Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop e integrante de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El decreto presidencial conocido el viernes 8 lejos de sentar reglas para enfrentar el rebrote, es una contradicción en sus términos: un “decreto” que no “decreta”, sino que “sugiere” medidas a los gobernadores y a los municipios que pueden o no tomarlas. Es la renuncia a una política centralizada para enfrentar el nuevo pico. De esta manera, cada jurisdicción podrá dictar las normas que vayan fijando los intereses económicos patronales locales.

Un rebrote de incierto futuro

El gobierno del Frente de Todos acaba de reconocer que a partir del 14 de diciembre pasado estamos viviendo un ascenso en el número de contagios diarios. Un estudio hecho por infectólogos de hospitales del conurbano sobre el AMBA muestra que desde esa fecha los contagios diarios han trepado hasta alcanzar la misma cantidad que a principios de agosto y continúan en crecimiento.

Si aumentan los contagios, aumentan las muertes. La cantidad de muertes diarias alcanzó el mismo nivel que había a principios de agosto. Los casi 45.000 decesos acumulados desde el comienzo son la misma cantidad de habitantes de una ciudad como Río Tercero. En esta ciudad, la explosión dolosa de una fábrica militar en 1995 dejó siete muertos y 300 heridos, lo que en su momento fue considerada una verdadera tragedia nacional. Cuánto más lo es ahora, en que debemos lamentar la muerte, no de siete, sino de una cantidad igual a la totalidad de los habitantes de esa ciudad.

Según el trabajo citado, el 85 % de la población sigue siendo susceptible al virus. “No aprendimos de la Europa actual […] Este invierno vamos a estar en el infierno con la segunda ola, si no conseguimos vacunar a un alto porcentaje de la población, especialmente a los que están en riesgo […]” Pero no basta la vacuna. Para estos infectólogos, además de la continuación de las medidas de cuidado, son importantes “los hisopados y el rastreo de contactos”, con lo que coincidimos. Veamos, entonces, que hace el gobierno peronista y la oposición patronal de Cambiemos.

La política del gobierno ante el nuevo auge de la pandemia

Fruto de los desaciertos del gobierno peronista de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, hemos llegado a la actual situación de ascenso de los contagios y las muertes. Para esto fue decisivo el levantamiento cada vez más irrestricto de las medidas de aislamiento y la casi nula actividad de testeo y rastreo que podría haber regulado el aflojamiento de las restricciones y detectado los focos de contagio. Lejos de eso, gobierno peronista y oposición patronal no buscaron satisfacer las necesidades de salud del pueblo trabajador sino los requerimientos de los grandes empresarios y multinacionales de volver a la “normalidad” para mantener sus ganancias. Así fue como la aglomeración en los lugares de trabajo sin prevención y el transporte público de la “nueva normalidad” ayudaron a diseminar el virus mucho más que las “juntadas” de los jóvenes, tan condenadas por todos los partidos patronales.

Al mismo tiempo, se desarrolla una importante campaña mediática contra los encuentros sociales a los que demoniza como causantes del contagio y oculta el papel que juega la “normalización” de la actividad económica. Hacen aparecer a las víctimas como los responsables de su propia enfermedad y enmascaran las verdaderas causas sociales de la extensión de la misma.

Lo que habría que hacer y no se hace

Una de las principales críticas de la comunidad científica internacional ha sido que en casi ningún país hubo un mando centralizado de la lucha contra la pandemia. Esa crítica le cabe al gobierno de Alberto Fernández. Es necesario centralizar una campaña nacional que incorpore los testeos y rastreos sistemáticos en función de criterios de salud pública. No puede ser que haya testeos para quienes puedan pagarlo y no alcance para las campañas públicas. Por eso, junto con la centralización de los recursos hospitalarios públicos y privados, deben serlo también los laboratorios clínicos y puestos al servicio de una campaña nacional, como por ejemplo hizo Irlanda.

El gobierno también debe sostener económicamente a los trabajadores y sectores populares (incluidas las ayudas económicas a los pequeños comerciantes, propietarios de restaurantes, bares, talleres, etcétera) que deban aislarse y pagarle un salario que les permita vivir. También debe proteger a los trabajadores de salud, no solo con el salario adecuado sino también completando y aumentando los planteles frente a la contingencia. 

El gobierno peronista ha hecho gran alharaca de la llegada de 300.000 dosis de vacuna Sputnik V. Asimismo, en los próximos meses arribarán la vacuna de AstraZeneca y la Pfizer. Para firmar los contratos, el peronismo y la oposición patronal de Juntos por el Cambio han aprobado una ley vergonzosa que otorga inmunidad legal a los monopolios farmacéuticos. Pero, que existan distintas vacunas no garantiza la cobertura contra el Covid-19. Por el contrario, la pelea entre los monopolios farmacéuticos por las ganancias de las vacunas conspira contra la producción masiva necesaria para que la reciba una gran mayoría de la población mundial y, consecuentemente, pueda ser erradicada la pandemia. La existencia de las patentes monopólicas impide que otros países produzcan las vacunas como así también los reactivos para análisis, medicamentos y otros insumos necesarios para enfrentar la pandemia. De esa escasa producción, los grandes países imperialistas ya tienen comprometido el 52%, a pesar de que nuclean solo a un 13% de la población del planeta.

Los medicamentos son patrimonio de la humanidad y, así como la penicilina y la vacuna para la poliomielitis nunca fueron patentadas, hay que suspender las patentes, en el camino de abolirlas, para poder producir todos los insumos necesarios.  El gobierno ha firmado, junto con 99 países encabezados por la India y Sudáfrica, un pedido de suspensión transitoria de patentes durante la pandemia. Obviamente los países imperialistas se han negado. Debemos reclamar que se tome esa medida en forma unilateral y encarar su producción local.

Desde Izquierda Socialista venimos peleando por el conjunto de estas medidas y reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, debe servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia.

Escriben: Jorge Ávila y José “Pepe” Rusconi. Ex trabajadores y delegados gremiales de Propulsora, militantes del PST y de Izquierda Socialista en el FIT-U
 
Pocas semanas antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, asesinaron en La Plata a Carlos Scafide. Fue la noche del 13 de enero de ese terrible año.
 
"Carlitos" era trabajador de Propulsora Siderúrgica de Ensenada (hoy Siderar), activista de la camada de luchadores que había echado a la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa fábrica, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente por el sindicato. Carlitos militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista. Era un reconocido y muy querido compañero en la fábrica y en el partido, pero también en la comunidad ensenadense.

Cuando lo asesinaron, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como la Masacre de Pacheco y la Masacre de La Plata, convirtiéndose en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Juan Domingo e Isabel Perón.
 
Aquella noche de enero, bandas fascistas de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y de la Triple A, que se identificaron como personal del Ejército, secuestraron de casa de su madre a Carlitos. Secuestraron al “Pampa” Delaturi, también obrero y activista de Propulsora, y a Peláez, un activista del Astillero Rio Santiago.

Al día siguiente aparecieron sus cadáveres dinamitados y acribillados. Una asamblea de Propulsora resolvió parar desde el miércoles de madrugada hasta el sábado por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Se solidarizaron con medidas de fuerza, Petroquímica Sudamericana y Metalúrgica OFA. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron 600 trabajadores de Propulsora (aproximadamente la mitad del personal de la fábrica).

En el acto, José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo”, habló en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

Desde Izquierda Socialista, a 45 años del asesinato de Carlos Scafide, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. Carlitos es un ejemplo para las nuevas generaciones de militantes revolucionarios, porque dio su vida por la clase obrera y por el socialismo. Desgraciadamente, su vida fue truncada a los veintinueve años. Pero aun así, su ejemplo y su lucha inconclusa continúan vigentes para aquellos jóvenes y viejos militantes que seguimos luchando por la revolución socialista.

Carlos Scafide, compañeros asesinados y detenidos-desaparecidos del PST, ¡Presentes! ¡Hasta el socialismo, siempre!

Interrogado por una periodista sobre los reclamos de aumento salarial por parte del personal de salud, particularmente de nuestro Hospital, el Ministro de Salud respondió con mentiras y ataques a lxs trabajadorxs. González García afirmó que que "el Garrahan ya tuvo aumento y es un sector del Garrahan el que hace eso [el reclamo], que yo creo que tiene otras intencionalidades, porque tampoco dice la verdad sobre el aumento, que fue mucho mayor de lo que dicen que es" (Declaración de González García).

Las mentiras del ministro son fáciles de refutar, palabra por palabra. En primer lugar, el "aumento" fue un recorte. Entre marzo y octubre de 2020 nuestro salario básico se mantuvo igual. ¿Acaso Ginés González García ignora que la inflación creció sistemáticamente esos meses, mientras nuestro básico estaba congelado? Luego, entre octubre y diciembre se incrementó tan solo un 7%. ¿Realmente cree el ministro que puede engañar a algún trabajador o trabajadora del Hospital respecto del recorte que implica ese 7% en 2020?

Las "cómodas cuotas" de 2021, que suman 18%, no resuelven el problema. Son menores a la inflación pasada, por lo que permanece el recorte. Cuando dice que "el aumento fue mayor" a lo que lxs trabajadorxs denunciamos, parece sumarse a la "contabilidad creativa" del Consejo, que afirma que el incremento fue del 32%. Según las matemáticas vigentes, 18 más 7 es igual a 25. No hay muchas vueltas que darle -salvo que hagan trampa contando alguna suma extra que un mes está y al siguiente no-.

Al Ministro de Salud debería caerse la cara de vergüenza mientras hay profesionales de la salud que arriesgan su vida en una terapia intensiva por salarios que orillan la canasta de pobreza. Sin embargo, elige atacar el reclamo. El acuerdo con el FMI implica considerar un "gasto" el presupuesto de salud. Rebajan los salarios para asegurar el pago de la deuda.

Por último, querer reducir el reclamo a un "sector" con "otra intencionalidad" no es más que tapar el sol con las manos. El reclamo unifica a trabajadores y trabajadoras de los más diversos sectores y tareas. Por eso los paros y movilizaciones fueron masivos e incluyeron a enfermería, planta médica y residentes, técnicos/as, administrativos/as...

El salario y las condiciones de trabajo de la primera línea en la lucha contra la pandemia deberían ser esenciales. El ministro confiesa que sus prioridades son las contrarias y mantiene en pie un ajuste contra la salud pública. Para ello, repite su odio contra lxs trabajadorxs del Garrahan, que fuimos atacados por él en 2005 como "terroristas sanitarios". En aquel entonces, protagonizamos un gran plan de lucha por un reclamo tan elemental como que el salario de una enfermera arrancar en la canasta familiar, cosa que logramos después de muchos meses de pelea. Ahora, nuestra respuesta será la misma: seguir la lucha de lxs trabajadorxs hasta quebrar el ajuste del gobierno y el Consejo. Seguimos en la pelea por :
-50% de aumento. Salario inicial equivalente a la canasta familiar (hoy en $79900 según la Junta Interna del INDEC)
-Régimen CTIAP (insalubridad) para todxs.
-Pago inmediato a residentes de sueldos adeudados
-Pase a planta de contratadxs por la pandemia y de tercerizadxs.   

Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, 7/1/2020

Escribe Daniel Vera
Izquierda Socialista Córdoba
Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico

El arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández (originario de la Diócesis de Río IV de la provincia de Córdoba y mano derecha de Bergoglio), publicó la identidad de la denunciante por abuso sexual del cura Raúl Anatoly Sidders. Un acto  repudiable y que refleja la ira de la iglesia católica frente a la lucha feminista con la que se logró la prisión preventiva para Sidders

La publicación en cuestión data de mediados de diciembre. Fernández, que se presenta como un arzobispo "progresista", reveló la identidad de la joven abusada mediante la reproducción escaneada de un escrito que Gendarmería Nacional le envió el 14 de octubre al Arzobispado para informarle que Sidders había sido temporalmente apartado del cargo de capellán castrense del destacamento de Puerto Iguazú (Misiones).

Como dice el comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, “lejos de interpretar esta acción como inocente y descuidada y considerando el sistemático encubrimiento de la Iglesia Católica a los sacerdotes, religiosos y religiosas abusadores y vulneradores de los Derechos Humanos, entendemos esta actitud como deliberada, revictimizante y un claro ataque a la intimidad y seguridad de la víctima”.

El abuso sexual es un delito. Pero la máxima sanción que propone la Iglesia para quienes cometen esos delitos, luego de trasladarlos y protegerlos de las más diversas maneras, es “reducirlos a estado laical” (en caso de sacerdotes) o echarlos de la congregación (en caso de religiosos y religiosas). Es decir, dejar suelto al abusador. Y aún, en muchos casos, cuando la Justicia los encuentra culpables, siguen siendo sacerdotes, como en los casos de los condenados Corradi y Grassi.

Así es que entorpecer causas judiciales para defender a abusadores, difundir el machismo y la misoginia, y hasta “bendecir” sangrientas dictaduras y genocidas, o estar en contra de los derechos civiles, es el accionar propio de esta retrógrada institución religiosa.

Repudiamos al Arzobispo de La Plata, "Tucho" Fernández, por exponer a la víctima del cura abusador Sidders. Y hay que seguir el ejemplo del movimiento feminista que acaba de lograr en las calles la legalización del aborto y seguir la pelea por la separación de la Iglesia y el Estado, para limitar a esta nefasta institución en su afán de imponer sus posiciones machistas, misóginas y anti derechos al conjunto de la población.

El año 2020 ha sido un año difícil en todo el mundo. Una situación inédita afectó severamente el funcionamiento de todas las sociedades. A la crisis económica del capitalismo mundial se sumó una pandemia que ha ocasionado numerosas muertes en todo el planeta, poniendo al descubierto el desastre de la salud pública en el mundo capitalista, consecuencia de años de desinversión y ajustes.

Venezuela no escapó a la situación. Nuestro país que ya era víctima de una pavorosa crisis, agravada por las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano, vio llegar el coronavirus profundizándose la crisis social y humanitaria que ya padecían los trabajadores, trabajadoras y sectores populares.

El gobierno de Maduro aprovechó el confinamiento para perseguir y criminalizar a los que protestaran, convirtiendo la cuarentena en un instrumento de represión y persecución al personal sanitario que se atrevía a mostrar el desastre de los hospitales, y contra periodistas que intentaban reflejar cifras de contagios distintas a las oficiales.

A medida que fueron pasando los meses, sectores populares afectados por el hambre y la crisis de los servicios públicos, comenzaron a salir nuevamente a las calles, empalmando con millones que en todo el mundo retomaban las movilizaciones contra los ajustes gubernamentales.

El 2020 llega a su fin cruzado por las dos pandemias que han afectado al pueblo venezolano y a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, por una parte la crisis social y sanitaria, y por otra el coronavirus. El reto para el nuevo año que comienza es profundizar la lucha de la clase obrera y de todos los pueblos contra sus gobiernos ajustadores. En Venezuela arreciar la pelea contra el paquetazo hambreador de Maduro, por un Plan Obrero y Popular y contra la represión.

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