Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa CABA

El 10 de diciembre finalizamos junto a Pablo Almeida, nuestros mandatos como legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, con un balance positivo por haber puesto estas bancas al servicio de las luchas, en medio de la crisis económica y social que vive el país, y postulando una salida de fondo.

Teníamos el gran desafío de dar respuesta ante la pandemia del Covid-19. Fuimos pioneros en denunciar que en nuestro país se producían las vacunas de AstraZeneca en el laboratorio de Garín de Hugo Sigman, en provincia de Buenos Aires, y que estas vacunas debían ser incautadas para que queden en el país, para lograr la inmunización de la población de Argentina y los países hermanos. Afirmamos que las ganancias de los grandes laboratorios no podían estar por encima de la salud de nuestra población. Asimismo, reivindicamos a las y los trabajadores de primera línea en el sistema de salud, exigiendo aumento salarial de emergencia y en particular acompañando la pelea de las y los enfermeras por el pase a la carrera profesional, denuncianmos al gobierno de Larreta que niega este derecho para mantener la precarización laboral y los salarios de miseria.

Acompañamos la lucha de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el combativo gremio Ademys, primero por dispositivos y conectividad para nuestros pibes y pibas, y también enfatizamos la falta de inversión en infraestructura escolar pública de la CABA y la presencialidad sin condiciones de la ministra Soledad Acuña.

Escribanía para los negocios inmobiliarios

En los doce años del gobierno de PRO en la Ciudad, y con la complicidad del peronismo, ha avanzado un modelo de Ciudad al servicio de la especulación inmobiliaria. Junto al movimiento ambientalista impulsamos la lucha contra el remate de Costa Salguero y la ex Ciudad deportiva de Boca Juniors a favor de IRSA. Hemos puesto al descubierto la hipocresía del peronismo, que desde la oposición en la Ciudad cajoneó la ley de humedales en el Congreso Nacional, que podría haber protegido las tierras de la costanera.

En contraposición al negocio inmobiliario, acompañamos a las mujeres que luchan por #TierraparaVivir, de la toma de la Villa 31, junto a “Fuerza Mujeres”, que fueron desalojadas con topadoras y represión por la policía de la Ciudad, la misma que mató con gatillo fácil a Lucas González. Hemos denunciado cómo lo mismo ocurre en provincia de Buenos Aires con Berni y Kicillof, mostrando como no hay grita cuando se trata de reprimir a las y los que luchan por una solución habitacional.

La lucha contra la impunidad

Desde la presidencia de la comisión por la prevención de la violencia institucional hemos acompañado la lucha de sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón y del ex taller clandestino de la calle Luis Viale, denunciando las redes de corrupción que matan, y peleando por la expropiación y la constitución de espacios de la memoria en dónde ocurrieron estas masacres.

Por una salida obrera y socialista

Ser parte, acompañar, apoyar y difundir los reclamos obreros y populares, ser la voz de los que luchan contra los despidos como en Latam o Garbarino, fortalecer las luchas en las calles y llamar a no confiar en el parlamento y los gobiernos, es uno de los roles centrales de nuestras bancas.

En nuestras intervenciones remarcamos la necesidad de desarrollar la alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, que es el FIT-Unidad, y por una Argentina y un mundo socialistas. Combatimos al gobierno de Larreta en la CABA, denunciando el rol de falsa oposición del peronismo en la Ciudad, que gobierna el país con Fernández con ajuste y mayor saqueo de nuestros recursos. Llamamos a los sectores populares de mujeres y trabajadores que en estas elecciones rompieron con el peronismo y el kirchnerismo, a sumarse a una salida por izquierda. Podemos decir, tarea cumplida.

Asumieron nuestros concejales de José C. Paz, Iván Ponce y de Moreno, Ángel Guerrero.

Nuestras diputadas provinciales: Graciela Calderón en la Provincia de Buenos Aires (primera foto), Noelia Agüero en Córdoba (segunda foto) y Blanca López en Neuquén (tercera foto, respectivamente)

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con la movilización logramos el derecho al aborto legal seguro y gratuito, un reclamo que durante décadas fue estandarte del movimiento feminista. Con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y con la masividad de la #mareaverde se logró avanzar en la despenalización social primero (2018) y en la conquista de la ley después (2020). El desafío continúa siendo el de la implementación efectiva, ya que se necesitan recursos para que la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se cumpla en todo el territorio argentino.

Por eso, el reclamo de mayor presupuesto para salud (en particular para que se pueda implementar la ley) es una de las demandas principales del movimiento feminista. Se contrapone con la política del gobierno peronista de Alberto Fernández, que envió un presupuesto para el 2022 al Congreso con un recorte real del 13% al area de salud. Algo gravísimo, teniendo en cuenta que el contexto sigue siendo el de la pandemia que aún no termina y que están apareciendo nuevas cepas como la ómicron y nuevas olas en el invierno europeo.

Plenaria de la Campaña en Rosario

El pasado 4 y 5 de diciembre se realizó la plenaria nacional de la Campaña en Rosario. Fue la primera presencial luego de la sanción de la IVE. De la misma participaron cientos de compañeras y compañeres de diferentes provincias del país, y con Isadora nos sumamos desde Jujuy, La Matanza y Ciudad de Buenos Aires. Luego de dos días de debate, se reafirmó la necesidad de seguir organizadas en todo el país, “luchando por la plena garantía de la educación sexual integral, de la anticoncepción y del derecho al aborto; por la libertad de las presas por abortar y por eventos obstétricos; porque no haya ninguna niña obligada a gestar y a parir y por un Estado laico”, de acuerdo al comunicado de la Campaña, organización que nuclea a más de 700 organizaciones.

Asimismo, se convocó para el próximo jueves 30 de diciembre, a un año de la sanción de la Ley 27.610, a un pañuelazo federal a las 19 horas para exigir la efectiva implementación de la ley y el sobreseimiento de la médica Miranda. Ella fue criminalizada por garantizar un aborto en Tartagal, Salta, cuando todo el resto de los efectores se habían declarado objetores de conciencia. Fue encarcelada y aún continúa procesada, como muestra de hasta dónde pretenden llegar los antiderechos, las iglesias y la justicia patriarcal que, acorralados porque perdieron el debate social, buscan amedrentar a quienes garantizan derechos.

Contra la reacción patriarcal, más organización feminista

Desde Isadora denunciamos la designación de Manzur como jefe de gabinete, por ser un declarado antiderechos que hasta obligó a una niña de once años violada a parir en la provincia de Tucumán. Alertamos sobre este guiño del gobierno a los sectores más oscurantistas de nuestro país y nos preparamos para enfrentar cualquier intento de retroceso en nuestras conquistas.

Seguimos bregando por un movimiento feminista antigubernamental, anticlerical y anticapitalista que con las mujeres y disidencias en primera línea pelee por un gobierno de las mayorias, un gobierno de la clase trabajadora que le ponga fin a la opresión y a la explotación en el camino de construir una sociedad socialista.

El informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina”, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña nacional por el derecho al aborto, el Centro Universitario San Martín (Cusam) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos, identificó que 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto, 37 por eventos obstétricos criminalizados. El informe analiza los casos judicializados entre los años 2012 al 2020 en 17 provincias. Es inadmisible que a un año de la conquista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía haya mujeres presas en Argentina  por abortar. Basta de doble discurso, exigimos su inmediata libertad.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Estamos a quince días de terminar el año y tenemos un saldo de 290 femicidios y trans/travesticidios, de acuerdo a los datos publicados por el Observatorio Lucía Pérez. En este mismo lapso de tiempo hubo 352 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal y 240 niñas y niños perdieron a su mamá en manos de un femicida. Frente a esta situación, la respuesta del gobierno peronista de Alberto Fernández y la ministra Elizabeth Goméz Alcorta sigue siendo insuficiente, porque no logran frenar la forma de violencia de género más extrema que sufrimos las mujeres y disidencias.

Luego del femicidio de Ursula Bahilo, días después de que el presidente haya decretado “el fin del patriarcado”, se creó el Consejo Federal para la Prevención de Femicidios. Lo único que hizo (con semejante nombre) fue sentar “en la misma mesa al Poder Ejecutivo, con las áreas Justicia, Género y Seguridad, con el Ministerio Público y la Procuración y poder pensar ahí cuáles eran los déficits, y los problemas en cada región” según la entrevista realizada por el diario Página 12 a la ministra Gómez Alcorta el 25/11/21. La respuesta es de nuevo una burla al movimiento feminista, que desde el 2015 salió a la calle al grito de “Ni Una Menos” contra la violencia machista.

Desde Isadora decimos junto al movimiento de mujeres y disidencias que la deuda es con nosotres. Por eso, en el marco de las negociaciones del gobierno peronista de los Fernández con el FMI, insistimos en que la plata debe ir para prevenir y erradicar la violencia de género y no para pagar la deuda externa. El acuerdo con el FMI es ajuste para el conjunto de la clase trabajadora y nos afecta mayormente a las mujeres y a las disidencias. Por eso nos movilizamos a la Plaza de Mayo, el pasado 11 de diciembre.