Escribe Federico Novo Foti

En septiembre de 1983, el dictador Reynaldo Bignone promulgó la “ley de autoamnistía”, que buscaba impunidad para los genocidas de la última dictadura militar. La lucha obrera y popular obligó a anularla. Sin embargo, los sucesivos gobiernos peronistas, radicales y macristas continuaron intentado salvar a los genocidas. Hoy lo hacen los ultraderechistas Milei y Villarruel. Pero la lucha por juicio y castigo a los asesinos de la dictadura continúa.

El 22 de septiembre de 1983, el dictador general Reynaldo Bignone firmó la “Ley de Pacificación Nacional” (ley 22.294), que se conocería públicamente como “Ley de autoamnistía” de los militares. A pocas semanas de las elecciones, fijadas para octubre, los militares intentaban cubrir con un manto de impunidad sus crímenes atroces.

En su articulado, la ley suspendía “las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista” y establecía que los jueces dejaran todas las denuncias “sin sustanciación alguna”. Transformaba en ley las concepciones ya definidas en el “Documento Final” de la Junta Militar, elaborado en abril del mismo año, donde reivindicaba la “guerra contra la subversión y el terrorismo”, aunque cínicamente reconocía “errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto de los derechos humanos fundamentales”.¹

Se instauraba así la falsa “teoría de los dos demonios”, cuyo planteo central era que el país había sufrido una “guerra interna” con dos bandos militares enfrentados y, en aras de la “pacificación nacional”, se proponía dejar impune lo que se calificaba como “excesos en la lucha antisubversiva”. El objetivo era ocultar el terrorismo de Estado y el genocidio perpetrado por los militares.    
 
Intento desesperado de una dictadura moribunda

El 24 de marzo de 1976, los militares encabezados por el general Jorge Rafael Videla dieron el golpe de Estado. La dictadura vino a imponer un brutal plan de ajuste, acordado con las patronales y el imperialismo, y terminar con el ascenso de las luchas obreras y populares iniciado en 1969 con el “Cordobazo”. La dictadura suprimió las libertades democráticas e impuso el terrorismo de Estado, un plan sistemático de represión y muerte contra miles de activistas obreros, estudiantiles y populares, que dejó 30.000 detenidos-desaparecidos, entre ellos, más de cien pertenecientes al Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista.

A comienzos de 1981 el país entró en una profunda crisis económica. Las luchas del movimiento obrero se multiplicaron contra la política económica iniciada por el  ministro José Alfredo Martínez de Hoz y continuada por quienes lo siguieron. La crisis fue tal que el general Roberto Viola, sucesor de Videla, duró sólo seis meses, siendo reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. Tras la huelga de la CGT Brasil, el 30 de marzo de 1982, la Junta Militar intentó desviar los cuestionamientos con la invasión a las Islas Malvinas. Pero su maniobra desencadenó un enorme movimiento popular antiimperialista que genuinamente peleó por la recuperación de las islas de manos del imperialismo británico. La rendición impuesta por la Junta Militar, incapaz de romper con el imperialismo, aumentó la bronca contra el gobierno y profundizó su crisis.² Miles de personas salieron a las calles al grito de “rendición es traición” y “¡Junta Militar la vergüenza nacional!”.

La abrupta caída de Galtieri y la disolución de la Junta Militar, el 16 de junio, fue un triunfo revolucionario de las masas populares. La división de las fuerzas armadas y la crisis del régimen militar fue tan profunda que durante dos semanas no hubo gobierno, hasta que el 1º de julio asumió el general retirado Bignone. Pero la dictadura ya estaba herida de muerte. Las huelgas y movilizaciones obreras y populares continuaron bajo su gobierno y restauraron de hecho las libertades democráticas cercenadas por la dictadura. Con el objetivo de frenar la movilización revolucionaria y desviarla hacia las elecciones, pactadas para octubre de 1983, Bignone se apoyó en la Multipartidaria, integrada por el PJ, la UCR, el PC y las dos alas de la CGT.³

Fue durante esa dictadura débil y moribunda que Bignone firmó la ley de autoamnistía con la que los genocidas buscaron evitar el castigo por sus crímenes. La ley contó con el escandaloso apoyo de Ítalo Argentino Luder, candidato presidencial del PJ, que había firmado los “decretos de aniquilación de la subversión” en 1975, los cuales habían servido de excusa “legal” para el golpe de 1976.    
 
La lucha contra la impunidad continúa

Aquella ley fue ampliamente repudiada y, tras las elecciones, el presidente Raúl Alfonsín (UCR) debió anularla. Sin embargo, los intentos por dejar impunes los crímenes cometidos por los genocidas continuaron bajo los llamados a la “reconciliación nacional” de los sucesivos gobiernos. Con ese objetivo, el propio Alfonsín impuso las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Carlos Menem (PJ) los indultos a las cúpulas militares, los Kirchner (PJ) los juicios a cuentagotas y Macri intentó beneficiar a los genocidas encarcelados con el 2x1. Hoy son los ultraderechistas  Milei y Villarruel quienes levantan las banderas del negacionismo y la impunidad para los torturadores y asesinos de la dictadura.

Pero la masiva lucha popular continúa contra los crímenes cometidos por la dictadura. Logró en estos años anular las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final), los indultos, reiniciar los juicios y frenar los beneficios para los genocidas detenidos. Hoy la lucha sigue contra la impunidad y los negacionistas de ultraderecha que quieren levantar cabeza. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguimos exigiendo cárcel para los genocidas y justicia por los 30.000 detenidos-desaparecidos (entre ellos nuestras compañeras y compañeros del PST). Una vez más, decimos:  ¡No perdonamos, no nos reconciliamos!

1. Ver Ley 22.294/1983 y “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” en la web.
2. Ver Nahuel Moreno. “Argentina: una revolución democrática triunfante”. Ediciones El Socialista, Buenos Aires, 2015. nahuelmoreno.org
3. Ver Nahuel Moreno. “1982: comienza la revolución”. Ediciones CEHuS, Buenos Aires, 2021. nahuelmoreno.org

El MAS contra la autoamnistía

El Movimiento al Socialismo (MAS), fue el partido sucesor del PST. En la nueva situación definida por la irrupción del movimiento obrero y de masas, la conquista revolucionaria de la caída de Galtieri y bajo el débil gobierno de Bignone, se abocó a la tarea de unir y desarrollar las luchas y a construir un partido socialista revolucionario contra los viejos partidos patronales y la burocracia sindical. Conocida la promulgación de la ley de impunidad, llamó a movilizar en rechazo, junto a organismos de Derechos Humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En un volante titulado “Ni olvido, ni amnistía, toda la verdad” expresaba: “los socialistas del MAS estamos con las Madres, las Abuelas y los Familiares, decididos a no olvidar. […] No olvidemos que los militares secuestraron, torturaron y masacraron a miles de hombres, mujeres y niños, pero tampoco olvidemos que fue el gobierno peronista de Ítalo Luder e Isabel Perón [PJ] el que firmó el decreto que pedía la intervención de las Fuerzas Armadas […] tampoco olvidemos que esa represión se hizo bajo el lema de ‘eliminar a la guerrilla industrial’, y que no fue un general el que lo inventó, sino el doctor Balbín [UCR], que de esa manera pretendía acallar la huelgas […] No olvidemos que si pudieron quedarse siete años en el poder, a pesar del odio de todo el pueblo, fue porque los viejos partidos y sus viejos dirigentes […] les dieron un apoyo total. Y tan correcto es lo que decimos que cuando la dictadura militar estaba derrumbada, como consecuencia de la derrota de Malvinas, estos viejos dirigentes corrieron presurosos a apuntalarla”. El volante terminaba exigiendo la nulidad de la ley de autoamnistía, libertad a todos los presos políticos y gremiales, el levantamiento del estado de sitio y el desmantelamiento del aparato represivo.¹

1. Volante “Ni olvido, ni amnistía, toda la verdad” del MAS (03/10/1983)

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

La ciudad de Al Sueida, situada en el sur de Siria, se transformó en un foco de protestas antigubernamentales, contra el costo de vida, que desafían abiertamente al presidente Bashar al Assad. Desde el 15 de agosto se suceden paros y movilizaciones. Las protestas se han extendido a otras ciudades y pueblos. Exigen la renuncia de Bashar al Assad y la retirada de tropas rusas e iraníes que lo respaldan.

El medio de comunicación local Sweida 24 informó de que las protestas se habían extendido a la ciudad meridional de Daraa y a la localidad de Jableh, cerca de la ciudad costera de Latakia. También en zonas controladas por la oposición en el noroeste ciudad de Idlib, capital de la provincia homónima, considerada el último bastión opositor al dictador luego de la guerra civil iniciada en 2011, y donde sí se suelen registrar protestas con cierta asiduidad, partes de la provincia de Alepo limítrofes con Idlib y la ciudad de Deir el-Zur junto al Éufrates, en el este. Al-Monitor informó de que también se habían cerrado las oficinas del partido Baath en otras ciudades de la provincia de Sweida.

El gobierno dictatorial de Bashar al Assad reprime para intentar frenarlas. Según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido y con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, los servicios de seguridad de Damasco han arrestado a “unos 55 civiles en varias provincias sirias por temor a las manifestaciones y protestas”.

El 15 de agosto, el gobierno de Bashar al Assad anunció el levantamiento total de las subvenciones a la gasolina y al diesel, y una devaluación masiva de la libra siria: oficialmente, el dólar se situaba a 8.542 libras, pero en el llamado mercado paralelo, la cotización era de 14.300. Esta caída provocó un aumento de los precios de más del 50% en un mes, desde los bienes de consumo hasta los medicamentos, pasando por el transporte y los servicios básicos. A esto se suman los permanentes cortes de electricidad, con sus repercusiones en la vida cotidiana. Este fue el detonante de las protestas que rápidamente tomaron una dinámica política de cuestionamiento de la dictadura.

La rebelión popular del 2011 y la represión genocida apoyada por Rusia y otros países

En marzo de 2011, el pueblo sirio desató una movilización revolucionaria con la consigna Abajo al Assad. Fue parte de la revolución abierta en enero en Túnez y que se extendió a todo el Norte de África y Medio Oriente, derribando a viejos dictadores. Bashar al Assad, apoyado por Putin y tropas rusas, lanzó una represión genocida con tanques y hasta bombardeos, masacrando y destruyendo ciudades enteras. Fue apoyado también por Turquía, Irán y Estados Unidos. Luego de años de guerra civil y de heroica resistencia popular, puedo evitar su caída.

Siria, desde la guerra civil, tuvo un derrumbe económico y social. Partes del país en el norte se separaron y ya no están controladas por el Estado sirio, entre ellos el Kurdistán Sirio. En el noreste hay tropas norteamericanas que ocupan la zona petrolera y el país sufrió bombardeos yanquis en el 2018 ordenados por Trump. Y también tropas turcas ocupan sectores. Las tropas rusas, que causaron miles de muertos y bombardearon en Alepo, son las que sostienen a la dictadura de al Assad en la mayor parte de Siria, que sigue dominando.

Una dimensión adicional de la crisis humanitaria es el desplazamiento forzoso de 6,7 millones de sirios dentro del país y de 5,6 millones refugiados en los países vecinos. 500.000 murieron en la guerra civil, y otro millón fueron heridos graves y mutilados, en la gran mayoría por la violenta represión de la dictadura. En un país que hoy quedan, se estima, 20 millones de personas.

En lo económico se derrumbó la producción agraria en gran parte del país. Hoy la principal exportación es la droga captagon, que según la agencia de noticias AFP suma 10.000 millones de dólares al año y en gran parte es controlada por la familia de al Assad. Esta droga se exporta fundamentalmente a Arabia Saudita y otros países árabes, pero una parte también va a Europa.

Según la ONU, la mayor parte de la población siria, un 90%, vive actualmente por debajo del umbral de pobreza.

¡Solidaridad con la lucha del pueblo sirio contra al Assad y contra las intervenciones imperialistas!

Ante las nuevas protestas populares en Siria, reiteramos la posición de la UIT-CI de plena solidaridad con la lucha del pueblo sirio contra las medidas de ajuste económico, por las libertades, libertad a los presos, la justicia social y los derechos de los oprimidos, para que se vaya la dictadura de al Assad, por la retirada de las potencias imperialistas invasoras, Rusia, Estados Unidos, y las regionales como Turquía, Irán o Israel. Ninguna de esas potencias defienden los derechos de la mayoría del pueblo sirio empobrecido y oprimido.

Apoyamos estas protestas populares en la perspectiva de que el pueblo sirio pueda retomar el camino abierto en la revolución popular del 2011 para terminar con la dictadura y autodeterminarse logrando su propio gobierno. Llamamos a la solidaridad internacional con la lucha del pueblo sirio.

La aprobación de una ley minera entregando territorios protegidos a la minera de cobre canadiense First Quantum provocó grandes protestas en Panamá exigiendo la expulsión de la multinacional.

Propuesta Socialista (organización hermana de la UIT-CI) señala en un comunicado: “No al contrato minero antinacional porque le da una empresa extranjera poder para tomar tierras, agua y el espacio aéreo que decida, y es antipopular porque afecta nuestra vida.

“La mina de cobre ya causó 209 daños ambientales, peces muertos y suelos contaminados, en nueve años de inspecciones del Ministerio del Ambiente… Contaminación en los ríos y suelos de lo que fue un área protegida, constatado por trece informes del Ministerio de Ambiente”.

Aunque el primer pacto con la empresa fue declarado inconstitucional por la justicia en el 2017, la empresa siguió operando protegida por artimañas legales del gobierno y ahora sacaron nueva ley para consolidar su dominio que está destruyendo bosques y ríos.

Se denuncia que en el 2022 la empresa exportó por valor de 7.626 millones de dólares, dejando sólo perjuicios para el pueblo panameño. Organizaciones populares y de trabajadores están llamando a nuevas marchas de protesta. Propuesta Socialista es parte de esa movilización y declara: “El contrato es ilegal […] favorece a la destrucción del ambiente. No queremos migajas. Queremos un ambiente sano. ¡Panamá está mejor sin minería!”
 

Yuri Petrovich Samoilov, dirigente del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania que visita Argentina

Viernes 22/9 a las 18
Lugar a confirmar
Invita: Izquierda Socialista
* Leer reportaje en Correspondencia  Internacional N° 51 en uit-ci.org

Escribe Javier Leonforte

Los días 7, 8 y 9 de septiembre se realizó en San Pablo, Brasil, el 5° Congreso de la Central Sindical y Popular “Conlutas”, que reúne al sindicalismo combativo opositor por izquierda al gobierno de Lula-Alckim. El secretario gremial de Ademys y dirigente nacional de Izquierda Socialista viajó invitado por la CST, sección brasilera de la UIT-CI y su corriente sindical “Combate”, que tuvo una fuerte delegación y una destacada intervención en el Congreso. Adaro participó, también, de un panel organizado por la CST junto al MRT, organización hermana del PTS, sobre la importancia de la construcción del FIT Unidad en la Argentina y el enfrentamiento al ajuste del gobierno peronista y al avance de la ultraderecha.