La desinversión en la obra pública coloca una señal de alerta sobre la operatividad del ferrocarril. Frente al peligro que esto representa, la Unión Ferroviaria Oeste y el cuerpo de delegados del Sarmiento lanzaron una campaña de denuncias. Por eso entrevistamos a Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de dicha seccional.

El Socialista: ¿De qué se trata la campaña que están desarrollando?
Pollo Sobrero: Estamos en una situación más crítica que cuando se produjo la masacre de Once, que nos dejó 52 muertos y decenas de heridos. Existe el peligro de que las formaciones puedan tener accidentes de varios tipos, con nuevas víctimas. Por eso, desde la seccional Oeste y el Cuerpo de Delegados del Sarmiento decidimos impulsar una campaña pública de denuncia sobre esta situación, exigiendo a las autoridades que escuchen nuestros reclamos para evitar una nueva catástrofe.

ES: ¿Ese peligro lo advierten los usuarios?
PS: La gente advierte los problemas más evidentes. Reclama, con toda razón, que viaja cada vez peor, algo que no es nuevo, pero desconoce en qué condiciones está viajando. Hay graves problemas en el material rodante. Los trenes deberían tener revisiones técnicas cada cinco años para hacer el mantenimiento y cambiar los repuestos necesarios para el buen funcionamiento, pero eso no se cumple. Hay trenes con 1,4 millón de kilómetros recorridos y no se les hicieron revisiones ni se les cambiaron los repuestos porque el gobierno no invierte el dinero necesario. Por otra parte, el estado de las vías es calamitoso y se producen una gran cantidad de descarrilamientos como los que ocurrieron en el San Martín o en el Sarmiento. Como el gobierno ultraderechista les debe 400 millones de dólares a las empresas, las obras se dejan de hacer. No es solo en el Sarmiento, es en todas las líneas de trenes y preanuncia nuevas tragedias.

ES: Sabemos que hubo reducción de personal en el ferrocarril.
PS: Totalmente. Estamos perdiendo el mayor capital que tiene la empresa, que son sus trabajadoras y trabajadores. Más de 4 mil fueron despedidos o se retiraron con despidos voluntarios por los bajos salarios, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Perdimos ingenieros, técnicos y trabajadoras y trabajadores que durante años se capacitaron para el buen funcionamiento del ferrocarril. Este ajuste y la falta de inversión conforman un combo de alto riesgo. Hay una política de destrucción consciente desde el gobierno, que también se aplica en la salud y en la educación. El usuario debe comprender que los atrasos o el aumento de tiempo de los recorridos, no son responsabilidad del guarda ni del personal de boletería de la estación, sino de la empresa y el gobierno que están desmantelando un servicio esencial.

ES: ¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
PS: Necesitamos que los usuarios apoyen nuestra campaña de denuncia para que no tengamos que volver a rescatar víctimas de adentro de un tren. La masacre de Once se pudo haber evitado si el gobierno peronista de la época nos hubiera escuchado. Hoy volvemos a denunciar los graves peligros que enfrentan los usuarios por la falta de mantenimiento y la reducción de personal. Será responsabilidad del gobierno de Javier Milei si se producen nuevos accidentes.

A raíz de las denuncias públicas que llevamos adelante desde el Cuerpo de Delegados del Sarmiento sobre el estado crítico de los trenes, fuimos convocados a una serie de reuniones. Nos recibirán el bloque de senadores del PJ y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El legislador porteño Leandro Santoro articulará un encuentro con sus pares, y la diputada nacional Cecilia Moreau nos propuso otro con su bloque peronista. En cada uno de estos encuentros presentaremos un informe técnico sobre vías, señalamiento, material rodante, mantenimiento, reducción de servicios, salarios y despidos. Exigimos respuestas urgentes para evitar una nueva tragedia ferroviaria.

"Ferrocarriles al borde de una tragedia"

La desinversión en la obra pública coloca una señal de alerta sobre la operatividad del ferrocarril. Frente al peligro que esto representa, la Unión Ferroviaria Oeste y el cuerpo de delegados del Sarmiento lanzaron una campaña de denuncias. Por eso entrevistamos a Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de dicha seccional.

El Socialista: ¿De qué se trata la campaña que están desarrollando?
Pollo Sobrero: Estamos en una situación más crítica que cuando se produjo la masacre de Once, que nos dejó 52 muertos y decenas de heridos. Existe el peligro de que las formaciones puedan tener accidentes de varios tipos, con nuevas víctimas. Por eso, desde la seccional Oeste y el Cuerpo de Delegados del Sarmiento decidimos impulsar una campaña pública de denuncia sobre esta situación, exigiendo a las autoridades que escuchen nuestros reclamos para evitar una nueva catástrofe.

ES: ¿Ese peligro lo advierten los usuarios?
PS: La gente advierte los problemas más evidentes. Reclama, con toda razón, que viaja cada vez peor, algo que no es nuevo, pero desconoce en qué condiciones está viajando. Hay graves problemas en el material rodante. Los trenes deberían tener revisiones técnicas cada cinco años para hacer el mantenimiento y cambiar los repuestos necesarios para el buen funcionamiento, pero eso no se cumple. Hay trenes con 1,4 millón de kilómetros recorridos y no se les hicieron revisiones ni se les cambiaron los repuestos porque el gobierno no invierte el dinero necesario. Por otra parte, el estado de las vías es calamitoso y se producen una gran cantidad de descarrilamientos como los que ocurrieron en el San Martín o en el Sarmiento. Como el gobierno ultraderechista les debe 400 millones de dólares a las empresas, las obras se dejan de hacer. No es solo en el Sarmiento, es en todas las líneas de trenes y preanuncia nuevas tragedias.

ES: Sabemos que hubo reducción de personal en el ferrocarril.
PS: Totalmente. Estamos perdiendo el mayor capital que tiene la empresa, que son sus trabajadoras y trabajadores. Más de 4 mil fueron despedidos o se retiraron con despidos voluntarios por los bajos salarios, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Perdimos ingenieros, técnicos y trabajadoras y trabajadores que durante años se capacitaron para el buen funcionamiento del ferrocarril. Este ajuste y la falta de inversión conforman un combo de alto riesgo. Hay una política de destrucción consciente desde el gobierno, que también se aplica en la salud y en la educación. El usuario debe comprender que los atrasos o el aumento de tiempo de los recorridos, no son responsabilidad del guarda ni del personal de boletería de la estación, sino de la empresa y el gobierno que están desmantelando un servicio esencial.

ES: ¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
PS: Necesitamos que los usuarios apoyen nuestra campaña de denuncia para que no tengamos que volver a rescatar víctimas de adentro de un tren. La masacre de Once se pudo haber evitado si el gobierno peronista de la época nos hubiera escuchado. Hoy volvemos a denunciar los graves peligros que enfrentan los usuarios por la falta de mantenimiento y la reducción de personal. Será responsabilidad del gobierno de Javier Milei si se producen nuevos accidentes.

Leé también la nota de la diputada Mónica Schlotthauer y el ferrocarril

Como parte de esta campaña, la diputada bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad e integrante del Cuerpo de Delegados del ferrocarril Sarmiento denunció que la falta de fondos para el mantenimiento de los trenes significa un riesgo para la seguridad de los usuarios.
Entrevistada por Radio 750, dijo: “El Gobierno no está enviando la plata necesaria para los recambios de partes necesarias para la vida útil de las unidades. La lógica que se sigue es igual que con los autos: cada determinado kilometraje, hay elementos que se deben revisar y cambiar para evitar accidentes. Al no garantizar este mantenimiento, la empresa deja sin servicio a las unidades o recurre a lo que llamamos la ‘canibalización’, es decir, desarma algunas unidades para mantener otras. Entonces, si no reparás las unidades y tenés problemas en las vías, el resultado es el aumento de los descarrilamientos. Una cosa es un descarrilo con carga, que es grave porque tiene costos para el Estado, pero el problema es que transportamos gente”, advirtió.

Además, denunció la situación de las y los trabajadores que sufren bajísimos salarios. “La gente se va y se va mano de obra muy calificada que podría resolver estas situaciones críticas”, afirmó.

“Se decretó una emergencia ferroviaria y la plata que se prometió no llegó donde debía llegar. Mientras tanto, sabemos que se están investigando sobreprecios en el ferrocarril San Martín. No nos sorprende, tratándose de un gobierno totalmente corrupto. Una corrupción que, en este caso, se puede cobrar vidas por no garantizar la seguridad de los usuarios”, agregó.

* Como diputada nacional, presentó un proyecto de ley de reestatización del conjunto del sistema ferroviario bajo control de las y los ferroviarios y organizaciones de usuarios. 

Ver proyecto aquí

Escribe José Castillo

Flybondi nació en 2016 durante el gobierno de Macri, cuando se vendía que la “modernización” aerocomercial vendría de la mano de las low cost. Durante varios años fue, junto con Jet Smart, quien intentó competir contra Aerolíneas Argentinas, nuestra empresa de bandera. Su propietario actual es COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado con base en Estados Unidos, liderado por el argentino Leonardo Scatturice.

El discurso de que “lo privado funciona mejor que lo público” tuvo un claro y rotundo mentís. Flybondi se fue convirtiendo en un paradigma de ineficiencia: jamás llegaba a horario, miles de vuelos cancelados, hasta hacer popular el dicho: “si no querés llegar nunca, sacá un pasaje por Flybondi”. En los últimos meses, funcionaba con un solo avión, dejando un tendal de pasajeros varados.

Por si todo esto fuera poco, ofreció un plan de retiros voluntarios a sus trabajadoras y trabajadores, y quienes lo aceptaron nunca cobraron. Ahora llegó el final anunciado: con su último avión roto, terminó cancelando la totalidad de sus vuelos. Hay cientos de pasajes vendidos que nadie sabe quién va a pagar. Del mismo modo, todo el personal de la empresa no sabe qué pasará con sus salarios.

Así termina otra aventura “privada”. ¿Cómo justificará Milei este desfalco?
    

Escribe Pilar Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA)

La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar dictada en el marco del proceso impulsado por las autoridades universitarias. La resolución ordena al Poder Ejecutivo Nacional garantizar la recomposición salarial del personal docente y no docente, así como la actualización de las becas estudiantiles y de las demás partidas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, en los términos allí previstos. 

Durante estos casi tres años de gobierno de Javier Milei y su plan motosierra contra las universidades, fueron las movilizaciones masivas, como las cuatro Marchas Federales en defensa de la educación pública, las actividades de visibilización, los paros, las asambleas y las ocupaciones, las que lograron que hoy estemos ganando una nueva pulseada.

Mientras el gobierno atraviesa una crisis política, ahora con la renuncia de Manuel Adorni ante las causas de corrupción, las conducciones sindicales y un sector de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional apostaron a un acuerdo con el gobierno. Firmaron un acta que significó una traición a todo el movimiento universitario. Salvaron al gobierno de Milei por un acuerdo menor en salarios y becas, cuando podíamos conquistarlo todo.

Quienes peleamos por la universidad pública debemos sostener esta lucha hasta que se cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley incluye el aumento retroactivo de lo perdido en salarios y la convocatoria a paritarias para negociar de forma permanente los salarios y las condiciones de trabajo. También contempla el aumento de los gastos de funcionamiento para obras de infraestructura, servicios y mantenimiento, la actualización de las becas de estudio y las partidas presupuestarias para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

La defensa de la educación pública está en nuestras manos. Por eso es clave la participación activa en asambleas, exigiendo continuar con el no inicio, los paros y un plan de lucha si el gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario conquistada en las calles. Exigimos a las conducciones sindicales y estudiantiles que convoquen a medidas de lucha.

Mientras tanto, seguimos impulsando las autoconvocatorias que se fueron realizando, junto con iniciativas de petitorios y distintas medidas de lucha. En ese camino se ubica el ejemplo del Conicet, que viene reclamando por la defensa del sistema científico nacional, y el de los gremios combativos que rechazaron los acuerdos con el gobierno.

Toda esa fuerza debe avanzar hacia una mayor organización independiente de todas las variantes patronales del radicalismo y del peronismo. La lucha sigue y le podemos ganar al gobierno ultraderechista de Milei.