Esta última década de gobierno kirchnerista nos deja un saldo terrible, una de nosotras muere por día por una causa evitable: el aborto clandestino. Cristina ya se cansó de decir por todos los medios que está en contra de la legalización del aborto. Su santa alianza con la Iglesia Católica, reforzada desde la asunción del Papa argentino, la convierte en cómplice de la muerte de 500 mujeres al año por esta causa.

Medio millón de mujeres se realizan abortos cada año en nuestro país, es decir, que el hecho de que esta práctica siga siendo ilegal no impide que se practique. Lo que ocurre, es que quienes pueden pagar varios miles de pesos lo realizan en costosas clínicas privadas y quienes no, es decir, la mayoría de las mujeres trabajadoras y pobres, se someten a las más peligrosas condiciones en la desesperación de poder interrumpir un embarazo.

Son varios los casos que han salido a la luz de mujeres que concurren a los hospitales con complicaciones médicas derivadas de abortos clandestinos. El caso de la mujer de 28 años en el hospital Fernández (CABA) demuestra la doble violencia a la que es sometida una mujer que quiere decidir sobre su propio cuerpo: al llegar al hospital un grupo de médicos la denunciaron por haberse sometido a un aborto ilegal. En consecuencia, fue detenida durante 10 horas, mientras continuaba con pérdidas. ¡Una aberración!

Es por esto que la única salida para terminar con esta situación es la legalización del aborto para que se practique de forma segura en todos los hospitales públicos del país.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, venimos exigiendo la aprobación inmediata del Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que ya fue cajoneado en 3 oportunidades por kirchneristas y radicales.

Al mismo tiempo, reclamamos la aplicación obligatoria de la Ley de Educación Sexual en todos los niveles educativos y el acceso gratuito a los anticonceptivos.

Volvemos a decir que no se trata de un problema moral, es un problema de vida o muerte para las mujeres ¡Fuera la Iglesia de los objetores de conciencia de los hospitales! ¡Separación de la Iglesia del Estado!

En Argentina desaparecen 600 mujeres por año que son capturadas por redes de trata para su explotación sexual y/o laboral. A fines del año pasado, después del vergonzoso fallo que absolvió a todos los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, diferentes agrupaciones y partidos políticos salieron a reclamar en distintos puntos del país.

En menos de una semana, se llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para aprobar la reforma de la ley de trata (que había sido cajoneada desde agosto de 2011).

Por medio de este manotazo, se eliminó el concepto del consentimiento de la víctima, se aumentaron las penas de 3 a 4 años la mínima y se descartó la probation en caso de dar datos sobre el delito. Se diseñaron dos organismos: el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Sin embargo, todo ese cambio no es más que papel, ya que la nueva ley no fue reglamentada. Es decir, no se aplica.

Las mujeres víctimas de trata son revictimizadas

En el sexto juicio por trata que tuvo lugar en Santa Fé en septiembre pasado, la jueza María Ivón Vella fundamentó en su fallo absolutorio de los seis implicados, que la mujer menor de edad víctima de secuestro y explotación sexual, aparecía en las fotos de una forma que no se compadecía con la situación de abuso y encierro que dijo haber sufrido. Este año también se demostró otra vez la importancia de la “pata” política cuando Carlos Villalba, intendente de la ciudad salteña Salvador Massa, fue sorprendido en un prostíbulo durante un allanamiento y dijo que pensaba que era una casa de familia.

Los fallos absolutorios de todos los implicados en los casos de trata, la policía partícipe y los políticos que son responsables pasiva o activamente, dan el marco de impunidad necesario para que se pueda secuestrar, amenazar, vejar, ultrajar y violar los derechos humanos de las mujeres.

¡Desmantelamiento ya de las redes de trata!

Desde la sanción en 2008 de la ley 26.364 fueron rescatadas 5.729 mujeres. Pero a pesar de las judicializaciones, no se desmanteló ni una –NI UNA- red de trata. No se condenó a ningún/a responsable, solo a algún que otro volantero o alguna madama.

Los gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional son cómplices, partícipes y por ende responsables, de que en Argentina sigan desapareciendo mujeres. Por eso decimos que el Estado es el principal proxeneta.

Después de las privatizaciones que devastaron el sistema ferroviario argentino en la década menemista de 1990, pocas mujeres quedaron trabajando en los restos de los ferrocarriles del país. Sin embargo, al calor de las luchas contra la precarización laboral y contra la burocracia sindical de Pedraza, (que seguía desmantelando los trenes con sus socio empresarios), los militantes combativos de la lista Bordó lograron el ingreso de muchas mujeres a las líneas.

No obstante, al igual que ocurre en la mayoría de los ámbitos laborales, las mujeres ocupan los cargos de menor jerarquía y peor pagos. Como señala la delegada Mónica Schlotthauer del ferrocarril Sarmiento “las mujeres sólo estamos en el área de limpieza (7° categoría), en evasión (6°) y boletería (4°). Recientemente también hemos logrado que ingresen compañeras a banderilleras. El gobierno, después de lo de Once, había prometido 900 puestos de trabajo nuevos, pero hasta ahora solo entraron 200. Y logramos que 60 de esos puestos sean compañeras que ingresaron como banderilleras. Sin embargo, el resto de las especialidades, particularmente las más altas, nos están prácticamente vedadas”. Por eso, una de las principales campañas de las mujeres de la lista Bordó es la del cupo femenino en todas las especialidades. Lo que las ferroviarias reclaman es “capacitación por un lado, para poder acceder a esos puestos. Y la recategorización de las compañeras. En todas las categorías hay tareas que podemos llevar adelante. A veces hay muchos prejuicios, tanto de compañeros como de compañeras. Y creo que eso se está empezando a romper”, explicó Mónica.

Escribe: Mariana Morena

A mediados de diciembre del año pasado, una joven india de 23 años fue violada brutalmente con una barra de metal dentro de un autobús en Nueva Delhi. Tras el asalto sexual, los seis agresores la tiraron desde el autobús en marcha y trataron de atropellarla. La joven, estudiante de fisioterapia, pudo testificar antes de ser trasladada a un hospital de Singapur, donde fue intervenida en tres ocasiones y falleció tras una agonía de 13 días.

Según estadísticas oficiales, cada 20 minutos una mujer es violada en la India, pero el violador es condenado en sólo uno de cada cuatro casos, y los casos registrados crecieron casi un 17% entre 2007 y 2011. Violaciones en grupo, ataques con ácido y otros actos de violencia contra las mujeres, se denuncian en toda la India cada día. Pero las víctimas a menudo prefieren guardar silencio y el acoso sexual sigue siendo una realidad cotidiana. "Nos violan con la mirada", es una frase que repiten las mujeres de Delhi. El caso de Amanat (el nombre falso con que la identificaron los medios) encendió la ira de miles de ciudadanos que se manifestaron diariamente en las calles de toda la India para exigir justicia, reclamar mayores medidas de seguridad para las mujeres y por la pena de muerte para los violadores. El juicio se desarrolló por la "vía rápida" y con audiencias diarias. Cuatro de los responsables de la violación múltiple fueron condenados a la horca el último 13 de septiembre por un juez que rechazó las peticiones de la defensa para rebajar su sentencia. Un quinto acusado se ahorcó en su celda antes de conocer la condena. El sexto es un menor que ingresó en un correccional. Asimismo se constituyeron cuatro tribunales más para juzgar casos de violencia sexual.

Las Mujeres de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, nos solidarizamos con las víctimas de toda violencia de género y apoyamos la movilización de las mujeres en todo el mundo por la reivindicación de nuestros derechos, en camino a la definitiva superación de la sociedad capitalista y patriarcal.

Desde la banca Izquierda Socialista del Frente de Izquierda en Córdoba, nuestra compañera Liliana Olivero presentó un proyecto de ley de Inserción Laboral para Personas Trans. El mismo fue elaborado junto a la comunidad LGTBQ local y establece que el estado provincial debe destinar, como mínimo el 3% de los puestos de trabajo del sector público, a personas trans.

Proyectos como este evidencian que no alcanza solo con la ley de identidad de género sino que se debe garantizar igualdad de oportunidades, ya sean laborales, educativas, culturales, etc. sin ningún tipo de discriminación ni de exclusión. Y al servicio de estos derechos están las bancadas del Frente de Izquierda.