Escribe Guido Poletti

La ley ómnibus tiene todo un capítulo referido a  modificaciones de la ley electoral. Entre varios temas, todos discutibles y manipulables en manos de los partidos patronales (boleta única, cambios en la cantidad de diputados por provincias), hay una, sin embargo, de una extrema gravedad: la elección uninominal.

Con este esquema, se divide cada provincia en tantos distritos electorales como diputados se elijan y luego se elige uno solo en cada uno de ellos. Para ser claros: solo serán electos los que ganen (salgan primeros) en cada distrito. Es una forma de votación que elimina totalmente la representación de las minorías. Una fuerza política puede obtener el 10, 20, 30 o 40% de los votos y, aún así, no tener ninguna representación en el Congreso. Milei no es original: así se eligen los Representantes (equivalentes a nuestros diputados nacionales) en el Congreso de los Estados Unidos. Por eso, siempre, el total de los elegidos pertenecen a alguno de los dos grandes partidos patronales (demócratas o republicanos).

¿Quién sale favorecido con esta modificación electoral? Obviamente, los partidos patronales tradicionales (peronistas y radicales), el PRO en algunos lugares y, actualmente, La Libertad Avanza. ¿Quién pierde? El Frente de Izquierda, al que se busca proscribir y silenciar. El motivo es obvio: somos quienes, incondicionalmente, nos opondremos, en el Congreso y en las calles, al plan de ajuste y represión del ultraderechista de Milei.
 

Escribe Guido Poletti

Cuando Milei ganó las elecciones, el multimillonario Elon Musk le envió un mensaje de saludo. Todo un guiño para empezar sus negocios en la Argentina.

El presidente ultraderechista le respondió nombrándolo personalmente en su discurso cuando anunció el DNU. Ahí mencionó particularmente a Starlink. Traducido: como Arsat figura como empresa a ser privatizada ahí está el negocio redondo para que Musk se quede con el negocio satelital.

A eso se suma, por supuesto, el interés del dueño de Tesla con el negocio del litio, vital para sus automóviles eléctricos. Que el gobierno de Milei se dispone a allanar, pasando por encima de los intereses de las poblaciones locales y de la protección del ambiente.

Una más de los tantos proyectos de saqueo que incluye el plan motosierra del presidente de La Libertad Avanza.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El artículo 348 del proyecto de #LeyÓmnibus que el gobierno envió al Congreso plantea la derogación de la Ley 24.515, la misma que en su momento creo el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Tal como escribió Flor de la V en su columna del 18/12/23 en el diario  Página 12, “Si bien los recursos del organismo no son suficientes para combatir los diferentes hechos discriminatorios que sufren a diario cientos de personas, es un lugar esencial en la lucha para lograr vivir en una sociedad más igualitaria.”

Las trabajadoras y trabajadores del Inadi acompañan muchas de las denuncias por discriminación que llegan al Instituto (la inmensa mayoría no llega a esta instancia) y le ponen el cuerpo pese a la precarización de sus condiciones laborales y la falta de presupuesto. El especial ataque del ultraderechista Milei, que propone cerrar el Inadi), tiene como objetivo frenar la visibilización del colectivo LGBTQ+. Colectivo que en los últimos años viene obteniendo conquistas con la movilización en el marco de la cuarta ola de lucha feminista. La última marcha del Orgullo en Buenos Aires, que reunió a decenas de miles en noviembre pasado, expresó con carteles y cantos alusivos que la lucha contra la discriminación y la pelea por la implementación del cupo laboral travesti-trans están más vigentes que nunca. Debemos ser miles en las calles el próximo 24E para decirle al homo/trans odiante de Milei que sobre nuestras conquistas, ¡NO pasarán!
 
 

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Como fiel representante de la reacción patriarcal, el ultraderechista Javier Milei, ataca en primer lugar a las trabajadoras, mujeres y disidencias de los sectores populares. Su plan de ajuste al servicio de favorecer al capital financiero y a las multinacionales, sintetizado en el #Decretazo y la #LeyÓmnibus, nos impacta más porque somos el sector social más empobrecido y las jefas de los hogares más humildes.

Las mujeres y disidencias somos la mayoría entre las personas con menos ingresos y estamos a cargo (muchas veces en soledad) de más del 60% de los niños y niñas que se encuentran bajo la línea de la pobreza.

Somos la mayoría de esos cinco millones de personas que perciben la jubilación y pensión mínima. Ocupamos los trabajos más precarizados y por lo tanto las primeras en las lista de despidos. Muchas somos trabajadoras estatales y como regalo de Navidad recibimos la no renovación de nuestro contrato de trabajo. Somos empleadas en las ramas feminizadas de la economía como salud, educación y limpieza, con sueldos super bajos. El impacto que tiene sobre nosotras y nosotres el plan motosierra de Milei es mayor. Ir al supermercado a comprar lo indispensable es una película de terror y quienes alquilamos la estamos pasando muy, pero muy mal. Techo y comida se volvieron bienes de lujo al punto de ser inalcanzables para las familias trabajadoras. Subió el subte, el boleto de coletivo y se vienen nuevos aumentos de luz, agua y gas pero nuestros sueldos están totalmente devaluados.

Milei contra el #NiUnaMenos y la #MareaVerde

No solamente nos afecta la crisis económica y social, sino que además el gobierno aliado a los sectores más reaccionarios y conservadores pretende arrebatarnos derechos conquistados con la movilización feminista de los últimos años, luchas de impacto internacional como el #NiUnaMenos contra la violencia de género y la #MareaVerde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
En la #LeyÓmnibus que se está debatiendo en el Congreso, Milei propone modificar artículos de la ley de los Mil Días. Aquella que se aprobó el mismo día que se votó el derecho al aborto en diciembre del 2020. La ley de los mil días busca darle una ayuda económica a las personas en situación de vulnerabilidad que decidan continuar su embarazo y que fue una concesión a los sectores religiosos. Con la reforma que propone Milei se cambian dos concepciones allí planteadas. Una, reemplaza el concepto de “personas gestantes” por “madres embarazadas”, eliminando a las disidencias. Otra, modifica el inicio de los mil días que en la ley original comenzaba en la semana 12 de embarazo y propone que se inicie desde “la concepción del niño”. Esta modificación, retrotrae un debate ya superado por la ciencia y por nuestra lucha cuando conquistamos el derecho al aborto. A su vez, elimina el principio de “autonomía progresiva” del Código Civil y Comercial negando la voluntad de quienes con 16 años eligen interrumpir un embarazo no deseado.

También la #LeyÓmnibus propone una modificación a la Ley Micaela y cambia el concepto de “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”. De esta manera, busca reducir las situaciones de violencia machista al ámbito privado, al seno de la familia, desconociendo que socialmente las mujeres y disidencias sufrimos la opresión patriarcal en todos los ámbitos en los que nos movemos, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las escuelas, etcétera.

24E: Paramos y marchamos

Las mujeres y disidencias que venimos protagonizando la lucha feminista de los ultimos años tenemos que estar presentes en la movilización al Congreso del 24E y junto a la clase trabajadora exigirle a las centrales sindicales un plan de lucha hasta que caiga el #Decretazo, la #LeyÓmnibus y el #Protocolo represivo de Bullrich. Los derechos los conquistamos y los defendemos en las calles por eso el 24E, tenés que estar. Vení con Isadora y Disidencias en Lucha. 

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que a partir del 1°de enero de este año ya no recibe el aporte económico previsto en la ley 21.950 por la que el Estado les pagaba los sueldos a los arzobispos y obispos de nuestro país. Algunos medios lo levantaron como si se tratara de la separación de la iglesia del Estado, pero no es así. La iglesia católica ya había renunciado a percibir ese dinero - de manera gradual - desde el 2018 mientras se debatía en el Congreso la legalización del aborto. No se trató de un gran sacrificio ya que representaba solo el 10% del presupuesto de la institución. Tardó cuatro años y para compensarlo creó el programa de Financiamiento Eclesial (FE) por el cual recibe donaciones de sus seguidores. De todas maneras, la iglesia católica sigue percibiendo innumerables beneficios impositivos y económicos por parte del Estado que van desde no pagar impuestos por sus inmuebles hasta recibir subsidios que sostienen a sus instituciones educativas religiosas. Es decir, que la iglesia católica sigue siendo beneficiaria de los aportes económicos estatales y de lugares de poder clave que le permite tener incidencia en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, Carlos Torrendell, ex director de la Universidad Católica y miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina, fue nombrado por Javier Milei como el nuevo Secretario de Educación, cartera que depende del ministerio de Capital Humano.

Para avanzar en terminar con los privilegios que recibe esta institución reaccionaria y conservadora es necesario anular los demás decretos/leyes de la última dictadura -no solo uno-  que establecen el financiamiento estatal, como la norma 22.162 de subsidios a los sacerdotes en zonas fronterizas, la ley 22.950 por la que se contribuye a la formación del clero diocesano, entre otras. Eliminar el artículo 2° de la Constitución Nacional mediante el cual se “sostiene a la iglesia católica”. Terminar con el subsidio a las escuelas confesionales, eliminar el artículo 5° de la ley de Educación Sexual Integral por la que se les permite a las instituciones religiosas ir en contra de los avances científicos y de los estudios de género. Es decir, todavía queda mucho recorrido por delante para lograr una verdadera separación de la iglesia del Estado.