Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Fiel a su estilo de intentar primerear con anuncios “marketineros”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el coronavirus. La ministra Acuña, responsable de cada uno de los ataques del gobierno de Larreta contra la educación pública en la Ciudad en los últimos cinco años, anunció el 21 de enero con bombos y platillos un regreso masivo a las aulas a partir del 17 de febrero. Una vez más, un anuncio irresponsable para los titulares de los medios de comunicación que no tiene en cuenta los criterios de crecimiento de casos ni las deficientes condiciones edilicias ni de salubridad para quienes con su trabajo sostienen la educación, ni para las y los estudiantes y sus familias. El único fin que se persigue es erigir al gobierno porteño como el abanderado de la vuelta a la presencialidad a como dé lugar, intentando desplazar de ese sitio al gobierno nacional, que a través del ministro de Educación Trotta viene haciendo planteos similares a los de Larreta y Acuña.

En ese marco, y a tono con lo que vienen reclamando los gremios docentes de la Ciudad encabezados por Ademys, hemos solicitado con carácter urgente una entrevista con la ministra de Educación Soledad Acuña, para que presente un informe oficial de los protocolos a aplicar, así como de las condiciones de todos los establecimientos educativos en los que plantea el retorno a la presencialidad. Y para rechazar de plano que docentes, auxiliares, estudiantes y familias tengamos que pagar con nuestra salud por una nueva irresponsabilidad que solo busca réditos electorales al mostrar una falsa preocupación por la educación.

Además reclamamos que el ministerio dé a conocer la lista de contagios que se han registrado en las burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano. Que informe qué escuelas fueron refaccionadas durante 2020 y los arreglos que se realizaron para acondicionarlas a fin de brindar una presencialidad segura en relación con la pandemia del Covid-19 y el dengue. También exigimos información precisa sobre las medidas que el Gobierno de la Ciudad prevé para evitar que decenas de miles de estudiantes, docentes y auxiliares tengan que utilizar los ya abarrotados transportes públicos.

Reclamamos el cronograma del plan de vacunación en la Ciudad que aún al día de hoy se desconoce y que debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, trabajadoras y trabajadores de limpieza, de los comedores y de la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, y la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitamos que se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año los bolsones se adecuen a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. Asimismo, frente a la falta de vacantes que se reitera este año lectivo exigimos una urgente solución que tiene que partir de la construcción de escuelas. Proponemos para afrontar todas estas urgentes cuestiones la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras. 

Nos solidarizamos con el reclamo efectuado por Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación de acuerdo al alza del costo de vida registrado en CABA, que solo para 2020 fue de 40 por ciento.

Desde nuestra banca nos ponemos a disposición una vez más de los reclamos y las luchas que llevan adelante la docencia y el conjunto de la comunidad educativa contra los nuevos ataques que en este 2021 preparan Larreta y Acuña.

Escribe Agustín Gigli

Esta semana Alberto Fernández ha dejado un poco de lado su doble discurso y salió a fomentar la instalación de la actividad megaminera en todo el país de manera descarada. Esto incluye a Chubut. 

Hasta el momento, la participación del gobierno nacional de Alberto Fernández en el tema minero estaba escondida, dejando centralmente todas las acciones en manos del secretario de Minería, Alberto Hensel. La semana pasada, el gobernador Arcioni organizó un pseudo debate entre los impulsores de la minería y la zonificación junto a Hensel. No fueron, entre otros, la Universidad Nacional San Juan Bosco (Chubut), organismos de ciencia y técnica, la mayoría de los legisladores (participaron solo cuatro de los veintisiete), ni la mayoría de los partidos políticos. El Zoom fue para homogeneizar al gobierno en la implementación del proyecto megaminero contra algunas críticas internas, como la de la diputada Artero, que pedía “más debate”. Además, el gobierno compró espacios en medios nacionales, como el de Rolando Graña, que se dedicó a difundir que “la meseta central de Chubut quiere minería”.

Pero Arcioni no logra imponer la minería, por eso el propio Fernández tuvo que salir a presionar. El 21 de enero se reunieron en la Casa Rosada Fernández, Arcioni, el vicegobernador Sastre, y Eliceche, presidente de la “Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente”, donde está el proyecto de zonificación. Fernández pidió explicaciones sobre por qué todavía no se aprobó la zonificación. En la reunión se resolvió la convocatoria a una sesión especial para tratar de aprobar el proyecto y habilitar así la entrega de los bienes comunes de la provincia.

Este lunes hubo otro encuentro entre Fernández, Linares, presidente del PJ oficial y ex candidato del peronismo kirchnerista a la gobernación, y Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, para agrupar al PJ y lograr los votos necesarios que permitan aprobar el proyecto de ley.

Linares pasó de prometer “sanciones” a los diputados que voten a favor a decir “no estamos en contra de nada, simplemente queremos un debate sincero, con todos los sectores”. Según Metadata Noticias: “El presidente fue claro y le dijo a Linares que el gobierno nacional no puede dejar escapar más inversiones en un contexto de escasez y sequía de fondos inyectados por privados, pero además le dejó en claro que un nuevo revés en la minería, como ocurrió en Mendoza, dejaría al gobierno muy debilitado y hasta habría anticipado que, de no aprobarse, se podría producir un movimiento para desalentar la actividad en provincias que tienen la actividad consagrada, como San Juan y Santa Cruz”.

En toda la provincia las asambleas, organizaciones y militantes ambientales estamos en alerta sabiendo que si no se instaló la megaminería fue por el rechazo en las calles de la gran mayoría de la gente. Por eso sectores del peronismo no se animan a votar la ley minera que reclama Fernández. La única forma de frenar el saqueo contaminante es como lo venimos haciendo hace años, desde el comienzo en Esquel y en toda la provincia, con la movilización y la contrainformación.

Este lunes ya se comenzó con una vigilia en Puerto Madryn, el martes en Esquel. Trevelin y El Hoyo se movilizaron y Trelew, Rawson y Comodoro también se están organizando para marchar.

La Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones continúa impulsando acciones en todo el país.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista llamamos a no bajar los brazos y seguir en estado de alerta y movilización como único camino para frenar el saqueo contaminante.

Escribe Martín Angel, referente de Ambiente en Lucha y de Izquierda Socialista de La Rioja

Desde 1993, con Menem, se vienen explotando todos los recursos naturales al servicio de las ganancias de grandes multinacionales que, a cambio, dejan territorios saqueados y contaminados. Se llevan todo, pagan retenciones mínimas, no están obligadas a resolver el pasivo ambiental y generan menos de 1% de trabajo genuino en el país. La promesa de salvar la crisis con la megaminería es otro verso.

Por eso desde 2012 el pueblo de La Rioja le dice “No a la Megaminería”. Con imponentes movilizaciones se echó a la Barrick Gold y a Osisko Mining Corporation. Les dijimos que “acá no pasarán”.

No nos olvidamos de que estando Néstor Kirchner en el gobierno, en 2006, se trazó el Plan Estratégico Territorial, y durante el gobierno de Cristina, con Milani, se votó la Ley Antiterrorista que puso en marcha el Proyecto X. Hoy vuelven a insistir. Proyectan una inversión millonaria para el corredor bioceánico y la línea eléctrica minera mientras nuestros sueldos están entre los más bajos del país.

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha repudiamos la nueva intentona de este gobierno peronista de Alberto Fernández que, junto al gobernador Ricardo Quintela, pretenden reactivar el doble discurso de que “con el oro de Famatina salimos de la crisis”.

Fernández dijo en una visita a nuestra provincia, ante el silencio cómplice del gobernador Quintela, sus ministros y laderos: “En Chilecito se fundó la primera sucursal del Banco Nación porque el Famatina traía la plata que hacía rica a la Argentina, y esa riqueza está acá, en el norte argentino”.

Una vez más decimos que no habrá megaminería en La Rioja y apoyamos y nos solidarizamos con todas las provincias precordilleranas, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que vienen luchando y resistiendo contra la instalación de las megamineras del gobierno y las multinacionales. Llamamos a unirnos contra la política de explotación, saqueo y contaminación de los gobiernos patronales.

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.

Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.

El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.

Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.

Escribe Valeria de Haro, del barrio Lanusse 

El acceso al agua potable es un derecho inalienable, pero no es la realidad de los barrios de Luján. Desde septiembre, los cortes de suministro y la falta de presión son un problema en los barrios, agravado en diciembre por el aumento de la temperatura.

Ante esta emergencia nos organizamos por medio de un grupo de Whatsapp constituyéndonos como “vecinas y vecinos autoconvocados sin agua y en pandemia”. Estamos en asamblea permanente para exigir una solución concreta, impulsamos distintas actividades y una movilización a la municipalidad, a la que acudieron un centenar de vecinos. Los funcionarios del municipio inventaron una cantidad de excusas absurdas, culpan a los vecinos y vecinas por un supuesto mal uso del recurso, acusaron a los trabajadores municipales (que se encontraban de paro en ese momento) de boicotear las bombas y hasta hicieron distintas promesas, como realizar una obra integral en toda la red. Allí nuestra compañera Daniela Cooper y otros vecinos rebatieron cada una de las excusas de los funcionarios y exigieron un plan de contingencia mientras se resuelve el problema de fondo. Así los barrios organizados conseguimos la distribución de agua potable en bidones y agua para aseo, como primera medida. Pero la exigencia de fondo es por un plan de obras para renovar y ampliar la red de agua corriente y erradicar el problema que viene de años de abandono y desinversión.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para que triunfe. El agua es un derecho humano, principalmente en medio de la pandemia. Plata para obras hay, los gobiernos la destinan al FMI y al pago de la deuda externa.