Escuelas cerradas, docentes trabajando, familias preocupadas 

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Con la cuarentena las escuelas se cerraron... pero los docentes seguimos enseñando. Quienes no tienen chicos en edad escolar poco conocen de la trama que estamos viviendo docentes, alumnos y familias en cuarentena. El gobierno, a través del ministro Trotta y los secretarios de Educación, como Soledad Acuña de CABA, dicen que “rápidamente se resolvió el problema de la educación en cuarentena a través de la educación virtual” y que “se demostró que haber capacitado a docentes y montado plataformas virtuales antes” es lo que lo permitió. ¿Cuál es la realidad?

Con la cuarentena los docentes rápidamente organizamos los llamados “planes de contingencia” donde preparamos materiales y textos en papel para que los alumnos puedan ir leyendo y estudiando en sus casas. Pero el gobierno largó una plataforma digital donde docentes debemos presentar nuestros trabajos educativos y los chicos, en sus casas, hacerlos. Además se abrió un sistema de clases virtuales y consultas por mail a los docentes. El gobierno anunció también un sistema de clases por televisión, aunque hasta hoy no funcionó. Este sistema es absolutamente insuficiente, flexibilizador y discriminatorio. Muchos chicos en edad escolar tienen celular, pero solo el 50% tiene internet en su casa, solo el 40% tiene computadora. Y millones viven hacinados. De esta manera quedan fuera de la “educación virtual” los chicos más pobres, extendiendo más la brecha social y la discriminación educativa.

Los docentes debemos subir a las plataformas contenidos educativos (muchos desconocen cómo hacerlo), sufriendo también la insuficiencia de infraestructura virtual, los cortes y floja señal o la falta de wifi en casa, trabajar conviviendo con nuestra familia y debiendo responder a las preguntas de los alumnos o sus familiares a cualquier hora del día. Las madres y padres se quejan porque llega a sus hijos muchísimo material virtual que no entienden y no saben cómo ayudarles.

Por más que la tecnología debe ser utilizada para mejorar la educación, es impensable la educación sin docentes y alumnos interactuando en el aula. Para aprovechar la virtualidad, el gobierno debe garantizar ahora infraestructura para todos, docentes y alumnos, repartir notebooks, garantizar internet, elementos de formación tecnológica. El gobierno hace declaraciones aprovechando esta tremenda crisis sanitaria buscando instalar la virtualidad educativa como sistema permanente. Eso es parte del proyecto de reducir el presupuesto educativo, privatizar más la educación, despedir docentes y reemplazarlos por “plataformas virtuales” con “coordinadores” o “facilitadores” superexplotados. Ya en varias provincias hay “secundarias a distancia” y otras plataformas.

Hoy, en medio de la pandemia, hay que apoyarse en la virtualidad y sus ventajas como una emergencia, respetando el trabajo docente. Pero hay que reclamar también que el gobierno garantice que lleguen los trabajos hechos en papel por los docentes a todas las familias que no tienen acceso a la red.

Con los jubilados… ¡Nooo!

Escribe: Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo por Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda UNIDAD

Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó bajo el lema #ConLosJubiladosNo u #OtraVezSeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández que venía ascendiendo en la aceptación popular con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.

Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena a través de un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.

Después de 20 días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto a otros beneficiarios de planes sociales (Embarazadas de la Asignación por Hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor -incluso muchos obligados a acampar la noche anterior- para ganarse un lugar y poder cobrar, es directamente triste y lamentable.

Ahora se tiran la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ocurrió en el verano con 40 grados de calor para cobrar los bonos de diciembre y se vio la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.

Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a que puedan pagarles a los jubilados más allá que tengan o no cuenta en el mismo? “No todas las entidades financieras están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice.

Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortuna, ahora con el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se la vienen llevando sus ganancias “en pala”.

Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. 2 millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. 3 millones cobran la mínima de $15.892 pesos mientras la canasta de un jubilado está en $40.000. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes culpa de los recortes de todos los gobiernos.

Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con el cambio en la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández quien les recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin de año por el Congreso. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa.

Este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó 250 millones de dólares por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.

Basta de que sean víctimas nuestros jubilados. Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas. Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria.

Aumento de emergencia en base al no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un “Fondo Económico de Emergencia” para combatir de verdad la crisis del coronavirus, porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.

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Los diputados y concejales del FIT-Unidad exigen, en el marco de la emergencia sanitaria y el DNU del Gobierno nacional, que en forma urgente se traten los proyectos para prohibir los despidos y las suspensiones en la provincia presentados este año.

En conferencia de prensa, las y los referentes del Frente de Izquierda Unidad denunciaron que en las pocas semanas desde que se conoció el primer caso positivo en la Argentina, ya hubo miles de despidos. Las patronales con la excusa de la cuarentena obligatoria lo primero que hacen es despedir y no garantizar normas de Seguridad e Higiene. Así está ocurriendo en los transportes de pasajeros que no renuevan los contratos, en la construcción y otros rubros.

En este sentido, la diputada provincial Patricia Jure declaró: “Ante este ataque los diputados y concejales del FIT-U exigimos, en el marco de la emergencia sanitaria, que en forma urgente se traten los proyectos para destinar todos los fondos que requieran enfrentar la pandemia y las consecuencias económicas de la misma. Por eso rechazamos el gigantesco endeudamiento del gobierno provincial acompañado por el municipal.”

Por su parte, la concejala Natalia Hormazabal denunció que el Decreto de Necesidad y Urgencia “no es retroactivo y deja afuera a los miles de trabajadoras y trabajadores que ya fueron despedidos o suspendidos antes del 31 de marzo y a los más de cinco millones de trabajadores informales. Por esto queremos que se convoquen a sesiones especiales para tratar en la Legislatura y en el Concejo los proyectos ya presentados”.

La concejala por la ciudad de Neuquen Angelica Lagunas añadió “Se endeudan acorde con las órdenes del gobierno nacional, sin suspender los pagos de la deuda externa y sin tocar los intereses de los grandes empresarios y multinacionales instaladas en la provincia y en el parque industrial.”
Para finalizar Priscila Otton señaló que “hay dos modelos del ´´Quedate en casa´. Uno para los que más tienen y otro para los que menos, que son la gran mayoría. Es por esto que es prioritario tratar los proyectos presentados que son los únicos que plantean soluciones de fondo"

La Argentina y el mundo están afectados por la pandemia del coronavirus. Todos los días se suman nuevos casos. Compartimos la preocupación de millones sobre cómo parar la extensión de la pandemia. En especial la de los más necesitados, que son el pueblo trabajador y los sectores populares. Encima, cuando al temor de contraer el virus se suma el miedo a perder el empleo, a la rebaja salarial y directamente a las y los que no pueden tener un sustento diario.

El presidente Alberto Fernández prorrogó la cuarentena hasta el 13 de abril. Compartimos que el aislamiento es una medida indispensable para que el virus no se propague masivamente. También el presidente y el gobierno adoptaron algunas medidas económicas en la emergencia. Sacó un decreto, por ejemplo, para suspender por 180 días los cortes de servicios esenciales como luz y agua por falta de pago. También congeló los alquileres por 180 días. A nivel salud, dio 5.000 pesos a los profesionales y trabajadores de ese sector por cuatro meses. Y otorgó un pago de 10.000 pesos a trabajadores informales y monotributistas. Ahora, ante la presión que generó los intentos de despidos de 1.450 trabajadores por parte de Techint, se vio obligado a prohibir por 60 días las suspensiones y despidos. 

Estas medidas han sido bien recibidas por la clase trabajadora y los sectores populares. Es lógico que sea así. Ya no alcanzaba la plata antes del coronavirus. Menos en esta grave emergencia.

Pero desde Izquierda Socialista queremos ser claros: estas medidas no alcanzan, son insuficientes ante la magnitud de la crisis del coronavirus.  Desde nuestro punto de vista faltan tomar otras de fondo ante la emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores y los sectores populares.

En primer lugar, el punto central es la emergencia sanitaria para frenar la pandemia y ver cómo se salvan miles de vidas. El presidente afirmó que lo “primero es la salud y no la economía”, pero no va hasta el final con sus medidas.

Por ejemplo, a pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y sectores populares en cumplir la cuarentena, es vergonzoso que grandes patronales no lo hagan, obligando a trabajar a personal que no está afectado a los servicios esenciales o a prestar servicios sin medidas de higiene y seguridad. O que se especule con los aumentos de precios, alimentos y medicamentos. El presidente Fernández hizo referencia a estos “vivos” pero sin anunciar medidas en contra de esas patronales.

En el sector de la salud es donde se ve más claramente que las medidas no alcanzan. El gobierno ha otorgado 5.000 pesos a los profesionales y trabajadores de la salud por cuatro meses (20.000 pesos en total), otra medida claramente insuficiente. Los propios trabajadores de la salud denuncian todo tipo de faltantes (desde el básico alcohol en gel, pasando por respiradores, hasta directamente la necesidad de más personal o camas de terapia intensiva). En el país antes del coronavirus el servicio de salud pública estaba colapsado. Ahora el drama se acrecienta. Se necesita plata para camas, aparatología y un salario inicial para los trabajadores del sector igual al valor de la canasta familiar (63.000 pesos para una familia tipo). Allí hay que volcar los fondos de emergencia.

Se han dispuesto 10.000 pesos por única vez para quienes hacen changas y para algunos monotributistas, y 3.000 pesos para los que perciben la asignación universal por hijo y para los jubilados de la mínima. Es imposible que un grupo familiar pueda sobrevivir con eso. Todo mientras millones reclaman comida.

Varios gobernadores e intendentes ya abren el paraguas diciendo que no van a tener cómo pagar los sueldos y se comienza a hablar de la implementación de “cuasimonedas” (que traducido quiere decir pagar los sueldos con bonos). La burocracia sindical no tardó un segundo en, como siempre, alinearse con las patronales; el propio Héctor Daer de la CGT ha dicho que “vería bien que se reduzcan los salarios” (después tuvo que desdecirse ante el repudio que generó esta afirmación).

Para encarar la emergencia del coronavirus es necesario tomar una medida de fondo como la de crear un fondo económico para emergencia que surja de la inmediata suspensión de todos los pagos de la deuda externa y de la imposición de altos impuestos a los súper ricos del país y a las grandes empresas y bancos.

En medio de la pandemia no puede ser que el gobierno siga pagando una deuda usurera y continúe una renegociación que nos va a llevar a terminar pagándole a los bonistas-usureros y al FMI nada más ni nada menos que 150.000 millones de dólares, aunque sea alargando los vencimientos o con alguna “quita”. Imaginémonos todo lo que se podría invertir en la salud pública y en los hospitales con esa plata. O las enormes partidas que se podrían destinar a millones que la necesitan.

Sectores del gobierno hablan de la posibilidad de suspender los pagos. Por ejemplo, la diputada nacional Fernanda Vallejos, del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, consideró que hay que “suspender el pago de las deudas soberanas de las naciones y buscar una solución integral” (parlamentario.com 27/3/2020). Pero se trata del doble discurso. Se dice una cosa y se hace otra.

Remitiéndonos a lo inmediato, solo con lo que se pagó en estos meses de gobierno se le hubiera podido otorgar a todos aquellos sin ingresos por la crisis, incluidos los desocupados, 30.000 pesos a cada uno (¡tres veces más de lo que se les va a dar!). Y es directamente vergonzoso que esta misma semana se destinen 250 millones de dólares en efectivo para pagar un nuevo vencimiento de deuda a los buitres acreedores.

No basta con que el gobierno denuncie a algunos empresarios. Hay que obligar a las patronales a que paguen el 100% de los salarios, ¡llevan años ganando millonadas, no es excusa un mes sin ventas para despedir o rebajar salarios! La plata está en los bancos, las multinacionales (Cargill, Fiat, Chevron, Ford, Siemens y otras), las privatizadas y otras grandes empresas. Hay cincuenta millonarios argentinos (entre ellos Rocca, Pescarmona, Pagani, Eurnekian, Grobocopatel, Bulgheroni, Roemmers, Blaquier) que tienen una fortuna personal siete veces superior a lo que destinó el gobierno para combatir a la pandemia. A ellos hay que imponerles un fuerte impuesto extraordinario para crear un fondo de emergencia para combatir la crisis del coronavirus y que el pueblo trabajador no siga siendo víctima de todo esto.

Hay más medidas que faltan: controlar de verdad los precios máximos, castigando a “los vivos” (que, nuevamente, son las grandes empresas) que los violan, aumentado y acaparando, cayendo sobre ellos con todo el peso de la Ley de Abastecimiento, suspender los pagos de luz, gas y demás servicios a costa de las superganancias de las privatizadas y no de “nuevos subsidios”. Todas medidas que, nuevamente, requieren que sean las grandes patronales las que tengan que financiar la crisis.

Hay que reclamar todo esto. Exigiéndolo con aplausos desde las casas, reclamando en los lugares de trabajo, haciendo asambleas allí donde sea posible, usando las redes sociales, debatiendo con compañeros de trabajo, estudio, vecinos o familiares. Porque con las actuales medidas no alcanza. Exijamos las que faltan. Se trata, en suma, de que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Las grandes patronales se aprovechan de la crisis para despedir, suspender, subir precios y conseguir mayores subsidios del gobierno. Son los “vivos” a los que hay que castigar. Las medidas del gobierno.

Escribe José Castillo

Una parte mayoritaria de la clase trabajadora cumple en su casa la cuarentena por el coronavirus. Otro sector sale diariamente a atender en hospitales, servicios comunitarios, a producir o distribuir mercaderías básicas como alimentos o artículos de limpieza. Se multiplican las muestras de solidaridad en los barrios, visibles en los masivos aplausos a los trabajadores de la salud, que se repiten cada noche.

Del otro lado, la conducta de las patronales empresarias es exactamente la opuesta. Desde los casos más aberrantes, como el de Techint, que intentó despedir 1.450 trabajadores, hasta los que aprovechan para bajar los sueldos (planteando que no pueden pagar el 100%). Y ni qué hablar de aquellos que no les dan a sus propios trabajadores los elementos mínimos de seguridad e higiene, poniéndolos en serio riesgo ante la pandemia. Se da el caso, incluso, de empresas que hacen pasar por “actividades esenciales”, que no lo son, tareas de montones de trabajadores, obligándolos a concurrir a sus lugares de trabajo y, una vez más, poniéndolos en riesgo a ellos y a sus familias.

A esto sumémosle las cadenas de híper y supermercados que aprovechan para aumentar indiscriminadamente los precios, burlándose abiertamente de los “precios máximos”, o acaparan productos de primera necesidad, como se descubrió que hacía la cadena Farmacity con el alcohol en gel.

El gobierno de Alberto Fernández ha minimizado todos estos casos planteando que se trataría de excepciones. “Hay que castigar a los vivos”, afirmó.

Los verdaderos “vivos” son los grandes empresarios que hacen todas esas cosas que citamos más arriba. Y a los que el gobierno no sólo no castiga, sino que les destina la mayor parte del dinero que teóricamente debe dirigirse a la emergencia, con la excusa de que “así se cuidan los puestos de trabajo”. Ahí termina yendo el grueso de la plata, en subsidios estatales para que paguen salarios, en créditos “blandos”, en exenciones al pago de aportes patronales, en moratorias impositivas. Y ni qué hablar de los más grandes “vivos” de todos, los acreedores de la deuda externa, que esta semana cobrarán 250 millones de dólares en efectivo.

Mientras tanto los trabajadores de la salud reclaman más elementos básicos, para lo que se requiere una inyección enorme de nuevos recursos con destino a atender la pandemia, tal como bien denuncia la Cicop. Amplios sectores populares que vivían al día trabajando en negro o haciendo changas ahora deben esperar para terminar sobreviviendo todo el grupo familiar con una “ayuda de 10.000 pesos”. Y el grueso de la clase trabajadora sigue viendo cómo se pulverizan los salarios con el nuevo salto de los precios.

No alcanza con apelaciones a la supuesta buena voluntad, como hizo el gobierno con Techint. La solución es otra, esta crisis la tienen que pagar los capitalistas, no los trabajadores. la indignación popular ante el caso Techint obligó al gobierno a prohibir por 60 días las suspensiones y lo despidos: un importante triunfo para el pueblo trabajador. Hay que obligar a las patronales a pagar el 100% de los salarios. Las grandes empresas, los bancos, todos los que hicieron superganancias en el pasado inmediato deben aportar con impuestos especiales ante la emergencia. Y, sobre todo, debe suspenderse inmediatamente el pago de la deuda externa poniendo todos esos recursos al servicio de lo requerido para atender la pandemia.