Reproducimos partes de la declaración que firmaron los dirigentes de la toma luego del acuerdo que le arrancaron al gobierno.

“Tras un año de lucha y negociaciones […] firmamos un acta acuerdo con el gobierno municipal donde el Ejecutivo otorga un lote con los servicios instalados de electricidad, agua, gas, cloacas y cordón cuneta a cada una de las noventa familias que quedamos inscriptas en los listados que armamos en las asambleas que realizamos en nuestro barrio”

[…] “Consideramos que este acuerdo que le arrancamos al gobierno es un paso adelante tras la larga lucha que protagonizamos desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando decidimos buscar una solución a nuestra falta de lotes para construir nuestra vivienda ocupando un terreno baldío aledaño a nuestro barrio, Confluencia. Años anteriores otras ocupaciones de ese predio sufrieron cruentas represiones, como cuando el “canillita” Rubén Arias murió inmolado en el año 2001, rechazando la violenta acción policial de desalojo de la vivienda que ocupaba, o en 2008 cuando más de cien familias montaron sus primeras casillas para ocupar el predio y fueron desalojadas mediante una violenta represión, con varios heridos”.

[…] “desde el día 4 de septiembre de 2019 nos instalamos con casillas construidas por nosotros mismos […] nos manifestamos abiertos al diálogo […] pero solo recibimos una seguidilla de actos represivos durante varios días y noches […] que nos generó mucho sufrimiento, con varios vecinos heridos como fue de público conocimiento, con el caso más grave del vecino Franco Borda, herido de un disparo policial en su ojo izquierdo que le quedó cegado, y también sufrimos pérdida de los bienes materiales que allí teníamos dado que las topadoras y una caravana de camiones se llevaron nuestros modestos bienes ocasionando un daño económico y psicológico difícil de superar para nuestros hijos y toda la familia. Resistimos esa brutal represión y nos quedamos en el predio. Recibimos el apoyo de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas”.

[…] “mantuvimos la ocupación del predio, con firmeza y con permanente consulta en asamblea de vecinos, y logramos arrancarle al Ejecutivo el acta acuerdo donde se otorga un lote a cada familia, con el agregado de que mientras duren los trabajos de urbanización las familias más necesitadas recibirán una ayuda para costear sus alquileres y otro grupo los materiales para paliar las necesidades mientras dure el plazo de espera”.

Escribe Martín Fú

Un nuevo escándalo protagonizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Macri salió a la luz. Como parte de la misma denuncia e investigación sobre el espionaje ilegal contra el peronismo kirchnerista, también se develó que la izquierda fue espiada. En una presentación judicial de 352 páginas, conocida como “Bases Amba”, en la que “se investiga a una organización criminal que llevó adelante de manera organizada y sostenida en el tiempo numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal” (causa Nº FMP 88/2019, caratulada “D´alessio, Marcelo Sebastián y otros s/asociación ilícita y otro”) se describe la mecánica del funcionamiento en distintos informes de inteligencia durante el gobierno de Macri que daban cuenta de la constitución y funcionamiento de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas en donde, entre otras, se encontraban nuestro partido, Izquierda Socialista, y Docentes en Marcha, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST, la Comisión Provincial por la Memoria, CTA, ATE, trabajadores de Cresta Roja y el Expreso Lomas, más “peligrosas” organizaciones que fueron espiadas, como Madres del Trueque y la agrupación Unidos por los Niños.

Párrafo aparte merecen la infiltración y el seguimiento de los familiares de las víctimas del submarino ARA “San Juan” “por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento” del sumergible desaparecido en noviembre de 2017.

Locales partidarios, barrios, redes sociales, lugares de trabajo, clubes, escuelas, universidades, movilizaciones, luchas, actos políticos, cursos de formación política y quienes aportaban financieramente eran, entre otros, los objetivos donde la AFI metía las narices y elaboraba sus análisis a través de las “mesas de información”.

La inteligencia de la dictadura continúa con la “democracia”

De la misma presentación judicial surge un ejemplo que ilustra el papel de la inteligencia sobre la militancia política en todos los gobiernos patronales.

El escrito aportado por la fiscalía compara la infiltración llevada adelante a finales de 1981 por la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) sobre el PST y nuestra intervención en plena lucha bancaria. La Dipba, junto con el Destacamento 201 del Ejército, recabaron información que terminó con la desaparición y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez en febrero de 1982, mencionándose que en 2017, mientras se sustanciaba la prueba para el posterior juzgamiento de los militares que luego fueron condenados a prisión perpetua, la AFI realizaba al mismo momento tareas de inteligencia sobre los trabajadores bancarios, como lo denunció la Asociación Bancaria de Chivilcoy, que estaban en lucha y eran espiados por su actividad gremial. Es decir que, mientras el Poder Judicial juzgaba este tipo de acciones, el Ejecutivo las financiaba y desplegaba en las mismas jurisdicciones y sobre las mismas agrupaciones sindicales, idéntico esquema de inteligencia y espionaje que se utilizaba en la dictadura, pero ahora bajo un gobierno “democrático”.

En 2015 el peronismo kirchnerista le cambió el nombre a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el mismo gobierno que creó el Proyecto X y que había puesto a Milani como hombre fuerte del espionaje, dedicándose a espiar e infiltrar luchas obreras, agrupamientos sociales o de derechos humanos y partidos de izquierda.

La política de inteligencia y espionaje interno mantiene su continuidad desde los años ´70 a la actualidad con el gobierno peronista de Fernández, como ocurrió recientemente en el conflicto de los mineros de Andacollo, en Neuquén. Todos los gobiernos patronales, sean militares, peronistas, radicales o de Cambiemos, han hecho uso de la inteligencia interior para asegurar el control social, la represión y la persecución política.

Este escándalo, en el que los medios oficialistas y opositores ocultan una parte, es repudiable desde donde se lo mire y plantea nuevamente la necesidad de disolver todos los organismos estatales, militares y policiales de inteligencia que, en gobiernos “democráticos”, al servicio de las patronales, usan el aparato represivo sobre los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos como hacían los gobiernos militares.

Repudiamos la injerencia de los gobiernos patronales de turno a través de su maquinaria estatal y redes de espionaje y exigimos una pronta resolución sobre esta causa y castigo con prisión efectiva para todos sus responsables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández escribió el 28S: “La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI”. Una vez más, el presidente apela a su doble discurso, esta vez con un nivel de hipocresía y cinismo nunca antes visto. Parece olvidarse que él es el presidente y es el responsable número uno de que, a casi diez meses del inicio de su mandato, el aborto siga siendo ilegal en nuestro país. 

Lo que omite en su tuit el presidente, y no creemos que sea por falta de caracteres, es que en el Congreso ya está presentado el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene estado parlamentario y que lleva la firma de legisladorxs de todos los bloques políticos. Si de verdad le preocupara al presidente la salud y la vida de las mujeres, debería acompañar ese proyecto y, a la vez, hacer que se apruebe ya mismo. Pero no, él decidió ir por otro camino, el mismo que ya transitaron los gobiernos anteriores, la postergación del debate y la dilación del derecho al aborto.

Se cumplieron treinta años de aquella histórica Declaración de San Bernardo, en la que feministas de la región propusieron que el 28 de septiembre sea el día de lucha por la legalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Desde 1990, el 28S se transformó en una fecha muy importante dentro del calendario feminista, en la que salimos a reclamar por nuestro derecho a decidir. Este año, con una particularidad, ya que por la pandemia se recrudecieron las restricciones en el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, lo que hace que nuestro reclamo por la legalización sea más urgente que nunca. Así es que se convocaron acciones callejeras y virtuales en todo el país para exigir que se apruebe el proyecto de la Campaña y el #AbortoLegal2020.

No es un dilema, es un derecho

En una nota publicada el 24/9/2020 en Página/12, la periodista Mariana Carvajal entrevistó a la dirigenta de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña, Marta Alanis. En el reportaje, que se titula “El conteo de los votos en el horizonte del proyecto por el aborto”, se advierte que si no se aprueba en 2020 no saldría por años. En la nota aparecen dos argumentos que no compartimos para nada. Uno sostiene que el año próximo, al ser electoral, no es conveniente que se debata en el Congreso el derecho al aborto porque divide a los frentes electorales de los partidos patronales. Y el otro afirma que se debe acompañar el proyecto del Ejecutivo, aunque nadie lo conozca hasta ahora, porque supuestamente atraería los votos del bloque oficialista en ambas Cámaras.

Desde Isadora e Izquierda Socialista nos parecen equivocados ambos argumentos porque apuntan a la desmovilización. Es decir, da la idea de que está todo cocinado, que solo es una cuestión de poroteo y que no nos quedaría más nada por hacer. Salvo esperar a que pase la pandemia, a que se pongan todxs de acuerdo y acompañen el proyecto de Alberto Fernández, a que no sea un año electoral, etcétera. Para nosotras es lo opuesto, porque jamás la conquista de un derecho se logró esperando, sino al revés, empujando desde abajo y presionando con la movilización. 

Por eso insistimos en que el derecho al aborto lo vamos a conquistar con la movilización feminista, independiente de los gobiernos de turno. Impulsamos el proyecto de la Campaña, que es el de la #MareaVerde, el que ganó el debate y las calles en 2018. No vamos a permitir que negocien con nuestros derechos. Y menos que se interpongan las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres. Así como lo hicimos el pasado 28S  vamos a seguir movilizadas hasta que el aborto #SeaLey.

Escribe Fernanda Giribone

Este miércoles 30 de septiembre, familiares y amigos de Iara Rueda y Gabriela Cruz vuelven a manifestarse por justicia para Iara y por la aparición con vida de Gabriela. La cita será en Plaza Belgrano, de la capital. Esta acción se inscribe en el marco de la conmoción que generó el femicidio de Iara y la gran movilización en la ciudad de Palpalá que lo repudió. Al calor de la indignación surgen nuevas convocatorias, y en distintas ciudades, que prometen no cesar hasta alcanzar sus reclamos.

Iara y Gabriela faltaron de sus hogares casi al mismo tiempo y en la misma ciudad. Sus familias lidiaron con las trabas burocráticas y la indiferencia del gobierno de Morales, de Cambiemos, que no las buscaba. Durante el fin de semana pasado sus familias, con vecinos, amigos y organizaciones sociales comenzaron por cuenta propia un rastrillaje. El lunes 28, cuando este grupo autoconvocado realizaba un corte en la ruta 66, la brigada de investigaciones encontró el cuerpo de una joven, que horas después sus familiares confirmaron que era el de Iara Rueda.

Esa misma tarde cientos de personas se convocaron para sostener el corte de ruta, que era amenazado por la policía, y luego, junto con otros miles marcharon por la ciudad copando las calles de Palpalá con canciones, ruidos y bocinazos. Al paso de la marcha los vecinos salían de sus casas y los comerciantes dejaban sus negocios para sumarse a la larga columna, en un hecho histórico de la lucha contra la violencia de género en esta ciudad. Pese a que la jornada culminó con represión, la organización y movilización de las mujeres y los palpaleños no cesan y se suman día a día, ciudad a ciudad, nuevas convocatorias para exigir justicia. 

Los reclamos ahora apuntan contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, a cargo de Alejandra Martínez –que ha mantenido total silencio–, el Ministerio de Seguridad, la policía y la fiscalía como responsables políticos, siendo que la policía no se puso a disposición para la búsqueda de Iara, aunque no faltó para reprimir. Ahora exigen además celeridad en la búsqueda de Gabriela Cruz, la joven de 24 años y madre de dos niños, que continúa desaparecida.

En Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas

En lo que va del año, en Jujuy ya hubo ocho femicidios. En los últimos veinte días mataron a dos mujeres y falta Gabriela Cruz. El pasado 8 de septiembre encontraron asesinada en la ciudad puneña de Abra Pampa a Cesia Nicole Reinaga. Los números de este año en la provincia ya están cerca de triplicar los casos de femicidios de todo 2019, lo que no hace más que demostrar que en esta pandemia los problemas que sufrimos las mujeres se agudizaron y que las políticas públicas, provinciales y nacionales, son realmente insuficientes. Es así que uno de los lemas de esta movilización afirma que “en Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas”, demostrando que no logra actuar a tiempo para evitar los hechos de violencia machista, encontrar a nuestras compañeras, prevenir los abusos, etcétera. Es por esto que insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. 

Desde Isadora exigimos mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género sobre la base del no pago de la deuda externa, de un verdadero impuesto a la riqueza y el retiro de subsidios a las iglesias, enemigas declaradas de los derechos de las mujeres.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La convocatoria realizada por los sectores de la juventud que vienen levantándose contra el calentamiento global fue nuevamente un éxito. En más de 3.500 ciudades se salió a protestar atendiendo a las condiciones sanitarias de cada lugar.

En nuestro país, el llamamiento a salir a la calle partía de la dificultad de que la propia organización argentina que participó de la conferencia de prensa latinoamericana de convocatoria a la Huelga Mundial salió a boicotear la iniciativa. Lamentablemente, Jóvenes por el Clima viene privilegiando sus acuerdos con el gobierno del Frente de Todos. En ese marco, copió el discurso de la burocracia sindical peronista que, alegando “ser empáticos” con la situación sanitaria y la realidad de las y los trabajadores de la salud, vienen dejando pasar el brutal ajuste que se está descargando sobre la clase trabajadora sin mover un dedo. Jóvenes por el Clima venía criticando las convocatorias previas, y ahora, la salida a hacer en la Argentina lo mismo que se hizo en todo el mundo el viernes pasado, expresarse en la calle porque la crisis ambiental es ahora, es urgente y exige una intervención política contundente.

El llamado a limitarse a una acción por redes sociales fue rechazado por la enorme mayoría de las organizaciones socioambientales que son parte del nuevo movimiento de lucha que se levantó al compás de las cinco huelgas mundiales previas. Se reafirma de esta manera algo que para Izquierda Socialista y la agrupación Ambiente en Lucha es estratégico, avanzar en una coordinación unitaria que sostenga el principio de la independencia política de todos los gobiernos y que no limite su agenda a las presiones y necesidades de los responsables políticos de la devastación ambiental en que estamos inmersos.

De hecho, la jornada del 25S se produjo horas después de que el Congreso ratificó que la Argentina se convertía en el décimo de los once países de Latinoamérica y el Caribe requeridos para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú en la región. Se trata de un convenio con una batería de definiciones de protección del ambiente y los derechos de quienes luchan en defensa de la naturaleza que, en general, pueden ser correctas, pero que guardan el suficiente grado de abstracción como para que pueda ser votado por los ecocidas en regla del PJ y Cambiemos.

En el Congreso tuvimos que escuchar a la diputada Sapag, del MPN, que hizo votar en su provincia el pacto secreto con Chevron sobre la base de una feroz represión, y ahora celebraba la “participación popular” que abriría este nuevo convenio. O a una referente del peronismo kirchnerista hablando de “ampliación de derechos”, mientras sus doce años de gobierno previos, y los diez meses de Alberto Fernández, dan cuenta de un inequívoco rumbo de depredación ambiental con el fracking y la megaminería, pisoteo de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos fumigados y una clara política de continuidad del saqueo en mano de las multinacionales, que abrió el menemismo en los ’90. La jornada del viernes fue también una respuesta al circo de cinismo que envolvió la aprobación de Escazú, y una ratificación de que no hay implementación progresiva de legislación alguna sin movilización popular en las calles.

Siguen incendiando el país, sigue la pelea y se lanza Ambiente en Lucha

Pos-25S, volvieron los incendios en el delta del Paraná y las sierras de Córdoba. El propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego reconoce que el 95% de los incendios que abarcaron ya a catorce provincias y más de medio millón de hectáreas son producto de la intervención humana. No se trata solo de “prácticas arcaicas”, como dice el ministro Cabandié, sino de las muy modernas perspectivas de ganancias ante las que las patronales del agronegocio se relamen y queman para renovar terrenos.

En este contexto es que seguiremos apostando a la unidad y a coordinar nuevas medidas para mantenernos tanto en las calles como en las redes sociales interviniendo con la agenda urgente del movimiento socioambiental de nuestro país.

Pero además, desde Izquierda Socialista nos hemos propuesto, junto a compañeras y compañeros independientes, impulsar Ambiente en Lucha como una agrupación abierta a la cual sumarse a debatir y organizarse en pos de construir una alternativa que vaya a fondo para frenar el rumbo de catástrofe al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos. Este sábado 3 de octubre, a las 17, haremos a través de Zoom un conversatorio nacional en el que participarán representantes del conjunto de las peleas que se están dando en nuestro país, así como también de algunas de las más históricas de las últimas décadas. Pedinos el link para sumarte.