Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuamos impulsando una gran campaña de solidaridad para con las familias que están luchando por la recuperación de tierras para la construcción de sus viviendas.

Esta semana, los compañeros de Izquierda Socialista de zona Oeste, así como la juventud de nuestro partido, se han hecho presentes llevando alimentos para manifestar el apoyo a la lucha de estas familias.

Continuaremos firmes con esta campaña. Solicitamos a los compañeros de trabajo, de estudio y sectores barriales que se sumen a esta tarea para fortalecer la lucha de este sufrido grupo de familias por una vivienda digna.

¡Ayudemos a las familias de Guernica!

Para hacer su aporte a la campaña puede efectuar depósitos en la cuenta 

CBU 2850326240094614046868, o llamar al teléfono 54 9 11 6258-8523 para coordinar.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Estamos entrando en el último mes en el que se celebran las sesiones ordinarias del Congreso. A fin de noviembre vence el plazo para que se traten los proyectos de ley que fueron presentados en 2019. En ese conjunto está el de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que está al borde de perder estado parlamentario. Esto significa que si no se trata y aprueba en estas semanas vuelve a triunfar el aborto clandestino, con las irremediables consecuencias en la salud y la vida de las personas con posibilidad de gestar.

Cuando se inició el período de sesiones ordinarias, en marzo de este año, el presidente Alberto Fernández dijo que él iba a presentar su propio proyecto, y lo postergó tanto que al día de hoy seguimos sin conocer ese misterioso texto, que encima competirá con el de la Campaña, restándole fuerza al que elaboramos las organizaciones feministas y que tiene el aval de la marea verde. A esta altura del año no hay dudas de que todo fue una maniobra para que no se apruebe nuestro proyecto. Una total irresponsabilidad del gobierno y de lxs legisladorxs de todos los partidos patronales, que siguen burlándose de nuestro derecho a decidir y poniéndose del lado de las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres, travestis, trans y no binaries.  

La declaración de Ginebra y el retroceso en Polonia

Recientemente, el gobierno de Brasil y el de Estados Unidos impulsaron en Naciones Unidas (ONU) una declaración contra las políticas que ese organismo internacional promueve a favor del acceso al aborto no punible. Entre otras consideraciones, el documento rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano. Esta “declaración de Ginebra” no es vinculante ni tiene el rango de un tratado internacional. Solo es un pronunciamiento contra esos derechos y tampoco obliga a los gobiernos adherentes a tomar una medida al respecto, aunque sí es un claro posicionamiento político. Los países que acompañaron esta iniciativa impulsada por Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda.

En el mismo sentido, Polonia ha dado un paso más para limitar los derechos reproductivos de las mujeres. El Tribunal Constitucional, controlado por jueces afines al partido del gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha emitido un fallo en el que se considera inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Hasta la fecha, esta era una de las tres causales permitidas en la legislación polaca y representaba el 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en ese país el año pasado, según datos oficiales.

Esta contraofensiva de los gobiernos, en alianza con las iglesias y sectores conservadores, no hace más que mostrar la verdadera cara de las políticas que el imperialismo pretende llevar adelante contra nuestros derechos, aprovechándose del contexto de la pandemia del Covid-19. Lo mismo hacen con la crisis económica que pretenden descargar sobre nuestras espaldas. Pero, lejos de paralizarnos, debemos aprovechar nuestra fortaleza y no dejarles pasar ninguna. Las polacas vienen impulsando desde hace días movilizaciones contra la nefasta resolución del tribunal para que caiga. Ese es el camino que debemos seguir, y desde Argentina nos sumamos a su lucha porque es la misma que damos en todo el mundo.

Basta de dilaciones, que se apruebe el proyecto de la Campaña

El ejemplo de Polonia nos sirve también para ilustrar que cualquier derecho conquistado con la movilización no es para siempre, sino que puede ser arrebatado por los gobiernos, que utilizan cualquier excusa para hacerlo. Esto implica que jamás debemos bajar la guardia, ni un segundo, cuando se trata de nuestros derechos. Legalizar el aborto en nuestro país es urgente y es ahora. Por eso es fundamental que desde la Campaña se convoque a una gran movilización, con los cuidados que la situación amerita, para imponer el derecho al aborto. Son semanas decisivas para que se trate y apruebe nuestro proyecto. Ya demostramos que el argumento que dio el gobierno, de que por la pandemia no se podía tratar el tema para no sobrecargar el sistema de salud, es una mentira. Pero además, visto el paso del tiempo, quedó demostrado que fue una maniobra dilatoria para que no se trate nuestro proyecto. No lo permitamos. Salgamos a las calles para lograr el #AbortoLegal2020.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Ya pasaron dos semanas del anunciado “regreso a clases presenciales” de Larreta y su ministra de educación, Soledad Acuña, en CABA. Además de evaluar qué está pasando, debemos recordar que no es una política “aislada” de Larreta, sino que fue acordada con el ministro Trotta y Alberto Fernández, quienes también están apurando el retorno a las escuelas en varias provincias. Y que, desde el primer anuncio, nuestro sindicato Ademys, por resoluciones de sus asambleas abiertas, se ha pronunciado en contra de hacer esos experimentos políticos, cuando la pandemia sigue en ascenso.

De los casi 400 mil alumnos que estudian en CABA (entre jardín, primaria y secundaria, estatales y privados), el plan del gobierno no logró ni que el 2% se haya “presentado en las escuelas”. Por eso hace el ridículo Larreta al declarar que “se emocionó de ver nuevamente las sonrisas de los niños con sus guardapolvos blancos y los docentes dando clases en los pizarrones de las escuelas”. ¡Ni hubo chicos en las escuelas, ni los docentes dieron clases en aulas con pizarrón!

¿Por qué fracasa el plan del gobierno? Porque es un plan mentiroso y a contramano de las necesidades de los estudiantes y sus familias. Es mentiroso porque el gobierno quiere hacer creer a la población que está “normalizando” el sistema educativo en pandemia, para quedar como resolviendo la problemática de padres y madres, que necesitan que los chicos vuelvan al colegio. Y para insistir en que hay que acostumbrarse a la “nueva normalidad de convivir con la pandemia”.

Pero la realidad es que son ínfimos los porcentajes de alumnos que asisten. Y, es importante aclararlo, no van “a clases”, sino que los convocan para hacer “recreación” y “revinculación”.

La explicación que venimos dando los docentes de Ademys de que esto es absurdo, en medio de la pandemia que no cede y que es muy riesgoso para la salud de todos, sólo no la quieren entender Larreta, Acuña y Trotta. Pero la campaña de la docencia es aceptada por las familias de los trabajadores. Por eso es que ni siquiera pueden implementar el exiguo plan gubernamental: las familias no se arriesgan a enviar a sus hijos. El propio ministro de salud de CABA está alertando de posibles “rebrotes”. Ya tuvimos la semana pasada el primer caso de un auxiliar de una escuela técnica de Flores con Covid. Debió suspenderse la asistencia y quedaron en aislamiento las directivas, auxiliares y dos maestras.

Por eso las “burbujas” del gobierno (grupos de ocho alumnos aislados) no funcionan, no se completan. Y las docentes, además de explicar a las familias, se suman al paro de Ademys, rechazando los aprietes gubernamentales. Ayer, en medios de prensa que me entrevistaron, hubo periodistas que reconocían que sus hijos no habían asistido, “por el paro de las maestras de Ademys”.

“¿Pero ustedes están en contra de volver a clases? ¿Por qué no reclaman que se garanticen las medidas sanitarias, en vez de no querer volver?”, nos cuestionan. En primer lugar, nosotros somos conscientes de que hay pandemia y del riesgo de vida que significa contagiarse. Porque ni siquiera están garantizadas las condiciones sanitarias para dar clases, de antes de la pandemia y el gobierno nunca las resolvió. En varias escuelas no pudo siquiera instalar las “burbujas” porque no tenían jabón en los baños. Esa es la realidad. Lo que se necesita ahora es mejorar la educación virtual. Invertir lo necesario en computadoras y conectividad gratuita para las familias y los docentes. De esa manera se podría lograr una buena educación para todos, romper el aislamiento educativo y evitar el riesgo sanitario de la presencialidad escolar que ha fracasado en todos los países.

La asamblea abierta de Ademys del último viernes votó parar lunes y martes, y el resto de la semana paros de actividades presenciales, sosteniendo el lazo con las familias para rechazar la propuesta del gobierno. También hacemos un llamado a los estudiantes secundarios y sus organizaciones a que se sumen a la lucha contra el plan de Acuña y Larreta. Como lo hicieron docentes de las escuelas técnicas y maestras jardineras, que se autoconvocaron y más de 600 firmaron un documento de rechazo al regreso de los niños de preescolar. El martes 27 hicimos una importante caravana de la docencia convocada por Ademys, con un acto en la Jefatura de Gobierno.

Seguimos rechazando el regreso a la presencialidad en medio de la pandemia y exigiendo los fondos necesarios para sostener la educación virtual, el salario docente y la infraestructura escolar.

Escribe Martín Fú

La jueza que lleva la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro, Blanca Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, rechazó diversas medidas de prueba pertinentes que solicitaron los fiscales y la querella, las cuales buscan comprobar e incorporar en el expediente judicial la responsabilidad de la policía bonaerense en la autoría de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. La jueza ha descartado, por ejemplo, el pedido de secuestro de decenas de celulares pertenecientes a policías y el allanamiento de diversas sedes policiales en donde se encontraron efectos personales de Facundo, así como posibles rastros genéticos de la víctima en patrulleros, que deberían ser reconfirmados y que constituyen una prueba contundente en cualquier proceso judicial.

 A pesar de estar incorporadas en la causa medidas de prueba, Marrón descartó parte del pedido de la fiscalía y las querellas amparándose en argumentos como que “los policías no pueden ser chivos expiatorios, ni perseguidos por su condición de policías”, porque “reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país” (Página/12, 22/10), negando inclusive que Facundo haya pasado por las comisarías de Teniente Origone, Mayor Buratovich o cualquier otra dependencia.

La decisión de la magistrada forma parte del pacto de impunidad impulsado, primero, con el encubrimiento del secretario de Seguridad Sergio Berni, funcionario del gobernador Kicillof, que busca despegar a la policía y cerrar la causa sin establecer responsabilidades.

Así lo comunicó la Comisión Provincial de la Memoria, querellante institucional, a través de una carta, en donde apuntó a la doctora Marrón por rechazar una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas, “que la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que será garantía de impunidad” y “se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió”, repitiendo y reforzando en su carta “que la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte”,  coincidiendo en esta valoración junto con la querella familiar y los fiscales Andrés Heim, de la Procuvin, y Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para llegar a la verdad, denunciando la complicidad de Berni y el gobierno, que desde un primer momento buscaron encubrir a la bonaerense, repudiando la decisión de la jueza y postulando la necesidad de que la causa sea encabezada e investigada por una comisión independiente que, junto con la movilización y el acompañamiento a la familia, llegue a la verdad y consiga el castigo de todos y cada uno de los culpables.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño, FIT-Unidad 

Sigue progresando la coordinación de las organizaciones socioambientales que convocamos en los últimos meses a distintas acciones a nivel nacional contra la política del gobierno de avanzar en la depredación ambiental al servicio de juntar dólares para pagar la deuda externa. El rechazo al acuerdo con China para importar las megafábricas de cerdos fue uno de los puntos aglutinantes. Ahora en las próximas semanas se vienen días claves después de haber logrado en septiembre su postergación. El Festival Primavera en Llamas representó un masivo aporte desde el arte a la pelea por #NoalAcuerdoPorcinoconChina.

Las últimas semanas el gobierno se ha encargado de incrementar la bronca de este movimiento. En el acto del presidente en Vaca Muerta se anunció que el Estado (es decir, todos, a través de nuestros impuestos) va a financiar las ganancias de las multinacionales del fracking, mientras que por otro lado se le reducen las retenciones a los grandes productores del campo. La aprobación del muy cuestionado trigo transgénico, resistente al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, generó el pronunciamiento de más de mil investigadores del Conicet y distintos entes científicos nacionales. Y en el Boletín Oficial se publicó la habilitación para explotar entre 500.000 y un millón de hectáreas que hoy son zonas de exclusión, de protección y amortiguación, protegidas de la explotación agroindustrial.

Todo esto mientras los incendios siguen afectando distintas zonas del país, como el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, reserva de especies en extinción como el yaguareté. Al 25 de octubre, 898.755 hectáreas fueron incendiadas en lo que va del año. El gobierno anuncia con bombos y platillos un proyecto de ley de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio del uso del suelo de territorios incendiados. Algo que las leyes vigentes ya contemplan, pero que los gobernadores peronistas y radicales no hacen cumplir en sus provincias. ¿Ahora sí lo harán? Por lo pronto, este proyecto no contemplaría al casi millón de hectáreas incendiadas este año. La especulación inmobiliaria y el agronegocio capitalista han preparado el terreno para sus negociados y los gobiernos los siguen apañando.

Ante este panorama, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista hemos propuesto al conjunto de las organizaciones socioambientales con las que venimos dando pelea, además de impulsar nuevas jornadas de lucha, avanzar en poner en pie una coordinadora a nivel nacional que nos sirva para pararnos ante el gobierno con nuestros reclamos y darle una fisonomía unitaria a nuestras convocatorias a nivel nacional. El 3 y el 9 de noviembre está planteado volver a salir en todo el país con nuestros reclamos. ¡Basta de falsas soluciones! Las vidas no se negocian, basta de devastación ambiental al servicio del pago de la deuda.