Escribe Claudio Funes

Al cierre de esta edición, el juez Rizzo de Cañuelas postergó el desalojo con el que se venía amenazando a los pobladores de la toma de tierras de Guernica. Un importante avance parcial, producto de la fuerza de la lucha, la movilización y la solidaridad que rodeó a la toma.

Pero se trata apenas de una postergación. Y no debemos confundirnos: tenemos que seguir organizados y movilizados en estos días. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando: las tierras tomadas en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, han constituido uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2.500 familias.

Más de quinientos efectivos de la policía bonaerense, la misma que acaba de protagonizar una protesta por reclamos salariales, están aprestados para participar del operativo, que ahora se postergó por apenas unos días. Para los integrantes de esta fuerza  la pobreza del otro es delito.

A cambio de resolver las dificultades que tienen el pueblo trabajador y los sectores populares para acceder a una vivienda, el gobierno peronista responde con la mano dura de Berni a la cabeza de un impresionante operativo represivo. Los gobiernos del Frente de Todos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no ofrecen soluciones de fondo.

Según el registro del Ministerio de Seguridad, en Buenos Aires hay cinco intentos de tomas de tierras cada semana.

Si bien el fenómeno es histórico en la provincia gobernada por Kicillof, tomó una nueva dimensión en la cuarentena por un mayor incremento de la pobreza.

Las imágenes de la ocupación de tierras en Guernica son desgarradoras. Hombres, mujeres y niños viven en carpas y chozas construidas con desechos en medio de la nada.

¿Cómo se explica esto? Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a casi 4 millones de familias, casi un tercio de la población argentina. Esta cifra incluye tanto al déficit cuantitativo (nueva vivienda), como al cualitativo (viviendas que no cuentan con requisitos básicos, como falta de servicios, calidad de materiales, hacinamiento, etcétera). Desglosando esta cifra, se estima que se necesitan construir 1,5 millones de viviendas.

Los gobiernos patronales agravaron el problema habitacional

Surge de estos datos que los distintos gobiernos patronales, radicales, peronistas o de PRO, han dejado de lado la decisión de resolver este gravísimo déficit.

El proyecto de presupuesto del gobierno del Frente de  Todos para el año 2021 es un claro ejemplo de lo que manifestamos. Destina a vivienda 151.525 millones de pesos, mientras que a pagos de vencimiento  de deuda van 665 mil millones: ¡más de cuatro veces más!

Se calcula que desde 2000 en adelante se vienen construyendo 210.000 hogares por año, de los cuales 35.000 tienen graves problemas habitacionales. Estamos hablando de cientos de miles de personas que deben resolver su problema de vivienda.

A este fenómeno debemos agregar que muchos trabajadores, del interior o de países vecinos, llegan al AMBA en busca de trabajo, y si bien es posible que lo consigan, será en condiciones de precariedad, informalidad y con sueldos magros. Con salarios por debajo de la línea de pobreza es imposible acceder a una vivienda digna.

En el AMBA, que posee una superficie de 13.285 kilómetros cuadrados (menos del 0,5% de la superficie del territorio nacional), reside el 37% de la población total del país, más de quince millones de personas. Esta megalópolis, una de las más extensas del mundo, es la segunda región más pobre de la Argentina después del Noroeste, aunque genera el 48% del PBI nacional. No es una paradoja, es la expresión del capitalismo en un país semicolonial. Esta es la verdadera grieta.

Son estas condiciones materiales existentes, promovidas por los distintos gobiernos patronales de turno que, potenciadas por la pandemia, desembocaron en la desesperada  toma de tierras en Guernica.

Guernica pone al desnudo la profunda crisis económica y social, y la habitacional en particular, que padecen los trabajadores y los sectores populares empobrecidos que ya no pueden pagar un alquiler o que huyen del hacinamiento para no ser víctimas del coronavirus.

El gobierno del Frente de Todos no da soluciones

No hay internas en el gobierno peronista respecto de la política hacia la ocupación, por eso Sergio Berni y Sabrina Frederic, ministra de Seguridad nacional, coinciden en este punto con la oposición patronal y los grandes medios como La Nación, Clarín, Crónica e Infobae, que llevan adelante una furibunda campaña por el desalojo.

Pero detrás de la repudiable expulsión de albañiles, costureras, peones, changarines, trabajadores de la salud, de maestranza, personal de seguridad privada, obreras y obreros que trabajan en precarios establecimientos en negro hay poderosos intereses económicos. El principal instigador es el grupo inversor El Bellaco (la denominación no es coincidencia), que proyecta expandir el Club & Country San Cirano, un lujoso emprendimiento inmobiliario que se desarrolla en 365 hectáreas y que contempla la construcción de cinco barrios privados en tierras abandonadas por décadas y sobre las que nadie puede acreditar un título de dominio.

En todos sus niveles, el gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos está por la defensa del negocio inmobiliario. Blanca Cantero, intendenta peronista de General Perón, y esposa de Carlos Acuña, el burócrata de la CGT, cierra filas y manifiesta con cinismo: “No hay nada que negociar porque hay una orden de desalojo” […] “Es un drama complejo y hay que decirlo con todas las letras: las tomas son ilegales, sea un lote del Estado o de un privado” […] "Hay que trabajar con la falta de vivienda pero, para eso, hay que darle tiempo al Estado". ¡Caradura, hace veintisiete años que el peronismo gobierna la provincia!

Alberto Fernández y Axel Kicillof son más de lo mismo. No ofrecen solución alguna a los reclamos del pueblo trabajador, solo amedrentan y meten miedo. Y Sergio Massa va en esa línea cuando propone quitarles el IFE y la AUH a los que tomen terrenos. El gobierno peronista no va a hacer otra cosa, solo tiene como prioridad el pago a los bonistas y al FMI.

Desde Izquierda Socialista repudiamos cualquier intento de desalojo y la represión a los ocupantes de los terrenos. Exigimos una solución inmediata al problema habitacional en un país donde más del 90% de su población se concentra en zonas urbanas. Es necesario implementar un plan de emergencia utilizando espacios que garanticen techo y cobijo a las miles de personas que están en situación de calle o habitan en casillas. Hay que confiscar viviendas y tierras ociosas de millonarios y entregar subsidios a los trabajadores y los sectores populares para que puedan construir. Y, como salida de fondo, proponemos un plan nacional de construcción de viviendas para terminar con el desamparo de millones de familias, financiado con el cobro de un impuesto a la riqueza de los grandes capitalistas, los bancos y las multinacionales y con el no pago de la deuda externa, tal como lo planteamos desde el FIT Unidad.

Este martes se llevó a cabo en el Obelisco una conferencia de prensa con representantes de las organizaciones que actúan en Guernica, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, personalidades como Norman Briski y referentes de la izquierda, entre ellos nuestro compañero Juan Carlos Giordano. El doctor Soares, de la Gremial de Abogados que actúa en la defensa de los vecinos de Guernica, señaló: “Nosotros apelamos el desalojo porque en el expediente judicial no hay dueños de esas tierras, no hay titulares de dominio que ejerzan la propiedad de ese inmueble, estamos hablando de predios vacíos durante décadas. Los que se presentaron fueron dos o tres vecinos y, por supuesto, la principal empresa inmobiliaria del lugar, sin ninguna documentación que acredite no sólo la titularidad (que sería imposible), sino tampoco algún tipo de dominio sobre el inmueble, que podría tener animales, sembrados, depósitos, nada. Era un terreno vacío ocupado sin despojar a nadie, sin echar a nadie y sin ejercer ningún tipo de violencia sobre ese inmueble. Y con esa truchada de un tipo que dice “me lo dio la Iglesia para cuidarlo y como pasaron treinta años es mío”, otro que dice “el dueño de esto era mi patrón, yo me quedé y soy el dueño porque el patrón me dijo que cuando se vaya iba a ser el dueño”, pretenden el desalojo. El Bellaco S.A., la principal empresa, lo único que acompañó fue un plano por internet que hasta lo hace un nenito de cinco años. Con esos elementos armaron la causa entre las grandes inmobiliarias y la intendencia de la zona. Y cuando se dio la primera mesa de diálogo, la intendenta dijo: “La prioridad son los dieciocho countries que rodean a este predio”. No lo podíamos creer. Lo segundo que dijo fue: “Cuando llegué a la intendencia de Guernica eché a todos los fiscales porque respondían a la administración anterior y puse a los míos”. La usurpación se configura solo si yo despojo a alguien de un bien o me meto en un bien del cual una persona reclama que es suyo, no es este el caso.

Escribe Gastón Godoy

La empresa Glovo, una multinacional catalana dedicada al delivery, dejará de operar en la Argentina. Los trabajadores de la app se enteraron por un mensaje que les envió la empresa algunas horas antes de que la noticia estuviera en los medios, lo que generó mucha bronca e indignación. Glovo le vendió sus operaciones de América latina a otra multinacional, la alemana Delivery Hero, dueña de Pedidos Ya, por un monto que alcanza los 272 millones de dólares. 

La empresa, con ganancias multimillonarias, se va del país y deja a más de tres mil repartidores y setenta administrativos sin trabajo. La “solución” que brinda Glovo a sus repartidores es que tendrán “preferencia” a la hora de anotarse para pasar a Pedidos Ya. Una burla total.

Glovo aumentó tres veces el costo del servicio durante la cuarentena, pero eso no se trasladó al monto que perciben los repartidores. Inclusive, con el incremento de la cantidad de pedidos llegaron a cobrar menos. 

Y ahora vende sus operaciones de Latinoamérica (Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana) porque en estos países no es líder del mercado, aunque sus ganancias fueran monstruosas producto de la miseria que pagan a sus trabajadores. La Argentina se ubica en el top 5 de países de Glovo a nivel mundial, y Buenos Aires era la sede de operaciones para esta región.

Para El Socialista, entrevistamos a Fernando, trabajador de Glovo y Pedidos Ya.

–¿Cuál es tu situación actual siendo trabajador de Glovo? ¿Qué les dijo la empresa?

–Nos dice que Glovo Latinoamérica fue vendida a Pedidos Ya. El comunicado no es claro, porque dice que “en las próximas semanas” dejarán de operar, pero no da precisión. En los medios dicen que Glovo se va en octubre. La empresa dice que, si querés, podés inscribirte y pasar a trabajar a Pedidos Ya, pero no hay ningún resarcimiento. En teoría, tendríamos prioridad para ingresar a Pedidos Ya (quienes ya no son parte), pero el único “beneficio” es un ítem del formulario que pregunta si estabas en Glovo. Al final del mensaje confirman que no hay ningún vínculo laboral.

–¿Cómo eran las condiciones laborales?

–Malas. Tenías que comprar tu mochila, te obligan a hacerlo. La empresa te da un cargador externo y un portacelular, que me duró dos semanas. Si querés campera, casco y demás accesorios tenés que comprarlos, accesorios que valen casi 2.000 pesos. Aun así, Glovo pagaba más que las otras aplicaciones, sobre todo porque abonaba el tiempo de espera (algo que Pedidos Ya y Rappi no pagan). El valor del viaje, además de la espera, depende de la distancia, se rigen por multiplicadores. Si te roban la bicicleta, como me pasó a mí, ninguna empresa te reconoce nada, ni siquiera una pinchadura de rueda.  

–Por lo que decís, no tienen seguridad de mantener el trabajo y las condiciones son peores.

–Primero, porque no hay garantías de que te vayan a contratar de inmediato. Otra cuestión es que las comisiones de Pedidos Ya son bastante inferiores, los turnos son más restrictivos y hay zonas de logueo específicas, a veces te obligan a ir a trabajar a lugares muy lejanos de donde vivís. A mí me pasó tener que ir de San Telmo, donde vivo, hasta Núñez. Eso implica un viaje largo, tiempo extenso y el cansancio grande, que obviamente no se contempla. En Pedidos Ya, calculo que voy a ganar el 30% menos de lo que ganaba en Glovo, al menos por un par de meses, hasta que pueda estar “bien considerado” nuevamente por los algoritmos de la aplicación. Pero mis gastos no bajan 30 por ciento.

Además, para trabajar utilizás paquetes de datos del celular, que no van a bajar de precio, y que la empresa no se hace cargo. O sea que nuestros costos van a ser más difíciles de afrontar.

 –¿Cómo se están organizando?

–En las redes sociales se dice que va a haber un nuevo paro internacional, pero todavía está trabado. Los compañeros están preocupados porque quieren saber cuánto va a tardar en hacerse ese supuesto traspaso, esa es la mayor incertidumbre. Y aunque sean incorporados, no saben si van a cobrar lo mismo. 

Si no fuera una actividad lucrativa no se vendería por 272 millones de dólares, y eso que aquí la empresa no es líder. Nos estamos organizando para seguir luchando y reclamando por nuestros derechos.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con los compañeros del PTS y el MST hace un tiempo compartimos el Frente de Izquierda Unidad (FIT-Unidad) y el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). No casualmente ambos llegaron tardíamente a estas importantes herramientas de unidad política (FIT-Unidad) y de coordinación sindical (PSC). Políticamente el MST se sumó al Frente de Izquierda recién en las últimas elecciones, luego de años criticándolo duramente como “marginales, sectarios, propagandísticos”, mientras navegaban en las aguas del centro izquierda argentina e internacional, apoyando a Pino Solanas o Luis Juez.

Con el PTS pasó algo similar en el PSC. Durante los más de dos años de existencia, el PTS se dedicó a criticarlo como “proyecto burocrático”. El fracaso de sus políticas sindicales y el fortalecimiento del PSC como polo de coordinación para los luchadores, los llevó a solicitar, recientemente, el ingreso al PSC. Pero, ahora desde adentro, ha mantenido la política de atacar la orientación y el funcionamiento del PSC. Lo hizo en los plenarios virtuales, reuniones de Mesa de conducción y, este 17 de septiembre, en la Jornada de lucha. Se ubica desde adentro para denunciar, combatir, a los dirigentes y organizaciones que integramos el PSC, dividiendo las acciones y actividades resueltas colectivamente en la Mesa.

Lamentablemente, desde el ingreso del PTS, el MST ha empalmado con una política muy similar al interior del PSC y comenzaron a actuar en bloque. Lo que los llevó a la barbaridad de boicotear la jornada nacional de lucha del PSC del 17 de septiembre, intentando cambiar su carácter y usurparla como jornada “del PTS y el MST”, rompiendo casi todos los acuerdos.

¿El PSC debe ser una coordinadora de sindicatos y luchadores antiburocráticos o una colateral del FIT-Unidad?

En un largo artículo en la Izquierda Diario, “Una izquierda cupera e inofensiva”, el PTS ataca a PO y a Izquierda Socialista. “El PO e IS sostienen la ficción de que esos actos son convocados exclusivamente por los sindicatos –que incluso como decimos arriba se niegan a discutir con la izquierda–, pero la mayoría de la “movilización con cupo”, donde la izquierda no es convocante, será de militantes de la izquierda”. En realidad, el PTS quiere justificar su rechazo a la coordinación de los sindicatos combativos, dirigentes antiburocráticos, agrupaciones y corrientes de izquierda, para unirnos en apoyos de luchas y para armar frentes que den pelea a las burocracias en los sindicatos. Ellos proponen que el PSC sea una colateral del FIT-Unidad, que la Mesa del FIT-Unidad  decida la política y tareas, y que los sindicatos del PSC lleven a los trabajadores a apoyarlas.

Pacagnini del MST, en el acto en Plaza de Mayo, fue contundente: “el PSC debe estar al servicio de fortalecer al FIT-Unidad”.

Ellos consideran que es mucho más importante la postura de los partidos del FIT-Unidad que las opiniones y voluntad de acción de los obreros ferroviarios del Sarmiento o los del Sutna, los ceramistas de Neuquén, los docentes de Ademys, AGD o Sutebas Multicolores, “porque los dirigentes de esos sindicatos son de izquierda”. Es una concepción burocrática, aparatista, de despreciar la opinión de los trabajadores y desconocer a los sindicatos combativos recuperados.

Nosotros desde el acuerdo del PSC impulsamos la verdadera coordinación permanente de los sindicatos combativos y antiburocráticos, para luchar y para enfrentar y derrotar a las patronales y las burocracias, independientemente de las posturas partidarias que tengan sus dirigentes y bases. Son conquistas de la clase trabajadora y sus luchadores, que debemos defender. El PTS y el MST en muchos sindicatos han dividido a la oposición antiburocrática haciendo perder seccionales o internas combativas (ATEN Neuquén, Ferroviarios del Mitre) o directamente enfrentando a las directivas del PSC, como al Pollo en el Sarmiento o a Crespo en el Sutna, los principales referentes del sindicalismo combativo. ¡Con esa política, ni siquiera son una “izquierda inofensiva”, sino que son una izquierda funcional a la burocracia y la patronal!

¿Una izquierda con posiciones alejadas de la realidad social?

El PTS tiene la deshonestidad política de decir que PO e Izquierda Socialista estamos por poner un cupo de personas movilizadas, para frenar la movilización. No explica la verdadera polémica, porque eso confirmaría, ante cualquier trabajador, su marginalidad social. Siempre estamos por impulsar la mayor movilización. Pero los compañeros del PTS no ponen en su artículo que hace seis meses el país está en pandemia y que todas las estadísticas dan que estamos en el pico de contagios y muertes. ¡En 20.000 espacios del artículo, el PTS no escribe la palabra pandemia o coronavirus! Si eso no es estar al margen total de lo que cruza hoy la realidad social argentina (y mundial) … Lo que decimos nosotros y los dirigentes de todos los sindicatos del PSC (salvo la lamentable excepción de los dirigentes del MST) es que es más difícil movilizar en una jornada de lucha propia del PSC, en medio de la pandemia y con el miedo de contagios, que cuando hay luchas específicas, como lo demostraron las enfermeras movilizando masivamente el 21/09. Por eso Izquierda Socialista propuso lo que hacen los trabajadores en varios conflictos, movilizar en caravana. Lamentablemente por presión del PTS y el MST, el PSC terminó aceptando una movilización con caravana y marcha. Fue para evitar contagios y mantener el “distanciamiento social”, propusimos poner un “cupo” de unas 300 personas por organización política y piquetera, sin “cupos” para los sindicatos que pudieran movilizar más. ¿Qué ocurrió el 17? Salvo Izquierda Socialista, ninguna de las organizaciones políticas y piqueteras cumplió con el “cupo” y así costó mucho el distanciamiento. Las columnas sindicales (sin “cupos”) no se movilizaron masivamente y muchos fueron en la caravana. La mayoría de las columnas piqueteras sí llevaron muchos sin respetar el cupo. Y el PTS, que anunció que no respetaría el cupo e hizo llamados públicos a sus simpatizantes a movilizarse masivamente, terminó con bastante poca presencia en su propio acto posterior.

Otro punto muy preocupante, es que los dirigentes del MST del PSC, médicos de la Cicop, los que más deberían alertar y cuidar la cuestión sanitaria, junto con el PTS insisten minimizarla y en llamar a movilizar “a decenas de miles” que, además, no están en las calles.

PTS y MST dividieron la jornada del PSC

El MST y el PTS agregaron una actitud desleal y divisionista, que genera malestar en el PSC. Una vez que la Mesa del PSC rechazó que su jornada fuese convocada por el FIT-Unidad, el MST y el PTS inventaron para el mismo día al final del acto del PSC, un acto suyo en el obelisco, a cuatro cuadras. Lo convocaron como “cierre de la jornada nacional de lucha del PSC”, queriendo usurpar la jornada del PSC. Así lo citaban, incluso diciendo que “si no llegas a la plaza, podés ir al obelisco más tarde”, una verdadera contrabandeada. Así fue presentado en la TV y los medios. Fue vergonzoso que la columna del PTS se retirara del acto apenas terminaron de hablar sus oradores, al igual que la mitad de los asistentes del MST. Además, la baja asistencia en el Obelisco (llevaron mucho menos personas que los que fueron a la marcha del PSC), confirmó que su caracterización y política fue equivocada y que no tuvo mucho sentido, más que el de dividir al PSC, su accionar.

Llamamos a los compañeros del PTS y del MST a que terminen con esas acciones desleales y divisionistas, y a que cumplan los acuerdos que se hacen en función de fortalecer el PSC en todo el país.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva décadas en nuestro país y tuvo un gran impulso durante 2018, cuando miles de jóvenes la tomaron en sus manos junto con el reclamo por la educación sexual. Con esa poderosa #MareaVerde se ganaron el debate y las calles. Pero el Congreso y sus legisladorxs radicales, peronistas, kirchneristas y de PRO, sin grieta que los separe, se encargaron de que la ley no salga, tal como querían las iglesias. Así se perdió la oportunidad histórica de adecuar nuestra legislación a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo donde las mujeres sí pueden elegir sobre su cuerpo, su futuro y su vida.

Si miramos el mapa de la región, actualmente el aborto voluntario es legal solamente en Cuba, Uruguay, Guayana, Puerto Rico y en dos estados mexicanos (CDMX y Oaxaca). En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam está prohibido totalmente. En el resto de los países está permitido por causales. Como en el caso de la Argentina que, desde 1921, es legal el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando afecta la salud o vida de la persona gestante. Por esta situación es que las feministas reunidas en San Bernardo declararon al 28 de septiembre como el día de lucha por el derecho al aborto, mientras se realizaba el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990.

Que se sienta nuestro reclamo

Alberto Fernández, que fue el primer presidente en reconocer en una asamblea legislativa de inicio de sesiones que el aborto debía dejar de ser clandestino, hasta ahora no hizo nada para legalizarlo en sus casi diez meses de gestión. Primero dijo que tenía el proyecto de ley listo, del cual solo sabemos que no es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y que estaría para ser presentado, pero del que hasta ahora nunca se lo vio. 

La realidad es que el presidente Alberto Fernández sigue negando el derecho al aborto y ahora quiere esperar a que pase la pandemia para, recién ahí, debatirlo en el Congreso. Sin embargo, mientras más se demore, las consecuencias de la clandestinidad siguen siendo muy graves para la salud y la vida de las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Es más, en lo que va de la cuarentena solo en la provincia de Buenos Aires murieron tres mujeres en los hospitales públicos por abortos inseguros y cientos de niñas violadas fueron obligadas a parir.

Un reciente informe de la ONG Human Rights Watch fue contundente al decir que en la Argentina se violan los derechos humanos de las personas gestantes a causa de la clandestinidad del aborto e instó al gobierno a que presente un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el informe, titulado “Es hora de saldar una deuda”, se recogen datos que surgen al entrevistar a personas que vieron en el modelo de causales del artículo 86 del Código Penal un verdadero obstáculo para acceder al aborto legal en la Argentina. La falta de protocolos para la interrupción legal de los embarazos (ILE) provinciales y municipales y la intervención de los agentes antiderechos que ponen trabas para que no se garanticen los abortos legales que ya existen desde hace casi cien años, son responsabilidad de los gobiernos de turno. Como también lo es el hecho de que, en nuestro país, las niñas violadas sean obligadas a parir. Por esta alarmante situación es que el próximo 28S, desde el Frente de Izquierda-Unidad, convocamos a una gran jornada de lucha por el derecho al aborto.  

La lucha por nuestros derechos es esencial

El 28S nos movilizamos en varias ciudades del país. En Buenos Aires vamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que tiene estado parlamentario, con firmas de más de setenta legisladorxs de todos los bloques políticos, que fue elaborado por el movimiento feminista y que recupera el debate de 2018. Ese es nuestro proyecto, el de la #MareaVerde, el que tiene que ser ley. El próximo 28S te invitamos a participar junto con Isadora de las actividades en todo el país y frente al Congreso. Vamos a conquistar el aborto y todos nuestros derechos.