
Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta de Adosac provincial
El gobierno de Claudio Vidal, luego de la paliza electoral sufrida el 26 de octubre, decidió adelantar la convocatoria a paritarias, una exigencia planteada por Adosac en sus últimos congresos.
La fecha prevista era la del martes, pero se trasladó al día de hoy, miércoles 12 de noviembre, a pedido de AMET.
Como primera reacción a la derrota electoral, el gobernador pidió la renuncia de su gabinete, aunque hasta el momento sólo realizó algunos cambios formales.
No removió, sin embargo, a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, tal como exige la docencia santacruceña.
La única medida destacada hasta ahora fue la adjudicación de las áreas petroleras dejadas por YPF, de las cuales al menos diez serán tomadas por la empresa estatal provincial Fomicruz, en un intento de “inaugurar” una nueva etapa de gobierno bajo un RIGI santacruceño.
Para la reunión paritaria de este miércoles, Adosac llega con dos definiciones políticas fundamentales: primero, una oferta salarial al básico vinculada a la cláusula gatillo como parte del proceso de recomposición salarial; segundo, la defensa de los puestos laborales y la necesidad de abordar una reforma de la legislación educativa que contemple la matrícula, la categoría de las escuelas, la creación de cargos para la inclusión, las parejas pedagógicas y los indispensables gabinetes interdisciplinarios, entre otras propuestas que se llevarán a la mesa.
Por otra parte, haber ganado como Frente 7 Multicolor la mayoría de las vocalías en la Junta de Disciplina fortalece a la docencia combativa frente al gobierno y la burocracia Lila.
Se trató de una elección convocada por el Consejo Provincial de Educación, de gran importancia, en la que participan listas gremiales y vota toda la docencia de la provincia.
La Lista 7 Multicolor fue encabezada por nuestra compañera de la Naranja-Docentes en Marcha, Mónica Nacimiento, quien sin duda desarrollará un trabajo al servicio de las y los trabajadores de la educación.
Este fin de semana se realizarán nuevamente las asambleas en todas las filiales y el congreso provincial, con el objetivo de evaluar la propuesta presentada por el gobierno en la mesa paritaria y definir medidas de acción, si esa fuera la conclusión de la base docente.
Escriben Adrián Primerano y Javier Varveri
Parazo en la 148, 159, 500 y otras líneas del Conurbano sur (UTA).
El viernes 7 de noviembre, ante un nuevo incumplimiento en el pago de los salarios por parte de la patronal, se inició un paro de colectivos de cinco días en la Línea 148 El Halcón, impulsado por el combativo cuerpo de delegados de la UTA. El conflicto terminó con un nuevo triunfo: se pagaron los sueldos, los viáticos y no se descontarán los días de paro.
En julio ya habían parado cuatro días porque no les pagaron los sueldos ni el aguinaldo. En octubre, nuevamente, realizaron un paro de tres días por la misma razón. Pero esta vez no solo paró El Halcón (Línea 148), sino que se sumaron El Blanquito (159) y las líneas 219, 300, 372, 500, 584, 603 y 619. Todas pertenecen a la misma patronal, que opera con distintas razones sociales y alega recortes y retrasos en los pagos de subsidios por parte del gobierno nacional.
Estos incumplimientos se vienen repitiendo hace meses, pero ahora las líneas siguieron el ejemplo de la 148 y resolvieron parar hasta que se depositaran los salarios. ¡Los choferes dijeron basta! Y la zona sur del Conurbano quedó paralizada.
Hay preocupación por los puestos de trabajo, ya que se habla de la posible entrada de una nueva patronal con el objetivo de cerrar ramales, quitar derechos y despedir trabajadores.
Desde Izquierda Socialista y la corriente sindical A Luchar seguimos apoyando al cuerpo de delegados de la 148, que no tuvo despidos en dos años de gestión de Javier Milei y encabezó cortes del Puente Pueyrredón contra las paritarias a la baja firmadas por Roberto Fernández con el presidente y las patronales. También participaron en las movilizaciones a la UTA junto a otros cuerpos de delegados opositores.
Un nuevo ejemplo de lucha y resistencia obrera frente al plan motosierra y la reforma laboral que Milei pretende imponer.
Foto de portada*
Mercedes de Mendieta, diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad junto a una delegación de los municipales de Vicente López fueron a llevar la solidaridad al acampe en Pilar de los trabajadores de la empresa de cerámicas ILVA que llevan más de setenta días de conflicto.
Acompañamos su lucha y exigimos la reincorporación de los 300 despedidos. Si gana el ILVA ganamos todas y todos.
La reforma laboral que el gobierno pretende llevar adelante con el apoyo de Donald Trump y de los gobernadores es un ataque al conjunto de la clase trabajadora, pero golpea especialmente a las mujeres y disidencias, que somos las más pobres entre los pobres. Por eso es fundamental salir a enfrentarla y organizarnos como feministas contra esta reforma que busca beneficiar aún más a las empresas a costa de nuestros derechos.
Se puede ganar esta pelea: el camino es la lucha, como demostraron las y los trabajadores del Hospital Garrahan, que conquistaron un aumento salarial del 61% gracias a la organización y la movilización.
Las mujeres y disidencias también somos blanco de la reacción patriarcal que impulsa el gobierno contra las conquistas del movimiento feminista. Ejemplos claros de esta ofensiva son el desfinanciamiento de los programas de atención a víctimas de violencia de género, los despidos en el cupo laboral travesti-trans, la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el intento de establecer penas más duras por supuestas “falsas denuncias” realizadas por víctimas de violencia o abuso.
En el presupuesto 2026, directamente no hay fondos para el programa Acompañar ni para la línea 144, dejando a miles de víctimas de violencia de género aún más expuestas frente a sus agresores y sin ningún tipo de protección estatal.
En este contexto, los sectores fachos y reaccionarios se sienten impunes para cometer más ataques y crímenes de odio, alentados por los discursos que provienen del poder. En el último año aumentaron un 70% los ataques de odio y las agresiones callejeras contra personas gays, lesbianas, travestis y trans.
La respuesta del movimiento de mujeres y disidencias sigue siendo fundamental para frenar esta avanzada conservadora. Venimos de un año marcado por grandes movilizaciones, como la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del 1° de febrero y la Marcha del Orgullo del 1° de noviembre, que demostraron que seguimos de pie y en lucha.
Desde Isadora y Disidencias en Lucha impulsamos que el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias resuelva un plan de lucha feminista contra la reforma laboral de Milei, Trump y los gobernadores, y que exija presupuesto para combatir la violencia de género, no para pagar la deuda externa.
Además, proponemos que la próxima sede del 39° Encuentro Plurinacional, en 2026, sea en la Ciudad de Buenos Aires, el corazón político del país, para hacer sentir con más fuerza nuestra voz y demostrar que el movimiento feminista sigue organizado y dispuesto a enfrentar al gobierno patriarcal y ajustador.
CONTRA LA REFORMA LABORAL DE MILEI, TRUMP Y LOS GOBERNADORES
PLATA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, NO PARA LA DEUDA
¡Viajá con nosotres!
w. 116136-5499
ig. ISADORA_MUJERES EN LUCHA
ig. DISIDENCIASENLUCHACABA
Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad
La Conferencia de las Partes (COP) es la principal instancia de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Reúne a 198 partes (197 países y la Unión Europea). Este año, se realizó en Belém, en el norte de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.
A diez años del Acuerdo de París
La COP30 se convocó al cumplirse una década del Acuerdo de París, cuando los gobiernos del mundo se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para que la temperatura global no superara, durante el siglo, un aumento de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Superar ese límite supondría abrir un escenario incierto y de riesgos catastróficos para el conjunto de la especie humana.
La realidad es que la temperatura media de los últimos tres años ya superó ese umbral. En 2024 incluso alcanzó los 1,6 grados, lo que lo convierte en el año más caluroso de los últimos 125 mil del planeta.
El informe publicado por la Universidad de Oxford, El estado del clima en 2025: un planeta al borde del abismo, recopila investigaciones que señalan que de 34 signos vitales planetarios relevados, 22 se encuentran en estado de emergencia.
En ese marco, se destaca que en 2024 los incendios forestales aumentaron un 370%. La masa de hielo de Groenlandia y de la Antártida se encuentra en mínimos históricos de volumen, incluso pasando puntos de no retorno que amenazarían con provocar metros de aumento en el nivel de los mares.
Este escenario se expresa también en el huracán más potente de la historia, que azotó a Jamaica la última semana, y en los extremos climáticos que vivimos en la Argentina: por un lado, temporales e inundaciones; por otro, sequías e incendios cada vez más frecuentes.
De mantenerse el ritmo actual de aumento de la temperatura global, los costos asociados a los llamados “desastres naturales” derivados del calentamiento global implicarían, de acá a 2050, una pérdida del Producto Bruto Mundial de 18 billones de dólares, el equivalente a multiplicar por seis las pérdidas de los dos años de pandemia de Covid-19.
Más grave aún: esta dinámica expondría a la muerte a unos dos mil millones de personas y multiplicaría exponencialmente las migraciones forzadas provocadas por la crisis climática.
¿La COP “de la verdad”?
Tras tres años de conferencias en países petroleros (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán), la convocatoria de la COP30 en Brasil, país donde en 1992 se originó la Cmnucc, y bajo una presidencia autodefinida como “progresista”, se presentó como la oportunidad de marcar un giro hacia un mayor compromiso con el abandono de los combustibles fósiles.
Sin embargo, en la previa de la cumbre, el propio Lula autorizó la explotación petrolera en plena Amazonia, un territorio hoy amenazado de muerte por el avance de la frontera agropecuaria y las consecuencias del calentamiento global.
Las contradicciones no terminan ahí: al inaugurar la cumbre, Lula planteó que debía ser “la COP de la verdad”, una instancia de acciones climáticas más contundentes. A pesar de ello, al segundo día de la conferencia, la Marcha de los Pueblos (integrada por colectivos socioambientales y pueblos originarios), que se movilizó hasta la sede de Belém con esa misma exigencia, fue reprimida por la policía local.
La nota del evento, sin embargo, la dio la ausencia de Donald Trump, quien llevó hasta el extremo su negacionismo climático. El principal responsable histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero que están incendiando el planeta decidió abandonar las políticas de mitigación y adaptación, y duplicar los subsidios al fracking en Estados Unidos.
La movilización global contra el cambio climático logró instalar la problemática y forzar a los gobiernos a tomar medidas, aunque parciales, que apenas han ganado algo de tiempo frente al colapso.
Está claro que solo la clase trabajadora, junto con los movimientos socioambientales y los pueblos originarios, podrá avanzar en la articulación de una estrategia capaz de enfrentar no solo las consecuencias, sino las causas de la catástrofe: un sistema capitalista que destruye el planeta en nombre de la ganancia.
La única salida real pasa por gobiernos de las y los trabajadores que tomen medidas de fondo hacia una planificación socialista, única vía para evitar la catástrofe que nos amenaza.