paritarias miserables y en cuotas, razón por la cual hoy la pobreza en la provincia alcanza al 42% de su población.

Para resolver el flagelo de los bajos salarios y la desocupación, los trabajadores nada podemos esperar de gobiernos como el de los Fernández o Schiaretti, que priorizan los pagos de sus respectivas deudas externas y el acuerdo con los usureros internacionales. Ellos ya están en campaña electoral y tratan de convencernos que son la única salida para estos y otros problemas que venimos sufriendo desde hace décadas. También lo hace el macrismo, pero donde gobierna, Juntos por el Cambio aplica la misma política. La única alternativa, que en las luchas y en las bancas del congreso y la legislatura de Córdoba, demuestra todos los días estar del lado de los trabajadores y los sectores populares es el Frente de Izquierda, del cual forma parte Izquierda Socialista. Y en el terreno sindical, para enfrentar la traición de la burocracia, impulsamos la coordinación de los sindicatos y dirigentes combativos a través del Plenario Sindical Combativo.

Escribe José Castillo

Edenor, una de las tres distribuidoras eléctricas más importantes del país (las otras son Edesur y Edelap), cambió de dueño. Dejó de pertenecer a Marcelo Midlin (grupo Pampa Energía), para pasar a manos de una nueva sociedad conformada por José Luis Manzano (ex ministro del Interior de Carlos Menem), Daniel Vila (uno de los dueños de América TV y Mauricio Filiberti (dueño de Transclor). La operación acaba de ser aprobada por el gobierno, ya que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) consideró que “no se violó ninguna disposición”.

Recordemos que se trata de uno de los negocios más escandalosos que vienen de las privatizaciones menemistas. Desde entonces, las empresas distribuidoras de electricidad vienen ganando millones sin cumplir ninguno de los requisitos establecidos en los propios contratos de concesión. Los apagones, la mala calidad del servicio, son cosas de todos los días. Estas firmas ganaron siempre, primero con las tarifas dolarizadas del menemismo, luego con los mega-subsidios del kirchnerismo, después con los super-tarifazos del macrismo, y ahora, de nuevo con subsidios, mientras están “a la espera” que se las vuelva a autorizar a subir las tarifas.

A este negocio hoy se sube este nuevo consorcio Manzano-Vila-Filiberti. José Luis Manzano, que acuñó la frase: “yo robo para la corona”. Daniel Vila, dueño de uno de los grandes de los multimedios argentinos.  Y José Luis Filiberti, “el hombre del cloro”, el favorecido por los negociados de Aysa y amigo personal de Sergio Massa.
Esta mafia es la que pasará a hacerse cargo de Edenor. Un grupo muy cercano al gobierno, que ya usufructúa del presupuesto público y se dispone a entrar más aún en el entramado de sus negociados.
Nada bueno, obviamente, saldrá de acá para el pueblo trabajador. Sean con subsidios o tarifazos, piensan seguir llenándose los bolsillos a nuestra costa. Por eso, más que nunca, reafirmamos lo que siempre dijimos desde el Frente de Izquierda Unidad: hay que reestatizar las privatizadas, poniéndolas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Única garantía de tener servicios de calidad, con tarifas populares para quienes la necesiten.