La diputada bonaerense de la Izquierda, Mónica Schlotthauer, presentó un proyecto para anular los tarifazos de hasta 700% en las boletas de luz de La Costa.

(Nota de Diputados Bonaerenses)

La diputada bonaerense del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para anular los tarifazos de hasta 700% que se registraron en las boletas de luz de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) en el partido de La Costa.

Según advirtió Schlotthauer, en los últimos días, vecinos auto convocados del partido de La Costa, protagonizaron una masiva concentración en la intersección para visibilizar la desesperante situación que atraviesan los habitantes de la zona ante incrementos en las facturas de energía eléctrica, que en muchos casos alcanzaron el 700%.

“La jornada expuso un panorama crítico donde jubilados, trabajadores y familias vulnerables aseguran verse obligados a elegir entre pagar los servicios básicos o cubrir sus necesidades elementales de alimentación y salud”, alertó la legisladora bonaerense.

Al respecto, Schlotthauer señaló que esta zona se caracteriza por no contar con acceso a agua corriente y gas natural, por lo que el suministro eléctrico se convierte en el único recurso para calefaccionares y encender los bombeadores de agua. Ante esta situación, los aumentos en las boletas de luz llegaron a superar el millón de pesos en muchos hogares.

Para la diputada bonaerense, la causa principal de este escenario son las medidas de la administración nacional de Javier Milei, quien quitó subsidios e impuso la desregulación tarifaria desde 2023.

“El gobierno nacional desreguló la posibilidad de controlar las tarifas, para generarle aún más ganancias a las empresas a costa de atacar a la población”, recalcó Schlotthauer, tras mencionar la decisión del Ejecutivo de eliminar el Régimen de Zona Fría, el cual establecía tarifas diferenciales de gas natural.

Ante esta situación, la legisladora bonaerense subrayó que resulta cada vez más difícil abonar las facturas de los servicios, en zonas donde es necesario calefaccionarse debido a las bajas temperaturas.

No obstante, Schlotthauer aclaró que la factura también incorpora el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente destinado a remunerar el servicio de distribución y cuya actualización, en el caso de EDEA, se encuentra vinculada al marco regulatorio de la provincia de Buenos Aires. “Por lo que la responsabilidad es compartida”, destacó.

Ante esta situación, la diputada bonaerense adelantó que un equipo jurídico comenzó a articular presentaciones legales de manera gratuita para frenar las interrupciones del servicio y proteger a las familias golpeadas por los aumentos.

Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

Rechazamos enérgicamente el acuerdo petrolero suscrito entre el gobierno interino de la “respetable” Delcy Rodríguez, como la llamó el ultraderechista Trump, y la administración estadounidense encabezada por él.

Estamos en presencia de un acuerdo leonino que entrega a Estados Unidos casi una cuarta de las reservas del petróleo venezolano, por un lapso de 100 años, según la Casa Blanca, y 25 años renovables, según el gobierno venezolano.

Incluso un diario del imperialismo estadounidense como el New York Times, lo califica de “nuevo colonialismo”, mientras que El País de España lo caracteriza como una “privatización” del sector petrolero venezolano. Mientras que el propio Trump en su cuenta de la red social Truth Social dijo que era “un regalo de Venezuela para Estados Unidos”.

Este acuerdo con Estados Unidos es un nuevo y más profundo avance en la entrega desaforada de nuestros recursos, llevada adelante por el gobierno de Delcy Rodríguez, en el contexto de su pacto con el imperialismo estadounidense en marcha desde el pasado mes de enero.

Pasaron 27 años con un discurso supuestamente antiimperialista, asegurando que íbamos al socialismo, y hoy entregan nuestro petróleo al imperialismo y acuerdan con el sionismo que ejecuta un genocidio en Gaza. Atrás quedaron las palabras de Diosdado Cabello que aseguró que “ni una gota de petróleo para Estados Unidos si nos agrede”.

Se trataría de un contrato por 25 años, con posibilidad de renovarse, por el cual Estados Unidos tendría el control operativo y de comercialización de 65 mil millones de barriles de petróleo en ese periodo. Esto equivale aproximadamente a 21,5% de las reservas de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles de petróleo.

Este petróleo se incorporaría a las reservas estratégicas de Estados Unidos, que en este momento se encuentran en su nivel más bajo desde 1983, a consecuencia de la guerra con Irán. Además sin costo para el país. Quien pagaría el costo será el pueblo venezolano con más expoliación y saqueo.

Mediante el convenio se entregarían 17 pozos greenfields (campos verdes o nuevos) y 8 nuevos bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco. Estados Unidos tendría trato preferencial para adquirir el 20% de la producción petrolera futura ¡a precio de costo!

El negocio se estructuraría mediante Contratos de Participación Productiva entre Pdvsa y la empresa privada North American Blue Energy Partners (Nabep), propiedad de Alejandro Betancourt, uno de los “bolichicos”, responsable del negociado turbio con las plantas termoeléctricas en el marco de la crisis eléctrica en 2010. Acusado de blanqueo de capitales en Suiza y España, y que ahora es protegido de Marcos Rubio y Trump.

En dichos contratos Pdvsa tendría una participación accionaria del 45% y Nabep un 55%. Por su parte el gobierno estadounidense tendría una participación accionaria en Nabep del 35%.

Supuestamente, el acuerdo traería al país inversiones de más de $100.000 millones de dólares, y un ingreso en impuesto para el Estado venezolano de unos $209.335 millones.

Esto significa que por cada barril producido y vendido ingresarían al país $19. Pero las cuentas no cuadran. De acuerdo a la cifra total de ingresos presentada por la presidenta interina, en realidad el costo del barril de petróleo sería de apenas $3,22. Esto representaría un 4,7% del precio actual que se ubica aproximadamente en $80.

Delcy Rodríguez justificó el acuerdo con Estados Unidos diciendo que, tener las reservas más grandes del mundo no era suficiente y que hace falta “inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva”, que sería lo que supuestamente aportaría Estados Unidos. En la práctica utilizó los mismos argumentos que en el pasado usó Luis Giusti y el gobierno de Caldera para defender la “apertura petrolera”, un primer gran intento de privatizar el sector.

La materialización de este acuerdo significaría regresar a las condiciones coloniales en que se explotaba el petróleo venezolano en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Las mismas de explotación y expoliación imperialista que llevaron al estallido de la histórica huelga petrolera de 1936.

El acuerdo suscrito entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos es clara expresión del plan colonial del imperialismo para toda América Latina, manifestado en el documento “Estrategia Nacional de Seguridad”, publicado en diciembre de 2025, en el cual Estados Unidos reflota la tristemente célebre Doctrina Monroe (América para los americanos), ahora complementada con el Corolario Trump de más sujeción y expoliación de los recursos de Venezuela y todo el continente.

Es falso que las inversiones extranjeras traerán bienestar y mejores salarios para el pueblo. La historia de América Latina demuestra todo lo contrario. La penetración de las transnacionales solo ha ocasionado más saqueo de nuestras riquezas, explotación brutal de las trabajadoras y trabajadores, y una mayor injerencia de las grandes potencias imperialistas en nuestros países.

Desde el Partido Socialismo y Libertad siempre hemos dicho que la salida a los graves problemas del pueblo venezolano no vendrá de la mano de Estados Unidos, de China, Rusia, todos países imperialistas, ni tampoco de las transnacionales y sus socios de las empresas privadas nacionales.

Por ello es necesario y urgente colocar nuestra principal industria en manos de sus trabajadores, técnicos y profesionales, abogando porque Pdvsa y el petróleo sean 100% nacionales, sin empresas mixtas ni Contratos de Participación Productiva. Hay que terminar con el control de Estados Unidos sobre los ingresos petroleros; exigir el fin de todas las sanciones imperialistas, y que se liberen todos los recursos represados en el exterior. Hay que derogar las leyes entreguistas de minas e hidrocarburos, para que todos esos cuantiosos recursos se destinen a salarios, pensiones, salud, educación y recuperación de los servicios públicos. Pero esto solo lo lograremos con la movilización masiva del pueblo venezolano. Creando un gran movimiento nacional contra el imperialismo, en defensa de la soberanía y de todos nuestros recursos naturales.

1 de septiembre de 2026

Mercedes de Mendieta, diputada nacional (electa) Izquierda Socialist FIT/Unidad

Milei volvió a mostrar el rostro de un gobierno en decadencia, esta vez eligió el auditorio de la escuela ORT y un público de estudiantes secundarios para lanzar un nuevo capítulo de la “batalla cultural” para sembrar odio y demonizar a la prensa y al marxismo, frente al crecimiento de la bronca popular. Pero esa agresividad no es una muestra de fortaleza. Es el síntoma de un proyecto que necesita radicalizar su discurso para sostenerse, un gobierno que necesita recurrir permanentemente al insulto, la provocación y la persecución al periodismo. Capítulo aparte merece su arremetida contra el marxismo tildándolo de una “ideología satánica”, una verdadera muestra de la crisis de su proyecto de ultraderecha y reaccionario y del crecimiento de la izquierda con ascenso del Frente de Izquierda-Unidad y la figura de Myriam Bregman. Parece que las y los “zurdos” molestamos cada vez más.  

Veamos cómo fue la secuencia. Con un operativo de seguridad, Javier Milei, acompañado de “el Jefe” Karina la Cajera Milei, volvió a demostrar que su idea de la libertad tiene límite preciso: la libertad de quienes piensan diferente y enfrentamos a este gobierno. Invitado a hablar ante estudiantes de cuarto y quinto año de la ORT bajo el título “Ética como política de Estado”, el Presidente convirtió una charla en una nueva tribuna para insultar periodistas, atacar a la oposición y en particular al marxismo. 

No es un dato menor que esto ocurra en una escuela. Milei construyó buena parte de su discurso político denunciando el supuesto “adoctrinamiento” de las instituciones educativas, pero no parece advertir contradicción alguna cuando es él quien utiliza un espacio escolar para transmitir su propia concepción política del mundo. La libertad de pensamiento parece funcionar, así, como una libertad de sentido único.

El ataque al periodismo es uno de los rasgos más peligrosos del gobierno de Milei y de la ultraderecha mundial: convertir a quienes cuestionan al poder en enemigos para deslegitimar toda crítica. En la ORT, alentar a estudiantes a abuchear periodistas no fue una provocación aislada, sino un nuevo capítulo de un gobierno que puso a la prensa desde el inicio como enemiga, que hirió a periodistas en la represión, como el caso de Pablo Grillo y que alentó campañas de odio sistemáticas contra aquellos periodistas críticos de su plan motosierra, corrupción y represor. 

Ante semejante escándalo, la comunidad de la ORT respondió señalando justamente ese peligro: “Javier Milei representa aquello que hoy va en contra de los fundamentos democráticos y de convivencia política que tanto costó recuperar”. 

Del otaku antimarxista al “Marx satanista”

Como fiel representante de la reaccionaria escuela de pensamiento austriaco, atacó a Marx  y a sus seguidores, por supuesto sin ninguna crítica seria ni fundamento. Milei no discute la teoría del valor, la explotación, la acumulación de capital, la concentración de la riqueza o la contradicción entre capital y trabajo. Tampoco discute las transformaciones históricas del capitalismo ni sus crisis. 

Milei recurrió a Oulanem, una obra literaria escrita por Marx en su juventud, para intentar demostrar el supuesto satanismo de Marx y decir que el comunismo estaría cargado de oscuridad y de odio hacia Dios y que “en su expresión más consecuente, ese sistema implica, en función del objetivo del grupo, el exterminio físico de individuos”. El mismo Milei que se declaró abiertamete el presidente mas sionista del mundo, que es cómplice y defiende el genocidio hacia el pueblo palestino, intenta estigmatizar al marxismo con mentiras de total bajeza argumentativa. Al contrario de lo que dice Milei, Marx y sus seguidores hemos luchado del lado de los oprimidos y explotados, contra los genocidios, contra el nazismo, el fascismo y el holocausto. Pelea que hoy continua contra la ultraderecha mundial y los gobiernos capitlaistas, y por la construcción de una sociedad distinta, más igualitaria, libre de opresión y  explotación.

Discutir a Marx exige bastante más que una burda interpretación sin ningún tipo de fundamentos  de obra literaria. Exige discutir el funcionamiento de un sistema capitalista basado en la opresión y explotación en decadencia dónde las riquezas cada vez más se acumulan en una minoría, mientras se profundiza los planes de ajuste de los gobiernos capitalistas, los ataques a los derechos de las mujeres y las disidencias y la crisis ambiental. Por supuesto, no esperamos de Milei, un economista de bajísimo vuelo, ninguna posibilidad de hacer una seria discusión. Pero, convertir una obra literaria en una “prueba” de satanismo demuestra lo bajo a lo que se puede caer. 

Milei fue a una escuela a hablar de ética. Terminó dando una nueva muestra de lo que representa: un proyecto político autoritario, de ataque a la prensa y la libertad de expresión, de ataque a quienes somos opositores y que busca sumergir al pueblo argentino en mayor pobreza y sumisión. Pero también fue una muestra más de una “batalla cultural” en su mayor pico de decadencia ante el crecimiento de la bronca popular. 

Jura del diputado Juan Carlos Giordano

Ante la ley de reforma del Banco Central

Contra la Inocencia Fiscal II

En rechazo de la Ley de patenes pedida por Estados Unidos