Escribe María Meza, docente, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Días atrás se conocía la llegada de la general del Ejército norteamericano Laura Richardson, jefa del estratégico Comando Sur, a Tierra del Fuego. Desde Izquierda Socialista, DDHH, la Comunidad Costera y otros sectores sindicales y sociales repudiamos esta visita, y le exigimos al gobernador Melella, que ya había dicho que no la iba a recibir, que la declare persona no grata, y así lo hizo.

En este marco, el jueves 04 nos enteramos de que inesperadamente Milei viaja a Ushuaia para recibir a Laura Richardson, en una clara muestra de sumisión y entrega total al imperialismo yankee.

En repudio a esta acción de Milei, nos movilizamos en las tres ciudades: Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Rechazamos este encuentro que sella la entrega de los recursos naturales, bienes comunes y nuestra soberanía. En Tierra del Fuego no olvidamos que EEUU fue el principal aliado de los ingleses en la guerra de Malvinas, como tampoco que Milei es un declarado admirador de la asesina Margaret Thacher. Por eso la intención de construir una “base naval integrada” es la entrega descarada de nuestra soberanía a Estados Unidos, que pasará a controlar geopolíticamente la Antártida y que, además, consolidaría a los ingleses en Malvinas. El colmo de la sumisión fue que en la Base Naval de Ushuaia hicieron flamear la bandera estadounidense.

Desde Izquierda Socialista llamamos a la mayor unidad de acción para evitar la creación de esa base. Lamentablemente el jueves, salvo el SUTEF, estuvieron ausentes la CGT, CTA y todos los gremios, por eso les decimos que ya es tiempo de salir a pelear en serio contra este gobierno antiobrero y entreguista. No podemos permitir ninguna base y tenemos la obligación de defender nuestra soberanía.

El pasado miércoles 3 de abril, representantes del Frente de Izquierda Unidad (Argentina) tuvimos una entrevista con el embajador de Cuba en nuestro país, Pedro Prada, y otros funcionarios de la embajada cubana. Fue para reclamar por la libertad de las y los presos que participaron de las protestas populares del 11 de julio de 2021 y para manifestarnos en defensa del legítimo derecho a la protesta en la isla. (ver Comunicado de Prensa del FIT Unidad de fecha 4/4/2024, wwww.izquierdasocialista.org.ar). Noticia que fue recogida con beneplácito por quienes sufren la criminalización de la protesta en Cuba.

Ante nuestro planteo, el señor embajador pasó un video bajo el título ¿Qué pasa en Cuba? haciendo historia sobre las consecuencias del bloqueo y las distintas políticas del imperialismo norteamericano. Ante ello señalamos de entrada que nuestro planteo lo hacemos partiendo de que condenamos históricamente el bloqueo contra Cuba y que repudiamos las políticas del FMI y del imperialismo norteamericano, tanto en Cuba, como en nuestro país y todo Latinoamérica. Pero como señalamos en el comunicado, esto “no puede ser una excusa para cercenar el derecho legítimo de la clase trabajadora cubana a la protesta”, ni para detener o condenar a prisión a quienes reclaman legítimamente.

Sobre el tema concreto, y ante denuncias de que las detenciones originarias fueron entre 1.000 y 2.000 personas, el embajador reconoció que al día de hoy son 564 las acusadas y sancionadas en virtud de las protestas ocurridas en 2021, de las cuales 297 están privadas de la libertad, con condenas de varios años de prisión. Y señaló algo en lo que estamos completamente en contra, que dicha protesta fue “organizada y financiada por Estados Unidos”. Es decir, un complot imperialista, no un reclamo genuino y espontáneo como lo que verdaderamente fue.

Si bien el imperialismo siempre está presto a utilizar a su favor las protestas sociales, no se trató de una “conspiración imperialista”. Fue una legítima protesta tras la aplicación de un brutal ajuste por parte del gobierno cubano en diciembre de 2020 y enero de 2021 con el llamado decreto “Tarea de Ordenamiento”. Esto generó una estampida de precios, más escasez de alimentos, pérdida de los ingresos populares, con reforma laboral incluida, con el objetivo de “incentivar la inversión privada”. Esto impacto negativamente en el pueblo cubano, provocando que miles salieran a las calles a reclamar comida, medicamentos y a repudiar el ajuste. Lo mismo pasó el 17 de marzo de este año donde mujeres con sus hijas e hijos encabezaron el reclamo por “corriente y comida”.

La causa del malestar social y de las protestas en Cuba tiene que ver con que desde hace más de 30 años el régimen cubano avanzó en la apertura de la economía a grandes multinacionales del turismo (con lujosos hoteles), el tabaco, níquel y cobalto, entre otros, facilitando la inversión privada extranjera en una economía dominada por las llamadas empresas mixtas, en las cuales el gobierno está asociado a las transnacionales, en especial de la Unión Europea y Canadá, provocando que las y los trabajadores perciban salarios miserables de 20 a 30 dólares, mientras los dirigentes del PCC (Partido Comunista Cubano), los militares y los nuevos burgueses viven como ricos, con privilegios y en barrios reservados. Todo esto ha traido nefastas consecuencias en el terreno social, profundizándose la pobreza y la desigualdad social, con salarios miserables, servicios públicos más deteriorados, miles de jóvenes exiliados, en un contexto de ataque a las libertades democráticas.

El gobierno, en vez de atender estas justas demandas, pagó con detenciones y cárcel, bajo la acusación de “sedición, sabotaje, atentado y desorden públicos”, entre otros delitos, incluso contra jóvenes menores de 18 años. Por ejemplo, las penas por sedición (36 condenados por ello) van de 3 a 30 años, para quienes “perturben el orden constitucional socialista”, dándose el caso que dicho delito también se aplica contra quienes participan de una protesta social o llamen a manifestarse por las redes sociales. El Código Penal cubano penaliza todo tipo de propaganda antigubernamental con penas de 3 a 8 años de prisión, para quien “incite contra el orden social mediante la propaganda oral, escrita o en cualquier otra forma”.

Por ejemplo, en las protestas en La Güinera, un manifestando fue asesinado por un policía que argumentó actuar en legítima defensa, pero testigos señalaron que fue asesinado por la espalda. Sin embargo los testigos fueron condenados a varios años de prisión, mientras el policía está en libertad, impunidad que reina para todo miembro del aparato represivo cubano.   

La delegación del FITU hizo hincapié en los casos de Brenda Díaz, presa trans, que cumple su condena en una cárcel de varones y a la que se la identifica por su nombre de nacimiento; y la situación de la reconocida historiadora Alina Bárbara López -detenida en circunstancias posteriores-, a quien se la ha dicho que si sale del país no se le permitirá volver, entre otros casos.

Atento a ello solicitamos al embajador el listado completo de las y los acusados, condenados, presos, el delito por el que se los acusa, la pena dictada y condiciones carcelarias dignas, ya que los familiares de los presos denuncian desde golpizas a falta de tratamiento médico.

El embajador Prada se comprometió a transmitir al gobierno cubano las preocupaciones planteadas, ampliar la información sobre los presos y evaluar la posibilidad de que una delegación del FIT-U viaje a la isla para tomar contacto con los familiares de los presos y visitar los centros de detención.

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI consideramos que se trata de juicios injustos, en un país donde no existe el derecho a huelga, ni a organizar sindicatos libres, hay censura y discriminaciones raciales y de género. Enmarcando esta pelea por las y los presos cubanos, con la debida solidaridad internacional que se merece, como parte de la pelea de fondo, por lograr un verdadero socialismo con plena democracia para el pueblo trabajador en Cuba, que recupere las viejas conquistas sociales de la revolución socialista de 1959.

Pablo Almeida - Mercedes de Mendieta - Juan Carlos Giordano
Diputados electos Izquierda Socialista en el FIT Unidad
Buenos Aires, 6 de abril de 2024

Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

La vicepresidenta Villaruel viaja Catamarca a una fiesta religiosa católica, invitada por el obispo diocesano Luis Urbanc.

El pasado miércoles 3 de abril, en esa misma capital, el cura Renato Rasgido fue encontrado culpable de abusos sexuales y condenado a 15 años de cárcel.

Catamarca es la provincia que más denuncias de abusos eclesiásticos tiene: siete, cinco curas, un catequista y un profesor de religión.

Interpelado por los medios de comunicación, días antes de la condena, el obispo pidió "al pueblo de Dios rezar mucho por los sacerdotes porque nadie está exento que el demonio meta la cola y uno caiga".

Es decir, que para Urbanc, como para la mayor parte de la jerarquía de la iglesia católica, los abusos ocurren porque “el diablo mete la cola”.

Queda así claramente demostrada, por un lado, la complicidad de TODA la iglesia católica para proteger a los miembros pedófilos de ella (obispos, curas, monjas, catequistas, profesores de religión, dirigentes scout) y, por el otro, la indiferencia (y casi desprecio) que la jerarquía católica demuestra a quienes somos sobrevivientes de sus abusos de poder.

Esta visita de la vicepresidenta a Catamarca demuestra, una vez más, porqué es tan NECESARIA como URGENTE la SEPARACIÓN de la IGLESIA del ESTADO.

Diputadas, diputados y dirigentes del FIT-Unidad tuvieron una entrevista este miércoles 3 de abril con el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Prada, y funcionarios de esa representación diplomática. En representación del FIT-U participaron las y los diputados nacionales Myriam Bregman (PTS), Romina del Pla (PO) y Christian Castillo (PTS); la legisladora por CABA Celeste Fierro (MST); las y los diputados electos Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y Pablo Almeida (IS), Pablo Heller y Luis Brunetto (PO) y Guillermo Pacagnini (MST).

Durante la reunión la delegación del FIT-Unidad planteó el reclamo de la libertad de las y los centenares de trabajadores, jóvenes, profesionales e intelectuales críticos cubanos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 y por la vigencia del derecho de protesta en la isla. El propio embajador reconoció que son 564 los acusados y sancionados, de los cuales 297 están privados de la libertad, con condenas de varios años de prisión.

La delegación del FIT-U le pidió al embajador un listado completo con el nombre de las y los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. La delegación del FIT-U transmitió, asimismo, la preocupación por las condiciones de detención que denuncian familiares de los presos. La delegación hizo hincapié en los casos de Brenda Díaz, presa trans, que cumple su condena en una cárcel de varones y a la que se la identifica por su nombre de nacimiento; y la situación de la reconocida historiadora de izquierda crítica Alina López (detenida en circunstancias posteriores), a quien se la ha dicho que si sale del país no se le permitiría volver, entre otras y otros.

El embajador Prada se comprometió a transmitir al gobierno cubano las preocupaciones aquí expuestas y ampliar la información sobre los presos, teniendo en cuenta lo reclamado por la delegación del FIT-U.
La delegación consultó también sobre la posibilidad de viajar a la isla para tomar contacto con familias de los presos y visitar los centros de detención en que se cumplen las condenas, como así también mantener reuniones al respecto con las autoridades cubanas, la cual fue, en principio, acogida positivamente por el embajador.

La delegación del FIT-U, único bloque político del país que rehúsa reunirse con Marc Stanley y los representantes del imperialismo yanqui, reiteró su repudio al bloqueo que sufre la isla por parte del Estados Unidos y la hipocresía con que reclama por la vigencia de los derechos humanos mientras, entre otros horrores, apoya y suministra armas al régimen sionista israelí para aplastar mediante métodos genocidas al pueblo palestino.

Sin embargo, manifestaron los representantes del FIT-U, la agresión imperialista no puede ser una excusa para cercenar el derecho legítimo de la clase trabajadora cubana a la protesta. Las manifestaciones, ocurridas durante el período del COVID englobaron a capas amplias de la población y daban cuenta -como lo admitió el propio gobierno cubano- de un malestar popular originados en penurias muy severas. Por supuesto, no se puede perder de vista en ningún momento los efectos del bloqueo, pero, al mismo tiempo, no se pueden soslayar las consecuencias derivadas de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno cubano, en el marco del Decreto de “ordenamiento monetario” de finales de 2020. En este contexto, sostenemos que no cabe catalogar a los episodios del 11 de Julio como una conspiración orquestada por el imperialismo, como sostiene el gobierno cubano, y más allá de los intentos de utilización que hayan intentado hacer algunos sectores de la derecha.

Nuestro reclamo por la libertad a los presos del 11J está realizado desde una posición opuesta al imperialismo yanqui y sus aliados, desde el ángulo de las y los trabajadores, del pueblo cubano que sufre y su juventud, por tanto, desde una perspectiva anti imperialista y socialista. Quienes integramos el FIT-U defendemos el derecho a la protesta en el marco de la defensa de la plena libertad de organización política y sindical de las y de los trabajadores cubanos.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad
Buenos Aires, 4/4/2024

1) Los sindicatos, seccionales, internas y delegados combativos, movimientos piqueteros independientes, asambleas populares, sectores en lucha, de la cultura, en defensa del ambiente, de la mujer, estudiantiles, de derechos humanos, de jubilados y las organizaciones políticas de izquierda reunidos el 3 de abril en la sede del SUTNA, resolvemos convocar un encuentro de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas populares y de todos las y los luchadores de todos los ámbitos, de la cultura, del movimiento estudiantil, el 1ro de mayo en Plaza de Mayo para apoyar e impulsar el conjunto de las luchas, coordinar acciones, y tomar iniciativas para derrotar el plan de ataque a todos los trabajadores por parte del gobierno de Milei. Si la CGT convocara una movilización contra el gobierno el 1ro que impida desarrollar el encuentro, el mismo se realizará el sábado 27.

Reivindicando las grandes movilizaciones del 20 de diciembre de 2023, los cacerolazos, la masiva movilización en el paro del 24 de enero y la columna independiente reclamando paro nacional y plan de lucha, y las movilizaciones contra la Ley Ómnibus, convocamos este encuentro para apoyar e impulsar las luchas que se desarrollan contra los despidos y por el salario y un plan de lucha nacional para derrotar el plan de Milei y el ajuste de los gobernadores, un nuevo paro general y plan de lucha, que le venimos exigiendo a la burocracia de la CGT y la CTA que mantiene paralizadas a la gran mayoría de las organizaciones obreras a pesar de los despidos, el brutal ajuste, la destrucción de las jubilaciones y de toda la agenda anti obrera que viene desarrollando el gobierno.

Las jornadas masivas de marzo, el 8 y el 24, fueron demostraciones contundentes de la voluntad popular de enfrentar a Milei. Lo mismo que las grandes huelgas docentes, las luchas contra los despidos y por el salario que recorren los gremios, y las enormes jornadas del movimiento piquetero contra la política de hambre del gobierno.

Por todo esto, nos daremos cita el 1°de mayo en la Plaza y convocamos a todos los sectores que vienen enfrentando a este gobierno para derrotarlo en las calles y quebrar el ajuste que está al servicio del gran capital y el FMI y la ofensiva represiva de Milei y Bullrich y la criminalización que impulsan los gobiernos provinciales. Resolvemos la convocatoria a reuniones de organización semanales para avanzar en la modalidad del encuentro.

2) Impulsar la propuesta de una movilización general contra los despidos, con fecha tentativa el 12 de abril promoviendo una reunión organizativa el día sábado para acordar la modalidad.

3) Apoyar la convocatoria del movimiento piquetero el día 10, en la lucha contra el cierre de los comedores populares, y contra todas las medidas de ajuste del gobierno.

4) Apoyar el paro de estatales del 5 de Abril y las movilizaciones que se convoquen. También al paro nacional docente y docente universitario y todas medidas en defensa de la educación pública como los cacerolazos educativos y las movilizaciones de los sectores de la cultura por un plan de lucha contra la ofensiva de Milei.

5) Movilizar al Congreso contra el tratamiento de la Ley Ómnibus presentada por el gobierno de Milei en negociación con la oposición patronal, frente al tratamiento este proyecto, del DNU o de la reforma laboral.