Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
26/4/24

Fue una verdadera marea humana. Más de un millón de personas ganaron las calles en todo el país. Gente de todas las edades se unió en un solo grito colectivo en defensa de la Universidad Pública y Gratuita. “La educación no se vende, se defiende”, se cantó.

Hacía décadas que no se veía algo similar. El reclamo fue muy sentido porque se vio amenazado un derecho muy constitutivo de nuestro país, la educación pública y gratuita, un orgullo nacional e internacional, por eso se vivió como una cita de honor. Fue una enorme gesta unitaria que quedará inscripta como el mayor y contundente revés que haya recibido el gobierno desde que asumió, entre otros muy importantes, como el paro general del 24 de Enero, el 8M del movimiento de mujeres y disidencias y el masivo 24 de Marzo.
Esta movilización es parte del ascenso obrero y popular contra el plan Motosierra de Milei y el FMI y fortalece todas las luchas en curso, por el salario, contra los despidos, los tarifazos, las privatizaciones y el ataque a las jubilaciones, en el país y contra los gobernadores.

El gobierno, a su vez, tuvo que archivar su protocolo represivo ante el enorme despliegue callejero que batió récords. “¿Quién se iba a animar a sacarnos de las calles?”, decía una docente de años.
Antes de la marcha, una encuesta reveló que el 87% considera que “la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla” (Zurban Córdoba, abril 2024). Se veía venir el desborde en las semanas previas con las clases públicas, semaforazos, el gran abrazo al Clínicas, las vigilias previas y asambleas, una gran unidad de la comunidad educativa, de estudiantes y trabajadores docentes y no docentes. Pero Milei no la vio. Ni siquiera mencionó el tema en la cadena nacional del día anterior.

Salir a decir que los estudiantes se movilizaron porque fueron usados “por la casta”, demuestra el desconcierto de este gobierno ultraderechista. Incluso sabiendo que entre quienes se movilizaron, hay gran parte de la juventud que lo votó y que ahora se sumó al malestar social ante sus brutales medidas. Periodistas que rechazan la protesta social, como Eduardo Feinmann, llegaron a decir “yo estaría en la marcha”.

La crisis del gobierno creció. Tras la marcha renunció el segundo de la ministra Petovello y peligran otros funcionarios de su cartera. Diputadas y diputados libertarios que formaban parte de La Libertad Avanza en CABA y luego formaron un bloque aparte, emitieron un comunicado en apoyo a la marcha y en defensa de la educación pública.

Días previos el gobierno “fogoneó” la marcha al mentir, diciendo que había llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias y había depositado los fondos que se reclamaban. Pero solo anunció partidas insuficientes para intentar frenar la movida. Fracasó por completo. Lejos está lo que prometió, ante un presupuesto que es el mismo de 2022 y el ultraderechista lo quiere arreglar con migajas.

Como dijera nuestra dirigenta de la JIS (Juventud de Izquierda Socialista) y directiva de la FUA, Pilar Barbas: “Con esta fortaleza que nos dio la movilización, ahora debemos seguir con un plan de lucha unitario elaborado con toda la comunidad educativa hasta conquistar el presupuesto que necesitamos para que las universidades puedan seguir funcionando”. Claro está. Porque plata hay. El tema es que vaya a la universidad, no a los usureros de la deuda, al FMI y a los millonarios capitalistas reunidos en el Llao Llao para los que gobierna Milei.

El próximo martes 30 de abril está fijada una reunión entre el gobierno y las autoridades universitarias. Hay que exigir que se dé respuesta a todos los reclamos. Para ello hay que continuar la lucha. Ya se están convocando nuevas asambleas, interfacultades, para decidir democráticamente cómo seguir la pelea.

La marcha fue un ejemplo, demostrando que se puede enfrentar y hacer retroceder a este gobierno. Y claramente fortalece las próximas batallas contra la nueva “Ley Bases” pergeñada entre el gobierno y los políticos patronales afines. Los sectores del sindicalismo combativo y otras organizaciones junto a la izquierda convocamos a concentrarnos en repudio este lunes 29 frente al Congreso. Y llamamos a que el paro del 9 de Mayo sea contundente, exigiendo a la CGT y CTA que le den continuidad con un plan de lucha nacional hasta derrotar todo el plan motosierra de Milei y el FMI.

Los días Martes 23 y Miércoles 24 nuestro compañero Víctor Reyes, abogado de FADHUS y delegado de Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA) junto con Mariana Scayola, secretaría general de Ademys, gremio docente de CABA y Pablo Almeida delegado general de ATE Ministerio de Economía, legislador porteño electo de Izquierda Socialista-FITU, declararon como querellantes en la Procuraduría de violencia institucional (PROCUVIN) por la denuncia que realizamos junto a la Red Federal en Defensa de la Democracia y los DD. HH contra el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, por el uso del “nuevo” gas lacrimógeno utilizado en las jornadas de protestas contra la votación de la Ley ómnibus.

“Lo que tenemos que destacar de la denuncia es que por los efectos que tiene el nuevo gas que hasta ahora no conocíamos, por efecto residual que tiene, sigue doliendo y quemando hasta 24hs o 48hs más, consideramos que configura un elemento de tortura, entendida en los estándares de Tratados de Derechos Humanos que nuestro país adhirió: como trato cruel, inhumano, o degradante por un agente estatal. Consideramos en la denuncia que las fuerzas Federales utilizaron el gas como elemento de tortura, ya totalmente despegado de cualquier fin disuasivo, algo que te hace efecto 24 y hasta 48hs después ya no tiene fin disuasivo que puede llegar a tener su aplicación en una manifestación. Obviamente, fue usado en un momento donde estábamos protestando pacíficamente, inclusive sin violar el protocolo inconstitucional del Ministerio” expresa Víctor respecto de su declaración testimonial.

Como sostenemos desde que asumió Milei, la escala represiva anti derechos viene acrecentándose con un protocolo inconstitucional violatorio de tratados y declaraciones de DD. HH. Los mega operativos que usa Bullrich con miles de policías federales, infantería, gendarmes y hasta escuadrones de Prefectura Naval Argentina para violentar, perseguir, y criminalizar la protesta social pone en escenario que plata hay, pero no para las necesidades más urgentes. Mientras se utilizan hidratantes, balas de goma y este “nuevo” gas que se desconoce su componente de alta toxicidad en las calles y hasta arriba de la Plaza con escuadrones de motos que se lanzan contra jubilados, periodistas, trabajadores de medios, la cultura, comedores populares, y transeúntes. Desde las jornadas de protestas que comenzaron en Diciembre, ya hay dos personas con pérdida de visión en un ojo, un numeroso listado de detenciones ilegales y arbitrarias, por ello se han realizado distintas denuncias penales contra el Ministerio de Seguridad.

Desde FADHUS entendemos la relevancia de esta presentación legal junto a la Red, con el compromiso de defender nuestros derechos en las calles y dentro de los Tribunales. Denunciamos a Patricia Bullrich y su protocolo represivo, vamos a seguir movilizándonos, haciendo responsable a la ministra de las consecuencias de los operativos que viene llevando adelante. Porque el terrible ajuste, el intento de reforma laboral de Milei no pasan sin represión. No lo vamos a permitir y no lo lograrán como ha quedado demostrado el 8 y 24 de Marzo, y la reciente masiva marcha federal educativa del 23 de Abril.
 
¡No al protocolo represivo de Bullrich!
¡Basta de persecución y criminalización de la protesta social!
¡Abajo el plan motosierra de Milei!

Los sindicatos, seccionales, internas y delegados combativos, movimientos piqueteros independientes, asambleas vecinales, sectores en lucha del movimiento estudiantil que viene de protagonizar una jornada enorme con sus centros y estudiantes autoconvocados, de la cultura, en defensa del ambiente, del movimiento de mujeres y disidencias de derechos humanos, de jubilades, personas con discapacidad en lucha y partidos de la izquierda abajo firmantes, reunidos en la sede de Ademys, convocamos a movilizarnos masivamente a la Plaza de los dos Congresos frente a una nueva tentativa de imponer la “Ley de bases”, aunque más acotada que la derrotada inicialmente, pero también pérfida, contra toda la población trabajadora de la Argentina. Y les exigimos a la CGT y la CTA la convocatoria a un paro general activo de inmediato, con una masiva movilización a rodear el Congreso, frente al tratamiento de la Ley, y la puesta en pie de un plan de lucha nacional sistemático hasta derrotar el plan global de ataque a todo el pueblo por parte del gobierno de Milei, rechazando el conjunto de la ley y cualquier tipo de reforma laboral y por la anulación del mega-DNU y el protocolo de Bullrich.

Luego de la movilización en defensa de la educación pública más masiva que se tenga registro en la última etapa, que marca el ingreso del movimiento estudiantil a la lucha, y abrió una crisis política en el gobierno, este junto a la “oposición” colaboracionista se apuran para tratar de darle tratamiento al paquete de reformas, y dar un paso más en el brutal ataque al pueblo trabajador, con el visto bueno del Congreso. Las mismas fuerzas políticas que, sin vergüenza, se mostraron en la calle junto a los centenares de miles de estudiantes y trabajadores de la educación de todo el país, se aprestan a darle algunas herramientas legales al gobierno de Milei para que avance contra los derechos y conquistas de los trabajadores y toda la población explotada de la Argentina. Nuevamente y alarmados por el proceso de movilización en curso, la UCR, el PRO y sus aliados se disponen a intentar asestar este golpe, con un PJ maniobrando de opositor, mientras deja pasar la ofensiva contra los trabajadores. Todos los que han gobernado, por acción o por omisión, actúan para darle “gobernabilidad” a Milei y apostar a “volver” luego de dejar pasar este ataque histórico que intentan perpetrar.

La mentada “ley de bases” contiene enormes condonaciones de deudas a los capitalistas como el blanqueo de capitales y la reducción y beneficios en el impuesto a los “bienes personales” y una moratoria con grandes beneficios a los grandes deudores y evasores. Contiene además, mayores facilidades para avanzar en la destrucción del ambiente para propiciar la mega  minería, el fracking y el extractivismo. Mientras se otorgan todo tipo de beneficios a los capitalistas, la ley avanza en la posibilidad del gobierno de cerrar o reducir drásticamente institutos del Estado que albergan a miles de trabajadores como es el caso del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INCAA y otros, profundizando los despidos en curso. Delega facultades al Ejecutivo e insiste en meter mano y saquear los 43.291 millones de dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados. Si bien tuvieron que retroceder de 40 a 18, plantea la privatización total o parcial de numerosas empresas, como Aerolíneas, Trenes Argentinos, YCRT o AySA. El fin del “Estado presente” no es la ausencia del Estado en beneficiar a los capitalistas, sino la de liquidar miles de puestos de trabajo, la educación y la salud pública en la Argentina.

A esto se suma con el paquete fiscal, el retorno del mal llamado “impuesto a las ganancias” sobre los salarios. No sólo pretenden imponer un tope a las paritarias frente a la inflación, sino que le intentan meter la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores que luchan por conquistar un salario que les permita sostener a sus familias, mientras que a la par condonan impuestos a los más ricos con bienes en el exterior.

Por si esto fuera poco, a último momento, el gobierno y los bloques que colaboran con la “gobernabilidad” de Milei, acordaron incorporar diferentes puntos de una reforma laboral exigida por las patronales nacionales. Con la UCR y el PRO, y el visto bueno del bloque liderado por Pichetto, se pretende imponer una reforma laboral que extiende los períodos de prueba a los trabajadores, la eliminación de multas a las empresas por trabajo no registrado (las empresas podrían mantener el trabajo en negro sin ningún tipo de consecuencias), la eliminación de la posibilidad del trabajador de ser reinstalado por la justicia frente a un despido discriminatorio por actividad sindical, y terminar con el régimen de indemnizaciones por despidos, entre otros puntos anti obreros que la CGT venía negociando a cambio de que les mantengan la cuota sindical “solidaria”. Pretenden la penalización con años de cárcel a los trabajadores que realicen asambleas o se organicen frente a los atropellos patronales al igual que la penalización de acciones que corresponden al derecho de huelga.

Más que nunca queda claro que el gobierno de Milei representa los intereses de los grandes empresarios, las multinacionales, bancos y el FMI quienes le han declarado guerra a las y los trabajadores y a las mayorías populares. Con esta ley pretenden darle anclaje legal a su plan autodenominado “motosierra” y “licuadora”, que pulveriza salarios, jubilaciones y planes sociales, fomenta despidos de decenas de miles de trabajadores y ahoga la educación y la salud públicas. Un plan de pobreza planificada, con recesión y una inflación que es la más alta del mundo y que incluye el cese de envío de alimentos a los comedores populares. Un plan criminal que elimina los medicamentos oncológicos para pacientes graves.

El tan mentado “déficit cero” lo consiguen a costa de haber pulverizado los haberes jubilatorios, los planes sociales y los salarios estatales, un ajuste insostenible a las provincias, a la salud y a la educación, el parate de la obra pública, y con una nueva emisión multimillonaria de deuda para continuar destinando recursos para financiar el pago de la deuda externa y todo tipo de beneficios a los capitalistas. Los despidos, retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas y suspensiones derivados de la violenta recesión económica con la que se pretende moderar la inflación, ya suman centenares de miles y recién comienza. En cambio, aumentan escandalosamente los salarios de altos funcionarios y de los senadores.

Todos a las calles. Paro general activo inmediato y plan de lucha hasta derrotar la ley y el plan de Milei. Continuidad garantizando el paro del 9 de Mayo.

Si no existe un mayor desarrollo de las luchas es por el freno y desarticulación que impone la burocracia sindical. Gran parte de los puntos de la reforma laboral que se pretende votar en el Congreso es lo que la dirección de la CGT viene negociando con el gobierno de Milei y anunciando como una “modernización laboral”.  Se trata de una enorme entrega a cambio de la homologación por parte del gobierno de paritarias que deberían ser completamente libres. Como si, además, no se estaría atacando la salud de los trabajadores poniendo en grave crisis el sistema de obras sociales. El reguero de luchas que se desarrollan por la educación, contra los despidos y por salarios, como Telam, GPS/Aerolíneas, el INCAA, estatales varios, Sutna, docentes, docentes y no docentes universitarios, ferroviarios, Alimentación, Metalúrgicos, repartidores del Sitrarepa o Arsat por mencionar algunos, requieren de una acción de conjunto para llevarlos a la victoria, al igual que las fábricas bajo gestión de sus trabajadores que luchan por su expropiación, como Madygraf.

Llamamos a rechazar cualquier reforma laboral que se presente como “el mal menor” frente a una reforma “peor”, supuestamente pretendida por el gobierno de Milei. Exigimos la convocatoria a un paro activo inmediato de 36 horas con movilizaciones en todo el país, la continuidad garantizando el paro del 9 de Mayo, y un plan de lucha contra este ataque sin precedentes. La derrota del plan Milei en todas sus formas de ataque al pueblo trabajador coloca la perspectiva de la huelga general en todas las organizaciones obreras y populares.

El 1º de Mayo, día internacional de los trabajadores, tiene que ser un día de lucha, de movilización independiente donde, con la acción masiva de los trabajadores, hayamos derrotado en los días previos este nuevo intento de imponer un retroceso de carácter histórico. Los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación mostraron un camino, copando las calles, con paro y movilización. Vamos por más.  Abajo la Ley de anti obrera de Milei y la oposición colaboracionista. Abajo la reforma laboral. Abajo el DNU. Abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich y Jorge Macri. Todos al Congreso.

Coordinación de espacios en lucha

Escribe Adolfo Santos

Hoy jueves 25 de abril, miles de bancarias y bancarios se congregaron frente al Congreso de la Nación, portando más de un millón de firmas recolectadas en todo el país. Su objetivo: oponerse firmemente a la privatización del Banco Nación. Tras la movilización, el gobierno retiró al Banco Nación de la lista de privatizaciones de la ahora denominada “Ley de bases” (nueva versión de la caída Ley ómnibus). Un gran paso adelante tras la histórica marcha en defensa de la universidad pública y gratuita. Lo que muestra que luchar sirve.

Este acontecimiento representa un nuevo revés para el plan privatizador de Milei y sus políticas de brutal ajuste y despidos en el sector público. Una resistencia sostenida de las y los bancarios organizados desde las asambleas en la sede central del Banco y extendida a todas las sucursales del país.

Trabajadoras, trabajadores y dirigentes sindicales han ratificado de manera unánime que “el Banco Nación no se vende”. La campaña ha ganado el apoyo de figuras políticas, movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, jóvenes y representantes culturales, contando desde el primer momento el apoyo de Izquierda Socialista.

En la última asamblea del Ferrocarril Sarmiento convocada en la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, presidida por el dirigente combativo Rubén “Pollo” Sobrero, participó una delegación de trabajadores del Banco Nación y las y los ferroviarios expresaron su respaldo a esta campaña firmando masivamente el petitorio.

Que el gobierno haya retirado al Banco Nación de la lista de privatizaciones es un gran aliciente. Desde Izquierda Socialista llamamos a repudiar la nueva ley ómnibus acordada entre el gobierno y la oposición patronal de políticos “amigables” que se debatiría el próximo lunes en el Congreso y a parar masivamente el 9 de Mayo, exigiendo a la CGT y CTA un plan de lucha nacional para derrotar el Plan Motosierra de Milei y el FMI.

Legisladora Mercedes Trimarchi, dirigenta de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Diputada Mercedes de Mendieta, dirigenta de Izquierda Socialista/FIT Unidad.