Una movilización a nivel mundial en apoyo al pueblo de Palestina y contra el Estado sionista de Israel logró impedir que se inicie el proceso de anexión del territorio ocupado en Cisjordania desde 1967. La fecha estaba pactada para julio, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no logró su objetivo. La iniciativa es parte de lo que se denominó el “Acuerdo del Siglo”, que se firmó en enero del 2020 entre Trump y Netanyahu. Los pueblos del mundo manifestaron su rechazo, en las calles y en las redes sociales, visibilizando la opresión que ejerce el Estado genocida y racista de Israel sobre Palestina.

Una causa justa como la de Palestina que además se favoreció por el viento de cola de las movilizaciones en Estados Unidos. La consigna “Palestinian Lives Matter” (las vidas palestinas importan) que parafrasea el “Black Lives Matter”, fue levantada por miles de personas en Tel Aviv, la propia capital israelí. En su mayoría fueron jóvenes quienes se movilizaron contra este nuevo intento de avance del imperialismo. Según algunas encuestas menos de una cuarta parte de la población de Israel apoya la anexión.

“No puedo respirar desde 1948”

Fue otra de las consignas que pudieron leerse, en relación con las últimas palabras que emitió George Floyd antes de que lo asesinaran. La frase guarda relación con la opresión palestina desde que se instaló el Estado de Israel en 1948. Una muestra más de cómo las luchas que dan los pueblos en el mundo se conectan y retroalimentan.

Otro ejemplo en este sentido se dio en en la ciudad cisjordana de Belén, donde se pintó un mural de George Floyd en el muro de separación con Israel. Mahmoud Abiedalla, uno de los promotores, lo explicó así: “Pintamos en el muro del apartheid, por el que estamos atrapados, para dar un mensaje de solidaridad con los estadounidenses y de solidaridad con las personas negras que están siendo oprimidas en Estados Unidos, donde se puede ver la discriminación racial entre personas blancas y negras”. (frase tomada del sitio democracynow.org).

Desde nuestro partido y nuestra corriente internacional, seguiremos sosteniendo que la única salida justa para este conflicto es el establecimiento de un Estado Palestino único, laico democrático y no racista.

Escriben Alexis, Trabajador de Call Center y Octavio, repartidor de Córdoba.

Siguen pasando los gobiernos y la situación de millones de jóvenes no mejora, más bien todo lo contrario. Pasamos años entre trabajos precarios y el desempleo, y la situación económica se vuelve agobiante. Es difícil concretar o pensar algún proyecto a largo plazo, empezar o mantener los estudios, un alquiler, y ni hablar de un auto o una casa (que ya parece inimaginable para lxs de nuestra edad). Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿es sólo cuestión de mérito y esfuerzo? Desde la Juventud de Izquierda Socialista creemos que no.

El problema central es el sistema económico capitalista, porque la economía actual se ordena en base a los intereses de las grandes patronales, los bancos, terratenientes  y  multinacionales; contra los trabajadores y sectores populares. En Argentina, por ejemplo, el 68% de los varones y 73% de las mujeres jóvenes que trabajan lo hacen en forma precarizada (EPH-INDEC, 3er trim 2019). Quiere decir: sin aportes jubilatorios, obra social, aseguradoras de riesgos del trabajo (ART’s), con contratos temporales, como monotributistas o con ingresos inferiores al salario mínimo ($16.875, julio 2020).

Pero, ¿si a las empresas les va bien, no nos va bien a nosotrxs también?

Este es uno de los tantos lemas que nos hicieron y hacen creer. En Argentina particularmente se reforzó con el peronismo, que abonó a la creencia de que “hay patrones buenos y si ellos ganan, ganamos todos”. Nada más alejado de la realidad, sobran los ejemplos para derribar este falso razonamiento.

Hace décadas que enormes multinacionales siguen incrementado sus ganancias. Para ello se instalaron en países donde pueden súperexplotar a sus trabajadorxs por míseros salarios y los gobiernos les garantizan la falta de derechos. El ejemplo más emblemático es el de las empresas yanquis que se expandieron a China hace 40 años. Debido a que allí tienen garantizada una enorme masa de trabajadores con jornadas laborales de más de 12 horas e ínfimos salarios. Entre ellas: Generals Motors, Microsoft, Coca-Cola, Nike, Adidas. A su vez, Nike y Adidas y otras empresas siguen mudándose a otros países asiáticos como Vietnam, Camboya o Bangladesh, donde los “costos laborales” son aún más bajos. O sea, las condiciones laborales son aún peores.

Y es que estos movimientos de capitales y maquinarias son parte de una enorme crisis capitalista que ya no tiene retorno ni cierre. El capitalismo perdió la capacidad de mejorar la calidad de vida de millones hace tiempo, pero a partir de 2007/08 entró en una crisis económica histórica que ahora la pandemia del Coronavirus vino a profundizar. Por ejemplo en Italia donde el recorte de 37 mil millones de euros en salud en los últimos 10 años produjo un colapso que se llevó miles de vidas. O en Estados Unidos donde el desempleo alcanzó rápidamente a 40 millones de trabajadorxs. En Argentina vimos un increíble pacto de rebaja salarial del 25% entre la CGT (Confederación General del Trabajo), la UIA (Unión Industrial Argentina) y el gobierno de Alberto Fernández, y se generalizaron los despidos y suspensiones con el aval del gobierno.

Ante cada crisis las patronales y los gobiernos capitalistas intentan hacer pagar las “pérdidas” a lxs trabajadorxs y sectores populares, y entre lxs más afectados estamos los jóvenes. Comercios, call centers, locales gastronómicos, fábricas y logísticas nos emplean como tercerizadxs (a través de agencias de trabajo), con contratos temporales y abusan del legalizado “período de prueba” que les permite despedir sin indemnizar. En Estados Unidos y España, por ejemplo, el desempleo se disparó de un día al otro a partir de las cuarentenas debido a que ¡existen contratos laborales semanales!

Las supuestas salidas rápidas a la crisis

¿Qué hay de los emprendimientos? ¿Las posibilidades de ser colaborador? ¡O hasta mi propio jefe! Ante esta terrible situación de inestabilidad económica, incertidumbre y crisis social han surgido y resurgido distintas “salidas” pregonadas por las empresas y hasta por los propios gobiernos.

“Hay que ser creativo y dejar desarrollar la imaginación para colocar tu propio negocio”, “con las redes sociales se puede desarrollar fácil y rápido”. Y así muchísimxs jóvenes vuelcan toda su creatividad y capacidades para lanzarse al emprendimiento. Si tuviste la suerte de poder vender se termina trabajando sin descansos establecidos, al ritmo de la demanda de una clientela extensísima, sin un pago estable ni seguro, sin aportes jubilatorios y compitiendo con enormes marcas que, por supuesto, tienen mayor alcance y mejores precios. Y si en algún momento fracasa, nadie debe indemnizarte. Con argumentos como –“no supiste colocar bien el producto”, o “no era muy rentable”– pequeños emprendedores terminan perdiendo bajo las reglas del capitalismo salvaje.

Bueno, ¿y si nos hacemos “colaboradorxs” de alguna plataforma de repartos?: Pedidos Ya, Rappi, Glovo, etc. Y otra vez “no somos trabajadores de nadie”, somos monotributistas que “pueden ganar ¡todo lo que se planteen!”. Claro, nadie pone límites de horas para bicicletear o andar en moto, ni de velocidad para circular. Ya que cada repartidor debe encargarse de entregar la mayor cantidad de pedidos posibles para poder llevarse unos pesos más. Un tercio realiza más de 45 horas por semana, un 11% realiza entre 40 y 45 horas, y un 22% realiza entre 20 y 40 horas por semana (CIPPEC). Estas condiciones irracionales ya se llevaron varias vidas, y claro, acá hay precarización tal cual comentamos al principio. Mientras tanto, estas empresas se enriquecen con los millones de pedidos que reciben por día a cambio de pagar míseras comisiones. Así es como siendo “colaboradorx” todo pasa a depender de vos. Si estás enfermx y no podés trabajar, no cobrás; si llueve y no podés salir, no cobrás; si tuviste un accidente trabajando y no podés salir, no cobrás. Y por si fuera poco, si te organizas para reclamar, te sancionan dándote de baja la app o te despiden.

Afortunadamente en distintos países, incluido Argentina, se empezaron a organizar lxs trabajadorxs de reparto reclamando justicia por sus compañeros que fallecieron mientras trabajaban, por mejoras en sus condiciones laborales y por aumento de comisiones. Ya que vienen cobrando $55 por reparto desde hace dos años y pagando un monotributo mínimo de $2000, cuando estas empresas no pararon de incrementar sus ganancias, ¡y aún más en la pandemia!

Creemos que ese debe ser el camino a seguir contra estas patronales súper explotadoras, por eso somos parte con nuestros compañerxs repartidores y nos jugamos a que esa organización crezca y se fortalezca.

Otras de las grandes farsas que surgieron en estos últimos tiempos como salida a la crisis son las conocidas “estafas piramidales”. Absurdas desde el comienzo para algunos, pero un halo de luz para miles que se encuentran desesperados por mejorar su situación. Y es que desde el comienzo plantean que se puede llegar a ganar abultadas comisiones y crear tu propia red de vendedores, que a su vez comisionan para vos y así crecer “infinitamente”. Dibujan una realidad, crean una red de seguidores e insisten en que el capitalismo cambió y en que esa es la nueva forma de afrontarlo. Probando “el tipo de trabajo del futuro” miles que entraron a esa red van saliendo de una enorme estafa en la que la venta de productos, de dudosa procedencia y eficacia, los dejó muy lejos de ser millonarixs o grandes empresarixs. Por el contrario, muchxs terminan con enormes deudas.

Una salida de fondo para la juventud trabajadora, precarizada y desocupada

Bien, recorrimos algunos de los caminos que millones de jóvenes atravesamos intentando sortear esta dura realidad. Todos nos dejan lejísimo de las conquistas logradas por años de lucha del movimiento obrero. Entonces, ¿no hay salida? Nosotrxs creemos que sí, pero no dentro del capitalismo. Mientras este sistema siga vigente, no habrá oportunidades para lxs millones de jóvenes trabajadores y de sectores populares; mucho menos luego de la pandemia del Coronavirus. Las multinacionales y bancos junto a los gobiernos intentarán hacer pagar el agravamiento de esta crisis a los más necesitados. Y ahí estamos en el punto de mira, para que con más precarización, ajuste, desempleo, hambre y miseria las patronales no sufran pérdidas entre sus ganancias. Ya antes de la pandemia el 50% de los desocupados éramos los jóvenes.

Es por eso que desde la Juventud de Izquierda Socialista apostamos a una salida de fondo, que sólo se puede concretar con un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo. Luchamos por el Socialismo en el mundo. Para poder terminar con la desocupación de millones, aumentar salarios, utilizar la tecnología para reducir las jornadas laborales (no para despedir); garantizar nuestros derechos recuperando los sindicatos para que se organicen democráticamente y sirvan para luchar. Para ello es necesario terminar con un sistema en el que un puñado de millonarios acumula cada vez más riqueza y millones de personas somos, cada día, más hundidos en la miseria. Claro, esta propuesta lejos está de ser una salida rápida. Pero la realidad ya demostró hasta el cansancio que todo intento de reciclar al capitalismo, con distintos discursos y proyectos fracasaron.

Nos oponemos a todos los discursos que, como el de Alberto Fernández, proclaman un capitalismo más humano mientras ajustan junto al FMI, no se avanza contra gigantes como Techint que despide a miles, Vicentín que estafa al Estado o Coto que deja que sus empleados se sigan contagiando de COVID-19. Son dos caminos opuestos.

En ese camino es que llamamos a fortalecer a nuestro Partido, para acompañar y salir a luchar con un partido revolucionario como herramienta. Y a fortalecer y desarrollar en todo el país al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) como polo de referencia para todos aquellos que están saliendo a defender sus puestos de trabajo, salarios y condiciones laborales, mientras son abandonados por las burocracias sindicales peronistas traidoras de la CGT y CTA. Así lo venimos haciendo junto a nuestros compañeros referentes de sindicatos recuperados que se plantaron ante cada ajuste e intento de avanzar contra sus derechos. Entre ellos: Rubén “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer en el FFCC Sarmiento, Jorge Adaro y Mariana Scayola en Ademys (Docentes de CABA), y Angélica Lagunas de ATEN Neuquén. También, Mónica Méndez de la CICOP en Provincia de Buenos Aires, y Cristian Luna secretario general de los enfermeros de Tucumán, que son parte del personal de salud que enfrenta, en la primera línea, al Coronavirus y al ajuste.

Por esto queremos fortalecer y hacer grande a la Juventud de Izquierda Socialista, para tomar la posta y que sean estas las principales tareas a desarrollar ante el capitalismo cada vez más salvaje que se vive.

Sabemos que los nuevos planes de ajuste que se vienen obligarán a salir a muchos más, a ellxs invitamos a organizarse junto a nosotrxs para fortalecer al PSC entre los luchadores y barrer a toda la burocracia sindical; y al Frente de Izquierda-Unidad como alternativa política de lxs trabajadores, las mujeres y la juventud.

Escriben Juli Mechón, Secretaria de Políticas Universitarias del Centro de Estudiantes de Humanidades de COMAHUE y Joaquín Caporale, ex consejero directivo de la Facultad de Psicología de la UNLP

Derogar o anular la Ley de Educación Superior menemista es una consigna que ha sido borrada de la mayor parte de los pliegos de reivindicaciones y programas del movimiento estudiantil del país. Incluso de algunos que son levantados por corrientes del campo de la izquierda. Una peligrosa despolitización que circunscribe los debates a las demandas más inmediatas, presupuestarias, salariales, edilicias, de reglamentos de cursada y planes de estudios, cuando no, a la mera discusión del expendio de apuntes o precios de comedores. Todas demandas y discusiones necesarias, pero que desde nuestro punto de vista, omiten ir al debate de fondo del sentido de la universidad pública, del porqué y el cómo de su permanente proceso de destrucción y privatización, a dónde está la base material que sustenta los monstruosos aparatos  estudiantiles del radicalismo (Franja Morada) y el peronismo (desde La Cámpora hasta la Juventud Universitaria Peronista), entre tantos otros temas. Es la LES el andamiaje político y legal del desguace de la universidad pública, y donde encontramos las respuestas a estos interrogantes. Por eso ha sido una política permanente de nuestra corriente durante estos 25 años pelear por incluir tirar abajo la LES dentro del horizonte de peleas que da el movimiento estudiantil.

El presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura del Congreso el primero de marzo, planteó que era parte de sus objetivos sancionar una nueva ley de educación superior. Las limitaciones de su planteo las desarrolla en este dossier Eduardo Díaz de Guijarro, físico y coordinador del Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Los doce años de gobiernos kirchneristas sosteniendo el modelo heredado del menemismo ofrecen además una confirmación que los pilares que denunciamos de este andamiaje van a ser sostenidos en su propuesta, sino aún más fortalecidos, sobre todo en lo relativo a la persecución del financiamiento privado bajo el argumento de “buscar vinculación con el sector productivo”. La entrevista a nuestra compañera Laura Marrone, especialista en temas educativos, nos permite además tener un panorama general del conjunto de los niveles educativos frente a estas presiones del capitalismo imperialista sobre la formación de la juventud de nuestro país.

“La universidad pública podrá cobrar aranceles” fue el título principal del diario Clarín al día siguiente de su sanción. La enorme pelea que dio el movimiento estudiantil con tomas de facultades a lo largo y ancho del país, y la movilización con abrazo/bloqueo al propio Congreso de la Nación incluido, no logró frenar su aprobación por culpa de la traición de la Franja Morada y del entonces FREPASO (cuyos herederos hoy residen particularmente en las tropas del kirchnerismo). Pero sí logró con su lucha a lo largo de los años evitar que los aspectos aún más privatizadores de la ley en regla general no se apliquen, como la habilitación del cobro aranceles para cursar. Incluso en algunas facultades se logró evitar la “acreditación” de los contenidos de las carreras a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el organismo creado para impulsar reformas de currículas al servicio del mercado.

Los avances privatizadores y la mercantilización, sin embargo, lograron abrirse camino a través de otras vías, como el arancelamiento de los posgrados y la firma de convenios con multinacionales. En nombre de la búsqueda de generación de “recursos propios”, todos los gobiernos desfinanciaron el sistema universitario empujando a cada institución a buscar el “padrinazgo” de alguna empresa, o algún negocio como los cursos de idioma pagos. El reclamo presupuestario y el rechazo a estas expresiones de mercantilización han sido uno de los principales motores de los reclamos estudiantiles, docentes y nodocentes, en estas décadas.

Ponemos los aportes de este dossier al servicio de la politización, y como un impulso al estudio y la profundización de la realidad del sistema educativo de nuestro país. Pero sobre todo, como un aporte en función de poder retomar la tradición de los Encuentros Nacionales contra LES (cuya última edición se realizó en el año 2005), y avanzar en constituir un programa propio del movimiento estudiantil de nuestro país, que le permita tanto defenderla de los ataques de los gobiernos, como proponerse rediscutir su orientación social, y ponerla de una vez por todas al servicio de las necesidades de lxs trabajadorxs y el pueblo.

• ¿Cómo definís al modelo universitario mercantil?

Las clases dominantes de la sociedad trataron siempre de utilizar la educación para afianzar su dominio. Durante los siglos XIX y XX se formaron profesionales y científicos orientados a servir al capitalismo, pero las universidades mantuvieron cierta autonomía cultural y acompañaron con avances y retrocesos los vaivenes de la lucha de clases.

Hacia el fin del siglo XX, las empresas imperialistas crecieron e influyeron mundialmente en todos los órdenes, incluyendo el cultural. La mayoría de las universidades reorientaron sus carreras y sus investigaciones para que sirvieran a los intereses de esas grandes empresas.

Los gobiernos redujeron el presupuesto educativo, fomentaron la enseñanza privada y obligaron a las universidades estatales a buscar financiamiento en convenios con empresas. La internacionalización de los estudios, como en el Plan Bolonia, también apunta a satisfacer las necesidades de las multinacionales.

En nuestro país, la tradición de luchas estudiantiles y docentes y de educación pública dificultó la instauración plena de este modelo mercantil o empresarial. Pero a pesar de ello avanzó notablemente en las últimas décadas, a través de los frecuentes convenios con empresas, de la pertenencia a asociaciones como Universia, sostenida por el Banco de Santander, de la plataforma EdX que incluye al Banco Mundial y al FMI e incluso del método y el lenguaje empresarial aplicado a actividades académicas.

• ¿De qué manera la LES ayudó a apuntalar el modelo mercantil en la Argentina?

La LES, aprobada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, fue impuesta por el Banco Mundial durante negociaciones para el otorgamiento de un crédito. Contiene todas las características del modelo empresarial: coloca en un plano de igualdad a las universidades públicas y privadas, crea organismos de conducción como el Consejo de  Universidades,  integrado en forma paritaria por representantes de ambos sectores y permite que las universidades públicas obtengan “fondos propios” a partir de contratos con empresas. En las condiciones del crédito el Banco Mundial exigió que debía crearse la CONEAU como un organismo de control y acreditación con autoridades y metodologías de trabajo… aceptables para el Banco”.

La LES también estableció que las funciones de control y acreditación pueden estar a cargo de un organismo privado y abrió las puertas para el arancelamiento de los estudios.

Esta ley fue resistida por el movimiento estudiantil y por buena parte de los docentes. Sin embargo, no solo fue aprobada por el menemismo sino que mantuvo su vigencia durante los gobiernos posteriores, incluyendo los doce años de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2015.

La reforma aprobada por el Congreso en octubre de ese año introdujo una importante definición: “la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho humano personal y social” y “una responsabilidad indelegable del Estado”. También eliminó la posibilidad de arancelar los estudios de grado, estableció el ingreso irres- tricto a las universidades públicas y modificó algunos otros artículos. Sin embargo, se conservaron en el resto de la ley numerosas normas que contradicen estas correctas afirmaciones generales, al equiparar las universidades públicas con las privadas y mantener la representación de estas últimas en los máximos organismos del sistema. También se mantuvo la posibilidad de financiamiento adicional para las universidades nacionales mediante convenios con empresas, los “fondos propios” estimulados por la asfixia presupuestaria estatal.

En 2015 no se eliminó el arancelamiento de los cursos de posgrado, cada vez más necesarios para los jóvenes graduados y se agregó algo que el texto anterior no contemplaba: la posibilidad de que las provincias subvencionen universidades privadas.

• En el marco de la pelea por su deroga- ción, ¿Cuáles son los principales ejes que deberían pensarse en una nueva Ley?

Los objetivos centrales de una nueva ley deben ser recuperar el carácter público y universal de las universidades y establecer que tanto la educación como la investigación deben orientarse hacia las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad y no hacia el lucro de las empresas ni del 1% más rico de la población.

De acuerdo con su “responsabilidad indelegable” establecida en el artículo 1°, el otorgamiento de los títulos debería ser una atribución exclusiva del Estado, tal como era antes de 1958. Si bien todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse, estudiar, enseñar y expresarse libremente en cualquier ámbito cultural o artístico, lo que no puede aceptarse es que instituciones privadas otorguen títulos habilitantes para ejercer las profesiones de interés social, como son las disciplinas de la salud, la abogacía y otras prácticas comunitarias, la arquitectura, las ingenierías, etc., ni que tengan representación en los organismos de conducción del sistema universitario.

Por otra parte, el financiamiento de las universidades públicas debería ser exclusivamente estatal, de modo que todas sus actividades apunten al bien común y no a intereses económicos sectoriales.

Con respecto al ingreso y a la permanencia de los estudiantes, debería contemplarse el tránsito desde el secundario con cursos de formación y asegurarse el seguimiento de los estudios mediante tutorías y apoyo pedagógico. Las carreras deberían apuntar al desarrollo del espíritu crítico en lugar de la capacidad memorística, y del sentido solidario del profesional o científico en lugar de los criterios individualistas que imperan actualmente. La composición de los órganos de gobierno y de los contenidos de la enseñanza deberían ser discutidos en cada universidad, garantizando la autonomía y la diversidad de las regiones geográficas y de la composición de cada una de ellas en cuanto a carreras, tradición, temas de investigación y población estudiantil.

• ¿Cuál opinás que es el proyecto del gobierno de Alberto Fernández sobre este tema?

Existen aún pocos elementos para conocerlo en detalle, pero sin embargo es posible analizar ciertos indicios.

En el capítulo sobre Educación de la Plataforma Electoral del Frente de Todos se plantea la necesidad de “fortalecer el Consejo de Universidades”, que está formado por rectores de universidades públicas y privadas, sin proponer ningún cambio en su composición.

Por otro lado, en la apertura de las sesiones del Congreso el presidente mencionó la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior, y entre sus objetivos señaló el fortalecimiento del “vínculo con la comunidad y el sector productivo”, sin aclarar si se refería a las empresas estatales o a las privadas, aunque la relación de Alberto Fernández con estas últimas es muy cercana. Por ejemplo, pocos días después de asumir la presidencia, participó de un acto en la Universidad Austral, donde “celebró” la firma de un acuerdo entre esa institución privada de élite, las grandes automotrices multinacionales radicadas en nuestro país y la cúpula del SMATA “para incrementar la productividad del sector”. Tal como informa la página web del CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), el presidente sostuvo que “vamos a seguir trabajando juntos”.

Estos indicios nos llevan a temer que las reformas de la LES propuestas por el actual gobierno acentúen la contradicción que señalamos más arriba. Que no reafirmen el concepto de que la educación y el conocimiento son un derecho personal y social y que por el contrario acentúen el modelo empresarial de las universidades.

Creemos que estudiantes, docentes y no-docentes, deben advertir ese peligro y alertar sobre la posibilidad de que la mercantilización se acentúe. Lo que el país necesita son universidades públicas totalmente financiadas por el Estado y cuyo objetivo sea orientar la enseñanza, la investigación y la cultura hacia la reducción de las injusticias y las desigualdades sociales y no hacia el lucro de las grandes empresas y de quienes concentran la riqueza y destruyen el planeta.

LAURA MARRONE, Legisladora Porteña (M.C.) por Izquierda Socialista - FITU

¿Cuáles fueron las reformas que acompañaron a la LES en los 90’?

Durante la década de los 90 se desarrolla la primera generación de la Reforma educativa en nuestro país, bajo los gobiernos de Menem y De La Rúa. Responde a los lineamientos del Consenso de Washington (1988) que los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el FMI promueven para responder a las nuevas demandas del capital financiero e industrial. Estos consisten en reformar los estados reduciendo gastos, privatizando servicios públicos y expandiendo el mercado. Las conclusiones del Foro Mundial de Educación celebrado en Jontien (Tailandia) en 1990 ordenan propuestas para educación que acompañan estas reformas.

Señalaremos cuatro aspectos que adoptó esta reforma en nuestro país. En primer lugar, financiero. Los presupuestos educativos ocupan entre el 4 y 6% de los PBI de los países. Se busca mayor eficiencia en los gastos, diversificar las fuentes de ingreso, reducir costos, de modo de liberar progresivamente a los estados nacionales del compromiso de financiar los sistemas educativos.

En el año ’91 Argentina firma el Plan Brady con el FMI por el cual se compromete a terminar de transferir las escuelas a las provincias, proceso que había empezado la dictadura en el ‘78 a nivel primario, ahora a nivel medio y terciario. El propósito es que el estado nacional disponga de fondos para los pagos de la deuda externa. En 1992 se sanciona la Ley de Transferencias N°24.049 que destruirá el gasto igualitario por estudiante y la desigualdad pasará a ser de 1 a 4 pesos entre las provincias que menos recursos tienen y las que más.

Un segundo aspecto consiste en favorecer el proceso de privatización de la educación para que las propias familias asuman sus costos. El desfinanciamiento de la educación pública provocaría la migración de familias a la escuela privada. La Ley Federal N° 24.195, sancionada en 1993, instala una redefinición de la escuela pública, que rompe con la tradición de más de 100 años en nuestro país.

Equipara la escuela estatal a la privada considerando a ambas parte de un sistema público único, cuya diferencia es de gestión.

El tercer aspecto refiere  al  conocimiento, y su relación entre el sistema educativo y la demanda de la producción. Hay que reformular a nivel geopolítico la producción y la distribución del conocimiento. El rol asignado a nuestro país no contempla la producción de conocimiento científico, sino la de meros consumidores de los producido por otros. Es una etapa en la que prácticamente no hay inversión en ciencia.

La Ley Federal de Educación N°24.195 reestructura el sistema educativo de conjunto. El estado nacional no financia ni administra la educación, pero centraliza las políticas y evalúa los resultados. Los planes del Banco Mundial y del FMI para Argentina son los mismos que para países donde prácticamente la educación primaria no había logrado universalidad y existían altos niveles de analfabetismo. Sin embargo, desde la década del 40, nuestro país estaba en las  primeras escalas mundiales de alfabetización de la población. La Reforma propone desarrollar el nivel primario que ya teníamos. En cambio, no favorecen el desarrollo de la educación media y por eso no hubo préstamos para este nivel. Se da la paradoja que se otorgan créditos para salas de informática en escuelas primarias y las escuelas medias no tenían. Se destruyen las escuelas  técnicas del Consejo Nacional de Educación Técnica que tenían un alto nivel de formación de sus egresados. La transferencia supone también la desarticulación del sistema nacional y pasamos a tener 24 subsistemas, con diversidad de estructuras por nivel, currículos y hasta problemas en la validación de títulos entre provincias.

El cuarto aspecto es la desarticulación de la lucha social. Los sistemas educativos nacionales, herencia del formato republicano del siglo XIX, altamente centralizados, se han vuelto un problema para la estabilidad política de los gobiernos. Ocho millones de estudiantes, más seiscientos mil docentes provocan que cualquier reclamo sacuda directamente a un gobierno nacional, tal como ocurrió en la Huelga del 88 durante el gobierno de Alfonsín. Después de las leyes de Transferencia y Federal de Educación no hay más huelgas nacionales docentes, aunque sí paros provinciales largos, aislados, por la falta de recursos para pagar salarios.

¿Qué respuesta dan los estudiantes y los docentes a esta reforma?

La lucha contra la Transferencia y la Ley Federal es llevada adelante centralmente por estudiantes y docentes autoconvocados en Capital Federal con tomas de escuelas y marchas en los años 92 y 93. En los años posteriores, la lucha es sostenida principalmente por los sindicatos provinciales, opositores a la conducción de CTERA: ATEN de Neuquén, AMP de La Rioja, seccionales opositoras de SUTEBA y en forma intermitente los sindicatos de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A partir de la derrota de la Huelga del 88, la conducción nacional de CTERA pierde la independencia política de los gobiernos de turno. Acuerda con los sucesivos gobiernos de Menem y De la Rúa todas las leyes de la reforma. Deja aislados a los conflictos provinciales por falta de pago, se niega a la coordinación nacional. Sus convocatorias a paros son para descomprimir los reclamos que surgen por abajo. En 1997, cuando el clamor de estos, es ya desgarrante, monta una operación mediática: una carpa en la Plaza de los dos Congresos. Durante casi dos años sostiene la medida con el reclamo de sanción de una ley de incentivo docente a financiar con impuestos a los consumidores como el cigarrillo o la propiedad de autos. La carpa es saludada por sectores de derecha y patronales como contrapuesta a los paros docentes. La Ley 25.053 de Incentivo docente se sanciona en 1998 y se transforma en una cifra en negro para toda la docencia.

¿Qué sobrevive de esta Reforma en la actualidad?

Hablamos de segunda generación de la reforma, justamente para dar cuenta que existe continuidad con la anterior. Empieza a gestarse con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner a nivel nacional y Macri en la Ciudad de Buenos Aires a mediados de la primera década de este siglo. Lo nodal es la continuidad del modelo de financiamiento. Éste sigue centralmente a cargo de las provincias y por tanto continúa la desigualdad en el gasto por alumno. La Ley de Educación Nacional N° 26206/2006 de Néstor Kirchner no modificó este modelo. El estado nacional centraliza y evalúa las políticas a la vez que se desentiende del sostén de la educación. Profundiza algunos aspectos que en la anterior estaban enunciados, como la extensión de modelos privatistas de educación, ya no solo a los tradicionales de escuelas privadas sino a las llamadas escuelas de gestión social que contribuyeron a fragmentar el sistema. Persiste la intención de modificar el régimen laboral docente contenido en el Estatuto Docente. Quieren eliminar su régimen de ingreso y ascenso mediante concursos públicos, no controlado por poderes políticos, la estabilidad en los cargos, pilares para que la educación sea un espacio de pensamiento crítico y no una correa de trasmisión de ideologías de los sectores dominantes y del mercado.

¿Cuáles son los principales desafíos que la pandemia y la cuarentena le pusieron al sistema educativo?

La pandemia nos  arrojó  a  un  vertiginoso empleo de tecnologías para sostener en algo el derecho a la educación, en forma virtual. No estábamos capacitados, no  todos contábamos con los recursos tecnológicos y mucho menos nuestros estudiantes. A pesar de la falta de recursos por parte de los gobiernos, el esfuerzo de la docencia ha sido enorme. Creo ha cumplido y cumple una tarea fundamental. La escuela en la casa ha sido y es un ordenador de la vida de los pibes, y aún de las familias. Es un sostén en momentos muy difíciles, incluso una antena para detectar posibles situaciones de abusos físicos, sicológicos o sexuales. Hay mucho por aprender aún, que cambiar. Estamos reclamando que el gobierno nacional y provinciales respeten nuestros derechos laborales de horarios, salarios, convocatorias a cargos vacantes. Seguimos reclamando por alimentos suficientes para nuestros alumnos y recursos tecnológicos para todos, incluidos los docentes.