Escribe Juan Carlos Giordano, diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
6 de Diciembre de 2022

Se conoció el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción bajo los gobiernos peronistas kirchneristas de 2003/2015. Los tres jueces del Tribunal -que habían sido designados por ella-, la declararon culpable por administración fraudulenta (fue sobreseída por asociación ilícita), con seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer recién en marzo del año que viene. La sentencia va a ser apelada a la Cámara de Casación y luego a la Corte Suprema, que no tiene plazo para decidir, lo que puede demorar años para que la sentencia se ratifique o no. O sea, Cristina no tendrá problema para ser candidata el año que viene, aunque dijo en su video tras el fallo que no va a ser candidata a nada.

El fallo da para todo tipo de debates. El macrismo dice “hay una justicia republicana”. Cristina habló de “pelotón de fusilamiento, mafia judicial, estado paralelo”. Todo esto ocurre mientras la preocupación de millones pasa por el crecimiento de la pobreza, los bajos salarios y la inflación, ante lo cual Cristina dice que esto no es imputable al actual gobierno, como le respondió a una periodista brasileña.

Desde Izquierda Socialista estamos en contra de esta justicia patronal, elitista y patriarcal al servicio de los ricos, grandes empresarios y en contra del pueblo trabajador. No hay ninguna “justicia independiente”. Hay una justicia acomodaticia que va y viene con sus fallos para quedar bien con los gobiernos y políticos patronales que designan a los jueces. Por eso planteamos la elección popular de los mismos. Sin embargo, sostenemos que las y los responsables de casos de corrupción deben ser condenados, sean del color que sean, y tienen que devolver lo que le robaron al pueblo trabajador.

La vicepresidenta y el gobierno peronista del Frente de Todos dicen que no hay pruebas. Pero a esta altura no hace falta ningún fallo para probarlo. El entramado de negocios corruptos en el gobierno kirchnerista ya llevó a varios de sus responsables a la cárcel. Lázaro Báez tiene una condena por lavado de dinero por 55 millones de dólares en la causa denominada Ruta del Dinero K. El ex secretario de obras públicas, “Josecito” López, fue encontrado in fraganti con 9 millones de dólares en una bolsa negra.

Lázaro Báez pasó de empleado bancario a tener una firma insignia, Austral Construcciones, con un crecimiento patrimonial de 45.000 por ciento por monopolizar las 51 licitaciones que le facilitaba el kirchnerismo en el gobierno, con los consabidos retornos para la entonces familia presidencial.
Cristina intenta zafar diciendo que cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia “no éramos pobres, contábamos con más de 23 propiedades y una inversión financiera equivalente a 3 millones de dólares”. Junto a su abogado, también dice que “no fueron retornos, sino negocios privados”. ¿Pero cómo van a ser hechos de la vida privada si hubo un entramado entre el gobierno y Lázaro Báez en beneficio de ambos?

En estos negocios corruptos están implicados poderosos empresarios. Corrupción capitalista que mata, como lo demostró la masacre de Once, donde en pleno gobierno de Cristina se le daban subsidios millonarios a TBA, que luego guardaba en los paraísos fiscales, dejando al tren sin frenos provocando 52 muertos y cientos de heridos. Así funciona este sistema capitalista que defienden tanto Cristina como Macri.

El gobierno y el kirchnerismo dicen que la condena es un “atentado a la democracia” y que busca proscribir al peronismo. Pero de los treinta y nueve años de gobiernos desde 1983 a esta parte, veintisiete los gobernó el PJ y no precisamente con un “modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”, como dijo Cristina. Es muy traído de los pelos decir que el fallo “intenta sacar de la cancha a una figura que no se disciplina ante los poderes internacionales y nacionales”, cuando es Cristina quien está apoyando el mayor ajuste de Massa al servicio del FMI y se reunió con el embajador norteamericano.

Se alega la teoría del lawfare, una frase que está de moda (“guerra judicial”), donde se estaría dando un golpe, no con balas, sino con expedientes (“el partido judicial”) y los editoriales de los medios (el poder mediático). Pero mientras Cristina dice que los jueces la persiguen, se olvida cuando hubo otros que la salvaron, como el fallecido Norberto Oyarbide que sobreseyó en tiempo récord a la familia presidencial por una causa de enriquecimiento ilícito.

Por supuesto que sabemos de las intencionalidades políticas de esta justicia patronal, como quedó demostrado de manera escandalosa con la filtración de los chats entre jueces, políticos ligados al PRO, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín compartiendo un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis, a orillas del apropiado Lago Escondido, mostrando un entramado mafioso e impune entre los distintos actores de esta democracia para ricos. Pero se trata de los mismos jueces que en su momento puso y utilizó el kirchnerismo para su propio beneficio.

Cristina, por su parte, anunció que no va a ser candidata a nada y que no quiere fueros. Una prueba más de que el actual gobierno del Frente de Todos tiene muy difícil la elección del año que viene. Ello es así porque crece la bronca popular ante el mayor ajuste en curso del que son responsables tanto Alberto, Massa como la propia Cristina.

Comprendemos a quienes siguen a Cristina la defensa para su máxima dirigente, viendo el accionar de una justicia corrupta. Pero desde Izquierda Socialista sostenemos que hay que batallar para que todos los políticos patronales, grandes empresarios y jueces paguen por sus actos corruptos. Tienen que demostrar su inocencia, deben ir presos si no lo hacen, y tienen que devolver lo que se robaron, sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Lo mismo dijimos en los cuatro años macristas pidiendo cárcel para la familia Macri ante el escándalo del Correo Argentino o ahora denunciando los negocios inmobiliarios de Larreta en beneficio de constructoras como Criba, Caputo, Techint, Orsini -implicado en las coimas de Skanka-, donde muchas de ellas ponen plata para su campaña electoral (La Nación, 4/12).

Cuando Cristina denuncia en el minuto final de su video a la corrupción del macrismo por dejar 45.000 millones de dólares de deuda externa con el FMI, le decimos que el peronismo luego avaló semejante estafa votando junto a la centroderecha de Juntos en el parlamento el aval al pacto Macri-Fondo Monetario, mientras el Frente de Izquierda Unidad mostró una férrea y digna oposición desde sus bancas y en las calles llenando varias veces Plaza de Mayo en repudio. Saqueo y corrupción de una deuda externa que viene desde la dictadura para acá, siendo el peronismo el que la reconoció y pagó aún después de que el Argentinazo impusiera el no pago con la rebelión popular.

Para terminar con este sistema capitalista de saqueo, entrega y corrupción es que luchamos por un gobierno de las y los trabajadoras que imponga una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, señaló al respecto: “Un fallo declaró culpable a Cristina Kirchner por administración fraudulenta con seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia para que quede firme demorará años hasta que decida finalmente la Corte Suprema. Si bien desde Izquierda Socialista denunciamos a esta justicia patronal, elitista y patriarcal al servicio de los ricos y sostenemos que los jueces deben ser elegidos por el voto popular, decimos que las y los responsables de casos de corrupción deben ser condenados, sean del color que sean, y tienen que devolver lo que le robaron al pueblo trabajador”.

Giordano finalizó: “Comprendemos que quienes siguen a Cristina defiendan a su máxima dirigenta considerando el accionar de una justicia corrupta. Pero desde Izquierda Socialista sostenemos que hay que batallar para que todos los políticos patronales, grandes empresarios y jueces paguen por sus actos corruptos. Tienen que demostrar su inocencia, deben ir presos si no lo hacen y tienen que devolver lo que robaron, sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Lo mismo dijimos en los cuatro años macristas pidiendo cárcel para la familia Macri ante el escándalo del Correo Argentino o ahora denunciando los negocios inmobiliarios de Larreta en beneficio de constructoras que ponen para su campaña electoral”.

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El diario Tiempo Argentino dio a conocer una filtración de chats entre jueces, políticos ligados al PRO, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín, quienes compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis, a orillas del Lago Escondido, para irse desde allí a esquiar en helicóptero.

Según trascendió, estos personajes chatearon sobre cómo iban a justificar el viaje, además de intercambiar opiniones sobre el manejo de causas judiciales.

El hecho no hace más que mostrar la podredumbre de este sistema capitalista y el entramado mafioso e impune entre los distintos actores de esta “democracia para ricos”. Un capítulo más de cómo viene funcionando esta “justicia independiente” y su entramado entre espías y el poder político y económico de turno.

El presidente Alberto Fernández por cadena nacional ordenó que se haga una denuncia penal, se inicien sumarios y juicios políticos. Quiere mostrarse como “paladín de la democracia”.

Nada más alejado de la realidad. ¿O acaso este repudiable entramado no existió en los 27 años en que vino gobernando el peronismo desde 1983 a esta parte?
Un episodio de la pelea que existe por la designación de los jueces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se vio la semana pasada con la bochornosa sesión en Diputados. Todo en vistas a posicionarse para las elecciones del año que viene, mientras votaron unidos el presupuesto 2023 al servicio del FMI.

Repudiamos estos hechos aberrantes, pero al mismo tiempo alertamos sobre el uso que el gobierno le quiere dar a un día en que se va a dar a conocer una posible condena contra la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los tremendos casos de corrupción que hubo en su gobierno.

Intenta salvarla bajo la campaña de que habría una “persecución política” en su contra. Claro que rechazamos a esta justicia patronal y acomodaticia, pero decimos categóricamente que todos los políticos patronales deben responder por los negociados capitalistas corruptos (sean del color que sean), tienen que ir presos y devolver lo que le robaron al pueblo trabajador.

Esto viene ocurriendo bajo todos los gobiernos capitalistas, sean peronistas o de Juntos, radicales, de centroderecha o de los llamados “nacionales y populares”.

Es por eso que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad venimos diciendo que a los jueces se los tiene que elegir por el voto popular y deben ganar como una maestra. Estamos por la disolución de los servicios de inteligencia y que se abran sus archivos secretos, como parte de una pelea para terminar con esta corrupción e impunidad del sistema de capitalista y con esta justicia burguesa que defiende a los ricos contra el pueblo trabajador.

05/12/2022

* Foto de portada: Julián Ercolini, Juez Federal sala 10; Jorge Rendo, CEO del multimedios Clarín; Carlos Mahiques, Juez sala II de Casación Penal; Marcelo D'Alessandro ministro de Seguridad y Justicia porteño.

Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).

La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.

Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser  parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.

Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".

Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.

El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.

El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador.  Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.

Escribe Fernanda Giribone, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este viernes a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La "Megacausa Jujuy" abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, homicidios, tormentos y violación sexual agravada. La sentencia dictó 4 penas a prisión perpetua y otras condenas que fueron desde los 5 a 25 años.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en jujuy, había iniciado a mediados de 2018 con 23 imputados, y pedía justicia para 120 víctimas (44 desaparecidas). Durante el proceso de cuatro años de audiencias, en el que declararon unos 200 testigos, tres imputados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca, Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial. Todos con condenas previas por otras causas.

Entre otros delitos, se consideraron acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Hay que destacar que por primera vez en la provincia, los delitos sexuales y la violencia de género aparecieron diferenciados con el objetivo de que puedan ser considerados y juzgados como tales.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia "Área 323" del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero. Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Por su parte Osvaldo Héctor Caraballo, quien fuera guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, resultó como el único absuelto.

Por tratarse de causas que investigaban la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar, este juicio podría haber avanzado en demostrar la responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado, sin embargo Carlos Pedro Blaquier fue sobreseído por falta de mérito en 2015. Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI, y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos en un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una causa que intentaba comprobar su participación -logística y material- en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de la ciudad de Libertador en los sucesos conocidos como "La noche del Apagón". Si bien en el 2021 la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del 2015, el hecho de que injustificadamente se tardaran en resolver el tema más de 6 años, permitió la exclusión de Blaquier de este juicio comenzado en 2018, garantizando una vez más la impunidad del empresario multimillonario.

Sin embargo de las pruebas y testimonios del juicio surge la complicidad civil de directivos de empresas como Mina El Aguilar y el carácter de autor intelectual del Ingenio Ledesma, que se confirmó en el conocido hecho de que la empresa digito los secuestros, puso a disposición del Terrorismo de Estado sus camionetas así como las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro de operaciones para el secuestro y desaparición de obreros y militantes.

Como última maniobra dilatoria la defensa de Blaquier apuntó a eximirlo por su edad, y el tribunal de primera instancia aceptó el pedido de insanía en abril de este año por lo que automáticamente Blaquier fue desvinculado de la causa, justo cuando tenía que declarar.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes e hicieron dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” y así Blaquier volvió a estar en estas causas que se dilantan desde el 2013 (La Noche de los Apagones y Causa Aredez).

Hoy, este fallo, aunque no contó con condenas ejemplares, es un logro histórico, que conllevó el esfuerzo de 4 años, en el que las víctimas pudieron dar testimonio y relatar sus historias que dieron cuenta de los asesinatos, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violaciones y torturas que se perpetraron en Jujuy en el contexto del plan sistemático de aniquilación que aplicó la última dictadura.

Pero esta pelea continúa. Carlos Pedro Blaquier tiene 95 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. Hoy más que nunca es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal.

Con la fuerza de estas condenas, para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando.

A donde vayan los iremos a buscar.