Escribe Germán Resquin, delegado textil

El año pasado las y los trabajadores textiles de Tierra del Fuego, dieron una pelea muy importante para sostener sus puestos de trabajo. La inminente caída del subrégimen industrial de la ley 19.640 para la industria textil, ponía en riesgo a más de 1100 familias.

Las y los trabajadores lucharon duramente durante todo el año, hasta que en noviembre el Gobierno nacional prorrogó hasta 2028 los incentivos fiscales y aduaneros para la industria textil de la provincia de Tierra del Fuego con el objeto de "garantizar la continuidad de los puestos de trabajo".

Las y los textiles saben que con su lucha también se beneficiaron las patronales. Por eso, necesitamos un régimen de promoción industrial que garantice un verdadero proyecto de desarrollo económico al servicio de los trabajadores y el pueblo de Tierra del fuego y no de los negociados de los empresarios. Es un hecho que las patronales durante años se la llevan a paladas. Entonces, lo que había que garantizar es que no se pierda ningún puesto de trabajo.

Pero las patronales, apenas ganan un poco menos, lo primero que hacen es despedir, suspender y dejar trabajando en forma precaria a las y los trabajadores. En Auxtraltex despidieron a 33 compañeres, en Textil Río Grande siguen suspendidos la totalidad de las y los trabajadores. Las excusas de la patronal son variadas, desde que no venden el stock, que no pueden comprar insumos y la mar en coche.

¿Y el gobierno? Bien, gracias. Claro que hicieron propaganda cuando se hizo la prórroga. Pero ahora brillan por su ausencia. Y ni hablar del plan motosierra del gobierno de ultraderecha de Milei que solo golpea y golpea a la clase trabajadora, como si fuéramos la casta. Claro que al servicio del FMI y la deuda externa.

Lo cierto es que no podemos permitir que sigan atropellando a las y los trabajadores. Exigimos a los sindicatos textiles, a la CGT que pongan en marcha un plan de lucha que detenga todo este atropello. Se tienen que reincorporar a la totalidad y cesar las suspensiones. Plata hay. Solo que se la llevan los de siempre mientras ajustan brutalmente.

#BASTA DE AJUSTE
#REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE TODAS Y TODOS
#CESE DE LAS SUSPENSIONES
#QUE LOS SINDICATOS TEXTILES Y LA CGT ORGANICEN UN PLAN DE LUCHA

Se van a cumplir en estos días dos meses desde la asunción del ultraderechista Javier Milei a la presidencia de la Nación. Los números son contundentes: un auténtico desastre para el pueblo trabajador: 50% de inflación en sólo 60 días, salarios y jubilaciones pulverizadas, comienzo de oleadas de despidos, aumentos de naftas, transporte, prepagas, alquileres y un largo etcétera. Las consultoras que siguen el consumo registran una caída en enero del 20% en relación a igual mes del año pasado (y del 6% con respecto a diciembre). Es un hecho que, cuando se conozcan los nuevos números de pobreza, estos superarán largamente el 50% del total de la población.

Se viene ejecutando una auténtico programa de guerra contra las y los trabajadores, jubilados y todos los que perciben planes sociales, mientras que del otro lado, un puñado de ricos, grandes empresas, bancos y especuladores están amasando super-ganancias.

En estos dos meses tuvimos primero una megadevaluación que, unida a la más absoluta libertad para remarcar y aumentar absolutamente todo, llevó la inflación por las nubes, mientras la carestía la pagaban los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Milei le sumó a ello el DNU con el que intentó quitar de un plumazo todos los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en un siglo y luego la Ley Ómnibus que sigue conteniendo, aún después de su recorte, privatizaciones, permisos para endeudarse y un largo etcétera. A lo que se le suma, el protocolo represivo de la ministra Bullrich y su accionar, con una virtual militarización para impedir ejercer el derecho a la protesta y, en concreto, la resistencia a estas medidas de ajuste.

Sin duda, el desastre del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, provocó que un sector del pueblo trabajador, equivocadamente, confiara en Milei y lo votara. Sin embargo, es sorprendente la velocidad con que caen los apoyos al actual presidente. Según un estudio de la consultora Zuban Córdoba el descenso es de un punto por día (hoy la imagen negativa estaría cercana al 55%), con una mayoría que afirma que “el ajuste no está siendo pagado por la casta”. Este mismo estudio relaciona la caída de la imágen positiva de Milei con un rechazo generalizado a las medidas del gobierno, como la megadevaluación, el DNU o la Ley Ómnibus. El trabajo de esta consultora pone en números lo que compañeras y compañeros observan diariamente en sus lugares de trabajo, estudio o en los barrios populares: votantes de Milei que se arrepienten de su decisión.

El ajuste está en curso. En ese marco, hoy estamos en medio de una pulseada: si se termina aprobando o no (y con qué contenido) la Ley Ómnibus. Que, como sabemos, depende en lo que al Congreso se refiere del grado de complicidad de la llamada “oposición dialoguista” de gobernadores pe-ronistas (Córdoba y Tucumán), radicales, Coalición Cívica y de un PRO en los hechos convertido en la pata legislativa del oficialismo. Del mismo modo que el DNU terminará más o menos vigente según lo que termine sucediendo en la justicia. Pero sabemos que lo que de verdad definirá si pasa o no este ajuste, incluyendo estos dos instrumentos, es lo que suceda en las calles, con la resistencia obrera y popular. Con la masividad de las movilizaciones, con la organización que crece día a día en asambleas vecinales, juveniles, de la cultura, ambientales, feministas. En este marco, un punto decisivo fue, sin duda, el paro y movilización de la CGT. Sin embargo, después del 24 de enero, la dirigencia burocrática de la central obrera no ha avanzado en ninguna medida de lucha, ni siquiera anunciado la cercanía a otro paro general. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yaski, anunció que “se va a reunir” para “estudiar” nuevas medidas, pero también sin dar pasos en concreto.

Todo esto hizo que en la semana en que el centro de atención política estuvo en la discusión por la Ley Ómnibus, sólo estuvieron en la calle el sindicalismo combativo y la izquierda, junto con autoconvocados, asambleas vecinales y organizaciones de jubiladas y jubilados. Varios de los que se acercaron a manifestar y expresar su repudio al Congreso en las distintas jornadas, terminaban diciendo: “los únicos que están son los de izquierda”. Por eso es más importante que nunca, al mismo tiempo que seguimos organizándonos, coordinando y movilizándonos contra la Ley Ómnibus, el DNU, el protocolo antirrepresivo y el conjunto del plan de ajuste de Milei y el FMI que exijamos a la CGT y a las CTA que llamen a un nuevo paro general y un plan de lucha.

Al mismo tiempo, tenemos que dar respuesta a una pregunta que inquieta a millones: ¿cuál es la salida? No es, sin duda, el plan hambreador de Milei. Pero tampoco puede ser volver atrás, al desastre del gobierno del Frente de Todos. Por eso decimos que hay que pelear por un plan alternativo, obrero y popular, que arrancando de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, ponga todos los recursos para que haya salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, vivienda para todos y salud y educación públicas de calidad. Una salida que sólo la podrán llevar adelante un gobierno de las y los trabajadores y la izquierda, iniciando el camino a una Argentina socialista.

Escribe José Castillo

El presidente ultraderechista Milei obtuvo, finalmente, la aprobación en general de la Ley Ómnibus, uno de los instrumentos centrales de su plan de ajuste. Lo logró, a pesar de su bancada ultraminoritaria, gracias al apoyo de la llamada “oposición dialoguista”.

El gobierno de Milei consiguió ganar un primer round: aprobar en general su proyecto de Ley Ómnibus. Se trató, sin duda de un triunfo pírrico, ya que debió resignar prácticamente la mitad de los artículos de la ley. Y todavía está pendiente ver que quedará en pie luego de la discusión en particular (artículo por artículo). Sin contar que, después de esto, deberá sortear todo el debate en el Senado.

Lo que se votó es, del principio al final, absolutamente reaccionario y parte importante del plan motosierra de Milei. Quedó la delegación de facultades al presidente de la Nación por un año extensible a dos, período donde Milei puede hacer prácticamente lo que quiere (incluso lo que se sacó de la Ley Ómnibus) para hacer pasar el ajuste. Quedan 27 empresas públicas sujetas a privatización, entre ellas los ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas. Queda la libertad para endeudarse sin límites y sin ningún tipo de control. Queda todo el capítulo represivo. Y queda también la mayoría de los recortes al área de la cultura.

La oposición “dialoguista”

El proyecto fue aprobado por 144 votos a favor contra 109 en contra. ¿Cómo Milei consiguió semejante triunfo numérico si sólo cuenta con 37 diputados propios (que exagerando pueden llegar a 40 si sumamos a José Luis Espert y sus ex aliadas Carolina Píparo y Lorena Macyzn)?

La respuesta es simple: con la ayuda de la llamada oposición “dialoguista”. Veamos: en el PRO sus 37 diputadas y diputados votaron alineados con el gobierno ultraderechista de Milei. Fueron, de hecho, el “oficialismo” que defendió el proyecto más que los propios diputados libertarios.

Después tenemos al nuevo y heterogéneo bloque que armó Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, un auténtico rejunte de pedazos de Juntos por el Cambio, que aportó 18 votos. La UCR, por su parte, luego de haber sido virtualmente insultada por el propio Javier Milei e incluso, con militantes reprimidos y encarcelados por oponerse a la ley, votó a favor en su casi totalidad: 32 de 34 diputados. Apenas tuvieron dos votos en contra, de Facundo Manes y Pablo Juliano. La Ley Ómnibus juntó también otros 14 votos de diputadas y diputados referenciados en gobernadores provinciales no peronistas. Y, por último, los tres vergonzosos votos de los diputados tucumanos “tránsfugas” del bloque peronista de Unión por la Patria.

Los artículos que se sacaron

La ley originalmente constaba de 633 artículos.Finalmente quedaron en pie 363. Que el gobierno haya tenido que dar marcha atrás en capítulos enteros, retirando su pretensión de cuatro años de facultades delegadas, el capítulo previsional (más allá de que Milei intentará ajustar a los jubilados por otras vías), la reforma política (que virtualmente eliminaba a las minorías y proscribía a la izquierda), retirando a YPF del listado de empresas a privatizar (que se redujo de 41 a 27), se debió sin duda, a la presión que sobre el propio gobierno o sobre los bloques opositores “dialoguistas” generó el enorme repudio popular a la Ley Ómnibus. Incluyendo, como punto fundamental, el paro general y la multitudinaria movilización del 24 de enero. También influyeron, sin duda, varios lobbies empresarios, el más importante de los cuales fue el que logró que se retiraran los aumentos de las retenciones (impuestos a la exportación).

El gobierno mostró su debilidad. Quedó claro que “sintió” el golpe y se vio obligado a retroceder. Pero logró votar la ley en su versión más reducida, por lo que el resultado final sigue abierto.

¿y ahora?

Al cierre de esta nota, todavía no había comenzado la discusión en particular. Muchos trascendidos anuncian discusiones “empantanadas”. Salga lo que salga, luego falta toda la discusión en la Cámara de Senadores. Pero no debemos confundirnos: no podemos tener la menor confianza en las negociaciones entre los miembros de la oposición patronal “dialoguista” y el gobierno. Por dar un sólo ejemplo: el gobierno de Córdoba pide la coparticipación del impuesto PAIS, luego de reclamar que se reimplante el impuesto a las ganancias sobre los salarios. En el caso de que el gobierno de La Libertad Avanza no ceda la coparticipación del impuesto PAIS, ya están planteando que la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses (la plata de los jubilados) para cubrir los déficits de sus propias cajas provinciales. O sea, en todos los casos las negociaciones entre “nación” y “provincias” es poniendo como patos de la boda a las y los trabajadores y jubilados. Del mismo modo, todos los bloques “dialoguistas” aceptan que un número importante del listado de empresas a privatizar permanezca como tal, entre ellas nada menos que Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles. Con respecto al paquete represivo, la inmensa mayoría de la oposición patronal “dialoguistas” está por mantenerlo, dándole carta blanca a Patricia Bullrich.

Con la Ley Ómnibus pasa lo mismo que con el DNU. Tanto diputados como senadores tienen atribuciones legales para reunirse y rechazarlo, pero no lo hacen porque, independientemente del carácter ultraminoritario de las bancadas de La Libertad Avanza en ambas cámaras, los “dialoguistas” lo dejan correr. En el Poder Judicial salieron varios amparos que suspenden capítulos del DNU (el más importante, toda la reforma laboral). Pero todo está supeditado a lo que diga finalmente la Corte Suprema. ¿Podemos acaso, tener confianza en esos jueces?

En síntesis, el futuro de la Ley Ómnibus, del DNU, del protocolo anti-piquetes y del conjunto del plan de ajuste de Milei y el FMI depende de si el pueblo trabajador es capaz de vencerlo en las calles, con su movilización. Por eso es fundamental que continúe la movilización que se dio en estos días, de trabajadoras y trabajadores, jóvenes, jubilados, ambientalistas, feministas, pero también, y por sobre todo, exigir a la CGT y a las CTA que convoquen a un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentar este plan motosierra.

Escribe José Castillo

La bancada del Frente de Izquierda Unidad tuvo una actuación destacada en todo el tratamiento de la Ley Ómnibus. Empecemos por lo obvio: fue el único bloque parlamentario que completo, con sus cinco diputados, votó en oposición a la ley. Unión por la Patria sufrió la deserción de tres legisladores tucumanos que terminaron apoyando la ley, y aún así, sólo 97 diputados votaron en contra, ya que otros dos “se encontraban ausentes”. Ni hablemos del resto de los bloques, donde salvo excepciones minoritarias, todos terminaron jugando para Milei y le permitieron la aprobación en general de la ley.
Las y los diputados del FIT Unidad estuvieron presentes denunciando desde el principio, en el plenario de comisiones, tanto el trámite absolutamente irregular con que se aprobó el dictámen, sino también el contenido reaccionario, represivo y ajustador de la ley, así como el hecho de que estaba escrito a la medida de los negocios de los grandes empresarios y el FMI. Ya en el tratamiento de la ley en el recinto, no sólo argumentaron contra el contenido del proyecto, sino que repetidas veces interrumpieron el debate para denunciar la represión que se está llevando adelante en las calles. Varias veces, las y los diputados del Frente de Izquierda se retiraron del recinto para incorporarse a la movilización, y fueron reprimidos junto con el conjunto de los manifestantes.

Lo destacado de la intervención del FIT Unidad llevó a que Myriam Bregman fuera insultada desde la barra por un empresario ultraderechista que había ingresado con autorización de los diputados de La Libertad Avanza. La rápida reacción del resto de las diputadas y diputados, que se negaron a continuar la sesión mientras estuviera presente el provocador, obligaron a que este se retirara.

En síntesis, el Frente de Izquierda Unidad tuvo una destacada participación en estas jornadas. A diferencia del peronismo, prácticamente ausente en las calles, el FIT Unidad movilizó todos los días del debate, fue reprimido y gaseado, incluso varios de sus dirigentes, se opuso sin medias tintas al proyecto de Ley Ómnibus y nunca dejó de señalar las responsabilidades del anterior gobierno peronista del Frente de Todos. Al mismo tiempo, siguió reclamando a la CGT y a las CTA que, para derrotar tanto la Ley Ómnibus, el DNU como las demás medidas del ajuste de Milei y el FMI, más que nunca, se necesita un nuevo paro general y un plan de lucha.