Es tema de diálogo cotidiano. “¿Te llegó la boleta de gas? ¿A cuánto?”. Los ejemplos abundan. Trabajadores que ganan 10.000 pesos, les aparece una boleta de $8.000. Jubilados que se desesperan ante el hecho cierto de que una factura puede valer más que todo lo que cobran. Aumentos de más del 1.000 por ciento por todos lados. 

Lentamente, la bronca se va transformando en reacción popular. Ya se dieron algunos procesos de organización asamblearia y diversas movilizaciones. Vecinos de Villa Gesell tomaron la sede local de Buenos Aires Gas (la prestadora privada en esa zona de la Provincia de Buenos Aires), obteniendo finalmente una medida cautelar que frena los cortes ante no pagos de las facturas. Hubo movilizaciones con el nombre de “frazadazos” en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires (en este último caso convocadas por la CTA). También se han dado marchas en Córdoba. En esta provincia los jueces habían tenido reacciones contradictorias. En Río Cuarto, el juez Ricardo Ochoa dictó una medida cautelar que suspendió por seis meses la suba del gas para todos los usuarios. Pero otro juez -Bustos Fierro- había rechazado el pedido de amparo presentado por más de 1.200 personas, con argumentos de defensa de los intereses de Enargas. Finalmente, la presión popular logró que la Cámara Federal revirtiera este último fallo y aceptara suspender la suba de tarifas. Los reclamos en otras provincias han generado un número muy grande de amparos–algunos aprobados por la justicia y otros no-. Lo concreto es que el gobierno de Macri sigue orientando a las empresas a desconocerlos y enviar las facturas con las nuevas tarifas.

La lucha recién comienza. Desde Izquierda Socialista somos parte de todo este movimiento, promoviendo asambleas, petitorios, pedidos judiciales de amparo, marchas y todo tipo de iniciativas. Que deben tener como objetivo central la consigna de retrotraer los valores tarifarios al mes de diciembre.

¿Cuál es la salida?

El gobierno de Macri justificó el tarifazo diciendo que “no había otra salida” y que se trataba de “un mal trago que había que pasar por la herencia kirchnerista”. Algunos compañeros trabajadores pudieron tener dudas al comienzo. Incluso preguntándose si “los aumentos en la Capital no eran correctos, ya que ahí las tarifas estaban más bajas que en el interior”. Rápidamente estas dudas se fueron diluyendo ante la realidad: por todas partes, en todo el país, llegaron tarifas astronómicas. Encima el ministro Aranguren dice que puede haber nuevos aumentos.

La realidad es que, desde la privatización menemista de los 90 en adelante, todo fue un gran negociado al servicio de los pulpos que se quedaron con las empresas de servicios públicos. Al principio hicieron super-ganancias con las tarifas dolarizadas. Cuando tras el Argentinazo de diciembre de 2001 esto ya no fue posible de continuar, fue el kirchnerismo quien les mantuvo el negocio con subsidios que crecían astronómicamente. En ambas “décadas”, los servicios siguieron siendo pésimos y las inversiones nulas.

La única salida pasa por la rescisión de todos y cada uno de los contratos de concesión de los servicios, procediendo a reestatizar todas esas empresas poniéndolas bajo control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Así tendremos empresas cuyo eje no será la ganancia, sino el brindar efectivamente un servicio social: el gas, el agua, la luz eléctrica, el servicio telefónico y el transporte no pueden ni deben ser mercancías sujetas a “quien pueda pagarlas”, sino un derecho humano básico para todos, accesible con una tarifa social. Al mismo tiempo, las nuevas empresas estatizadas deberán implementar un plan de inversiones discutido democráticamente y financiado con fondos provenientes del no pago de la deuda externa y de impuestos a las grandes fortunas.

Uno de cada tres niños bonaerenses no tiene agua potable

La noticia es un cachetazo en pleno siglo XXI. Según el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que elabora la Universidad Católica Argentina, el 31% de los niños de entre 2 y 17 años no tiene garantizado el acceso al agua potable en el Conurbano Bonaerense. El 41% de las villas y asentamientos apenas si tiene conexiones “informales” a la red. Todo esto, como sabemos, es un caldo de cultivo para todo tipo de epidemias e infecciones.

El responsable de este desastre es Aysa, la empresa encargada del servicio en esta zona del país. En el 2011 se había comprometido a que en cuatro años se alcanzaría el 100% de la cobertura. Han pasado cinco años y la realidad es la que denuncia el informe. La excusa de la dirección de Aysa es que no pudieron hacerlo por el “desfasaje tarifario”. Se alinean con el planteo del gobierno nacional, justificatorio del tarifazo.

Pero Aysa no es una empresa privada. Ha sido estatizada en 2006 después del descalabro que dejó la francesa Suez. Sin embargo, sus sucesivos directorios han respondido a los diferentes discursos que los gobiernos nacionales enuncian (primero kirchneristas y ahora macrista) para no cumplir con sus obligaciones de servicio.

Los trabajadores tenemos que reflexionar ante estas experiencias. No basta simplemente con reestatizar las empresas. Esto de nada sirve si al frente de su gestión se colocan burócratas del gobierno de turno. Es fundamental que la administración y el control esté en manos de los que efectivamente se comprometen y son capaces de poner a funcionar día a día la empresa: sus propios trabajadores, acompañados por las organizaciones de usuarios, aportando a lo que se necesita en términos de calidad y extensión del servicio.

Accionista de Shell: Aranguren se enriquece con el tarifazo

El ministro de Energía Juan José Aranguren no es de ninguna manera “neutral” al anunciar los tarifazos. El ex presidente de la filial argentina de la Royal Dutch Shell sigue siendo propietario de un cuantioso paquete de acciones de la transnacional anglo-holandesa. Producto de sus medidas, en particular la suba del precio de los combustibles y la compra de gas a Shell vía Chile sin licitación pública-, las acciones de la empresa subieron un 37,25%, incrementando la fortuna del ministro.

Como se ve, además de la corrupción kirchnerista –que tratamos en la página 3- existe esta otra, no menos repudiable: la del doble rol de funcionario y accionista.

Marchas contra el tarifazo en Córdoba: Empieza la lucha contra el ajuste

Escribe: Ezequiel Peressini • Legislador Izquierda Socialista/ FIT

El gobierno nacional, como así también el gobierno provincial de Schiaretti (PJ) y el del radical Mestre que gobierna la municipalidad, están desplegando un profundo ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores y demás sectores populares. El aumento de las tarifas de los servicios públicos y de los impuestos ya comenzaron a llegar en las boletas que vencen este mes con aumentos que van del 400 al 1000% promedio. Así, alguien que en el período anterior pagaba $150 por gas natural este mes deberá abonar $1500.

Ya se están realizando movilizaciones y reuniones de coordinación contra el tarifazo. El pasado miércoles 29 se llevó a cabo una movilización de la cual participaron algunos centros vecinales conducidos por sectores independientes del gobierno y organizaciones sociales y políticas. Desde Izquierda Socialista nos sumamos a esa convocatoria como un primer paso para frenar el ajuste con el cual las empresas nos roban nuestros salarios.

Para lograrlo apostamos a la conformación de asambleas barriales que debaten democráticamente las medidas a tomar en cada barrio de la ciudad. Muchas veces las conducciones de los centros vecinales hacen que estos organismos, que deberían estar al servicio de la lucha, sean los socios del gobierno de turno.

Las reuniones de coordinación que se vienen realizando en el recuperado Centro Vecinal de Barrio Alberdi muestran que la bronca crece, porque ya empezó el segundo semestre y las expectativas con el gobierno se van achicando cada vez que el salario no alcanza para llegar a fin de mes, cada vez que pagamos una monstruosidad en las facturas de los servicios públicos o con los despidos y las suspensiones. Necesitamos organizar la bronca y expresarla en grandes movilizaciones.

Por un plan de lucha contra el tarifazo

El viernes 1 de julio las dos CGT de Córdoba realizaron una convocatoria contra los tarifazos , el ajuste y por la reapertura de las paritarias. Una medida que poco sirvió para que los trabajadores expresemos nuestra bronca, ya que solo se convocó a los cuerpos orgánicos de los sindicatos, fue una expresión aislada y carece de continuidad. Por eso exigimos a las conducciones sindicales que convoquen a asambleas en los lugares de trabajo para discutir un plan de lucha que junto al paro provincial permita que miles de trabajadores, junto con los centros vecinales y las asambleas podamos derrotar el ajuste del gobierno. Plan de lucha que debe centrarse en la cancelación de los aumentos de las tarifas, la pelea por salario digno y una salida de fondo: necesitamos reestatizar las empresas privatizadas para ponerlas bajo control de los trabajadores y usuarios.