Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

Los saqueos que vimos en los últimos días en el conurbano bonaerense y varias provincias, si bien no tuvieron las mismas características de los de las crisis de 1989 y 2001, sí dejaron al desnundo la degradación social, el avance de la marginación y la pobreza y el ajuste cada día mayor que se sigue descargando sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Más allá de las intencionalidades políticas, y del debate sobre si fueron coordinados o no y quienes podrían haberlos hecho, las escenas son escalofriantes: pobres contra pobres, grupos de jóvenes, que son los mismos que vemos, sin futuro, en las esquinas de los barrios, presa fácil de las bandas narcos o de caer en el paco, contra otros vecinos que los enfrentan, defendiendo pequeños comercios o kioscos.

¿Quién es el responsable? ¿Se trata simplemente de un problema de “seguridad”, como agitan algunos medios de comunicación? ¿O de “poner orden”, como dice demagógicamente Patricia Bullrich?
Estamos frente a la consecuencia de décadas de ajuste, abandono, y marginación social para millones. Es el resultado de casi treinta años, dos y a veces tres generaciones, que perdieron sus trabajos allá a comienzos de los años ‘90 y nunca volvieron a tener una ocupación digna. De una miseria que ya se hizo costumbre. Y que, en los últimos años, se fue agudizando para peor. Tenemos que poner nombre y apellido a los responsables. Fue culpa de Menem y Cavallo, las privatizaciones y la convertibilidad, que hizo desaparecer millones de puestos de trabajo (hay que remarcarlo porque ahora, con Milei, increíblemente vuelven las mismas recetas y hasta varios de los mismos personajes). Del desastre del gobierno de la Alianza. De los doce años de peronismo kirchnerista que, a pesar del doble discurso, mantuvo a millones en la pobreza y la marginación, sometiéndolos a sus redes clientelares, y a la desidia de gobernadores e intendentes. En el Gran Buenos Aires, por citar el ejemplo más dramático, hay municipios donde el peronismo gobierna ininterrumpidamente desde 1983, con barrios pobres donde nunca llegó ni el asfalto, ni el gas, ni los colectivos, viviéndose en la mayor marginación, cercana al sálvese quién pueda. Y, por supuesto, la responsabilidad mayor, por cercanía en el tiempo, de los dos últimos gobiernos, el de Macri con su ajuste salvaje y el de Alberto, Cristina y Massa, que supuestamente venía a “llenar la heladera”, “terminar con las políticas macristas” y terminó hundiendo a los sectores populares con más planes de ajuste, inflación y hambre.

Hoy es una realidad que el hambre y la miseria crecen. Como un movimiento de pinzas vemos más y más familias que recurren a los comedores populares. Ya no sólo va el desocupado, o quien que hace changas de vez en cuando. Incluso trabajadoras y trabajadores con salarios formales se ven obligados a recurrir al comedor popular, sencillamente porque no les alcanza. Pero por el otro lado de esta situación dramática, tenemos la denuncia de quiénes coordinan dichos comedores: “cada día llega más gente, pero cada vez nos entregan menos comida”. Sí, es verdad, el gobierno, en su ajuste para cumplir con el FMI, llega a achicar hasta la comida para los más pobres.

El achicamiento de las partidas sociales

Miremos algunos números de cómo fue empeorando año a año esta situación. Tomemos la Asignación Universal por Hijo (AUH), que perciben 4,3 millones de menores de 18 años y 2,5 millones de mayores. Cuando se creó en 2009, su monto cubría el 80% del valor de la canasta básica de alimentos. Durante el macrismo ya perdió la mitad de su valor, llegando a cubrir aproximadamente el 40%. Pero ahora cayó más aún: con ella se puede comprar apenas el 26% de dichos alimentos básicos (estudio de la consultora Analytica).
 
Otro caso dramático es el de las jubilaciones y pensiones. Desde diciembre de 2017 hasta hoy, tomando las dos últimas reformas de cálculo de movilidad jubilatoria (la macrista de ese momento y la del gobierno de Alberto Fernández de diciembre de 2019), las jubiladas y jubilados que perciben hasta dos mìnimas (el 90% del total), perdieron en términos reales el 50% de su haber. Para los que perciben un poco más (muchos de ellos apenas 150.000 pesos) la caída ya es catastrófica, del 100% (o sea que ganan la mitad que hace 8 años).

Por todo esto no es una sorpresa que la pobreza siga creciendo. La última medición oficial del Indec es del segundo semestre de 2022, y señalaba un 39,2%. Es obvio que desde entonces a ahora, ha crecido, y mucho. Es muy probable que cuando conozcamos los nuevos datos, se supere el pico de 42% alcanzado en la pandemia. E incluso se acerque  a la mayor marca desde que se lleva registro, del 44% en el primer semestre de 2004, cuando todavía se sentían las consecuencias de la crisis de 2001.

Sobre llovido, mojado: el actual ajuste

Encima de esta realidad dramática se produjo el brutal ajuste de este año exigido por el FMI y cumplido a rajatabla por el gobierno peronista del ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria). Según datos de la Oficina del presupuesto del Congreso, en la comparación interanual de enero-julio de este año con respecto al 2022, las partidas jubilatorias se achicaron en un 3,8%, la AUH 9,4%, las asignaciones familiares 35,2%, los otros programas sociales 21,3%, los subsidios a la energía un 22,9% (con la contrapartida que para “compensar” a las empresas privatizadas se produjeron los tarifazos) y las transferencias a las provincias 28% (impactando en la reducción de las partidas de educación y salud, que dependen de estas). Mientras se produce este ajustazo y vemos todos estos números a la baja, lo único que sube es la partida de pagos de intereses de deuda externa, que crece un 21,2%.

Este es el escenario sobre el que se produjo la devaluación del 22% del día posterior a las PASO, que generó la suba automática de todos los precios, empeorando catastróficamente todo lo que venimos relatando.

El gobernante Massa, el ultraderechista Milei y Patricia Bullrich sólo prometen seguir y profundizar el sendero del FMI y los pagos de deuda. O sea profundizar más aún el ajuste y esta dramática situación. De todas las opciones existentes para las elecciones presidenciales de octubre, sólo el Frente de Izquierda Unidad, con Myriam Bregman, Nicolás del Caño, el Pollo Sobrero y las demás candidatas y candidatos plantea una salida diferente, opuesta por el vértice: un plan alternativo, obrero y popular, que arranca por terminar con el ajuste, romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

Inmediatamente a la devaluación del 22% realizada por el ministro y candidato Sergio Massa a pedido del FMI, el conjunto de las patronales procedieron a remarcar sus precios, incluso mucho más allá de la real incidencia de dicha devaluación en sus costos. Salieron a preservar y, si se podía, a río revuelto a incluso ampliar sus ganancias.

En los días siguientes incluso avisaron mediante las cámaras respectivas, que no estan dispuestos a acatar el margen de aumento del 5% del que hablaba el gobierno. Por último, incluso protestaron ante el miserable bono de 30.000 pesos por dos meses para las categorías más bajas de asalariados, amenazando con trasladarlos inmediatamente a precios.

Los aumentos, que llegan hasta el 30% en los productos alimenticios y de primera necesidad, son llevados adelante por las grandes cadenas, que siguen registrando superganancias Así Arcor, empresa oligopólica en golosinas, enlatados y otros rubros viene de ganar más de 25.000 millones de pesos en la primera mitad del año. La otra gran alimenticia, Molinos Río de la Plata también registra ganancias por 9.000 millones, en el mismo período. Y no se trata sólo de este semestre. En 2022 la firma de los Pagani (Arcor) tuvo ganancias netas por 35.380 millones de pesos, un 7 % más que en 2021. Molinos Río de la Plata, perteneciente a los Pérez Compac, registró en 2022 un resultado positivo por 8.197 millones, un aumento de casi el 50 %, respecto al año previo.

Números muy parecidos muestra el resto de las empresas que monopolizan el 75% de lo que se vende en las góndolas: Unilever, Mastellone, Coca Cola, Sancor, Danone, Procter & Gamble, Pepsico Co, Mondelez, Nestlé, Bagley S.A., Molino Cañuelas, Ledesma.

Por si todo esto fuera poco, la cadena de comercialización también está concentrada en unas pocas cadenas de hiper y supermercados: Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea), Coto, Walmart (Changomás) y La Anónima, que también remarcaron desaforadamente en los últimos días para llevarse su porción.

Hay que terminar con estos abusos y salir a defender el bolsillo popular, retrotrayendo estos aumentos, congelando los productos de la canasta familiar y estableciendo un estricto control de precios con las sanciones que establece la ley de Abastecimiento.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

Ante la pulverización de salarios, jubilaciones y montos de planes sociales, un sector de la clase trabajadora se pregunta si la salida no es la dolarización. Esta es la propuesta del ultraderechista Milei, apoyada por un grupo de economistas ultraliberales que fueron funcionarios en su momento de Carlos Menem y Domingo Cavallo en la década del ´90.

Categóricamente, la dolarización no ofrece absolutamente ninguna salida favorable para el pueblo trabajador. Es una gran mentira. Se trata de un mecanismo que, de ponerse en marcha, reducirá aún más los salarios y todos los ingresos populares, llevándolos a niveles mínimos, más que de indigencia, prácticamente de hambruna.

La primera y obvia pregunta es a qué tipo de cambio dolarizar. Seamos claros: para dolarizar hay que cambiar todos los pesos en circulación más los depósitos bancarios y los bonos en pesos que tienen los bancos por los dólares que hay en el momento de hacer la conversión. ¿Cuánto da eso? Es una pregunta crucial, ya que, como se sabe, prácticamente no hay dólares en las reservas del Banco Central.
Diversos estudios hicieron la simulación. Los resultados son terroríficos: se puede llegar a un dólar de hasta 9.000 pesos. Incluso haciendo un promedio, lo que estamos diciendo es que, si se realiza la dolarización, se pasarán a cobrar salarios y jubilaciones de entre 5 y 10 dólares por mes. Es como si cayera sobre nuestras cabezas la más feroz hiperinflación sin ninguna recomposición posterior.

Milei y sus economistas dicen que no será así. Que no es cierto que hay que pasar a dólares todos los montos en pesos actuales; y que tampoco es verdad que cuando se haga la conversión no habrá dólares. Veamos.

Por un lado Milei puso en funcionamiento un “consejo de asesores económicos”, integrado por Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein (los tres ex funcionarios menemistas).  Plantean, para que la tasa de cambio de pesos por dólar no sea tan astronómica, realizar una suerte de “plan Bonex”. Recordemos que eso fue lo que se hizo antes de la puesta en marcha de la convertibilidad en 1991. En concreto: quedarse con los ahorros de los trabajadores en los bancos, no canjeándolos por dólares billetes sino por un bono a varios años. De esa forma, expropiando a los ahorristas, la cantidad de pesos a cambiar por dólares será menor y la tasa de cambio puede estar cerca de los 1.000/1.500 pesos, lo que igualmente implica una devaluación de más del 100% a los valores actuales.

Del otro lado tenemos a Emilio Ocampo, profesor de la Universidad del Cema y él mismo un consultor de los buitres especuladores. En su libro “Dolarización: una solución para la Argentina” propone una salida técnica que, traducida, consiste en endeudar al país en unos nuevos 40.000 millones de dólares, para así tener divisas para canjear los pesos, a un tipo de cambio más cercano al actual. La realidad es que hoy quienes podrían prestarle a la Argentina le exigirán al menos endeudarse en 100.000 millones para obtener esos 40.000. Un monto que, obviamente, hará más dramática aún la situación de nuestra deuda externa. Y exigirá sufrimientos indescriptibles y permanentes al pueblo trabajador sólo para devolver ese monto.

Como vemos, hay distintas propuestas “técnicas” acerca de cómo dolarizar. Todas parten de un punto en común: un violentísimo ajuste contra el pueblo trabajador, hipotecando su futuro y quitándole prácticamente todos sus derechos y conquistas.

En síntesis, todas las opciones de dolarización que están en danza son una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora y los sectores populares. Hay que desenmascararlas y combatirlas. Y oponer otra alternativa, la única a favor de la clase trabajadora: el programa del Frente de Izquierda Unidad propuesto por la candidatura a presidenta de Myriam Bregman.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

El jueves 24 de agosto se anunció el ingreso de  Argentina al bloque Brics. El término “Brics” alude a la reunión de un grupo de países, creado en 2009, y originalmente compuesto por Brasil, Rusia, China e India (de ahí la denominación original: Bric), al que, en 2011 se agregaría Sudáfrica, sumándole la “s” a la sigla.

En  la cumbre realizada la semana pasada en Johannesburgo, los presidentes Lula da Silva (Brasil), Xi Jinping (China), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), el premier de la India, Narendra Modi y el canciller ruso Serguéiv Lavrov, resolvieron invitar a formar parte del grupo a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. El gobierno peronista de Alberto Fernández inmediatamente comenzó a plantear que el ingreso al Brics era una gran victoria, un enorme paso adelante, que “abre un nuevo escenario para la Argentina”.

¿Es realmente así? ¿Se trata de una buena noticia para el pueblo trabajador, que ayudará a resolver las penurias que se viven actualmente? ¿Es, aunque sea, una posibilidad de “independencia” ante el imperialismo?

Lamentablemente, no se trata de nada de eso. Entramos a un bloque hegemonizado por otra potencia imperialista, China, conducida por una dictadura sangrienta, la del partido Comunista chino encabezado por Xi Jinping. Un régimen que, tras llevar adelante la restauración capitalista y reprimir a sangre y fuego a su propio pueblo en la masacre de Tiananmen, ha sometido a la clase trabajadora china a la más feroz superexplotación, sin autorizar siquiera el más mínimo derecho a una sindicalización independiente. En los últimos años, China ha actuado como cualquiera de los imperialismos preexistentes, saqueando riquezas incontables en el resto del sudeste Asiático, África y también Latinoamérica. Más allá de sus choques de disputa comercial y por las hegemonías regionales con los Estados Unidos, existe una estrecha interrelación entre ambas potencias, que se expresa en la presencia en China de una enorme cantidad de transnacionales de origen yanqui, asociadas a capitales chinos. En nuestro país, empresas chinas participan del saqueo de la soja (Cofco), en la megaminería, en el petróleo y gas (tienen presencia en Vaca Muerta) y en otros rubros.

También forma parte de los Brics, la Rusia de Putin, una potencia imperialista menor que, además de gobernar autoritariamente su propio país ha invadido Ucrania, provocando una guerra con decenas de miles de víctimas.

Que no se trata de un bloque “del Tercer Mundo” ni mucho menos “antiimperialista”, lo demuestra el hecho de que, junto con Argentina, también ha ingresado Arabia Saudita, la potencia petrolera y uno de los socios estratégicos del imperialismo yanqui.

En el bloque también está Brasil, con el que tenemos ya una larga historia en otra experiencia de integración, en  este caso regional: el Mercosur. ¿Para qué ha servido hasta ahora? Sólo para los negocios de las grandes multinacionales, como las del complejo automotriz o el negocio sojero. Ni una sola medida favorece a los pueblos trabajadores de los países miembros: ni siquiera se permite que alguien tenga libre acceso para trabajar en otro país del grupo.

Al sostener que el ingreso a los Brics de nada servirá para resolver los problemas del pueblo trabajador y sectores populares, nos deslindamos a su vez de los planteos de Patricia Bullrich y Milei, que han rechazado entrar a los Brics simplemente porque defienden el alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Milei incluso le agregó el exabrupto, de que no quiere relaciones con China porque él “no hace tratos con comunistas”. En su delirio ultraderechista, ni siquiera reconoce que hace décadas que el régimen chino se ha transformado en una dictadura capitalista.

Criticar el ingreso a los Brics no significa que, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad no tengamos una postura sobre la necesaria unidad e integración de los pueblos. En concreto, lo que se necesita en estos momentos es un gran frente de países deudores, en principio latinoamericanos, pero extensible a todos los demás países dependientes y semicoloniales del planeta, para enfrentar el saqueo de las deudas externas y los planes de sometimiento al FMI. Ese sí sería un gran paso, uniendo nuestros pueblos y nuestras riquezas, para enfrentar y derrotar al capitalismo imperialista que nos explota y saquea.

Romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa

Esta es la medida número uno, básica para poder empezar a modificar todo. Massa, el ultraderechista de Milei y Bullrich dicen que van a seguir sometidos al Fondo y pagando millonadas de deuda externa. Así no hay salida. Terminemos con esta sangría, por donde se va toda nuestra riqueza y volquemos esa plata a resolver las más urgentes necesidades populares.

Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones

Que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, ajustado mensualmente por inflación. Reapertura inmediata de todas las paritarias.
Que ningún jubilado o jubilada gane menos que lo que requiere la canasta de la Tercera Edad, calculada en 200.000 pesos antes de la última ola de aumentos. Implantación del 82% móvil.
Aumento de los montos de la AUH  hasta cubrir el total de la canasta alimentaria y del monto de los planes sociales. Entrega inmediata de los alimentos requeridos por los comedores populares. IFE de emergencia para todos aquellos que lo necesiten (monotributistas, trabajadores informales).

Trabajo genuino para todas y todos

Puesta en marcha de un plan de obras públicas para resolver el problema de la desocupación. Implementación de un plan de construcción de 500.000 viviendas populares que, al mismo tiempo que avanza en resolver el déficit habitacional, pueda dar trabajo a cuatro millones de personas.

Triplicación de los presupuestos de salud y educación

Aumento salarial para docentes y trabajadoras y trabajadores de la salud. Que se cubran las vacantes y se efectivicen todos los puestos de salud que se necesiten. Aumento de las partidas necesarias para cubrir los insumos y refacciones de escuelas y hospitales.

Para terminar  con la inflación: precios máximos y congelamiento de los productos de la canasta familiar

Dar marcha atrás con todos los aumentos generados tras la devaluación post-Paso. Estricto control de las grandes empresas productoras de alimentos y otros productos de primera necesidad y de las grandes cadenas de hiper y supermercados. Aplicación de la ley de Abastecimiento a quien viole estas disposiciones.

Eliminación del IVA a los productos de la canasta familiar, reemplazándolo por un impuesto especial a las grandes fortunas y super-ganancias.

Nacionalización de la banca y el comercio exterior

Para terminar con la especulación financiera y la fuga de capitales y divisas. Por una banca pública que al mismo tiempo que cuide el ahorro popular, lo vuelque a otorgar créditos para el consumo popular y la vivienda.

Para terminar con los negociados de los monopolios agroexportadores, se impone nacionalizar el comercio exterior, creando un organismo estatal, controlado por sus trabajadores, que concentre todo el negocio de exportación e importación y el ingreso y egreso de divisas, definiéndolo en función de las necesidades y prioridades del pueblo trabajador.

Reestatización de las privatizadas

Rescisión de todas las concesiones de las empresas de servicios públicos privatizados y su puesta en funcionamiento bajo gestión de trabajadores y usuarios. Tarifa social para quien la necesite.
Rescisión de todos los contratos de exploración y explotación de gas y petróleo. Por una YPF 100% estatal que concentre todo el negocio, desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización. Por una gran empresa de Gas del Estado que unifique todo el proceso, incluyendo extracción, transporte y comercialización.