Escribe Mariano Soria

El martes 4 llegó a su fin un extenso juicio contra los directivos de Acindar y miembros de las fuerzas represivas y paramilitares de la Triple A, responsables de secuestros, torturas y asesinatos durante la operación Serpiente del Paraná en marzo de 1975. El operativo, ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón y respaldado por la burocracia metalúrgica de Lorenzo Miguel, buscó desarticular a la nueva conducción de la UOM de Villa Constitución.

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, apoyaba activamente a esa dirección e impulsaba su coordinación nacional contra el gobierno, la burocracia sindical y las bandas fascistas que atacaban diariamente a las y los trabajadores combativos. El operativo fue desplegado por unos 4 mil efectivos de fuerzas federales, provinciales y parapoliciales para desmantelar una experiencia de organización obrera y antiburocrática que había puesto en jaque al poder patronal y sindical en la región. En la causa, conocida como El Villazo, se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos de 57 víctimas, y se sentaron en el banquillo 17 acusados: dos exdirectivos de Acindar y quince integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario absolvió a los 17 imputados por mayoría, pese a que el Ministerio Público Fiscal había solicitado prisión perpetua para los exdirectivos de la siderúrgica y penas de entre 10 y 25 años para los expolicías. Uno de los jueces votó en disidencia, considerando acreditados los delitos de lesa humanidad en al menos diez casos. La resolución deja impunes crímenes cometidos bajo el amparo del Estado y las patronales, pese al trabajo incansable de militantes, abogadas y abogados que durante meses reunieron pruebas y testimonios para exigir castigo a los genocidas.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguiremos acompañando la lucha para terminar con la impunidad de los crímenes del Villazo.

Escribe Guido Poletti 

Noviembre arrancó con un nuevo mazazo para el ya pulverizado bolsillo del pueblo trabajador: se viene una nueva ola de tarifazos.

El gobierno oficializó aumentos para el gas y la electricidad de aproximadamente un 3,8%. En el caso del gas, los hogares pasarán a pagar más que las empresas, algo que nunca había sucedido en la historia.

También se autorizaron incrementos en la medicina prepaga, que, a las astronómicas facturas mensuales actuales, podrán sumarle subas que rondarán entre el 2,1 y el 2,8%.

El transporte público también aumentó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto de los colectivos en territorio bonaerense subió un 4,1%, alcanzando los 572,86 pesos para el tramo mínimo. En CABA, el boleto de menor valor pasó a ser de 568,91 pesos.

Desde noviembre, el valor del pasaje en el subte pasó a costar 1.157 pesos para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Quienes usen una SUBE no registrada pagarán un valor sensiblemente mayor: 1.839,63 pesos.

También se registraron aumentos en los alquileres. Para los contratos regidos por la vieja ley, la suba será del 42,45%, prácticamente impagable.

Por si todo esto fuera poco, comenzaron nuevos incrementos en la nafta y el gasoil, que, por supuesto, a lo largo del mes repercutirán en el precio de otros productos.

Es mentira que está “domada” la inflación. Los precios siguen subiendo, y en todos los casos superan cualquier incremento de salarios y jubilaciones. Por eso sigue siendo necesario salir a pelear por un salario digno, donde nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Para eso, la CGT tiene que romper su pacto con el gobierno y lanzar un nuevo paro general y un plan de lucha que empalme con la pelea contra la reforma laboral que está anunciando el oficialismo. Se puede ganar: las y los compañeros del Hospital Garrahan demuestran que, con la lucha, es posible.

Escribe Guido Poletti

Se inició un nuevo juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández y varios de sus funcionarios. Se trata de la conocida “causa de los cuadernos”, donde se entrecruzan coimas millonarias entre grandes empresarios, secretarios y ministros de los tres gobiernos peronistas kirchneristas.

Nunca dudamos de los numerosos hechos de corrupción que rodearon a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En su momento los denunciamos uno por uno. Basta recordar, por citar un ejemplo, toda la corrupción vinculada a la masacre de Once, denunciada sistemáticamente por nuestras compañeras y compañeros de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, en especial por Rubén “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer.

En este caso, más allá de la evidente responsabilidad de los funcionarios involucrados, resulta escandaloso que la inmensa mayoría de los empresarios cómplices hayan sido liberados de cargo y culpa mediante el simple expediente de transformarse en “testigos colaboradores”. Un auténtico despropósito judicial.

Los gobiernos corruptos

No se nos escapa el oportunismo del momento elegido para iniciar este juicio. Su objetivo es desplegar un show mediático que distraiga del avance del gobierno contra el pueblo trabajador, con nuevas medidas de ajuste y el lanzamiento del ataque mayor: la reforma laboral.

El inicio del juicio, y la decisión de prolongarlo para transformarlo en un “culebrón” que dé rating a los medios de comunicación antikirchneristas, contrasta con la absoluta parálisis de las causas que involucran al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. Tal es el caso del Cripto-gate, del que surgen novedades casi a diario desde Estados Unidos, pero que en la justicia argentina continúa cajoneado. Lo mismo ocurre con las denuncias de coimas contra Karina Milei, el famoso “3%” cobrado a costa de las personas con discapacidad.

El gobierno ultraderechista de Milei es escandalosamente corrupto. También lo fue el de Macri, con casos emblemáticos como el de Calcaterra. Y ni hablar de la larga lista de hechos de corrupción del kirchnerismo. Si seguimos hacia atrás, encontramos los históricos escándalos del menemismo (Yoma-gate, Swift-gate, tráfico de armas a Croacia y Ecuador, privatizaciones). En todos los casos se repite el mismo patrón: gobiernos coimeros por un lado, empresarios beneficiados por el otro. Todos socios y felices, a costa del pueblo trabajador.

La deuda externa

Cuando se habla de corrupción, nunca debemos olvidar el mayor monumento a la corrupción de la historia argentina: la ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta deuda externa generada por la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, de la que se beneficiaron innumerables grupos económicos locales y extranjeros, como la familia Macri.

Esa deuda fue luego reconocida, pagada y multiplicada por absolutamente todos los gobiernos posteriores: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, los Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Dentro de esa cadena hubo operaciones fraudulentas como el megacanje de 2001 (por la que el hoy ministro Federico Sturzenegger debería estar preso, de no haberlo salvado la Corte Suprema), o los negociados con bancos internacionales como el JP Morgan y el Deutsche Bank, donde trabajaron Luis “Toto” Caputo, Santiago Bausili y toda la actual plana mayor del equipo económico de La Libertad Avanza.

¿Cuál es la salida?

Nuestra posición siempre fue clara: todos los responsables deben ser condenados y devolver lo robado, sin excepciones, incluyendo a los empresarios beneficiados por estos negociados. Pero la conclusión más profunda es que la corrupción está estructuralmente ligada a los gobiernos patronales y a sus políticas de entrega al capital imperialista, con sus consecuencias de ajuste, endeudamiento y saqueo.

La única salida es que gobiernen quienes no tienen complicidad con este pasado: las y los trabajadores y la izquierda, poniendo en marcha un programa obrero y popular que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, con Trump y con todos los lazos que atan al país al sometimiento político y económico del imperialismo yanqui.

Escriben Diego Saavedra y David Lastra, referentes y candidatos a delegados de la Junta Interna de ATE

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Administración anunció un aumento del 61% en el salario básico de todo el personal del Hospital Garrahan.

El incremento alcanza a residentes, becarios, personal contratado y de planta: enfermería, médicos, profesionales de la salud, técnicos, docentes y administrativos.

Sumado a los bonos ya conquistados (de 350 y 450 mil pesos), este logro representa un triunfo contundente en la pelea contra el vaciamiento del hospital y por un aumento salarial que garantice que ningún trabajador ni trabajadora cobre menos que el valor de la canasta familiar.

Se trata de un triunfo rotundo, producto de meses de un conflicto arduo, sostenido sobre decisiones democráticas en asambleas y con un método de lucha basado en el paro como herramienta central.

Contó además con un enorme apoyo popular, que convirtió en causa nacional la defensa del Garrahan y de sus trabajadores.

De esta forma se logró una derrota contundente al gobierno ultraderechista de Javier Milei, a su plan motosierra y a todas las agresiones contra las y los que luchan.

Al mismo tiempo que seguimos enfrentando cualquier intento de represalia o sanción sobre el activismo, es fundamental realizar un balance profundo de esta lucha ejemplar para extraer conclusiones que sirvan al conjunto de nuestra clase.

La unidad fue clave para el triunfo

Se consiguió la unidad de todo el hospital detrás del reclamo salarial mediante el método de la asamblea.

Cada paso en el conflicto fue decidido colectivamente en asamblea general de trabajadoras y trabajadores, sin distinción de tareas, filiación sindical ni modalidad de contratación.

Otro elemento central que condujo al triunfo fue la dirección del conflicto, que recayó en sectores del sindicalismo combativo.

En ese marco, la combativa Junta Interna de ATE del hospital (con una enorme tradición de lucha de más de dos décadas) fue clave para llevar esta pelea a la victoria.

Buscó siempre la unidad con el resto de los sectores, especialmente con la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y con las y los médicos autoconvocados, empujando para seguir adelante incluso cuando las distintas alas burocráticas de la conducción de ATE retacearon apoyo al conflicto más importante que se desarrollaba en el Estado.

Es necesario también resaltar el contraste con la tregua y la traición de la burocracia sindical peronista.

A tono con la orientación nacional de la CGT, Sutecba y UPCN (gremios que actúan en el hospital) cumplieron el rol de voceros de la patronal y de arietes para intentar quebrar la lucha.

Se ganaron así el repudio sintetizado en una frase elocuente: “Los trabajadores luchando: 61%. UPCN dialogando: 1%”.

Aún queda el desafío de seguir reclamando la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, el pase a planta permanente de las y los contratados, la incorporación a la carrera profesional y el cumplimiento de las demandas vinculadas a las condiciones laborales.

El conflicto, en esta nueva etapa, enfrenta la ofensiva patronal que busca disciplinar y silenciar a quienes luchan: rechazamos los más de 50 sumarios administrativos y las causas penales abiertas contra decenas de activistas.

Desde Estatales y Salud en Marcha, llamamos a poner en pie una gran campaña unitaria para enfrentar los millonarios descuentos descargados sobre sectores que estuvieron al frente de la pelea (como enfermería, centro quirúrgico y jardín maternal) y para derrotar los sumarios persecutorios.
Al mismo tiempo, impulsamos la campaña electoral de la combativa Lista Roja de ATE, que el 11 y 13 de diciembre buscará ratificar su conducción al frente de la Junta Interna.

Esta elección debe ser un paso más en el fortalecimiento de la organización de los distintos sectores del hospital, para defender lo conquistado, avanzar en lo que falta y rechazar con firmeza la reforma laboral que impulsa el gobierno.
Nuestra agrupación se pone a disposición de estos nuevos desafíos y abre sus puertas a todo el activismo del hospital que quiera sumarse para fortalecer esta perspectiva de lucha.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys

A dos semanas de las elecciones para renovar la conducción de nuestro sindicato, seguimos recorriendo las escuelas de todos los niveles de CABA. Llevamos las propuestas de la Lista Multicolor Unidad, para fortalecer el sindicalismo docente combativo desde Ademys y la conducción Multicolor.

El recibimiento en las escuelas fue muy bueno. Un reconocimiento que también se traduce en el apoyo al sindicato, que desde la asunción de la primera dirección Multicolor hasta hoy, se ha identificado con la defensa consecuente de los derechos de la docencia de la Ciudad, muchas veces en absoluta soledad.

En cada visita intercambiamos sobre lo que vivimos cotidianamente en las escuelas: la angustia por los salarios miserables que empujan al pluriempleo, el agotamiento ante el aumento desmedido de las tareas, la pelea contra la “falsa inclusión” que desmantela las escuelas especiales y deja en crisis a las primarias e iniciales, y la situación social que producto del ajuste de los gobiernos se cuela a diario en las aulas. Todo esto repercute directamente en nuestra vida cotidiana y en la salud de nuestros chicos y sus familias.

El gobierno de Javier Milei, con el apoyo de los gobernadores que estos días desfilan por la Casa Rosada, anunció el tratamiento de proyectos de reforma laboral “de segunda generación”. De aprobarse, significarían un golpe estructural a las condiciones y derechos laborales conquistados por las y los trabajadores durante décadas de lucha.

Es lo que hace tiempo reclaman los organismos imperialistas y las patronales en nuestro país, que buscan aprovechar el resultado electoral para avanzar con estos ataques.

Este es un desafío inmediato que enfrentamos junto con el reclamo de un aumento salarial equivalente al valor de la canasta familiar, para cubrir las necesidades de nuestros hogares.

Todo esto nos coloca ante la necesidad de fortalecer la organización docente y de nuestro sindicato en particular para prepararnos mejor frente a las medidas de ajuste.

El crecimiento del cuerpo de delegadas y delegados es uno de los principales desafíos.

Por eso, a diferencia de lo que plantea Tribuna Docente (que impulsa la elección de delegados junto a la burocracia sindical), nosotros creemos que debemos apostar fuertemente al desarrollo de un cuerpo de delegados que exprese un modelo sindical y una política diametralmente opuestos a los de la burocracia Celeste, cómplice del ajuste de Milei y de Jorge Macri.

Esta burocracia, frente a los constantes ataques a la docencia, no ha convocado una sola medida de fuerza, confirmando el rumbo vergonzante del sindicalismo peronista.

Por eso, en las escuelas, cayó muy mal la decisión de Tribuna Docente de romper el Frente Multicolor, del que formó parte desde 2013 hasta hace pocos días.

No se entiende cómo hace apenas unos meses (como lo hicieron todos estos años) votaron favorablemente todo lo actuado por la Dirección Multicolor en la Asamblea de Memoria y Balance, y repentinamente declaran que la Multicolor es un proceso “agotado”.

No se fortalece el sindicalismo combativo fracturándolo bajo el eufemismo de “relanzamiento” del sindicato.

Todo lo contrario: esa decisión debilita una herramienta fundamental con la que cuenta la docencia de la Ciudad para luchar. Insistimos en que es un grave error.

En cada charla con las compañeras y compañeros planteamos que, para fortalecer a Ademys, es clave el voto a la Multicolor: para seguir siendo un sindicato que pelee por el salario, que enfrente las políticas disciplinadoras como la instalación de la huella digital para el presentismo, y que rechace las reformas educativas como BA Aprende, que precarizan la escuela media y degradan las condiciones laborales a pedido de los organismos internacionales.

Votar a la Multi es también reafirmar un modelo sindical que decide en asambleas abiertas con toda la docencia, que mantiene a su directiva en las aulas y que es solidario con todas las luchas docentes y de los trabajadores en general, lo que le ha valido un gran reconocimiento en todo el país.
Militemos con fuerza en estos quince días el voto a la dirección combativa Multicolor, por más unidad, que es lo que necesitamos para enfrentar a la ultraderecha y su plan motosierra, que degrada la vida de los trabajadores y ataca la salud y la educación públicas.

Votar a la Multicolor es votar por esa unidad que sostenemos en las escuelas los compañeros de Lista de Maestres y Profesores, 9 de Abril y Alternativa Docente.

Sigamos en el camino de convertir a Ademys en la dirección de la docencia de toda la Ciudad.