Escribe Reynaldo Saccone
Ex presidente Cicop/Izquierda Socialista-FIT Unidad

Los aumentos de las cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga han sido siderales e indiscriminados. En 4 meses superaron el 150%, tiempo en que los tribunales se inundaron de amparos por parte de familias que no pueden pagar más las cuotas, que van desde 250 mil pesos a 700 mil según el grupo familiar.
El ministro Caputo salió a decir que las prepagas “le declararon la guerra a la clase media” y Milei que “se les fue la mano, aunque no con mala intención”. Caraduras. Este gobierno es quien les posibilitó bajo la famosa “libertad de precios” y a través del DNU 70/23 se eliminó todo tipo de regulación.

El gobierno dice que las prepagas no entienden el “cambio cultural”. ¿Cuál sería? El de aplicar la competencia. Una ridiculez completa, ya que el negocio de las pre pagas está controlado por unas pocas empresas que se pusieron de acuerdo al unísono en aumentar las cuotas en porcentajes similares.
Diez de las empresas prepagas concentran el 83% de los afiliados a las mismas, siendo las primeras OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor, OMINT, entre otras, como Medifé, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano y Jerárquicos Salud.

Los empresarios de las prepagas son mercaderes de la salud. En todos estos años se vinieron beneficiando ante el desastre del hospital público. Con pacientes que aun pagando altas cuotas mensuales tienen que a su vez abonar consultas y estudios privados para acelerar diagnósticos y tratamientos; co-pagos a profesionales y centros por consultas y prácticas; parte del precio de los medicamentos, y otros rubros.

Estos empresarios dicen que están en una situación de “extrema gravedad” y que por ello no les queda otra que aumentar. Que fueron sometidas durante años a un desfinanciamiento y que “no son formadores de precios”. Una mentira total. Ahora aumentan sideralmente y bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron beneficiados con exenciones impositivas y del pago de contribuciones patronales, por ejemplo. Además, son las patronales que tienen a sus trabajadoras y trabajadores con salarios miserables y jornadas de pluriempleo.

El negocio de la salud entre 1990 y 2015 tuvo una rentabilidad del 13% anual, superando al negocio financiero y a la industria petrolera. Un sector privilegiado que crea una gran desigualdad, ya que cubre solamente a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud, el mismo porcentaje que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos sumamos al repudio a los aumentazos de las prepagas y llamamos a luchar para que se retrotraigan. Como la salud no debe ser un negocio privado capitalista, postulamos un sistema nacional único de salud, estatal, igualitario y de excelencia para todas y todos, con atención y remedios gratuitos, financiado con fondos que se van a la deuda externa y al FMI, controlado por trabajadores y profesionales del sistema, organizaciones de usuarios y vecinales.

Escribe Nahuel Céspedes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina y militante de Izquierda Socialista.

La agónica paritaria que comenzó en diciembre de 2023 se resolvió de la peor manera. La Federación de trabajadores de prensa, en plenario de secretarios generales votó por mayoría aceptar la oferta salarial de las empresas para diarios del interior del país. Una suma por única vez de $145.000 como compensación del mes de enero, febrero y marzo y un aumento del 30% sobre la base salarial de enero 2024 para el mes de abril. De esta manera, el salario de la categoría de redactor será de $340.000, de los cuáles se descontarán, en algunos casos, los paros realizados durante el plan de lucha. El único voto de rechazo a la propuesta fue el de SiTraPren Bariloche y Zona Andina, quien además, consulta previa y por decisión de las bases votó mandatar a lxs paritarixs en CGT, la exigencia al paro general y plan de lucha.

Este combo de paritarias a la baja, el desconocimiento por parte de las patronales del ítem zona fría y antigüedad, sumado a la inflación y el incremento desmesurado del costo de vida, hicieron que lxs trabajadorxs de prensa escrita perciban el peor sueldo del país.
Lamentamos que la federación tenga más prisa por firmar paritarias a la baja que por impulsar asambleas en todos los sindicatos de prensa, en dónde se refleje el mandato de lxs trabajadorxs y sus necesidades y que se pongan en común en el plenario nacional.

Por eso, ante la nueva paritaria, resulta inaplazable que la FATPREN impulse un plan de lucha del conjunto de trabajadorxs de prensa de todo el país. Sin distinguir CCT, medios o regiones. Nadie en prensa cobra por encima de la línea de pobreza y naturalizar esa situación es una alarmante derrota ante la voracidad de las empresas y el gobierno que ya están aplicando una reforma laboral implícita.
La coyuntura nacional para nuestro sector es crítica. El ultraderechista de Milei avanzó con el cierre de TÉLAM y los despidos en los medios públicos. Se prevé en cuestión de días, el cierre vía desfinanciamiento de Radio y Televisión Pública y ya hay un plan, que no fue comunicado por el vocero presidencial Adorni, de rematar los terrenos y equipamiento técnico entre los amigos empresarios de Caputo.
Mientras un sin fin de personalidades, artistas y dirigentes sindicales se solidarizan con la lucha de TÉLAM, la cúpula de la CGT intenta “calmar las aguas” ante las cámaras de C5N por el pedido de paro general.

En el programa Argenzuela del 3/04, Héctor Daer declaró: “Antes del 1° de mayo vamos a tomar medidas. El gobierno está intentando quebrar la paz social” y a la pregunta ¿Para cuándo el paro general? Daer respondió: “Los libre pensadores no tienen la misma responsabilidad que la CGT. Hay que ser serios y apostar a la unidad y el diálogo”.

La atomización de las luchas de los distintos sectores de la clase trabajadora es producto de la política cómplice de las centrales sindicales, que priorizan acuerdos con las patronales y los gobiernos mientras pasan los despidos en todos lados.
Hoy más que nunca hay que desbordar las asambleas y movilizaciones al grito del paro general. Que las centrales sindicales pongan de pie un plan de lucha contra el ajuste y el plan motosierra del ultraderechista Milei.

Escribe María Meza, docente, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Días atrás se conocía la llegada de la general del Ejército norteamericano Laura Richardson, jefa del estratégico Comando Sur, a Tierra del Fuego. Desde Izquierda Socialista, DDHH, la Comunidad Costera y otros sectores sindicales y sociales repudiamos esta visita, y le exigimos al gobernador Melella, que ya había dicho que no la iba a recibir, que la declare persona no grata, y así lo hizo.

En este marco, el jueves 04 nos enteramos de que inesperadamente Milei viaja a Ushuaia para recibir a Laura Richardson, en una clara muestra de sumisión y entrega total al imperialismo yankee.

En repudio a esta acción de Milei, nos movilizamos en las tres ciudades: Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Rechazamos este encuentro que sella la entrega de los recursos naturales, bienes comunes y nuestra soberanía. En Tierra del Fuego no olvidamos que EEUU fue el principal aliado de los ingleses en la guerra de Malvinas, como tampoco que Milei es un declarado admirador de la asesina Margaret Thacher. Por eso la intención de construir una “base naval integrada” es la entrega descarada de nuestra soberanía a Estados Unidos, que pasará a controlar geopolíticamente la Antártida y que, además, consolidaría a los ingleses en Malvinas. El colmo de la sumisión fue que en la Base Naval de Ushuaia hicieron flamear la bandera estadounidense.

Desde Izquierda Socialista llamamos a la mayor unidad de acción para evitar la creación de esa base. Lamentablemente el jueves, salvo el SUTEF, estuvieron ausentes la CGT, CTA y todos los gremios, por eso les decimos que ya es tiempo de salir a pelear en serio contra este gobierno antiobrero y entreguista. No podemos permitir ninguna base y tenemos la obligación de defender nuestra soberanía.

El pasado miércoles 3 de abril, representantes del Frente de Izquierda Unidad (Argentina) tuvimos una entrevista con el embajador de Cuba en nuestro país, Pedro Prada, y otros funcionarios de la embajada cubana. Fue para reclamar por la libertad de las y los presos que participaron de las protestas populares del 11 de julio de 2021 y para manifestarnos en defensa del legítimo derecho a la protesta en la isla. (ver Comunicado de Prensa del FIT Unidad de fecha 4/4/2024, wwww.izquierdasocialista.org.ar). Noticia que fue recogida con beneplácito por quienes sufren la criminalización de la protesta en Cuba.

Ante nuestro planteo, el señor embajador pasó un video bajo el título ¿Qué pasa en Cuba? haciendo historia sobre las consecuencias del bloqueo y las distintas políticas del imperialismo norteamericano. Ante ello señalamos de entrada que nuestro planteo lo hacemos partiendo de que condenamos históricamente el bloqueo contra Cuba y que repudiamos las políticas del FMI y del imperialismo norteamericano, tanto en Cuba, como en nuestro país y todo Latinoamérica. Pero como señalamos en el comunicado, esto “no puede ser una excusa para cercenar el derecho legítimo de la clase trabajadora cubana a la protesta”, ni para detener o condenar a prisión a quienes reclaman legítimamente.

Sobre el tema concreto, y ante denuncias de que las detenciones originarias fueron entre 1.000 y 2.000 personas, el embajador reconoció que al día de hoy son 564 las acusadas y sancionadas en virtud de las protestas ocurridas en 2021, de las cuales 297 están privadas de la libertad, con condenas de varios años de prisión. Y señaló algo en lo que estamos completamente en contra, que dicha protesta fue “organizada y financiada por Estados Unidos”. Es decir, un complot imperialista, no un reclamo genuino y espontáneo como lo que verdaderamente fue.

Si bien el imperialismo siempre está presto a utilizar a su favor las protestas sociales, no se trató de una “conspiración imperialista”. Fue una legítima protesta tras la aplicación de un brutal ajuste por parte del gobierno cubano en diciembre de 2020 y enero de 2021 con el llamado decreto “Tarea de Ordenamiento”. Esto generó una estampida de precios, más escasez de alimentos, pérdida de los ingresos populares, con reforma laboral incluida, con el objetivo de “incentivar la inversión privada”. Esto impacto negativamente en el pueblo cubano, provocando que miles salieran a las calles a reclamar comida, medicamentos y a repudiar el ajuste. Lo mismo pasó el 17 de marzo de este año donde mujeres con sus hijas e hijos encabezaron el reclamo por “corriente y comida”.

La causa del malestar social y de las protestas en Cuba tiene que ver con que desde hace más de 30 años el régimen cubano avanzó en la apertura de la economía a grandes multinacionales del turismo (con lujosos hoteles), el tabaco, níquel y cobalto, entre otros, facilitando la inversión privada extranjera en una economía dominada por las llamadas empresas mixtas, en las cuales el gobierno está asociado a las transnacionales, en especial de la Unión Europea y Canadá, provocando que las y los trabajadores perciban salarios miserables de 20 a 30 dólares, mientras los dirigentes del PCC (Partido Comunista Cubano), los militares y los nuevos burgueses viven como ricos, con privilegios y en barrios reservados. Todo esto ha traido nefastas consecuencias en el terreno social, profundizándose la pobreza y la desigualdad social, con salarios miserables, servicios públicos más deteriorados, miles de jóvenes exiliados, en un contexto de ataque a las libertades democráticas.

El gobierno, en vez de atender estas justas demandas, pagó con detenciones y cárcel, bajo la acusación de “sedición, sabotaje, atentado y desorden públicos”, entre otros delitos, incluso contra jóvenes menores de 18 años. Por ejemplo, las penas por sedición (36 condenados por ello) van de 3 a 30 años, para quienes “perturben el orden constitucional socialista”, dándose el caso que dicho delito también se aplica contra quienes participan de una protesta social o llamen a manifestarse por las redes sociales. El Código Penal cubano penaliza todo tipo de propaganda antigubernamental con penas de 3 a 8 años de prisión, para quien “incite contra el orden social mediante la propaganda oral, escrita o en cualquier otra forma”.

Por ejemplo, en las protestas en La Güinera, un manifestando fue asesinado por un policía que argumentó actuar en legítima defensa, pero testigos señalaron que fue asesinado por la espalda. Sin embargo los testigos fueron condenados a varios años de prisión, mientras el policía está en libertad, impunidad que reina para todo miembro del aparato represivo cubano.   

La delegación del FITU hizo hincapié en los casos de Brenda Díaz, presa trans, que cumple su condena en una cárcel de varones y a la que se la identifica por su nombre de nacimiento; y la situación de la reconocida historiadora Alina Bárbara López -detenida en circunstancias posteriores-, a quien se la ha dicho que si sale del país no se le permitirá volver, entre otros casos.

Atento a ello solicitamos al embajador el listado completo de las y los acusados, condenados, presos, el delito por el que se los acusa, la pena dictada y condiciones carcelarias dignas, ya que los familiares de los presos denuncian desde golpizas a falta de tratamiento médico.

El embajador Prada se comprometió a transmitir al gobierno cubano las preocupaciones planteadas, ampliar la información sobre los presos y evaluar la posibilidad de que una delegación del FIT-U viaje a la isla para tomar contacto con los familiares de los presos y visitar los centros de detención.

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI consideramos que se trata de juicios injustos, en un país donde no existe el derecho a huelga, ni a organizar sindicatos libres, hay censura y discriminaciones raciales y de género. Enmarcando esta pelea por las y los presos cubanos, con la debida solidaridad internacional que se merece, como parte de la pelea de fondo, por lograr un verdadero socialismo con plena democracia para el pueblo trabajador en Cuba, que recupere las viejas conquistas sociales de la revolución socialista de 1959.

Pablo Almeida - Mercedes de Mendieta - Juan Carlos Giordano
Diputados electos Izquierda Socialista en el FIT Unidad
Buenos Aires, 6 de abril de 2024