Venezuela. Protesta nacional del magisterio

Organizaciones sindicales del magisterio convocaron a una protesta nacional el 5 de octubre, que se cumplió en dieciséis estados, exigiendo un salario que cubra la canasta básica, el cumplimiento del contrato colectivo y la garantía de condiciones laborales para el inicio del año escolar a distancia en medio de la pandemia de Covid-19.

La corriente sindical Ccura acompañó la protesta en Caracas y otras ciudades. Los maestros y maestras sufren, como el conjunto de la clase trabajadora, el paquete antiobrero de Maduro, agravado por las sanciones económicas de los Estados Unidos. Cobran salarios que no llegan a 3 dólares al mes y han perdido un conjunto de beneficios laborales de su contrato colectivo.

Chile. Denunciamos la represión contra el MST 

El MST (UIT-CI) denuncia que el jueves 1° de octubre, camino a la importante conferencia pública que hizo el Comando por la Asamblea Constituyente libre y soberana en Plaza Dignidad al mediodía, Carabineros detuvieron a compañeros de nuestro partido que fueron a la Tercera Comisaría para un control de identidad y les robaron las banderas. El MST denuncia este nuevo acto represivo que demuestra que el gobierno de Piñera ha dado órdenes directas de que las organizaciones de izquierda, activistas y luchadores sociales sean tratados como delincuentes. El MST denunció que Piñera mantiene a 2.500 presos políticos de la protesta popular con montajes judiciales basados en acusaciones falsas y exige la libertad de los presos y presas por luchar.

Brasil. Baba candidato a concejal en Río

La Corriente Socialista de los Trabajadores (CST) - UIT-CI, como parte del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), lanzó la campaña “Baba para vereador (concejal) de Río”, centrada en la denuncia contra el desastre de la salud y el económico que afectan a los trabajadores y el pueblo de Río de Janeiro y en la construcción de una alternativa de oposición radical a la extrema derecha gobernante en Brasil.

El volante del lanzamiento de la candidatura señala que, además de votar, hay que seguir la lucha contra la anulación de los derechos laborales, contra la destrucción de los servicios públicos, para garantizar presupuestos suficientes en salud y educación, para lograr el no pago de la deuda pública a los banqueros y el impuesto a las grandes fortunas para defender el salario y el empleo.

Se palpa en los lugares de trabajo, en los barrios populares, en las reuniones familiares, cada día crecen más el malhumor y la bronca popular. Cada día hay más miseria y pobreza. Todo aumenta mientras se consuma el robo a los salarios y las jubilaciones, que cada vez alcanzan para menos. Por eso crece el repudio a las maniobras de las patronales y a la traición de la burocracia sindical. Y el gobierno peronista de Alberto Fernández va sufriendo cada día un mayor desgaste. 

La preocupación ante una pandemia que no cede, que en muchos lugares sigue creciendo, es tema de debate cotidiano. Alberto Fernández y los gobernadores de los distintos partidos patronales, que en marzo, cuando empezó la cuarentena, anunciaban con bombos y platillos que haber tomado medidas tempranas serviría para “prepararse”, no tienen cómo responder ahora, meses después, cuando se hace realidad el colapso sanitario. No crearon las instalaciones necesarias ni incorporaron a los trabajadores de la salud que se necesitaban. Encima, se acaba de descubrir la truchada de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Kicillof había “escondido” más de 3.500 muertos.

El otro gran tema es la pandemia social. Se conocieron la semana pasada los nuevos números de desocupación. La realidad es contundente, tierra arrasada. Tenemos el desempleo más alto desde 2004, con casi cuatro millones de personas que han perdido su trabajo en el último año. Sobre llovido mojado, esta semana se conocerán las estadísticas de pobreza, que reafirmarán lo que ya todos vienen anticipando, uno de cada dos argentinos es pobre, acercándonos cada día más a los números que teníamos en la crisis de 2001. Mientras tanto, la avidez de ganancias y saqueo de las patronales no tiene límites. Así, en Córdoba crecen los incendios, al servicio de los negocios inmobiliarios y la deforestación.

Guernica y la toma de sus tierras, con miles de familias desesperadas esperando una solución, y un gobierno que sigue amenazando con reprimirlas, es la postal más clara del desastre social. Hay un hecho contundente, si no hubiera sido por la solidaridad que rodeó a la toma y por  las movilizaciones que se hicieron, ya hace tiempo que el gobierno de Kicillof hubiera apostado a la salida “a la Berni” y, con la excusa de fallos judiciales que lo avalan, se habría desalojado a las familias por la fuerza. Por eso sigue siendo más importante que nunca seguir sumando al apoyo, tal como haremos este miércoles donde, tras una conferencia de prensa en el Obelisco, realizaremos una caravana hacia Guernica para iniciar ahí una vigilia en el día que se anuncia el desalojo.

Mientras tanto, sigue la pelea “en las alturas” entre el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Juntos por el Cambio por el control del Poder Judicial. Una cuestión alejadísima de las necesidades y preocupaciones actuales del pueblo trabajador, que sin embargo gasta ríos de tinta, y de saliva, en los medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores. De un lado el gobierno peronista de Fernández, con su “reforma judicial” como tema de fondo y la decisión de trasladar a los jueces que actuaban en las causas contra Cristina Kirchner como tema inmediato. Su intención, zafar de las causas de corrupción y controlar a la Justicia poniendo jueces amigos por todos lados. Del otro lado, la oposición patronal de Cambiemos que busca aprovechar esto para posicionarse ante su propia base electoral, mientras también trata de defender a los jueces amigos que le quedan y, al igual que el gobierno, zafar de sus causas de corrupción. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia que, recordemos, es la misma que hace apenas unos años intentó liberar a los genocidas con su fallo del “dos por uno”, que no se hizo efectivo por el repudio y la multitudinaria movilización en contra. Los jueces del máximo tribunal hacen equilibrio aceptando el per saltum que los obliga a expedirse en el caso del traslado de jueces, pero al mismo tiempo no toman ninguna decisión de fondo. Toda una demostración de que “la Justicia” no es independiente, sino que siempre está atada al poder político de turno, fallando a favor de las patronales y en contra del pueblo trabajador. Todo mientras el presidente Fernández se muestra “indignado” y acusa de fascista al escrache al juez Lorenzetti y utiliza todo este batifondo para agitar una oposición salvaje de “la derecha” que buscaría desestabilizar al gobierno.

Toda esta polvareda de discusiones entre partidos patronales busca esconder lo fundamental, el ajuste que sigue llevando adelante el gobierno peronista del Frente de Todos, que se apresta a dar un nuevo paso con la misión que llegará la semana próxima del Fondo Monetario Internacional. La única duda es si vendrán “en vivo” o “por zoom”, pero de lo que sí hay certezas es que su objetivo es definir el ajuste, mayor aún que el actual, por el que se obligará al gobierno argentino a garantizar los pagos de deuda externa. Ese es el único y verdadero “plan económico” del gobierno, del que en los próximos días se conocerán nuevas medidas que, como ya anticipamos, serán a favor de los monopolios exportadores del agronegocio y la minería para que “se dignen” a liquidar algunos dólares y así acrecentar las ya muy enflaquecidas reservas del Banco Central.

Esta es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Con una burocracia sindical de la CGT y las CTA cómplice del ajuste, que firma acuerdos salariales a la baja por sumas fijas irrisorias, mientras patea toda la discusión paritaria para el año próximo. Que sigue dejando correr las medidas contra los trabajadores, en vez de pelear por aumento salarial o contra los despidos y las suspensiones. Y que hoy parece tener como mayor preocupación la organización de un acto de apoyo al gobierno y a su plan para el próximo 17 de octubre.

Frente a todo esto, siguen las peleas del pueblo trabajador. Vuelven a protestar los trabajadores de la salud, en ATE la oposición se organiza para rechazar el miserable aumento de 7% ya aceptado por UPCN, los docentes universitarios vienen de una jornada de cuarenta y ocho horas de protesta. Todas luchas que hay que apoyar y coordinar, como planteamos desde el Plenario del Sindicalismo Combativo. Así como también el movimiento de mujeres salió a gritar que sigue exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito, cajoneado por el gobierno. Y, como dijimos, nos movilizamos contra el desalojo en Guernica.

Todo esto lo hacemos mientras planteamos que debe haber otro plan económico, de emergencia, obrero y popular, que empiece por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI e implementar un auténtico impuesto a las grandes riquezas, como el presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Para, con ese dinero, salir a resolver las urgentes necesidades generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Para eso luchamos y te invitamos a sumarte desde Izquierda Socialista. 

Escribe Diego Martínez

La semana pasada se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que impulsa el peronismo, “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Después de seis meses, mientras crecía enormemente la pobreza y se llegaba al colapso sanitario en algunas provincias, el oficialismo se decidió a tratar su proyecto contando con los 129 votos necesarios para que sea aprobado, gracias al acompañamiento de Lavagna y un sector del radicalismo. El peronismo sostiene que con esta iniciativa va a ir contra los ricos para favorecer a los más pobres, recurriendo nuevamente al doble discurso del Frente de Todos. Veamos.

Las concesiones del gobierno a las patronales

El proyecto otorga varias concesiones a las grandes patronales. Solo se gravan las fortunas de personas físicas de forma individual y no de empresas. Así, quedarán exentos los bancos, que tuvieron un margen de ganancia de 300% en 2019 y este año ganaron 650 millones de pesos por día. Tampoco pagarán el impuesto las empresas privatizadas, Edesur, Edenor, Telefónica y Telecom. Estas dos últimas, junto con DirecTV y Telecentro, fugaron 2.500 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Además, el “aporte” solo contempla a las personas que tengan domicilio legal en el país, lo que exime del pago del impuesto a grandes magnates nacionales como Alejandro Bulgheroni, titular de la petrolera Pan American Energy y de Axion, quien encabeza el ranking de supermillonarios nacionales con una fortuna de 5.400 millones de dólares y tiene domicilio en Uruguay, o Hugo Sigman, domiciliado en España, titular del Grupo Insud y amigo del gobierno, que hizo jugosos negocios con el peronismo kirchnerista a partir de la venta de vacunas que produce en sus laboratorios y ostenta una fortuna personal de 2.000 millones de dólares. Tampoco tributará Marcos Galperín, de Mercado Libre, quien llegó al segundo lugar en el ranking de multimillonarios argentinos a partir del crecimiento que tuvo su empresa desde que empezó la pandemia, y que también tiene domicilio en Uruguay. Ni un solo dólar de los 4.200 millones que componen su fortuna será alcanzado por el impuesto.

Además de salvar a una parte importante de estos sectores más acaudalados, el gobierno agregó una disposición de último momento a pedido de los empresarios. Se tomará como referencia la fortuna de las personas que declaren un patrimonio superior a 200 millones de pesos a partir de la fecha de promulgación de la ley, y no el 31 de diciembre de 2019, como establecía el proyecto original, por lo que no será retroactiva. Según la AFIP, hay 7.438 personas que ya declararon patrimonios superiores a esa cifra en 2018, y 1.860 que, según las estimaciones, serían alcanzadas por este impuesto. Con esta disposición, estos millonarios ganan tiempo para realizar las maniobras evasivas que les permitan zafar del pago del impuesto. Los principales activos de muchas fortunas personales figuran como patrimonio de sociedades anónimas. Inmuebles, autos y demás bienes son valuados en su tasación fiscal, siempre inferior a la del mercado y muy inferior a la real. Además, hay una parte del patrimonio que nunca declaran. Según las estimaciones de consultoras privadas, serían 114.000 los argentinos que poseen una fortuna personal superior al millón de dólares, y no 32.484 como informó la AFIP (Tiempo Argentino, 31/7/2020). Muchos de estos millonarios evasores tienen fortunas personales superiores a los 200 millones de pesos, pero no pagarán nada por este impuesto.

Los empresarios que no pueden zafar porque poseen fortunas muy superiores al monto establecido y no tienen forma alguna de “dibujar” los números, patalean a más no poder. El caso más burdo es el de Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara de empresas de la alimentación, quien declaró que “con el impuesto a los ricos están estigmatizando a un sector que llaman ricos pero que no son ricos. Tener 200 millones es tener un poco más que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas” (BAE Negocios, 23/9/2020).

En el terreno político, aunque uno de sus voceros declaró que “el dictamen oficial mejoró con los cambios”, la oposición patronal de Cambiemos para favorecer a los grandes empresarios plantea que: “es confiscatorio porque se gravan los mismos bienes que en el impuesto a los bienes personales” (La Nación, 25/9). Se trata de una verdadera provocación al pueblo trabajador. Mientras el impuesto a los bienes personales que alcanza a los más pudientes representa el 3,2% del PBI, el IVA que pagamos los trabajadores con nuestro consumo diario equivale a casi 12% del PBI.

La otra discusión es qué se va a hacer con los fondos recaudados. Si se aprueba el proyecto del peronismo, el 45% será destinado a subsidiar empresas, 20% del dinero lo recibirán las micro, pequeñas y medianas empresas, definidas por la AFIP como aquellas empresas que facturen hasta 2.600 millones de pesos anuales, calificando para este subsidio algunas filiales de multinacionales. Por otra parte, el 25% del tributo será para subsidiar a YPF para la exploración y producción de gas. YPF tiene el 49% de sus acciones en manos privadas, motivo por el cual distintas grandes empresas y algunas multinacionales, distribuidoras de gas, recibirán plata del impuesto.

El Frente de Izquierda presentó un verdadero proyecto de impuesto a la riqueza

Una vez más, el gobierno hace gala de su doble discurso. Dice que va a sacarles a los más ricos para darles a los más pobres. Pero la realidad es que el proyecto deja afuera a una parte importante de los principales millonarios del país y casi la mitad de lo recaudado va a ir a parar a distintas empresas.

Frente al doble discurso del gobierno, desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un verdadero proyecto de impuesto a las grandes riquezas, que permitiría recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno, y alcanzaría tanto a las empresas como a las personas físicas. Se cobraría anualmente y no por única vez, como el que propone el gobierno, y los fondos se destinarían íntegramente para solucionar las crisis sanitaria y social. Con lo recaudado, junto con el no pago de la deuda externa se podrían dar importantes pasos para  fortalecer el sistema de salud, la educación, el trabajo y solucionar los problemas de vivienda existentes. Esta es una verdadera política para atacar realmente los intereses de los ricos, los grandes empresarios y avanzar en la solución de los graves problemas sociales y sanitarios que sufre el país.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jueves pasado se vivió un hecho repudiable en plena sesión virtual de la Cámara de Diputados. El legislador salteño del peronismo del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se mostró protagonizando una práctica sexual con una mujer. Esto obligó a que Sergio Massa dispusiera su suspensión para salvar rápidamente al peronismo. A las pocas horas, Ameri renunció.

Ameri tenía un frondoso prontuario. Pero, lejos de pagar por ello, estaba libre de culpa y cargo por parte de la Justicia y gozaba de una completa impunidad dentro del propio peronismo, que lo cobijó en sus listas tras su paso como funcionario de Urtubey.

Ameri fue denunciado por acoso sexual por una militante menor de edad de la agrupación kirchnerista El Aguante, de Salta. “Era un asqueroso, machista y acosador”, dijo la joven. A pesar de ello, fue candidato del Partido de la Victoria, de Diana Conti. ¿Pero cómo? ¿No lo sabían?

Ameri fue barra de River en Buenos Aires, donde se desempeñó en el departamento de marketing del club. En 2010 fue a probar suerte a Salta y “ascendió” a diputado nacional. ¿Nadie sabía nada dentro de las filas del peronismo?

Quien ahora lo va a suplantar, y posa de progre con su “pañuelo verde”, es la diputada Alcira Figueroa, antropóloga y feminista. Figueroa reconoció que “a principio de año hubo otro cuestionamiento a sus conductas y no se tomó ninguna medida porque no había pruebas contundentes y denuncia formal”. ¿No es lo mismo que alega siempre la justicia patriarcal para dejar sin castigo a estos personajes? Dice que planteó el tema a las autoridades del Frente de Todos y que le dijeron que “las listas las hace una mesa chica de tres o cuatro con plata o poder”. ¿Figueroa aceptó ser parte de una lista con acosadores y violentos y siguió haciendo campaña con estos sujetos?

Y si algo faltaba, Figueroa responsabilizó de lo ocurrido con Ameri “al conjunto de la sociedad, que acepta estos comportamientos de la vieja política. Era algo previsible”. Doble discurso total.

Inmediatamente, nuestra agrupación Isadora se pronunció: “Fue premiado con la candidatura a la banca de diputados. Hecho que refleja la doble moral del peronismo, que sostiene en sus filas a acosadores, desacredita las denuncias de las mujeres víctimas y sólo actuó con rapidez ante este hecho porque fue en vivo y se difundió rápidamente […] políticos ‘todopoderosos’ que desde su lugar de poder disponen también de las mujeres como objetos de su propiedad para tocar y divertirse a su antojo”.

Los comentarios sobre el hecho dieron para todo. El dinosaurio retrógrado, e impresentable machista, Aníbal Fernández le contestó a una diputada de Carrió: “Es preferible un diputado desubicado y calentón a una diputada mala leche”. Si fuera por Aníbal, habría que hacerle un monumento al patotero y abusador Ameri.

El “institucional” Massa fue más sobrio: “Esta es la casa del pueblo. No podemos admitir como representantes en democracia que se den estas situaciones”. Massa quiere salvar al “honorable” Congreso denominándolo “la casa del pueblo”. Pero desde ese “honorable” Congreso salieron las leyes más nefastas para los trabajadores y el pueblo. Recordemos la Obediencia Debida y el Punto Final de los años ’80 para salvar a los genocidas de la dictadura, los presupuestos que se votan todos los años en beneficio de los grandes empresarios y el FMI, los pagos de la deuda externa, las privatizaciones y los ajustes antipopulares, y un largo etcétera.

“Situaciones como esta disocian la política de la sociedad, que la está pasando mal por la pandemia”, también dijo Massa. Pero lo que viene disociando a “la política de la sociedad” no son solo estos casos repudiables, sino la política patronal de hambre, entrega y corrupción que viene padeciendo el pueblo trabajador con los distintos gobiernos hace décadas. ¿No recuerda Massa que hubo un Argentinazo que gritó “que se vayan todos”, “sin peronistas, sin radicales, vamos a vivir mejor” o “dónde está, que no se ve, a la famosa CGT”? El Argentinazo no fue solo un repudio a tal o cual diputado, sino a un régimen político hegemonizado por la UCR y las distintas variantes del peronismo que vienen gobernando hasta ahora.

No es que Ameri es un inmoral y que el resto de los políticos patronales tienen una moral intachable. Todos son parte de un sistema político al servicio de salvar a los de arriba. Quieren mostrar a Ameri como la excepción. Pero el peronista kirchnerista José Alperovich sigue en el Senado pese a las denuncias por abuso sexual de su sobrina, ante lo que venimos exigiendo que se le quiten los fueros y sea juzgado y castigado.

La doble moral del gobierno nacional es más que palpable. Mientras Alberto Fernández da discursos sobre los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, los varones acosadores son premiados con cargos en sus listas. Y mientras Alberto y Cristina posan de “feministas”, se niegan a otorgar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sometiendo a millones de mujeres jóvenes y pobres a la violencia desgarradora del aborto clandestino.

Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando contra estos políticos de la decadencia como Ameri y contra el resto de los políticos y partidos patronales que defienden a un sistema capitalista, ajustador, machista, patriarcal y de destrucción ambiental. Políticos que viven del privilegio, con dietas que superan quince o veinte veces más lo que cobra un trabajador o un jubilado. Los que votan leyes contra el pueblo. Los que gobiernan para los capitalistas y el FMI, sean peronistas, radicales, de PRO o de los partidos provinciales. Contra todo esto seguiremos postulando una alternativa política obrera y popular y de la unidad de la izquierda, como lo venimos haciendo desde el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

La publicación de los datos oficiales de empleo, realizados por el Indec, provocó un auténtico terremoto. La tasa de desocupación subió a 13,1%, la más alta desde 2004. Pero ese número así, frío, no refleja ni de lejos el verdadero drama que se está viviendo. 

Vamos a explicarlo, la tasa de desempleo se calcula a partir de una encuesta en la que se le pregunta a una muestra de personas de los treinta y un conglomerados urbanos más grandes del país si está trabajando o no. Cualquier actividad, por pequeña que sea, como una changa ocasional, ya coloca a ese encuestado en la categoría de “ocupado”. Pero eso no quiere decir que el resto figure automáticamente como desocupado, para serlo debe responder que efectivamente buscó trabajo en la semana cuando se tomó la encuesta. 

¿Cómo sacamos entonces un número más o menos real de cuántas personas efectivamente están sin empleo? Vamos por partes,  al 13,1% que figura como “desocupado” le sumamos el 9,6% que aparece como “subocupado”, que responde que ha realizado alguna actividad -changa por ejemplo- pero que desea, necesita y busca trabajar más horas. Así ya tenemos 22,7 por ciento.

Pero ahí no termina el problema. Los ocupados, los subocupados más las personas que efectivamente están buscando trabajo suman lo que se llama “tasa de actividad” o “población económicamente activa”. Antes de la pandemia ese número daba 47,1% del total de los habitantes del país (alrededor de 20 millones de personas). Pero ahora, según la encuesta del Indec, se ha reducido 8,7%, a apenas 38,4% (16 millones). Quiere decir que cerca de cuatro millones de personas dejaron no solo de trabajar, sino también de buscar trabajo ante la imposibilidad de conseguirlo. Entonces, sintetizando, si a los oficialmente desocupados (13,1%), le sumamos los subocupados (9,6%) y la baja de la tasa de actividad (8,7%) llegamos a un número terrorífico, 31,4 por ciento. ¡Ese es el verdadero número! ¡Una de cada tres personas en edad de trabajar está sin empleo, sobreviviendo como puede!

Todos estos cálculos fueron confirmados en un nuevo estudio del Cetyd-Idaes, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín: 3.700.000 personas perdieron sus puestos de trabajo en el último año, 330.000 corresponden a trabajadores en blanco y el resto a quienes estaban en negro o figuraban como “monotributistas” o cuentapropistas. 

En realidad, todos estos números no deberían sorprendernos. Son la consecuencia de la continuidad del desastre provocado por el gobierno de Macri, de los primeros cuatro meses de Alberto Fernández, donde todos los indicadores mostraban que la economía no se recuperaba, y, sobre llovido mojado, de los seis meses de pandemia. Así, en los momentos iniciales de su gobierno, el Frente de Todos no tomó ninguna medida para recuperar el empleo, de hecho decidió priorizar el pago en efectivo de 4.500 millones de dólares a los acreedores externos. Luego, ya en plena pandemia, les otorgó innumerables privilegios a las patronales con la promesa de que así “no despedirían”. El más importante fue el del programa ATP, por el que el gobierno nacional paga una parte de las nóminas salariales de miles de empresas. Sin embargo, esto no impidió que despidieran en masa, e incluso que algunas se embolsaron el ATP y luego cerraron, como es el caso de Latam.

En el comienzo de la cuarentena el gobierno peronista de Alberto Fernández emitió un decreto de necesidad y urgencia que prohibía las suspensiones y los despidos que fue “renovado a su vencimiento” repetidas veces. Sin embargo, por medio de un vergonzoso acuerdo entre las patronales y la burocracia de la CGT, y con el visto bueno del propio Ministerio de Trabajo, se dejaron correr los despidos, los cierres de plantas y la más absoluta violación de todos los convenios y la propia Ley de Contrato de Trabajo. El gobierno del Frente de Todos es plenamente consciente de esto, de hecho los datos previos a los ahora proporcionados por el Indec, que registraban 300.000 despidos de puestos de trabajo en blanco y 700.000 suspensiones salieron de cálculos del propio Ministerio de Trabajo.

Estamos en una auténtica y total emergencia laboral. Millones de argentinos han perdido sus puestos de trabajo y para otros tantos su empleo pende de un hilo. Hay que tomar medidas de fondo en forma urgente. Sin duda, hay que prohibir las suspensiones y los despidos, pero de verdad, sin “excepciones”, planteando que toda empresa que viole esta disposición sea expropiada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores. A los millones que ya han perdido sus trabajos hay que otorgarles un IFE de emergencia de 40.000 pesos por mes. Y se tiene que poner en marcha un plan económico alternativo, obrero y popular donde, a partir de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, se pongan todos esos recursos, junto con los de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, al servicio de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Esto incluye un gran plan de obras públicas basado en la construcción y reparación de hospitales y otras instalaciones sanitarias necesarias, y el lanzamiento de un programa de construcción de viviendas populares que resuelva el flagelo del déficit habitacional y, a la vez, dé trabajo genuino a todos los que hoy no lo tienen.