Escribe Adolfo Santos

Después del contundente paro nacional del 9 de mayo, la burocracia de la CGT decidió poner el freno a la lucha y entrar en una tregua con el gobierno antiderechos encabezado por Milei. Ellos, como el gobierno y la oposición patronal, reconocieron el “peligro” que sería para el plan motosierra del FMI darle continuidad a la lucha con otro paro nacional y plan de lucha. Por eso dejaron pasar la Ley Bases y su “plan de lucha” se redujo a presentaciones judiciales contra algunos puntos de la reforma laboral que podrían afectar los “cofres” de los sindicatos y el pago de impuesto a las ganancias.

Con esta actitud, están dejando correr miles de despidos en la industria y en el Estado, cierres de empresas, paritarias a la baja, la reforma jubilatoria que retira derechos, la esencialidad del “servicio” educativo, los despidos sin pago de indemnizaciones, la precarización laboral y ni se pronuncian sobre las privatizaciones, dejando a la clase trabajadora librada a su suerte.

Hace una semana, la cúpula de la CGT visitó al secretario de Trabajo Julio Cordero, hombre de Paolo Rocca del Grupo Techint, que viene despidiendo trabajadores de su planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina. Lejos de reclamar por esos y otros despidos, se limitaron a negociar el piso de ganancias y a pedir que el gobierno no apele a la Corte Suprema. Sin embargo, al día siguiente, Milei reglamentó el impuesto a las ganancias y no sólo no subió el piso para pagar la carga tributaria, sino que incorporó las horas extras, bonificaciones y aguinaldo, al monto para pagar. Tremendo.

Pero en vez de apoyarse en la clase trabajadora, para enfrentar al gobierno, los dirigentes de la CGT rumbearon a la embajada yanqui. Allí, Gerardo Martínez (Uocra), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Andrés Rodríguez (UPCN), se reunieron con Marc Stanley y una delegación de legisladores yanquis. Trascendió que el embajador les recomendó evitar que la clase trabajadora gane la calle y les pidió sostener la gobernabilidad, prometiéndoles mediar con el gobierno en relación a sus pedidos. Con asesores como este, seguro perdemos por goleada.

El único camino para defender nuestros derechos es romper la tregua de la CGT con este gobierno empobrecedor y represivo y exigirle un nuevo paro nacional y plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI.

Escribe Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital y dirigente de Izquierda Socialista
 
Continúa el plan de lucha de los docentes neuquinos. A las 48 horas de paro la semana pasada se suman 48 más en esta y 72 la próxima. Esta es la respuesta de ATEN a una ofensiva antiobrera y antipopular del gobernador Rolo Figueroa, que semana a semana se alinea más con la política nacional de Milei, como su alumno predilecto.
 
Cuando Javier Milei pidió los votos para la Ley Bases, el gobernador Figueroa cumplió y sus diputados la votaron. Y repitieron su apoyo votando el RIGI, diciendo que era necesario para el desarrollo de Vaca Muerta. Pero así se profundiza el saqueo de las riquezas de nuestro subsuelo, direccionando la exportación de petróleo por el puerto de Bahía Blanca con nuevos oleoductos y también, posiblemente, en el puerto de Punta Colorada en Rio Negro con la licuefacción del gas para exportar buques de GNL. Para garantizarles tranquilidad a los inversores, Figueroa avanza persiguiendo y judicializando la protesta de las organizaciones sociales, de las comunidades mapuches y, en especial, de nuestro gremio, que es el que más batallas le viene presentando.

Contra los docentes el gobierno impuso en la Legislatura (votado por todos los bloques de los partidos patronales, con la excepción de los diputados del Frente de Izquierda y uno del peronismo) una ley llamada de “incentivo al presentismo”, que otorga un plus salarial de unos 120.000 pesos cada tres meses a las y los docentes que no falten más de tres días por trimestre. Pero la verdad es que ese “premio” tiene una redacción que modifica el régimen de licencias garantizado por varias leyes nacionales y el estatuto. Por eso el plan de lucha no se hizo esperar, votado en todas las seccionales de ATEN y motorizado especialmente por asambleas multitudinarias en nuestra Seccional Capital y otras conducidas por la oposición, pero también en seccionales que dirige la conducción provincial. La semana pasada no iniciamos las clases con dos días de paro posteriores al receso invernal y las asambleas votaron por la continuidad de la medida de fuerza, con otras 48 horas esta semana, miércoles y jueves, y 72 la semana del 6, 7 y 8 de agosto.

El plan de lucha tiene tres reclamos principales: 1) Que se retire la nueva ley votada en la Legislatura que ataca el régimen de licencias. Porque una docente embarazada, o con tratamiento de largo tiempo por una enfermedad grave como el cáncer, o protegida por hechos de violencia de género que la lleven a no poder asistir a su trabajo, en cualquiera de estas situaciones si está cumpliendo una suplencia y la titular del cargo regresa, esa docente se queda sin sueldo, no se le reconoce la continuidad de su licencia. 2) En rechazo al impuesto a las ganancias a los asalariados resuelto por el gobierno de Milei. 3) Reclamando que se aumenten las partidas de refrigerio para alimentar a miles de alumnos pobres y se incremente el presupuesto educativo.

La situación se tensa cada vez más porque el gobierno empezó a descontar los días de paro y lo hace con un operativo totalmente ilegal, ingresando por vía cibernética a las plantas de empleados, sin autorización de las y los directores de cada establecimiento, y les descuenta a todos, incluso a los que eventualmente estén con licencia y a los pocos que puedan estar trabajando. Esta arbitrariedad choca directamente contra la determinación de los cuerpos directivos, que en la seccional capital han resuelto no informar de los paros, porque se consideran parte integral del sindicato y no funcionarios del gobierno. Una decisión muy combativa.

Las asambleas también vienen votando el pedido de renuncia de la ministra de Educación Soledad Martínez, quien ingresó al gobierno como parte del acuerdo de Figueroa con un sector del kirchnerismo y del Frente Grande.

Por último, desde las asambleas exigimos un plan de lucha de la Ctera, que abandona y aísla a las provincias, lo mismo que hacen las CTA y la CGT que priorizan la negociación con Milei y dejan correr el plan motosierra nacional y provincial.

Escribe Federico Wagner, secretario gremial media de UEPC Córdoba Capital

Hace dos semanas el gobierno de Martín Llaryora volvió a dictar la tramposa conciliación obligatoria, donde es juez y parte, para desmontar el paro de 48 horas aprobado por más del 75% de la docencia cordobesa, en rechazo a la oferta salarial miserable que envió a la UEPC.

Luego de dos cuartos intermedios no hubo “propuesta superadora”, al punto que la propia burocracia Celeste de UEPC provincial declaró que la nueva oferta “es un retroceso” y tuvo que retomar la realización del paro de 48 horas, ahora el 5 y 6 de agosto. Mientras Llaryora nos niega a las y los docentes el salario digno que nos corresponde y desprestigia a la docencia planteando todo tipo de mentiras (como que sólo trabajamos cuatro horas y tenemos los mejores salarios docentes del país) propone y da por decreto un inicial que sigue debajo de la línea de pobreza.

Desde Docentes en Marcha, integrantes de la nueva conducción de UEPC Capital, siempre exigimos a la burocracia de Roberto Cristalli que se debía rechazar esa tramposa conciliación y respetar las medidas de fuerza, evitando “planchar” la lucha por semanas. La realidad nos vuelve a dar la razón. Ahora tenemos que hacer un parazo y una movilización multitudinaria, con estudiantes, familias y trabajadores, para apoyar los reclamos de la docencia y a la escuela pública. Y debe ser el comienzo de un verdadero plan de lucha, con paros activos progresivos hasta ganar.

Como venimos insistiendo en la directiva de la recuperada y combativa UEPC Capital, es necesario convocar a una gran asamblea general docente para debatir, organizar y votar cómo seguir el plan lucha, como lo hacemos en ATEN Neuquén Capital, para esquivar las trampas diletantes de la burocracia provincial. Para rechazar cualquier prórroga de la conciliación obligatoria, cuando la docencia ha dado muestras de sobra de que no quiere migajas y está dispuesta a luchar para ganar.

En apoyo a los despedidos del Sutna, estatales, hospital Posadas, entre otros se realizó una importante concentración del sindicalismo combativo el 26 de julio en Plaza de Mayo.

El pasado 17 de junio la empresa Medamax, mayorista de artículos de limpieza y perfumería, cerró de un día para el otro su sede en Laferrere, La Matanza, dejando en la calle a setenta y cinco familias.

Como respuesta a esta situación, los trabajadores iniciaron un acampe en la puerta de la sucursal e impulsaron movilizaciones y un festival en la puerta de la empresa el sábado. Acciones que hemos acompañado desde Izquierda Socialista con la presencia de delegaciones de nuestro partido y por nuestra concejala electa, Olga Ortigoza. Asimismo, Mónica Schlottauer, diputada nacional de Izquierda Socialista, presentó junto al resto de los lesgiladores nacionales del Frente de Izquierda un proyecto de declaración en el Congreso Nacional, para denunciar la situación e impulsar la solidaridad con las y los trabajadores.

Hacemos responsable al ultraderechista Javier Milei y al gobernador peronista Axel Kicillof y al intendente Fernando Espinoza por esta situación, a la vez que les exigimos que intervengan para garantizar la fuente de trabajo de las y los trabajadores, expropiando a la empresa que cerró de forma ilegal. ¡Toda la solidaridad con las y los compañeros de Medamax! ¡No a los despidos!

Corresponsal