QUE CTERA LLAME AL PARO NACIONAL Y PLAN DE LUCHA

El gobierno de Alberto Fernández a través del Ministro Massa, firmó un decreto recortando partidas para Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Habitat en $148.000 millones. Avanza así en el cumplimiento del pacto con el FMI que exige reducir el “déficit fiscal” al 2,5% para pagar la fraudulenta deuda externa.

¡En educación recorta $70.000 millones! Después de anunciar que se invertiría en el plan Conectar igualdad, que supone la distribución de dispositivos y conectividad en las escuelas, de modo de revertir el atraso tecnológico que dejó a tantos niñes fuera del derecho a la educación en pandemia, Massa recorto $50.000 millones. El programa Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles sufrió una reducción de $15.000 millones. Redujo $5.000 millones para Infraestructura y equipamiento de escuelas.

Los gobiernos ni siquiera cumplen la Ley 26206 que establece que debe destinarse el 6% del PIB a educación. Nunca llegaron a esa cifra, Actualmente rondamos el 5%, del cual la Nación solo aporta alrededor del 1,5% y el resto recae en las provincias.

Dinero hay. Somos un país rico en recursos y empobrecido por los gobiernos patronales de turno que privilegian acuerdos con los usureros internacionales. Hay que dejar de pagar la fraudulenta deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para poner todo ese dinero a educación, salud, salario, jubilación y trabajo genuino.

La conducción Celeste de CTERA, Alesso, Baradel y compañía, se pronunciaron en contra de este ajuste. Pero con eso no alcanza.

Desde Docentes en Marcha, integrante de la Lista Multicolor Nacional que se presenta para las elecciones de CTERA del 7 de septiembre, que encabezan Angélica Lagunas, Romina Del Plá y Gustavo Teres, junto a todas las agrupaciones antiburocráticas y combativas del país, reclamamos a CTERA que rompa su apoyo al gobierno del Frente de Todos y convoque a un nuevo Paro nacional y plan de lucha contra este nuevo ajuste y por aumento de salarios y del presupuesto educativo.

La docencia de Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, están en huelga. Y muchas más están reclamando la reapertura de las paritarias. Ctera sigue aislando estas luchas, como lo hizo con San Juan o La Rioja.

Llamamos a la docencia a apoyar y votar a la Multicolor de CTERA este 7 de septiembre y anotarse como fiscal para enfrentar otro nuevo fraude de la celeste.

DEROGACIÓN DEL DECRETO DEL AJUSTAZO A EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA
PLATA PARA SALARIOS Y PRESUPUESTO, NO PARA EL FMI
QUE CTERA LLAME AL PARO NACIONAL Y PLAN DE LUCHA
EL 7 DE SEPTIEMBRE, VOTEMOS A LA MULTICOLOR

AGRUPACION DOCENTES EN MARCHA NACIONAL

Escribe Josep Lluis de Alcázar, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI)
Nota publicada en la Correspondencia Internacional Nro. 50
*Nota escrita el 16 de julio de 2022

Tras casi cinco meses de ataque imperialista ruso, Ucrania vive una guerra de desgaste que tiene repercusiones mundiales. La resistencia derrotó el plan inicial de Putin para colocar a Ucrania bajo su control con la caída de Zelensky y la ocupación de Kiev. Pero Zelensky no huyó, como le proponían Macron y Biden, se quedó en la capital y llamó a la resistencia. Mientras el ejército resistía en las puertas de la ciudad, el pueblo se organizaba en la defensa territorial. Putin tampoco encontró militares dispuestos a derrocar al presidente. Finalmente, un mes y medio después, la ofensiva rusa sobre Kiev fue derrotada. El plan también incluía ocupar y anexionar la zona rusófona, desde Kharkiv a Odesa, pasando por el Donbass, como ocurrió con Crimea en 2014. Pero para ello era imprescindible cierto apoyo de la población civil rusófona que, lejos de salir a recibir a las tropas del Kremlin con flores, se organizó para resistir la invasión. El asalto sobre Karkiv, la segunda ciudad ucraniana, fue frenado y el ejército ruso expulsado hasta la frontera. Las tropas rusas solo consiguieron controlar Kherson y, más tarde, Mariúpol después de intensos combates. 

El régimen ruso tuvo que reorganizar sus fuerzas para concentrarlas en el Donbass. Putin ahora tiene la imperiosa necesidad de obtener algún triunfo territorial, aunque sea un territorio destruido y vaciado, para justificar ante la población rusa el enorme costo en vidas y económico. Ese cambio de guión significó un giro en la estrategia militar. En nuestra visita a Kiev, en mayo, para entregar material médico a los activistas de izquierda y los sindicatos, Aleksander Skiba, dirigente del sindicato ferroviario, nos contó que inicialmente el ejército ruso prácticamente no atacaba objetivos civiles o infraestructuras, pero que la dinámica había cambiado completamente. El Kremlin aplicó la política de tierra quemada: la destrucción de infraestructuras, ataques sobre la población civil para provocar el pánico y la desmoralización con ciudades convertidas en escombros, como Mariúpol o Sverodonetsk. Una estrategia que Rusia aplicó en la segunda guerra chechena y en Siria que elimina toda duda de que el objetivo de la invasión fuera liberar a alguien. La mayoría de la población huyó y quedan solo los ancianos. 

Putin y el pueblo ruso 

El ascenso y la consolidación de Putin y la recomposición del Estado ruso tras la restauración capitalista se hicieron utilizando la guerra en Chechenia. La columna vertebral del poder de Putin está en el Servicio Federal de Seguridad (FSB wpor su sigla en ruso), antiguo KGB. Una fuerza integrada por 300.000 o 400.000 agentes. El FSB hizo estallar apartamentos en los que murieron civiles para culpar a los chechenos y justificar la brutal ocupación de su país. Putin busca repetir esto en Ucrania, pero veremos con qué consecuencias.

Hasta el momento, el régimen ruso mantiene con mano de hierro el control de toda disidencia. Los principales partidos de oposición, el Partido Comunista de Rusia y el ultranacionalista Partido Liberal-Demócrata, han apoyado la invasión. Miles son los detenidos acusados de propaganda contra el Estado ruso por oponerse a la invasión. Pero la resistencia ucraniana no se detiene. La lista de muertos y heridos crece, y por ello el Kremlin la mantiene en secreto. Se conoce la indignación de las familias de los marineros que murieron en el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro. 

Por miedo a la reacción popular, Putin evitó declarar como guerra a la invasión de Ucrania, la llama “operación militar especial”. Sin problemas, como si todo hubiese sido resuelto en tres días. Pero hoy no le permite recurrir al reclutamiento general. En mayo tuvo que cambiar la ley para eliminar el límite de 40 años para los soldados contratados. Hay numerosos anuncios de búsqueda online de las oficinas regionales de reclutamiento del Ministerio de Defensa que prometen 53 dólares diarios, complementados según las especializaciones, muy por encima de los 500 dólares mensuales del salario medio. 

Se recluta mayormente en las repúblicas más pobres y pobladas por minorías étnicas, como el Daguestán, en el Cáucaso, y Buriatia, en el sur de Siberia, que tienen un alto número de bajas respecto de las cifras que afectan a Moscú o San Petersburgo. En los territorios ucranianos ocupados el alistamiento es obligatorio para los hombres de 18 a 65 años. En su canal de Telegram, el defensor del pueblo de la República Popular de Donetsk a principios de junio afirmaba que 2.061 de sus hombres habían muerto y 8.509 habían resultado heridos, de una fuerza de 20.000 al comienzo de la invasión.  

El imperialismo yanqui hace su propia guerra

Ucrania exige armamento para poder recuperar el territorio perdido, pero el imperialismo yanqui y europeo juegan su propia partida, que no es la de la victoria de un pueblo que resiste heroicamente una invasión. Fue la resistencia del pueblo ucraniano la que puso en un brete a los Estados Unidos y las potencias europeas, que tuvieron que reaccionar más allá de los exabruptos y sanciones limitadas de 2014 ante la ocupación de Crimea. La entrega limitada de armamento no ha equilibrado las fuerzas militares, sólo sirve para resistir. 

El gobierno norteamericano no quiere precedentes que animen a los pueblos a resistir, su interés es aprovechar la guerra para implementar sus planes. A golpes de misiles rusos, la OTAN resucita de la “muerte cerebral” diagnosticada por Macron dos años antes. Lo escenificó a fines de junio en Madrid, con Finlandia y Suecia pidiendo la entrada en la alianza imperialista después de décadas de neutralidad y con un vuelco en la opinión pública en pocos meses. El “nuevo concepto estratégico” de la OTAN da como titulares la necesidad de enfrentar la agresión rusa y la vigilancia de China como “competidora estratégica”. Pero en realidad, pone en el punto de mira las reacciones de masas contra el brutal empobrecimiento consecuencia de la crisis capitalista, agravada con la pandemia, el cambio climático y el impacto de la guerra sobre los precios de los granos y la energía. 

Para ello mantiene la guerra global “contra el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones”. Señala la inestabilidad de África y Oriente Próximo que “afecta directamente a nuestra seguridad y la de nuestros socios”. Y, aun con los asesinatos de inmigrantes en la valla de Melilla, la OTAN se ofrece para la vigilancia de fronteras y define la inmigración como “amenaza” a la “soberanía e integridad territorial” de los Estados miembros.

El otro triunfo para los Estados Unidos, como principal exportador de armas, es el aumento de los presupuestos militares, una exigencia que sucesivos presidentes norteamericanos habían pedido sin éxito. Y ahora, con el fervor militarista, se fija el 2% del PIB como objetivo mínimo de gasto militar. 

La crisis económica como arma de guerra

Putin bloquea el comercio de granos y el abastecimiento energético como respuesta a las sanciones y el suministro de armamento a Ucrania. Las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania representaron 23% del comercio internacional en 2021/2022. Egipto, Líbano, Libia y Túnez son grandes importadores de trigo. La hambruna amenaza a África y Oriente Medio. Pero las dictaduras petroleras tendrán más recursos y reconocimiento, como demostró la visita de Biden a Arabia Saudí, o las renovadas relaciones de Italia con Argelia.   

En la Unión Europea, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck (Los Verdes), afirmó: “La situación es grave y el invierno llegará. Jamás hemos estado en esta situación”. Y añadió: “Algunas fábricas tendrán que cerrar y para algunos sectores será una catástrofe”. Francia prepara la nacionalización de la eléctrica EDF, que ya venía con graves pérdidas antes de la guerra, y una ley para controlar las infraestructuras gasísticas en caso de una crisis de suministro. 
El imperialismo, inmerso en una grave crisis económica, no quiere que el conflicto se alargue y alimente una recesión. Se prepara el terreno para la negociación, paz por territorios. Primero Henry Kissinger, en el Foro de Davos, afirmó que había que evitar “humillar a Rusia” para no provocar una mayor desestabilización. Más tarde, Macron repitió la misma frase, lo que provocó una respuesta airada de Zelensky, que rechazaba la entrega de territorios. Pero la discusión ya está en la mesa. 

Mantener la solidaridad con la izquierda política y sindical ucraniana

Impulsamos la solidaridad internacional contra la invasión rusa en la defensa del pueblo ucraniano, por su derecho a armarse, desde una posición independiente de Zelensky y contra la OTAN. Una solidaridad que se extiende a los represaliados rusos y bielorrusos que exigen el fin de la guerra.

Esta posición nos enfrenta con el “neoestalinismo”, que sigue buscando bloques antiimperialistas, en este caso a Rusia, como un sector progresivo al que apoyar. Ya lo vimos en Siria. Pero no hay nada de progresivo en el régimen capitalista imperialista de Putin que reprime, explota, persigue a las minorías, discrimina a las mujeres y LGBTI y entra en disputa con el imperialismo para perpetuarse en el poder.  

La activista siria Leyla al Shami, autora de El antiimperialismo de los imbéciles, lo describió así en 2018: “El hecho de que una cierta izquierda pueda considerar al Estado ruso como antiimperialista ilustra una desconexión de la realidad y una actitud política reaccionaria en la que los Estados en competencia por el poder serían el centro del conflicto, ignorando las luchas de los pueblos contra los regímenes represivos”. La misma autora dijo al inicio de la invasión de Ucrania: “Los sirios comprenden mejor que nadie el trauma que viven los ucranianos. Y hay rabia, porque los años de normalización con el régimen ruso –en Siria, en Georgia, en Chechenia o en la República Centroafricana – le han animado a cometer estos actos con un sentimiento de impunidad”.

Nuestro apoyo va dirigido a la juventud antiautoritaria de la Campaña Solidaridad que enfrentó la represión del Estado y la violencia de la extrema derecha. Va a los activistas del Movimiento Social Ucraniano que batallan por construir un partido por el socialismo. Va a los sindicatos combativos, como los de los mineros o los ferroviarios, que participan de la primera línea del frente sin dejar de enfrentar la política del gobierno. Y ese apoyo es político y material, por lo que estamos preparando un segundo envío en las próximas semanas. 

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
23/08/22

Izquierda Socialista, como partido fundador del Frente de Izquierda Unidad, aclara a los medios de prensa y a la militancia unitaria que viene construyendo el FIT Unidad, que las posturas de las y los actuales diputados Myriam Bregman y Nicolás Del Caño de PTS, además de equivocadas, no son las del conjunto del Frente de Izquierda como algunos han dado a entender.

Izquierda Socialista discrepa absolutamente con lo sostenido por PTS al defender a la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo que “la llamada 'causa vialidad' es claramente un hecho de persecución política”; que Cristina es víctima de una “proscripción” y que hasta se le ha negado el derecho a la defensa en juicio. Postura que ha caído muy mal entre los seguidores del FIT Unidad, que vino manteniendo su independencia política de todos los gobiernos y combatiendo a todos los partidos patronales por igual.

PTS con su postura sale en defensa de la máxima representante del gobierno peronista kirchnerista usando incluso el mismo léxico que sus defensores. De ser así, como dice PTS, habría que estar pidiendo la libertad de Lázaro Báez, José López, De Vido o Jaime. 

Myriam Bregman tuiteó: “Las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada x jurados populares”. ¿Esto quiere decir que hasta que no haya jurados populares los políticos corruptos deben quedar en la impunidad? Si mañana hay un fallo condenatorio contra la familia Macri ante sus enormes negociados que viene haciendo desde la dictadura para acá, ¿PTS también saldría en contra?

¿PTS opina que Cristina y el peronismo kirchnerista son responsables o no de los casos de corrupción cometidos en su gobierno? ¿No hubo negociados capitalistas con la obra pública y Lázaro Báez? Si hasta lo reconoció la propia vicepresidenta en su alegato de hoy, hablando del “grado de familiaridad” entre su funcionario José López y los políticos macristas. Cristina dijo textualmente dirigiéndose a los fiscales que la acusan: “¿No vieron que había una asociación ilícita entre José López y empresarios relacionados con el macrismo como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez?”

Cristina habla de asociación ilícita, pero no de ella, sino de sus funcionarios. ¿Pero acaso no fue su gobierno quien puso a esos funcionarios? ¿Cristina no conocía lo que hacían? ¿No sabía Cristina que Lázaro Báez pasó de empleado bancario a quedarse con la obra pública y a tener estancias y grandes extensiones de tierras? ¿Cómo lo logró?

Claro que repudiamos a esta justicia de clase que funciona de acuerdo al poder político de turno. Y estamos claro que para combatir a los actos de corrupción capitalista hay que imponer un gobierno de las y los trabajadores e imponer medidas de fondo. Pero salir en defensa de Cristina Kirchner cuando las evidencias de corrupción son vox populi entre los trabajadores de Santa Cruz, está probado el crecimiento patrimonial exponencial de la familia Kirchner y hasta hay pruebas que se ventilan en los tribunales, es de una equivocación enorme.

Hablar de “persecución y proscripción política” hacia la figura de Cristina es darle de comer a la campaña oficial que, mientras la enarbolan, siguen aplicando un mayor ajuste al servicio de los grandes capitalistas. Una política funcional a Cristina y al peronismo.

Cristina arengó diciendo: “Éste no es un proceso contra Cristina Kirchner, sino que es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública”. Un fuerte contraste con el ajuste en curso, el crecimiento del hambre y la pobreza y el sometimiento al FMI aplicado precisamente por el gobierno peronista del Frente de Todos del cual Cristina Kirchner es parte.

Llamamos a los partidos del FIT Unidad a guardar coherencia, combatiendo los actos corruptos capitalistas de todos los gobiernos (peronistas y de Juntos por el Cambio) y luchando por una salida de fondo como lo plantea el programa que venimos sosteniendo con el FIT Unidad.

Escribe Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

Salma al Shehab tiene dos hijos, es odontóloga y preparaba su doctorado sobre salud bucal en la ciudad de Leeds, en el Reino Unido, hasta el 15 de enero de 2021, cuando fue arrestada al viajar a su país para pasar las vacaciones con la familia. Se la detuvo y luego condenó a 34 años de cárcel por publicar tweets en defensa de los derechos de las mujeres.

Estuvo detenida varios meses, durante los cuales sufrió maltratos y no se le permitió contratar a un abogado antes de ser juzgada por un tribunal especializado en delitos de terrorismo que la condenó inicialmente a seis años de cárcel.

Pero el 9 de agosto, el Tribunal Penal Especializado de Apelación en la revisión de la causa, emitió una sentencia de 34 años con cargos como “desestabilizar la seguridad de la sociedad y del Estado”, “propagar la sedición”, “proporcionar ayuda a quienes buscan perturbar el orden público” o “difundir rumores falsos y maliciosos en Twitter”. El Tribunal le agregó una prohibición de viajar al extranjero por otros 34 años cuando deje la prisión.

Amnesty International, el Centro del Golfo para los Derechos Humanos y varias organizaciones más de derechos humanos salieron a denunciar la situación y lanzaron pedidos de anulación de la sentencia junto a la libertad de Salma al Shehab. La condena impuesta representa una alarmante escalada del uso de la ley antiterrorista de Arabia Saudita para criminalizar y restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión. La ultrareaccionaria monarquía saudí a la vez, busca intimidar a las mujeres y disidencias que en el marco de la cuarta ola feminista, vienen peleando por la igualdad de derechos.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores- Cuarta Internacional (UIT-CI) repudiamos esta condena y llamamos a la más amplia solidaridad internacional para exigir la inmediata libertad de Selma al Shehab. Nos solidarizamos con todas las mujeres saudíes en su lucha contra la opresión patriarcal y en la pelea por conquistar la igualdad de derechos.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores- Cuarta Internacional (UIT-CI)
22 de agosto de 2022

Un fiscal acaba de pedir una condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Se la acusa de presidir una asociación ilícita en sus años de gobierno para beneficiar con la obra pública a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, dinero que en parte volvía al propio patrimonio de la actual vice presidenta.

Este pedido de condena es de un fiscal, tiene que haber posteriormente un fallo que lo ratifique o no, el cual se daría a fin de año. Seguramente será la Corte Suprema quien recién en unos años más dé el veredicto final. Esto tampoco implica que Cristina no pueda ser candidata el año que viene. Además, tiene fueros que la blindan para no dar cuentas ante la justicia. Sin embargo, ha generado el debate: ¿es inocente o culpable?

Desde ya, desde Izquierda Socialista no confiamos en esta justicia patronal que ha venido salvando a los grandes empresarios, políticos de todo signo y avalando los planes de ajuste y sometimiento contra el pueblo trabajador. Por eso sostenemos que los jueces tienen que ser electos por el voto popular, con cargos revocables, tienen que ganar como una docente e implementarse el juicio por jurado. Sin embargo, los testimonios son abrumadores acerca de la connivencia de la familia Kirchner (Néstor, Cristina y Máximo) con Lázaro Báez, al que se le otorgaban innumerables contratos por obras que nunca se terminaban. Lázaro Báez pasó de ser un empleado bancario a millonario con el negocio de la construcción, además de quedarse con miles de hectáreas en esa provincia equivalente a más de 13 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿De esto Cristina no tiene nada que ver? ¿Y la fortuna personal de Cristina y sus hijos? ¿Y las bolsas con 9 millones de dólares del ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, que revoleaba para guardarlos en un convento de monjas diciendo que ese dinero “salió de la política”? ¿Acaso no fue un gran hecho de corrupción capitalista la entrega de subsidios millonarios a la patronal Cirigliano en el ferrocarril mientras ese dinero lo guardaba en paraísos fiscales dejando a las formaciones sin freno, lo que provocó  la masacre de Once? 

Cristina, Dalbon (su abogado en otras causas) y el peronismo de conjunto ante el pedido de condena hablan de “pelotón de fusilamiento”; un “complot contra la democracia”; un caso de “proscripción política”, etcétera. Salieron en defensa de Cristina el presidente Alberto Fernández, el superministro Sergio Massa, la CGT sacó un comunicado al respecto, también la CTA y otras personalidades ligadas al Frente de Todos. Los mismos que vinieron diciendo, en otros casos, “hay que dejar actuar a la justicia”.

Juntos por el Cambio también está absolutamente salpicado por sus propios casos de corrupción. Ni hablar del monumento a la corrupción que es la propia fortuna de la familia Macri, hecha al calor de la dictadura militar y la estatización de la deuda externa.

Durante su gobierno también hubo grandes negociados corruptos capitalistas, como el soterramiento del Sarmiento en beneficio de la corrupta Odebretch, que pagaba coimas para quedarse con las obras, tanto en el gobierno de Cristina como en el de Macri. La misma multinacional que financiaba como aportante al PRO. Elisa Carrió en estos días denunció a políticos del macrismo de Juntos (PRO y radicales) de mantener negociados con Massa. Y nos podríamos referir al escandaloso acuerdo con el FMI, mafioso y corrupto, que ocurrió bajo el gobierno de Macri y fue ratificado bajo el gobierno peronista del Frente de Todos reconociendo 45.000 millones de dólares que fueron a la bicicleta financiera y se lo están haciendo pagar al pueblo trabajador.

Solo la izquierda vino denunciando y luchando contra todos los hechos de corrupción bajo todos los gobiernos en todas estas décadas. Desde Izquierda Socialista sostenemos que se tiene que condenar a todos los políticos patronales responsables por casos de corrupción mediante grandes negociados capitalistas. Tienen que ser ellos quienes demuestren su inocencia, tienen que ir presos si no lo hacen y devolver todo lo que se robaron. Sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Mientras seguimos luchando contra los planes de ajuste capitalistas y los negociados de los gobiernos y sus funcionarios con multinacionales, bancos y grandes empresarios, luchando por un plan económico obrero y popular y una alternativa política como lo venimos haciendo con el Frente de Izquierda Unidad.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad
22 de agosto de 2022