Escribe Diego Martínez
Los aumentos son siderales, a niveles nunca vistos. En el AMBA el transporte aumentó un 295% en un mes, llevando el pasaje mínimo de colectivo a 370 pesos, el tren a 208 pesos y el subte a 125, mientras va a llegar a 757 pesos en junio, un 500% de aumento.
Miles de usuarios hacen filas interminables para registrar su SUBE y recibir un mísero descuento en el pasaje. Para quienes tienen auto, el ajustazo también llegó. Cargar un tanque de nafta promedio hoy cuesta más de 40.000 pesos y los peajes van a costar 3.000 en junio. Una locura completa.
En el resto del país el panorama es aún peor. Milei anunció el fin de los subsidios al transporte en el interior lo que podría llevar el boleto a 1.100 pesos. En la ciudad de Córdoba, el boleto ya trepó a 700.
Viajar en transporte público se ha convertido en una cara odisea. En el AMBA hay quienes utilizan 3 o 4 medios de transporte para ir a su lugar de trabajo y la misma cantidad para volver, con lo que pueden llegar a gasta hasta tres mil por día solo para ir a trabajar. En el resto del país hay quienes viajan diariamente a localidades cercanas pagando mucho más. Hay trabajadores que renunciaron a su laburo por no poder pagar el boleto. Se ha visto gente bajándose de un colectivo por no poder abonarlo y la típica escena en la que solidariamente un pasajero prestaba su tarjeta para que pague su pasaje, es cada vez más rara, porque el resto del pasaje tampoco tiene crédito para hacerlo.
Todo esto mientras se viaja como ganado en servicios que tienen cada vez menor frecuencia, estaciones de subte que se inundan con una mínima lluvia, colectivos sin mantenimiento ni las mínimas condiciones de seguridad para resguardar la integridad de pasajeros y choferes.
Gobiernos peronistas y macristas le dieron millonadas en subsidios a las empresas del transporte, pero nunca controlaron adónde iba ese dinero. Los empresarios se llenaron los bolsillos sin mejorar la calidad de un servicio totalmente ineficiente.
El transporte público de pasajeros es un servicio esencial para millones de usuarios que lo utilizan a diario para ir a trabajar, estudiar y demás actividades, como asistir a centros de salud o hacer trámites. No puede estar en manos de empresarios inescrupulosos que como sucedió con el gobierno de Alberto y Cristina se llevaron el 85% del precio del boleto con subsidios estatales sin garantizar un servicio acorde a las necesidades del usuario. O, como sucede ahora con Milei, donde cobran boletos inalcanzables para el bolsillo popular.
El transporte público es una necesidad y un derecho. Tal como sucedió en el AMBA con los colectivos hasta 1959 (año en que lo privatizó el entonces ministro de Economía de Frondizi, el ultraliberal Álvaro Alsogaray), con el subte hasta principios de los 90 y como sucede parcialmente en algunas provincias y en otras partes del mundo, el transporte público debe ser 100% estatal, bajo control de trabajadores y usuarios.
Proponemos un sistema único nacional integrado de transporte que nuclee al transporte urbano e interurbano junto a una red nacional de ferrocarril bajo control de trabajadores y usuarios, para que todas y todos los trabajadores del país podamos ejercer nuestro derecho a tener un transporte eficiente con tarifas accesibles.