Escribe Francisco Moreira

El 5 de febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón, “Isabel”, firmó el decreto Nº 261/75, que establecía la ejecución de “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”¹. La medida represiva supuso la movilización de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército, bajo el mando del general Acdel Vilas (y desde diciembre del ‘75 del general Antonio Bussi) a las autoridades constitucionales y la policía provincial. El decreto fue presentado con la excusa de terminar con el accionar de la guerrilla en Tucumán. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, denunció que implicaba “un avance de las Fuerzas Armadas que, abandonando su papel pasivo en la retaguardia, comienzan a asumir un papel” directo en la represión del activismo obrero, juvenil y popular. ²

El “Operativo Independencia” marcó el inicio del plan sistemático de desaparición de personas y fue el primero de los llamados “decretos de aniquilamiento” que constituyeron un antecedente del golpe de Estado de marzo de 1976, en cuya legalidad se ampararon los militares para justificar sus crímenes y el terrorismo de Estado.

El peronismo no logró frenar el ascenso

El “Cordobazo”, la semi insurrección de mayo de 1969, había herido de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía, dando inicio a una nueva etapa en el país, marcada por el ascenso revolucionario obrero y popular. Los militares, el radical Ricardo Balbín y el propio Juan Domingo Perón, exiliado desde el golpe de 1955, intentaron canalizar y frenar el ascenso forjando el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) con el que acordaron convocar a elecciones y el fin de la proscripción al Partido Justicialista. Sin embargo, no lograron encauzar la situación. Ni siquiera el retorno de Perón, el 20 de junio de 1973, y el inicio de su tercera presidencia, en octubre de ese año, pudieron hacerlo.

Los nueve meses de gobierno de Perón estuvieron marcados por grandes turbulencias y un giro reaccionario (contrario a las expectativas de la base peronista que esperaba la “liberación nacional”), que tenía el real objetivo de sostener el “Pacto Social”, el plan de ajuste contra las y los trabajadores.

A comienzos de 1974 comenzaron a actuar las bandas de ultraderecha contra el activismo peronista y de izquierda, entre ellas la Triple A, organizada por el siniestro ministro de Bienestar Social, “el brujo” José López Rega. El PST, que era parte de la vanguardia, sufrió los asesinatos de Inocencio Fernández y la “Masacre de Pacheco”.³  En el acto del 1º de mayo, Perón echó a la JP/Montoneros de la plaza, los calificó de “estúpidos” e “imberbes” y pidió “rendir homenaje” a los burócratas sindicales, agradeciéndoles sostener el Pacto Social.

La muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, y la asunción de su vicepresidenta Isabel, dejó al gobierno aún más debilitado y bajo la conducción efectiva de López Rega. El nuevo gobierno peronista se fue enfrentando al deterioro creciente de la situación económica, producto de la crisis mundial del petróleo del ‘74, pero continuó con la orientación reaccionaria iniciada por Perón.⁴ Con la excusa de prevenir la acción de la guerrilla, Isabel ordenó el “Operativo Independencia” por el que se desplegaron las fuerzas represivas al mando del coronel Mario Benjamín Menéndez en la ruta 38 en Tucumán y se utilizó “la escuelita” Diego Rojas de Famaillá como el primer centro clandestino de detención y tortura del país, por el que pasarían 3.000 activistas obreros, juveniles y populares, un antecedente directo del terrorismo de Estado y el genocidio de la dictadura.

Sin embargo, a pesar del creciente despliegue de las fuerzas represivas y del accionar de las bandas de ultraderecha, el gobierno seguía sin controlar la situación. En junio, el ministro de Economía Celestino Rodrigo anunció un plan de ajuste, que consistía en una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos y liberación de precios. Además, limitaba el incremento de los salarios a un máximo de 40%, a pesar de que muchos gremios ya habían negociado números superiores. Eso despertó la furia de los trabajadores. La propia burocracia sindical se vio obligada a reclamar “paritarias libres” y llamar a una huelga general de 48 horas para julio. Pero el 27 de junio se precipitaron los acontecimientos. El “Rodrigazo”, la primera huelga general contra un gobierno peronista, desestabilizó al gobierno. La presidenta se vio obligada a homologar todos los acuerdos salariales que se habían negociado, López Rega huyó del país y dos días después renunció Rodrigo.

El golpe se puso en marcha

El “Rodrigazo” marcó el comienzo del fin del gobierno peronista. En los meses subsiguientes el escenario continuó dominado por la acción de las bandas fascistas y el intento de aplicar nuevas medidas de ajuste. El PST sufrió nuevos golpes como la “Masacre de La Plata” y debió tomar medidas de semi-clandestinidad. ⁵

En ese contexto se dio el avance de un grupo de militares golpistas, que habían comenzado a actuar desde sus puestos dentro del aparato de gobierno. El peronismo y la burocracia sindical, al contrario de lo que planteaba el PST de organizar un nuevo “Rodrigazo” para derrotar el ajuste y defender las libertades democráticas ⁶, comenzaron a tender puentes con los sectores golpistas. Prueba de ello fueron los “decretos de aniquilamiento” firmados el 6 de octubre, entre otros, por los ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, y el presidente del Senado, Ítalo Luder, ampliando a todo el país la represión militar. ⁷ A esto se sumó el radicalismo, que por boca de Balbín insistía en que lo principal era “aniquilar a la guerrilla fabril”, eufemismo con el que llamaba a liquidar a la nueva vanguardia obrera. Finalmente, el 24 de marzo de 1976 los militares dieron el golpe de Estado.
Se comenzaba a escribir una de las páginas más trágicas de nuestra historia, que dejaría un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, millares de exiliados y una economía destruida al servicio de los intereses de las multinacionales y el imperialismo.

Tras la caída de la dictadura y gracias a la histórica lucha del movimiento por los derechos humanos, se logró llevar a juicio en la “Megacausa Operativo Independencia” a militares genocidas, logrando algunas condenas a prisión perpetua y otras condenas menores. El proceso legal continúa.Sin embargo, la mayoría de los responsables políticos y militares del “Operativo Independencia” continúan impunes. Tal es el caso de la propia Isabel Perón, del ex jefe del Ejército bajo el gobierno de Cristina Kirchner César Milani, y del padre de la actual vicepresidenta, Eduardo Villarruel. La lucha por justicia continúa.

1. Decreto Nº 261/75. Disponible en www.argentina.gob.ar  
2. Avanzada Socialista Nº 136, 20/02/1975.
3. El Socialista Nº 268, 21/05/2014 Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
4. Ricardo de Titto. “Historia del PST”. Tomo 2. CEHuS, Buenos Aires, 2018.
5. Idem.
6. Avanzada Socialista Nº 177, 30/12/1975.
7. Decretos 2770, 2771 y 2772/75. Disponibles en www.argentina.gob.ar

El pasado 4 de febrero se cumplieron 43 años de la desaparición forzada y posterior asesinato de Ana María Martínez, abnegada militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), corriente orientada por Nahuel Moreno, antecesora de Izquierda Socialista. Ana María, que al momento del brutal crimen tenía 32 años y estaba embarazada de tres meses, era obrera metalúrgica de la zona norte.

Un grupo de tareas la “levantó” de su domicilio en Villa de Mayo, mientras todo el procedimiento era digitado y monitoreado desde el Batallón 201 de Inteligencia con base en Campo de Mayo. Su cuerpo apareció una semana más tarde acribillado a balazos en un descampado cercano a Dique Luján, Tigre.

Ana María había dejado su Mar del Plata natal por la represión desencadenada por el terrorismo de Estado contra los luchadores en aquella ciudad, donde había trabajado como operaria en Havanna. Afincada en la zona norte del Gran Buenos Aires, trabajó en la metalúrgica Sylvania y en las autopartistas Dunit y DEA. Ana María es la imagen de una de esas mujeres militantes que lucharon y dieron hasta su vida por un ideal superador del sistema que nos oprime.

Por esa lucha, por desvendar la verdad y exigir justicia, en 2012 se constituyó la Comisión Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, por iniciativa de la entrañable Carmen Metrovich (cuñada de Ana María). Los esfuerzos de ese abnegado grupo, y el aporte de contundentes pruebas, consiguieron en diciembre de 2018 la condena a prisión perpetua de los principales responsables, dos altos mandos del Ejército: Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y Pascual Muñoz, jefe del Grupo 1 del Estado Mayor que tuviera asiento en Campo de Mayo.
Desde Izquierda Socialista recordamos a Ana María Martínez y seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos desde 1974 a 1983 y cárcel común para todos los responsables y cómplices. ¡Compañera Ana María Martínez, presente!

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Con la profunda decadencia del capitalismo mundial, Donald Trump y muchos gobiernos capitalistas del mundo, como Javier Milei, no tienen otra receta que profundizar los brutales ajustes e imponer que las masas retrocedan en su nivel de vida, atacando, en el caso de Trump, a miles de migrantes.  

Donald Trump reconoció la decadencia del imperialismo norteamericano diciendo que a partir de su gobierno y con las medidas que impulsa, “terminó el declive de los Estados Unidos”.

Hay 37 millones de personas en Estados Unidos, el 11,5% de la población, bajo la línea de la pobreza. Gente que vive bajo los puentes, en carpas en las plazas, en el subte. Y eso es creciente.

Los primeros decretos de Trump quitan derechos, como la atención médica a los pobres, retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, amenazó con tomar el canal de Panamá y Groenlandia, e indultó a los fachos que habían asaltado el Capitolio (la sede del Congreso) en el 2021 para tratar de obligar que se anularan las elecciones que había ganado Joe Biden, y le dieran el triunfo a él. También decretó quitar la ciudadanía a hijos de migrantes, pero esto fue bloqueado por un juez y por 22 de los Estados que reclamaron nulidad de esta medida anticonstitucional.

Basta de deportar a los inmigrantes

Trump habla de la expulsión de millones de inmigrantes en Estados Unidos. Se calcula que hay 11 millones que el gobierno considera “ilegales”. La mayoría de ellos viven hace muchos años en Estados Unidos donde trabajan y son explotados. El discurso racista y antiinmigrante de Trump tiene pocas bases de realidad y de aplicación.

Ante la crisis capitalista y el crecimiento de la miseria en muchos sectores, Trump le hecha la culpa a los inmigrantes. Dijo que va a echar a un millón este año e hizo todo un show enviando el ejército a la frontera. Los acusa de “robar los salarios”, de “narcotraficantes” y “criminales”. Estas acusaciones no tienen nada que ver con la realidad de la inmensa mayoría de inmigrantes, millones de mexicanos y de otros países latinoamericanos que son explotados por los capitalistas, y en especial los que no tienen residencia legal en Estados Unidos, aunque viven desde hace muchos años y toman los trabajos que no hacen la mayoría de los estadounidenses, por míseros salarios.

La política histórica del capitalismo yanqui, es dejar entrar a migrantes para tener a millones para explotarlos y cada tanto hacer una expulsión para tratar de justificarse. Desde hace muchos años las amenazas de deportación fueron un instrumento de los capitalistas agrarios para mantener sometidos, sin derechos laborales y con bajísimos salarios, a los trabajadores ilegales. El record de expulsión lo tuvieron Barack Obama y Biden, del Partido Demócrata. Obama expulsó a tres millones de inmigrantes en ocho años, 375.000 al año, y Biden batió el record en 2024 echando a 700.000.

Trump había expulsado 250.000 en su anterior gobierno. Ahora habla ahora de deportar un millón por año. Pero los mismos capitalistas son los que le están alertando que tenga cuidado con lo que va a hacer. Temen que las deportaciones afecten sus superganancias y la producción, ya que no podrían bajar sus costos laborales.

La gran patronal del campo en California alertó a Trump, que sus empresas producen el 100% de las nueces y almendras de Estados Unidos, y otros muchos productos, y para eso ocupan 2.400.000 trabajadores de los cuales 1.200.000 son indocumentados. Si dejan de tener a esos trabajadores se hunden esas empresas.

La crisis llega a tal punto que la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, aprobó una iniciativa que busca incluir en las elecciones de 2028 una consulta sobre la independencia del Estado, autorizando una campaña para recolectar firmas sobre la propuesta de separarse de Estados Unidos. La iniciativa responde a que en ese estado, que perteneció a México y fue ocupado por los Estados Unidos en el siglo XIX, viven millones de inmigrantes latinoamericanos.
Por ahora los expulsados son pequeños números: 200 a Colombia, 200 a Honduras, 200 a Brasil. Dicen que van a habilitar Guantánamo (base yanqui en la costa cubana) con 40.000 camas para llevar ilegales. Durante las deportaciones los inmigrantes fueron encadenados, durante más de 24 horas sin poder siquiera ir al baño, una evidente tortura.

Protestas en las calles de Estados Unidos: “Nadie es ilegal en una tierra robada”

El fin de semana pasado miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas medidas antimigratorias de la administración Trump. Entre banderas y gritos se movilizaron en varios estados del país manifestándose en contra de las últimas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ha realizado más de 5.500 arrestos de inmigrantes desde el 23 de enero. En una de las manifestaciones en California se llevaba un gran cartel: “Nadie es ilegal en una tierra robada” (refiriéndose al hecho histórico de que California era parte de México).

Desde la UIT-CI llamamos a la más amplia solidaridad con las y los inmigrantes para impedir toda deportación. Esto es parte del ataque a toda la clase trabajadora de Estados Unidos, que intenta quitarle sus conquistas. Por eso es necesaria la más amplia unidad tanto en Estados Unidos como internacional, para enfrentar a Trump y a sus planes reaccionarios e imperialistas, como su amenaza de invadir Panamá y el redoblado apoyo a los genocidas sionistas de Israel.
 

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Según decretó Donald Trump serían arancelados en 25% las importaciones de México y Canadá, y 10% las de China. Pero la medida se le volvió en contra y cayeron las bolsas. A los pocos días las “suspendió” por un mes, después de todo tipo de cuestionamientos internos.
Estados Unidos importa de México automóviles de marcas norteamericanas: Ford, General Motors y Chrysler. Y respecto a China, Elon Musk, el ultramillonario fascista y funcionario de Trump, tiene la fábrica Tesla de autos eléctricos en China, con una producción de tres millones de autos en aquel país. Apple hace sus celulares en China. El 70% del calzado que se vende en Estados Unidos se produce en China. Obviamente estos aranceles perjudicarán directamente el costo de la vida en Estados Unidos que terminará pagándolos el pueblo trabajador. Las empresas yanquis producen en el exterior porque tienen obreros con salarios cinco o diez veces más bajos. Mientras que en Estados Unidos reciben 3.000 dólares mensuales en China reciben 300. Trump en problemas. Por eso sus medidas están provocando crisis entre los propios capitalistas.

“Gaza es nuestro hogar, nuestra casa y seguirá siendo nuestra”  fue uno de los tantos conmovedores testimonios vertidos por las miles y miles de familias que volvieron a su tierra, al norte de la Franja de Gaza.

El regreso a casa es la mejor demostración de la derrota del estado nazi-sionista de Israel y de su ejército. El gobierno del asesino Benjamin Netanyahu y los fascistas decían que iban a colonizar esa zona y destruir la resistencia palestina. No fue así.

Mientras Donald Trump anunciaba que el pueblo palestino se debía retirar a Egipto y a Jordania, más de 300 mil palestinas y palestinos, caminando, en autos, con carros y burros, retornaron a una zona destruida dispuestos a reconstruirla como parte de una resistencia histórica y heroica.
Otros testimonios difundidos por distintos medios, dan cuenta de un pueblo que no ha sido doblegado, a pesar de las muertes y de tantas barbaridades:

“Siento como si esto fuera mejor que una fiesta, es el mejor día de nuestras vidas porque estamos volviendo a nuestras casas. Hoy vuelvo a casa y de aquí no nos van a desplazar, de aquí no nos iremos” (Faraj Al Jamal).
“El médico me dijo que no debía andar o subir escaleras, pero llevo caminando dos horas y no me siento cansada, siento como si alguien me llevara a cada paso, cada vez más cerca de mi casa” (Nihad).
“¡No reconozco nada! Durante todo el camino sólo he reconocido un sitio por un edificio de colores, aparte de eso no se donde estoy. Pero volveremos a reconstruir Gaza” (una mujer).
“Mi sentimiento está mezclado entre tristeza y alegría, no es una felicidad completa porque nuestras casas están destruidas y hemos perdido a nuestra gente. Vamos a encontrar nuestras casas vacias de nuestros seres queridos. Pero nos adaptamos a todo. El pueblo palestino es como la hierba: cuanto más se corta más crece. Nunca nos derrotarán, siempre venceremos”. (Hatem Faiq).
“Gaza es nuestro hogar, ha sido nuestra casa toda nuestra vida, donde nacimos. Y seguirá siendo nuestra” (Fares Oweida).

¡Viva el heroico pueblo palestino!