Escribe Noelia Agüero, legisladora Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde que asumió Milei, el gobernador peronista de Córdoba, Martín Llaryora, viene siendo noticia nacional. De entrada, representó al sector dialoguista, que con un discurso de dar gobernabilidad se prestó a votar la ley ómnibus. El tremendo ajuste de Milei y el impacto no solo en la clase trabajadora sino en algunos sectores medios productivos hizo que, luego de votar la ley en general, se aprestara a rechazar algunos artículos. El gobierno nacional terminó retirando la ley, a pesar de que Llaryora planteó que “fue un error gravísimo bajar la ley, podríamos haber continuado con el tratamiento” (Clarin, 18/2).

En este marco se produce un quiebre entre Llaryora y Milei, con este último endilgandole una “traición” al gobernador cordobés y avanzando con un feroz ajuste que incluyó el recorte de todo tipo de fondos y subsidios, como el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), el transporte, entre otros. Mientras, las y los cordobeses somos quienes sufrimos las consecuencias.

Tanto Llaryora como los grandes medios hablan del “modelo cordobés” como algo opuesto al gobierno actual e incluso al del peronismo de Alberto, Massa y Cristina. Pero el modelo cordobés es también el de ajuste al pueblo trabajador. Esto lo demuestran las jubilaciones de miseria y el cobro de los aumentos con un diferimiento de 60 días en relación a los activos. En la docencia, Llaryora incumplió el acuerdo paritario firmado en 2023 a la fuerza -mediante conciliación obligatoria-, dejándonos un 10% debajo de la inflación en enero. Ahora pretende darnos “la mitad de la inflación” más un bono miserable en negro, abriendo las puertas al conflicto docente provincial, mientras las escuelas se caen a pedazos. Lo mismo sucede con los hospitales públicos, donde las y los trabajadores de la salud en 2022 protagonizaron una enorme rebelión que duró meses, obligando al gobierno a retroceder en alguna de sus medidas.

En los últimos días tomó repercusión la tremenda suba del transporte, donde el colectivo urbano pasó a 700 pesos, aumentando en 2024 el 190% y el interurbano de corta y media distancia un 150%, reventando aún más el ya escaso poder adquisitivo.

Con estos datos demostramos que Milei aplica la motosierra en el país y los gobiernos provinciales como el de Llaryora también ajustan para beneficiar a los ricos y al FMI.

El documento de Cristina dice: “El presidente Milei debería aprovechar su primera visita oficial a Israel para revisar algunos de sus diagnósticos en relación al rol del Estado y su importancia. En efecto, el Presidente se declara un admirador incondicional de la República de Israel. Sin embargo, sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único camino para el ejercicio de la libertad […]. Debería aprovechar su estadía en ese país para comprender que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente […]. Quienes hemos estado en Israel pudimos ver, más allá de los conocimientos históricos y estadísticos, el rol fundamental y omnipresente que cumple el Estado en todas las áreas; desde la defensa hasta la agricultura, desde la tierra hasta el agua […] se podrá enterar que la propiedad de la tierra siempre es del Estado y que este sólo la alquila por un plazo máximo de 90 años”.

Recordamos a las y los lectores que Cristina hace referencia de esta manera al Estado de Israel, al que el pueblo palestino y quienes defendemos su causa consideramos un estado genocida y criminal.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Como parte de su brutal ajuste, Milei decidió retener los fondos para educación que Nación tiene que enviar a las provincias. De esta manera, la docencia podría no tener aumentos y vería rebajados sus salarios. Los recortes también son de fondos para conectividad, programas educativos, comedores e infraestructura escolar. La Ctera llamaría a parar el 26 de febrero y varias provincias van a conflictos. Es necesario un plan de lucha y una movilización nacional y el apoyo de todos los trabajadores a la docencia en defensa de la educación pública.

El gobierno de Milei está obsesionado en profundizar el ajuste a la educación pública y a la docencia que desde los años ‘90 con Menem y la provincialización educativa se viene aplicando sin pausa (ver "Hay que renacionalizar el sistema educativo"). Ahora el gobierno decidió no convocar a paritaria nacional y no enviar los fondos a las provincias para “ayuda” a salarios, comedores escolares, infraestructura y programas educativos.

Los salarios docentes son literalmente miserables. La canasta de pobreza está en $595.000, mientras un docente que se inicia percibe menos de $300.000. Monto de miseria en el cual están incluidos los $28.000 por docente que el gobierno nacional envía por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y donde en varias de ellas se cobra el “Fondo de Compensación Salarial”, un extra para las provincias que no pagan siquiera el mínimo. Además, se han cortado recursos por “conectividad”, algunos programas educativos externos y aportes para comedores e infraestructura. Con este nuevo ataque, en varias provincias se podría llegar a rebajar salarios y jubilaciones. ¿Vamos a permitir que el gobierno condene a la extrema pobreza a la docencia argentina? ¿Qué se siga recortando el presupuesto para pagar la deuda externa y financiar a la educación privada?

El gobierno también profundiza el ataque a los derechos laborales docentes. Ya se quiere implementar en varias provincias (Mendoza, CABA, Córdoba, entre otras) un premio al “presentismo”, con el que se podrá descontar hasta el 10% del salario al docente que falte, aunque sea por enfermedad. Así ataca al derecho constitucional de huelga, los derechos laborales y la salud docente. Lo mismo cuando hipócritamente amenaza con declarar a la docencia como “servicio esencial” ¿Es para garantizar fondos para nombrar todo el personal docente y auxiliar que hace falta? ¿Para salarios dignos, infraestructura escolar, computadoras, tecnología, libros y útiles gratuitos y poder garantizar el estudio cotidiano? No. Sólo es para tratar de quitarle a los trabajadores de la educación el derecho a reclamar, el derecho de huelga, disponiendo que se garantice el 75% del servicio. Algo insólito, por antisindical y antieducativo. A todas las falencias del sistema educativo, aunque se hable de “servicio esencial”, Milei no las quiere resolver sino agravar.  

Ahora la docencia debe trabajar doble y hasta triple jornada en las escuelas para tratar de llegar a un salario que supere la pobreza, más las horas de trabajo en la casa para planificar y corregir, además debe ir enferma a la escuela si no quiere ser “castigada” por descuentos salariales. A esto se agrega la estafa con las cajas de las obras sociales por parte del gobierno, que recauda los aportes, los utiliza en otros gastos como si fueran parte de su presupuesto y no paga a los prestadores ni a las farmacias. Así la docencia pierde coberturas médicas y farmacéuticas, ante el vaciamiento de las obras sociales.
Son las familias de la escuela pública las que más sufren la pobreza. El 60% son pobres, el 15% son indigentes. La canasta escolar subió casi un 250% (está cerca de $200 mil) y el gobierno otorgaría sólo $70 mil por única vez. Mientras Milei mantiene millonarios subsidios a las escuelas privadas y religiosas, y encima quiere implementar un fondo para subsidiar a las familias para que paguen las cuotas de las privadas.

Este es el modelo educativo y económico de Milei y los libertarios ultraderechistas. No podemos permitir que pase. Quieren poner a las familias contra la lucha docente. No hay que dejarse engañar. Hay que defender que la docencia de las escuelas públicas tenga salarios dignos y derechos laborales, que las escuelas estén en condiciones, que el gobierno nacional invierta todos los fondos necesarios. Es la única manera de defender el derecho de las infancias de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. ¡Todo el apoyo a la lucha docente en el país!

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Menem hizo un cambio estructural en el sistema educativo liquidando la nacionalización que desde la ley 1420 de Sarmiento había dado un valor y jerarquía a la escuela pública argentina. En los años ‘90 se “provincializó” el sistema. Esto quiere decir que Nación dejó de ser responsable del financiamiento. Menem lo hizo, y los radicales, el PRO y el kirchnerismo lo siguieron sosteniendo a lo largo de los años.
De esta manera la docencia dejó de cobrar el mismo salario. Hoy, por la misma tarea, hay provincias que pagan 260 mil pesos y otras 450 mil. Hay provincias con escuelas sin techos y sin baños, otras con aulas sin puertas ni vidrios, cloacas tapadas, sin internet, paredes rotas, sin ventiladores o estufas, con condiciones insalubres, ocasionando pérdida en los días de clases. Todo al servicio de que el “estado nacional” recorte el presupuesto educativo y lo use para pagar la deuda externa. Este desastre que se impuso con la Ley Federal de Educación menemista, lo sostuvieron todos los gobiernos siguientes, también el kirchnerismo, con su propia Ley Nacional de Educación que está en vigencia.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que hacer lo opuesto a lo que hace Milei e implementaron los gobiernos anteriores. Hay que renacionalizar el sistema educativo, que el Estado Nacional vuelva a ser el sostenedor indelegable de todo el financiamiento, haciéndose cargo de los salarios y una infraestructura digna. Para que no haya ningún alumno sin docentes y ningún docente sin trabajo, y que por ley el presupuesto educativo sea del 25% del presupuesto nacional o el 10% del PBI, sin otorgar ningún subsidio a las escuelas privadas. Todo esto financiado con los fondos que se destinan a la estafa de la deuda externa en beneficio de los usureros y el FMI.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

La conducción de Ctera estaría por decidir un paro nacional para el 26 de febrero. La conducción de Alesso y Baradel reclaman la paritaria nacional y que se envíen a las provincias el FONID y demás fondos. Es correcto, pero con eso no alcanza ni se resuelven los graves problemas de la docencia y la escuela pública. Es necesario que haya un salario inicial para todos los docentes del país y jubilaciones iguales a la canasta familiar. Fondos para infraestructura, recuperar las obras sociales y los derechos laborales estatutarios. Repudiar y desconocer los intentos de liquidar el derecho de huelga a través de la hipocresía de la “educación esencial”.

Para frenar el ajuste de Milei y lograr esto es necesario que Ctera llame a un verdadero plan de lucha con continuidad y una Marcha Federal a Plaza de Mayo. Los dirigentes y delegados de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista hemos llevado estas propuestas a las pocas asambleas y plenarios convocados por la burocracia y en donde dirige la oposición, en Ademys, UEPC Córdoba, ATEN Neuquén, SAE La Rioja, Amsafe, Suteba, Adosac, Sutef y otros. Hemos promovido y realizado la coordinación nacional de la oposición, proponiendo impulsar un paro nacional y movilización unificada de todas las provincias en lucha. No aceptamos que los gobernadores, bajo el argumento del recorte de FONID, rebajen los salarios. ¡Que no seamos la variante del ajuste! Que se cobren impuestos a las grandes riquezas de cada provincia para garantizar un aumento salarial. Llamamos a exigirle a Ctera y a las conducciones provinciales estas medidas y a apoyar y coordinar las luchas para poder triunfar.