Escribe José Castillo

El JP Morgan, uno de los principales bancos de inversión transnacionales del mundo, tuvo tres apariciones protagónicas en nuestro país en 2025. Allá por abril, conjuntamente con el anuncio del FMI de otorgar un nuevo crédito al gobierno de Milei, el JP Morgan encabezó un grupo de bancos que también prestaron un poco más de 1.000 millones de dólares, con el claro objetivo de fortalecer a La Libertad Avanza ante el año electoral. Sin embargo, un mes después, el mismo banco anunció que ya había ganado lo suficiente y que se “retiraba” y aconsejaba a los especuladores internacionales a “abrir un compás de espera”. La tercera aparición fue hace unas pocas semanas, ahora avisando que ante las super-tasas volvía a convenirle entrar en el carry trade (forma elegante de decir “bicicleta financiera”). 

Detrás de esta permanente presencia, entrando y saliendo según le convenga, está una realidad bien concreta. El JP Morgan tiene virtualmente colonizada la cúpula del Ministerio de Economía y del Banco Central. Fueron gerentes subordinados, o sea empleados jerárquicos de ese banco, nada menos que el propio ministro Luis “Toto” Caputo, su viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y su vice Vladimir Werning. Justamente los cuatro que rodearon a Milei en su último discurso en cadena nacional. La imágen vale más que mil palabras.

Diputados del Frente de Izquierda presentaron una denuncia en Comodoro Py contra el primer ministro israelí, acusado por crímenes de guerra. Rechazan su visita al país, invitado por el presidente Javier Milei.

Una denuncia penal fue presentada en los Tribunales Federales de Comodoro Py contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de genocidio contra el pueblo palestino. La iniciativa fue impulsada por las y los diputados de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano, junto a la legisladora porteña Mercedes Trimarchi.

La presentación busca que Netanyahu sea detenido en caso de ingresar al país, al cual anunció que visitará en septiembre, invitado por el presidente Javier Milei. “Repudiamos a Milei por haberlo invitado. Decimos ‘no en nuestro nombre’. Fuera Netanyahu de Argentina”, expresaron las y los legisladores, quienes además exigieron la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Las y los diputados recordaron que Netanyahu enfrenta un pedido de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, como el uso del hambre como método de guerra y los ataques contra civiles en Gaza. “Si pisa suelo argentino, debe ser detenido de inmediato”, afirmaron.

La denuncia se fundamenta en la adhesión de Argentina al Estatuto de Roma, que otorga legitimidad para colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI). “Nuestro país tiene potestad autónoma para solicitar a Interpol la captura internacional de Netanyahu y entregarlo a la CPI”, señalaron.
Finalmente, las y los legisladores reafirmaron su apoyo a la causa palestina y a las iniciativas internacionales que buscan romper el bloqueo humanitario en Gaza. “Acompañamos las flotillas que partirán desde España y Túnez para llevar ayuda humanitaria y exigir una Palestina libre, del río al mar”, concluyeron.

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Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde la conformación de la Comisión Investigadora por la cripto estafa en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional y sus aliados han buscado, con diversas maniobras, impedir que avance la investigación, obstruyendo la definición de la presidencia, lo que podría destrabarse en los próximos días. De ser así, la comisión podría emitir un dictamen en base a las investigaciones que periodistas y especialistas en criptomonedas han expuesto. Ese dictamen podría incluso utilizarse en un juicio político o en la investigación judicial. Milei, Karina y los mercenarios financieros que fueron parte de la estafa no quieren que en el medio de la campaña electoral sigan saliendo a la luz nuevos hechos que golpeen al gobiern y reafirmen lo que fue evidente desde el 14 de febrero: entre “estúpido o corrupto”, el presidente es lo segundo. 

Las diversas investigaciones periodísticas han marcado que Hayden Davis, creador de la cripto $Libra, fue llevado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy a Karina y Javier Milei. Davis visitó Argentina en seis oportunidades. El 30 de enero se documentó la primera reunión oficial, luego de la cual Davis transfirió 500.000 dólares a Novelli, quién abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia. La segunda transferencia se hizo minutos antes de que Terrones Godoy y Novelli recibieron el dinero el 4 de febrero, y la tercera, se hizo el 13 de enero antes del lanzamiento de Libra. El 17 de febrero Novelli fue a retirar el dinero. 

La estafa fue armada y planificada, desde Davis, Novelli y Terrones junto con Karina y Milei. El cripto experto Fernando Molina (especialista en blockchain) ha sido contundente en la red social X en mostrar que hubo estafa. Las mentiras de que “no sabía nada”, que “actuó por cuenta propia” o que “era un negocio privado  para fomentar a las pymes” caen por sí mismas ante los hechos. Milei estuvo en la planificación previa, la impulsó y la promocionó usando la investidura presidencial junto a Karina, que recaudó la ganancia, y los usureros financieros Novelli y Terrones Godoy, que se hicieron parte del aparato del Estado para la usura y para atacar al pueblo trabajador. 

Desde Izquierda Socialista estamos por que avance el dictamen de la comisión investigadora y también hemos pedido el juicio político para Milei. También somos claros, que no podemos confiar en un Congreso cuyas diputadas y diputados han sido cómplices del gobierno. Exigimos que avance la investigación y que se termine con la impunidad de Milei estafador.  

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Los 24 gobernadores presentaron dos proyectos que ponen en discusión fondos para las provincias. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto al Combustible, que piden que vayan automáticamente a las provincias. Los ATN son recursos equivalentes al 1% de la masa coparticipable, creados por la Ley 23.548 para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. Plata que todos los gobiernos nacionales manejaron de manera discrecional, utilizándolos como caja para gobernadores aliados. En 2024 el presidente Javier Milei ejecutó sólo el 7,3% y en el primer semestre del 2025 el 20,2%. Dinero que fue directo a pagar la deuda y para la especulación financiera. En el caso del Impuesto al Combustible, el proyecto dispone de esos fondos para la coparticipación, pero en ninguno de los casos queda claro a dónde irán los fondos. 

Ahora bien, los mandatarios provinciales han sido cómplices de garantizar la gobernabilidad nacional y, recién ahora en un año electoral, están obligados a desmarcarse. Los gobernadores, desde todos los partidos patronales, los oficialistas como Jorge Macri y Alfredo Cornejo o los que fueron abiertamente funcionales como Maximiliano Pullaro, Claudio Vidal, Raúl Jalil, Carlos Sadir o Martín Llayora (que ahora se presentan en un frente electoral) o lo que son opositores como Kicillof, aplicaron el ajuste en sus provincias, lo que se puede ver reflejado en el salario de docentes, trabajadores de la salud y estatales. 

La mayoría de los gobernadores fueron parte del Pacto de Mayo, creyendo que podían negociar dinero a cambio de votos a leyes como fue el caso de la Ley Bases y el paquete fiscal. Los mismos que no movieron un dedo ante los recortes de las transferencias para obra pública o del Fonid. Sin su colaboración (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) y de sus legisladores y legisladores, no se explica cómo el gobierno de Milei, que tiene amplia minoría en el Congreso, promulgara vetos o la ratificación del DNU para avanzar en una nueva estafa con el FMI por 20.000 millones de dólares. De ahí salieron los 87 “héroes” que comieron el “asadito” luego de sacarle una migaja a las y los jubilados. 

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad hemos planteado que es correcto que esa plata vaya a las provincias, pero que no podemos darle un cheque en blanco a los gobernadores, sino que tiene que ir a satisfacer las necesidades populares. En el caso de los ATN hemos planteado que ese 1% vaya para salarios de las y los docentes, trabajadores de la salud y municipales y lo que va a la Nación a las universidades y el Garrahan. En el caso del Impuesto al Combustible que busca coparticiparse, se destine a los fines que ya tenía: plan de viviendas, obras de infraestructura hídrica y a Vialidad Nacional para las rutas y caminos nacionales, que hoy son un verdadero Cromañón en potencia. Y que ese dinero sea controlado por las y los trabajadores y no por los gobernadores para que la plata vaya a dónde tiene que ir: al pueblo trabajador de las provincias.

Escribe Reynaldo Saccone, expresidente de la Cicop

Hay cien muertos por fentanilo contaminado de los cuales el juez federal Ernesto Kreplak ha certificado hasta ahora 87. En estos días el Instituto Malbrán determinará la cifra de víctimas precisa. Hasta ahora prácticamente duplica las víctimas fatales de la masacre de Once del 2012 y solo es superada por los 194 muertos producidos por el incendio de Cromañón en 2004.

Este medicamento similar a la morfina se usa solamente en ambiente hospitalario y generalmente en áreas cerradas. Su producción es limitada y no se vende en farmacias, lo que debiera facilitar una estrecha vigilancia por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat), el organismo encargado de velar por la calidad de medicamentos, alimentos y otros productos de uso médico e higiene.

En los primeros días de diciembre de 2024, la Anmat inspeccionó los laboratorios productores: HLB Pharma en San Isidro y titular de la marca; y el Laboratorio Ramallo, donde realmente se fraccionaba la droga en pésimas condiciones que los inspectores catalogaron como “deficiencias críticas mayores”. Irresponsablemente la Anmat no incautó el lote y el 18 del mismo mes la partida cuestionada salió a la venta y se distribuyó durante casi seis meses. Hubo que esperar las 18 víctimas del Hospital Italiano de La Plata (nueve de las cuales murieron) para que, finalmente, el 13 de mayo se ordenara el retiro de productos y se presentara la denuncia penal. Córdoba y Rosario, en realidad, se habían adelantado por varias semanas a suspender la distribución y aislar los lotes contaminados.

Resultado de una política criminal y empresarios inescrupulosos

No fue fatalidad ni accidente. Podría haberse previsto y evitado si hubiera funcionado correctamente la Anmat. Pero esta no cumplió su rol por la combinación de dos aspectos de la política del gobierno ultraderechista. Por un lado, la acción de la motosierra que disminuyó su personal (quedaron diez inspectores para atender 300 laboratorios). Por el otro la desregulación, que no es otra cosa que permitir a las grandes empresas rebajar la calidad de su producción o, directamente, adulterarla (como en este caso) para aumentar sus ganancias.

Un tercer protagonista es Ariel García Furfaro. Sin antecedentes en el rubro (aunque estuvo preso entre 2002 y 2005 por lesiones graves), compró un laboratorio en el sur de Rosario que explotó en 2016 y destruyó casas vecinas. Al año siguiente, abonó la compra de un segundo laboratorio con once cheques sin fondos, operación por la cual aún está judicializado. (La Nación, 28/5/2025). La compra en 2017 de HLB Pharma también lo envolvió en un proceso judicial por el cual pesa sobre él una inhibición general de bienes (La Nación, 28/5/2025). Resulta obvio que este empresario solo puede operar gracias a que posee fluidos contactos en los sucesivos gobiernos incluido el actual, desde donde parece que le han soltado de la mano.

El ministro de Salud, Mario Lugones, por ser responsable de la Anmat, Federico Sturzenegger por desregular y aflojar los controles, el “exitoso” empresario Furfaro y los funcionarios directamente implicados deben ser investigados y condenados por haber causado esta tremenda tragedia.

Por un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por sus trabajadores y usuarios

En recientes reuniones de la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, Sturzenegger ha reafirmado su decisión de quitar regulaciones y obligaciones a las empresas. Lugones, por su parte, volvió a anunciar la intención del Gobierno nacional de acabar con la idea de que la salud es un derecho y lograr que cada uno pague de su bolsillo su atención; repitió que el Estado no tiene que hacerse cargo de la salud pública. Las muertes del fentanilo han mostrado hacia dónde llevan estas ideas demenciales.

Así el reclamo de los familiares de las víctimas, como la lucha que vienen librando las y los trabajadores del Garrahan nos muestran el camino para frenar el avance del gobierno y de los empresarios sobre los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. Solo con la lucha vamos a conservar y mejorar la salud pública. Desde Izquierda Socialista y el FITU llamamos a la más amplia unidad de acción para defender el derecho a la salud de las y los trabajadores y a derrotar los planes entreguistas del gobierno ultraderechista y sus aliados. Luchemos por resolver el desastre sanitario actual generado tanto por los distintos gobiernos peronistas como los de signo liberal. Por un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por sus trabajadores y usuarios.