La necesaria cuarentena producto de la pandemia del Covid 19, arrojó intempestivamente a la educación al uso de la virtualidad como forma de mantener de algún modo, la continuidad del vínculo educativo.

La circunstancia, sin embargo, empalmó con un propósito que viene siendo ambicionado por las empresas de servicios educativos (como la Global Educational Industry) para acelerar el negocio de la privatización de la educación, por un lado. Por otro, por el estado y los dueños de escuelas, para instalar modalidades de teletrabajo que reduzcan los costos laborales.

A su vez, dado que los gobiernos no proveyeron dispositivos ni conectividad gratuita a docentes y estudiantes, se ha incrementado la brecha social en el acceso al derecho a la educación que ha producido una alarmante pérdida de escolaridad, así como de nivel de rendimiento del ciclo lectivo en curso.

Con Macri-Bullrich-Zinny, la intervención de las empresas de servicios educativos para usufructuar del presupuesto educativo, fue abierto y desembozado. Con Fernández-Trotta, la política educativa emplea el doble discurso y se viste de celeste y blanco. Desaparece el direccionamiento explícito a plataformas digitales privadas de las páginas de los ministerios, pero no significa la ruptura con esta política ni con la implementación de los planes del Banco Mundial. Ya que hay en curso acuerdos para la realización de proyectos educativos con la fundación de George Soros, por ejemplo.

Además, si bien la Ley del Teletrabajo, recientemente aprobada, no incluye a educación, la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional señala la perspectiva de que el gobierno prepare la instalación de la virtualidad más allá de la pandemia en todos los niveles educativos. No es sólo por el negocio de las plataformas, sino que apunta a convertir la educación en un servicio esencial (como decretó Larreta en CABA) y atacar el derecho de huelga, utilizando la virtualidad para reemplazar a los docentes en lucha, por ejemplo. No es casual que la gobernadora y el CPE de Santa Cruz retome el uso de la plataforma “con voz, para vos”, creada luego del largo conflicto docente 2017.

El borrador de Documento “Base de Política Educativa: hacia una reconfiguración del sistema educativo”, del ministerio de Educación nacional, luego de una descripción de la realidad de la educación en cuarentena, haciendo empatía con el esfuerzo realizado por la docencia, indica propuestas de transición para el regreso a clases. Estas propuestas fueron base para el Protocolo “burbuja” de Trotta. Pero, a su vez, anuncia la necesidad de redimensionar el sistema educativo a largo plazo. Plantea que hay que repensar los niveles de enseñanza, preparar el trabajo por áreas, armar grupos por ciclos y no por grados, rediseñar los contenidos curriculares y las relaciones laborales y que, la virtualidad, estará integrada a ese nuevo diseño. Se plantea, de este modo que la virtualidad signifique menos docentes, flexibilización laboral y ajuste.

Cabe recordar que, con un discurso más explícito, estas propuestas están contenidas en el diseño de Secundaria del Futuro, la UNICABA del PRO en CABA y el caso del plan Sigo de la Reforma de adultos con el kirchnerismo en Santa Cruz. Así mismo, la reciente constitución de la Comisión Nacional de Evaluación de la Calidad educativa, según la Ley 26206, integrada entre otros por los grandes empresarios nucleados en la UIA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la CGT, son un avance de la evaluación externa funcional al mundo empresarial, que impusieron los organismos internacionales durante el kichnerismo.

Tenemos entonces, estas problemáticas a debatir y posicionarnos: la virtualidad, el teletrabajo y los protocolos de la vuelta a clases.

En este marco decimos que: reivindicamos el hecho de que la docencia, en general, durante la cuarentena no apeló a las plataformas oficiales para su trabajo, ni al uso de programas prediseñados por empresas. Con gran esfuerzo y creatividad, armó sus propias propuestas pedagógicas virtuales, lo que ha impedido la generalización del comercio de las empresas privadas en sus clases y, en general, el “espionaje” de los ministerios de su tarea. Aunque el CIDI (Ciudadano Digital) de Córdoba es un antecedente peligroso del control estatal sobre nuestra vida laboral.

Por otro lado, a pesar del gran esfuerzo realizado por la docencia, se han profundizado las desigualdades y se agravó la brecha social: muchos alumnos de amplios sectores populares quedaron afuera, excluidos, sin conectividad ni tecnología para las clases virtuales. Para los docentes, significó una sobre carga laboral, la extensión de los horarios de trabajo, exigencias en la presentación de informes diseñados sin tener en cuenta la realidad de los y las estudiantes, la persecución y el hostigamiento en una pretendida exigencia de no “perder el vínculo pedagógico”, la falta de cobertura de cargos, los gastos económicos para acceder a la conectividad y mejorar los soportes tecnológicos, con bajos salarios, entre otras penurias laborales.

No nos oponemos al uso de la tecnología, no somos ludistas del siglo XXI, y no descalificamos el uso de la virtualidad en una nueva combinación de la tarea educativa reinventando, seguramente, cuestiones pedagógicas, siempre entendida como soporte, complemento de un proceso de enseñanza aprendizaje que se da en presencia, no como reemplazo y menos como precarización de nuestras condiciones laborales, y ajuste.

Nos oponemos a la flexibilización laboral en el teletrabajo, al reemplazo de docentes por “coordinadores” virtuales. Defendemos las conquistas de nuestro Estatuto Docente, el régimen de concursos públicos, la estabilidad laboral, salario por jornada laboral, entre otros. Defendemos la relación docente-estudiante centrada en la presencialidad que favorece la interacción entre pares. Rechazamos el home-schooling permanente, como violatorio de los derechos de la niñez y adolescencia a la subjetivación-socialización secundaria, fuera del ámbito familiar, primario.

Pero sabemos que en pandemia no podemos volver a clases, porque no están dadas las condiciones sanitarias en medio de los picos más altos de contagio, con edificios escolares que mantienen todos los problemas de infraestructura anteriores a la pandemia.

El “protocolo burbuja” de Trotta es inadmisible. Resulta ridículo pensar en la posibilidad de aulas burbujas, bimodalidad, sala de aislamiento, etc., cuando hay cursos de 50 alumnos, y escuelas sin gas ni agua. Sin embargo, el ministro y los gobernadores empujan para que se comiencen las clases presenciales. En San Juan, esta semana se inicia la vuelta a clases en algunas escuelas del interior de la provincia, donde no hay registrados casos de coronavirus (lo que no quiere decir que no haya). Será, una vez más, responsabilidad del gobierno nacional, provincial y de la burocracia sindical, las consecuencias sanitarias que esta medida absurda pueda ocasionar.  En San Juan el gobierno pretendía, incluso, que los docentes compartieran el uso de máscaras.

En otras provincias los gobiernos también quieren regresar a cualquier costo, en plena pandemia, como en Santa Cruz. Nosotros llamamos a la docencia a exigir a los dirigentes sindicales que rechacen cualquier retorno presencial mientras estemos en pandemia. No se puede jugar con la salud de docentes, estudiantes y las familias. Hay que garantizar la tecnología y conectividad necesarias para mantener las clases virtuales y llegar a todos los estudiantes, mientras dure la pandemia.

Ante esta realidad proponemos:

-Rechazar el protocolo de Trotta y cualquier otro protocolo para volver a clases. No se vuelve a clases presenciales en medio de la pandemia y sin presupuesto.

-Denunciar mediante campañas la falta de condiciones edilicias, sanitarias y laborales para la vuelta a la presencialidad y de solidaridad con las provincias donde se inicien procesos de exigencia y lucha por el uso de protocolos.

-Impulsar la unidad con la comunidad para llevar adelante los reclamos.

En lo inmediato y de modo urgente, para dar continuidad a la virtualidad en mejores condiciones y pensar en la posibilidad de la terminalidad en los distintos niveles, exigimos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales: - Garantizar el acceso gratuito a la conectividad, sin límites de datos y con la velocidad adecuada. - Otorgar todos los insumos tecnológicos para docentes y estudiantes - Cubrir todos los cargos y horas cátedras mediante ofrecimientos virtuales. - Participación docente en la elaboración de las adecuaciones curriculares y cuestiones vinculadas a la terminalidad y debatir en cada escuela qué hacer con la acreditación. -Derecho a la desconexión. Rechazar toda sobre carga laboral y persecución producto del teletrabajo. Que se respete la carga horaria asignada según cargos y/ u horas cátedra. Rechazar la bimodalidad. -Rechazamos la modificación del artículo 109 de la LEN y denunciar su utilización para instalar el negocio de las plataformas y el avance de la reforma educativa en el camino de la privatización de la educación. -Rechazamos esta falsa virtualidad que, con la excusa de la pandemia, profundiza la intervención del sector privado en el diseño e implementación de la política educativa, dando lugar en forma directa a la precarización laboral. -Rechazamos que se declare a la educación “servicio esencial” con el objetivo de cercenar derechos docentes, como el derecho a huelga. Sí que se declare la emergencia educativa para garantizar partidas inmediatas de presupuesto para cubrir las necesidades de la virtualidad (conectividad y tecnologías gratuitas para docentes t estudiantes), para salarios, infraestructura escolar y nombramientos de cargos faltantes. Rechazar el acuerdo del gobierno, la UIA y la burocracia sindical para que el ajuste y la crisis la paguemos los trabajadores. Inmediata convocatoria a un plan de lucha nacional. Reapertura de paritarias por aumento salarial ya.

Cambia el signo político de los gobiernos patronales, pero todos privilegian el pago de la deuda externa por sobre la inversión en salud y educación.  Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández, la historia vuelve a repetirse. En el marco de una crisis sin precedentes, se destinaron 5.000 millones de dólares a cumplir con vencimientos a los acreedores y se terminó firmando un acuerdo con los bonistas en el que se pagarán 15.500 millones de dólares más de lo que se ofreció inicialmente. Fernández había anunciado que iba a empezar a pagar esta parte de la deuda recién dentro de tres años, pero finalmente comenzará a hacerlo el año próximo, con la brutal crisis económico social aun a cuestas.   En los próximos meses, iremos a un nuevo acuerdo con el FMI, a cambio del cual se pedirán ajustes estructurales, profundizando también los que se refieren a la educación pública. La deuda externa es un mecanismo de sujeción política que usa el imperialismo para intentar digitar el destino del país. En materia educativa el imperialismo busca seguir avanzando en desligar a los estados de países semi coloniales como el nuestro, de la tarea de financiar y garantizar el sistema educativo.

Es por eso que año tras año se destinan cifras siderales para el pago de la deuda externa, mientras que el presupuesto educativo se desfinancia cada vez más. La Ley de Educación Nacional votada en 2006, establece que la inversión mínima en educación debe ser equivalente al 6% del PBI. Pero nunca se llegó a esa cifra, ni en la gestión de Cristina Kirchner, pese a que decía que lo estaba cumpliendo. Ese 6% sería hoy, si se cumpliera, aún insuficiente para las necesidades mínimas de funcionamiento del sistema educativo y de los salarios docentes e infraestructura escolar.

Pero hace años que el presupuesto educativo viene disminuyendo en términos reales. Entre 2016 y 2020 hubo una caída del 34%. El presupuesto educativo 2020 corresponde tan solo al 5,1% del total del presupuesto del país. Del magro presupuesto existente para educación, el 76% corresponde al sistema universitario. Según la ley de educación técnica sancionada durante el kirchnerismo, el presupuesto para esa rama debería llegar al 0,20% del total, pero en 2020 es solo del 0,10%.

Las reformas educativas de los 90, mantenidas por los gobiernos subsiguientes, transfirieron la mayor parte del financiamiento del estado nacional hacia las provincias, lo que genera, a su vez, desigualdades en el financiamiento por provincia. Esto se puede medir teniendo en cuenta el gasto presupuestario por alumno. Por cada peso que se invierte por alumno en CABA, se invierten 0,25 en Formosa, por la diferencia de recursos entre una y otra provincia.

Además del desfinanciamiento, los gobiernos, orientados por el FMI, usan otra herramienta para deslindar al estado de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema educativo: la privatización. Esta política implica distintos ataques a la educación pública, estatal y gratuita:  avanza en privatizar todos los sectores posibles del sistema educativo, limpieza, seguridad, mantenimiento, cursos, formación, programas educativos no conveniados, etc. Se profundiza la instalación de servicios educativos privados en todos los niveles (antes de la ley menemista no eran aceptados), mientras se recorta el presupuesto para la educación pública con graves falencias de infraestructura y falta de personal. En el año 2018 la matricula privada representaba el 32,9% de la matricula nacional en nivel inicial, y en CABA, por primera vez la matricula privada superó a la estatal.

En el marco de la profunda crisis educativa que atraviesa el país, rechazamos rotundamente la política de subsidios estatales a la educación privada. En el caso de las escuelas confesionales, que representan la mayoría dentro del ámbito privado, el subsidio llega al 50% de la matrícula. A las privadas no confesionales, de forma solapada también se las subsidia. Frente a la posibilidad del cierre de estas escuelas ante la crisis económica, reclamamos que el estado las estatice de forma inmediata, garantizando la continuidad laboral de los docentes y la continuidad pedagógica de los estudiantes.

En este marco de una gran avanzada de la privatización, dos de los niveles más afectados han sido el nivel terciario y el inicial, dos puntas fundamentales del sistema educativo.

La fragmentación y la desigualdad son muy profundas. Existen escuelas públicas pobres y escuelas privadas con recursos. En el nivel inicial los gobiernos no invierten y permiten que la falta de jardines maternales para niños desde los 45 días, sean cubiertos por jardines privados, que cumplen esa función social que debería garantizar el estado. Jardines emparentados, además, con la necesidad de igualdad para las mujeres para ir trabajar. Y, a partir de los 4 y 5 años, por ley los niños deben asistir de manera obligatoria a la educación. Desde Docentes en Marcha impulsamos una única educación estatal, pública, gratuita, científica, con perspectiva de género y no dogmática, sin darle cabida al negocio de la educación privada, que atenta contra el derecho social a la educación estatal y gratuita.

En este marco de crisis del nivel inicial, miles de maestras jardineras están desempleadas o casi desempleadas y precarizadas salarialmente. Además, nosotros proponemos que los jardines privados, con dueños o “cooperativas”, dentro de empleados de comercio o entidades religiosas, se estaticen y sean parte del sistema educativo estatal público y gratuito. Y que se garanticen, al pasar al estado, los derechos laborales de sus docentes.

RESOLUCIONES COMISION 2: Financiamiento, privatización, nivel inicial

No al pago de la deuda externa. Plata para educación y salud pública, salario, jubilación y vivienda.

- Aumento presupuestario equivalente al 10%del PBI o al 25% del presupuesto nacional en base al no pago de la deuda externa y un fuerte impuesto a las grandes empresas.

Basta de desigualdad educativas y presupuestaria entre las provincias. Renacionalización del sistema educativo y del financiamiento del mismo.

- Basta de subsidios a la educación privada. Separación de la iglesia y el estado.

-Estatización de toda escuela privada que cierre o despida, garantizando la continuidad laboral de los docentes y pedagógica de los estudiantes. Ningún docente despedido. Respeto de los derechos laborales adquiridos.

-Universalización del nivel inicial público estatal. Creación de todos los cargos necesarios. Construcción de las aulas y edificios propios

Presupuesto para acondicionar todos los edificios escolares en el marco de la pandemia.

Defensa de los derechos laborales de todos/as trabajadores docentes que trabajan en educación privada. No a la discriminación por raza, religión o género.

- libertad de organización sindical para las, les y los trabajadores docentes. No a la persecución patronal por luchar.

- no a la política de SADOP que acuerda con los gobiernos y las patronales avalando los ajuste sobre los derechos laborales.

Que se garantice la obligatoriedad de 3, 4 y 5 años. Creación de todos los cargos necesarios. Construcción de las aulas y edificios propios. Provisión de los recursos lúdicos necesarios.

Creación de jardines maternos-parentales en todos los turnos, incluyendo vespertino de 45 días a 2 años para el acceso laboral de las mujeres y de las/les y los estudiantes.

Los distintos gobiernos y funcionarios de turno y los últimos, kirchneristas, macristas y el actual peronismo de Fernández, vienen aplicando un ajuste en la educación que también atraviesa la realidad de nuestras Obras Sociales. En líneas generales los aportes de los docentes a las obras sociales provinciales son un porcentaje importante del salario. En Santa Cruz es el 6,4%, con carga familiar. En provincia de Buenos Aires el IOMA representa el 4% de los salarios de los trabajadores y 4% de aportes patronales. En CABA el 6%, en Córdoba APROS descuenta el 4,5%.

A pesar de los enormes fondos que recaudan estas Cajas, todos los días nos hacemos eco de las denuncias de compañeros que no reciben la atención adecuada, que no hay servicios médicos porque se suspenden o no nos cubre diferentes estudios especializados o tratamientos complejos, o simplemente no permiten más de dos estudios por mes.

La medicación oncológica y la de HIV generalmente se retrasa por falta de pago. No se cubren tratamientos con traslados, pese a acuerdos inter provinciales. Este abandono llevó a la muerte de compañeros y compañeras como los más conocidos de Gabriela Ciuffarella, de Lomas de Zamora o el Negro Bravo de Santa Cruz, entre tantos otros. Hay denuncias de docentes que no reciben atención, ni siquiera de hisopados, por COVID. Y miles de casos de abandono como Mabel Levandosky e Iván Ocantos de Lomas, que para recibir atención tuvieron que organizarse y movilizarse.

Hay una responsabilidad de los gobiernos de turno, que vaciaron sistemáticamente las obras sociales, y desviaron fondos para otros negociados o para sostener la Salud Privada, como acaba de hacer Axel Kicillof en Provincia de Bs. As., que les entregó 400 millones de la caja de IOMA.

En CABA, por ejemplo, el vaciamiento de la OBSBA se dio a través de la desregulación. Miles de docentes hartas de la mala atención, espera para los turnos, con trámites de autorizaciones largos y engorrosos, con la falta de opciones de centros de atención, se volcaron a pagar doble obra social, afiliándose también a otras.  

En Santa Cruz, la CSS (Caja de Servicios Sociales) está intervenida hace 34 años. Producto de la actitud demagógica para la campaña del 2019 la gobernadora, Alicia Kirchner, elevó a la legislatura provincial un proyecto de ley, que fue sancionado en noviembre del 2019, para reestructurar la organización y funcionamiento de la obra social, modificando así la ley 364 de creación de la CSS.

Bajo el pretexto de poner fin a la intervención, esta nueva Ley amplía la participación del Ejecutivo provincial en el Directorio, quedando en desventaja la participación de los trabajadores.

Además, encubre el desfinanciamiento de estos 34 años y la considerable deuda de los municipios que desde hace años no elevan los aportes de sus afiliados municipales. Además de no contar en estos 34 años de intervención con balances y rendición de cuentas, a pesar de las denuncias judiciales. De hecho, la Caja sigue intervenida, ya que no se llamó a elecciones.

Asimismo, debemos vincular a la problemática de la Obra social, el funcionamiento y modificaciones de nuestro Régimen de licencias a través del ministerio de salud pública, sin respetar nuestros convenios, y el pésimo y privatizado en muchas provincias, funcionamiento de Reconocimientos Médicos.

El Contexto de la Pandemia agrava cualitativamente este panorama crítico de la salud de los y las trabajadores y sus familias, la falta de inversión en los hospitales, sin insumos, con escasa tecnología y falta de profesionales. Hoy ya colapsados en muchas localidades del AMBA y también en provincias como Jujuy, o en Río Gallegos, Santa Cruz, por la desinversión en la salud pública.

En Caba hay miles de denuncias sobre las condiciones de las guardias y la larga espera para tener el resultado del hisopado. El tratamiento con plasma no se comenzó a realizar hasta hace pocos días, cuando un docente pelaba por su vida. La denuncia por las redes, tomada por cientos de docentes, logró que se incorpore el tratamiento con Plasma en OBSBA.

La burocracia sindical de CTERA y de los gremios provinciales, deja correr esta política de vaciamiento y en muchos casos es hasta cómplice, ya que está en las directivas de las obras sociales y no sale a denunciar los casos de corrupción. Es fundamental que tomemos la lucha por la defensa de nuestras obras sociales, llevando la exigencia a los sindicatos que pongan esta temática como uno de los puntos fundamentales en la lucha contra el ajuste del gobierno.

Llamamos a que los sindicatos y agrupaciones combativos, tomemos los reclamos de la docencia y de los grupos de familiares que luchan por atención, y unifiquemos esta pelea.

Resoluciones:

1. Denunciar al gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores por su política de vaciamiento de las Obras Sociales de los trabajadores del Estado y la Educación. También denunciamos el desvío de los Fondos de nuestra Obra Social para todo tipo de negociados. Todo esto produce el abandono de compañeros enfermos crónicos y terminales, que no reciben sus tratamientos y medicación y son condenados a la muerte.
2. Denunciar a Ctera y el FUDB por su política cómplice frente al vaciamiento de las Obras Sociales de los trabajadores.

Exigir a los gremios un Plan de lucha para:

-Rechazar el vaciamiento. No a la financiación de la Salud Privada con fondos de nuestras Obras Sociales.

- Que el dinero de los Aportes sea destinado a las Prestaciones de los Afiliado, con particular atención de los casos de pacientes con discapacidad

- Por la Apertura de todos los Libros. Obras Sociales dirigidas por los Trabajadores. Elección Democráticas de los Vocales o Representantes de los Trabajadores en las Entidades.

- Por Aumento de Presupuesto para Salud

- Por un Sistema Único de Salud Estatal, Gratuito y de Calidad. No Pago de la Deuda Externa e Impuesto a las Grandes Fortunas.

3. Impulsamos la más amplia unidad de Acción por los puntos programáticos planteados con los Sindicatos Opositores de los gremios Estatales y con las Comisiones de docentes, estatales, afiliados y familiares afectados por el Abandono de las Obras Sociales.
4. Frente a la Actual Situación de Pandemia: exigimos que ningún docentes y trabajadores estatales afiliados queden sin la inmediata atención, detección y cobertura de tratamiento del COVID.

Sin duda alguna, el gobierno de Macri y el actual gobierno de Fernández, con sus leyes y decretos aplicaron un tremendo ajuste sobre las jubilaciones en general y pretenden avanzar sobre el régimen jubilatorio docente y las cajas previsionales provinciales, en esto que denominan “armonizar” con el régimen del ANSSES de Nación.

Recordemos las jornadas de lucha del 18 y 19 de diciembre del 2017, marco en el cual se votó, con complicidad del PJ, la nueva movilidad jubilatoria, Ley Ómnibus, que con la pretendida “reparación histórica”, significó un nuevo ajuste. Esa misma ley incluía la “Armonización” con nación de las cajas provinciales en 180 días. No pudieron implementarlo.

Después vino Fernández y a pesar de que en campaña aseguró que la prioridad eran los jubilados, mandó a la legislatura la Ley de emergencia “Proyecto de solidaridad social y reactivación productiva” que suspendió la ya repudiada movilidad de Macri, otorgó por decreto nuevos aumentos, con porcentajes menores a los que hubiesen sido aplicados con la Ley macrista. O sea, un nuevo robo y ajuste. Actualmente con la aplicación del nuevo decreto, aumentan un 6,12% (aplicando la suspendida movilidad hubiese sido del 10, 9%) y la jubilación mínima para un jubilado es de $16.864

Esta ley de Fernández-Moroni contemplaba, además, en sus artículos 51 y 52, que suspendía la movilidad jubilatoria, el 82% móvil, a docentes universitarios, de la Ciudad de Bs As y de las cajas transferidas por seis meses.El repudio y lucha de los gremios como Ademys, AGD UBA se hizo sentir y empujaron a que Ctera se expresara en contra y solicitara la anulación de esos artículos, cosa que se logró

Los docentes siempre hemos tenido que luchar para defender nuestro régimen jubilatorio y lo cierto es que se han ganado batallas. Lamentablemente en algunas provincias los gobiernos han avanzado, con reformas totales o parciales.

Armonizar con Nación significa ajustarse a las condiciones de la jubilación de Anses en los requisitos de edad, años de servicios, determinación del haber jubilatorio inicial y movilidad. Esto es perder conquistas y derechos: elevar la edad a 60 mujeres, 65 hombres; con 30 años de servicios.

A las conocidas reformas previsionales que hemos apuntado en el encuentro anterior de DEM, vemos que en Formosa (2016), Santa Cruz (2010), hubo reformas que van de cambiar el cálculo de los haberes, a aumentar los aportes, y/o incluir los llamados aportes solidarios, o sea seguir aportando como pasivo: Debemos sumar el gran ajuste de este año en Córdoba por parte del gobernador Schiaretti.  La reforma jubilatoria en Córdoba es uno de los ejemplos más acabados de una serie de ajustes que comenzaron en el 2008, y que “armonizan” a la baja a partir del cambio en el modo de cálculo de los haberes iniciales, que con la nueva Ley 10.694 de este año, se realizará sobre las últimas 120 remuneraciones mensuales (10 años) Además los aumentos se percibirán 60 días después de otorgados a los activos.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof intenta avanzar en la armonización. A través del decreto provincial 261/2020 estableció un convenio con el ANSES a cambio del giro de $6000millones de pesos por el ejercicio del 2017. Manifestando en dicho decreto que el ANSES se compromete a financiar el déficit del sistema previsional de la Provincia.  Con ese decreto, convalida décadas de vaciamiento de la Caja Previsional de la Provincia de Buenos Aires (IPS), dejando establecido que se encuentra en déficit. Este argumento también es el de Alicia Kirchner para mantener el aporte solidario y el de Schiaretti y todos los gobiernos provinciales. Argumento que rechazamos, porque lo que llaman déficit es en realidad robo, usar los fondos de los aportes para otros fines,  el no cumplimiento de los aportes  del estado, las numerosas sumas en negro que compone el salario docente que influyen negativamente en los haberes jubilatorios de muchas provincias.

Con el gobierno de Macri decíamos que el objetivo era alcanzar armonizar nacionalmente y el peligro de un haber único jubilatorio de pobreza. Consideramos que, con variantes y doble discurso, esa amenaza sigue vigente.

Desde Docentes en Marcha decimos:

Derogación de todas las reformas previsionales provinciales que significan pérdida de derechos, ajuste y armonización con Nación. Algunas de ellas son:

Derogación de la ley 10694, “Solidaridad y Sostenibilidad del sistema previsional” en la provincia de   Córdoba.

Derogación de la Ley 10806,  “Ley de Emergencia Solidaria “en la provincia de Entre Ríos,  sancionada el 2 de julio de 2020.  Avanza hacia un mayor recorte salarial en los haberes jubilatorios (reducción del 82% móvil), ya que con esta ley los jubilados y pensionados   aportaran, según la grilla  salarial , solidariamente a partir del 4% y los activos del 16 % al 18% , teniendo la grilla salarial y el salario a bolsillo. 

Defensa y recuperación del régimen especial docente, jubilación con 25 años de servicio y sin límite de edad. ¡Ningún aumento de la edad jubilatoria!

 Defensa y recuperación del 82% móvil. Blanqueo del salario, pasando al básico todas las cifras en negro. ¡Ningún aumento por fuera del básico!

¡Medicamentos gratuitos para los jubilados, especialmente los oncológicos!

¡No al vaciamiento del ANSSES, del PAMI, IOMA  y de la Caja de Jubilaciones! Ponerlos bajo el inmediato control de los trabajadores activos y pasivos.

Por cajas previsionales bajo el control de los trabajadores, trabajadoras y jubilados.

Llamamos a todos los sindicatos a luchar contra la armonización y contra jubilaciones de pobreza.

Coordinar los reclamos y las luchas de todos los jubilados estatales.

Apoyar las iniciativas de lucha generadas por el sector, como la que están realizando ahora los Jubilados Autoconvocados de Río Cuarto.  Generar campañas en las Redes Sociales.

Impulsar la conformación de Jubilados en Marcha en todas las provincias, organizando a los docentes jubilados luchadores que defiendan este programa.

La Comisión de EOE y educación especial funcionó en dos comisiones. Las dos aprobamos en general el informe y las resoluciones. En una realizamos un debate en torno al término gubernamental de “inclusión”, que no se desarrolló en la otra. El plenario votó en general los informes con los cambios presentados en las comisiones y los coordinadores de ambas comisiones consideran correctas las modificaciones. 

Observamos un agravamiento en la situación general y particular del sector, derivada de la pandemia y las decisiones políticas aplicadas por el gobierno.

Vemos que el proceso de desarticulación de la Educación Especial sigue avanzando y genera una mayor desigualdad, mientras se sostiene el doble discurso de la “inclusión”. Entendiendo que el concepto "inclusión" surge en el marco de la ofensiva capitalista contra la escuela pública y como estrategia para incluir a las personas con discapacidad al sistema productivo capitalista. Dónde estas personas deben ubicarse como sujetos productivos (como mínimo para auto sustentarse) o como sujetos consumidores y dónde se perpetúa la exclusión social. Consideramos que mientras rechazamos el falso discurso gubernamental de la "inclusión" y defendemos la educación especial, debemos seguir planteando la defensa del derecho social de todas/os las/os estudiantes, sea cual sea la situación que transiten, a aprender, a educarse en una escuela pública, gratuita, estatal.

Para eso exigimos presupuesto, recursos humanos, materiales, infraestructura y un planeamiento, defendiendo a la Educación Especial, contra el vaciamiento del gobierno, que utiliza el término “inclusión” para justificar el ajuste y el vaciamiento de la rama y/o modalidad.   

Otra preocupación surge desde la sobrecarga laboral que están atravesando los equipos de orientación escolar y gabinetes, a quienes se les exigen intervenciones que rozan con el desdibujamiento de su rol profesional. Se deja de lado el quehacer pedagógico, para transformarnos solamente en asistencialistas, ante las presiones de los ministerios para dar respuestas a situaciones de vulnerabilidad socio-psico-económicas complejas, agravadas por la crisis. Y otra vez sin los recursos y herramientas necesarias, queriendo hacernos corresponsables de los eventuales fracasos, desligándose de su obligación y responsabilidad.

Esta cuarentena nos llevó a trabajar en la virtualidad, sin las capacitaciones y/o conocimientos necesarios para desarrollar nuestra labor y sin Internet y dispositivos garantizados por el estado. Exponiéndonos a una sobrecarga laboral que afecta nuestra salud física-psico-emocional y nuestro desempeño con los y las estudiantes. 

Queremos debatir cómo organizarnos para defender las modalidades de educación especial y psicología, frente al ajuste de los gobiernos. Socializando experiencias de lucha y organización, en cada punto del país. Proponemos luchar por la defensa de la escuela pública, estatal, gratuita, con el presupuesto necesario para educación, que pueda lograr que las personas con discapacidad cuenten con las condiciones adecuadas para educarse y tener mayores elementos para enfrentar la exclusión social y sus consecuencias. Con un gobierno que rompa con las políticas de sometimiento al FMI y las multinacionales y los planes de ajuste que llevan a la marginación social. 

Proponemos reclamar:

*Mayor presupuesto en las escuelas y salud pública, para la necesaria articulación en el sector. 

 Basta de tercerización y subsidios a la educación privada

*Que se deroguen las resoluciones anti educativas, tales como 1736, 1664/17 en Bs. As., 1825 en Córdoba y las que afecte en otros distritos y provincias, y que se realicen nuevas propuestas, surgidas de los debates de los trabajadores de la educación, trabajadores y familias de nuestros alumnos.

*Conectividad libre y medios tecnológicos gratuitos para que se garantice gratuidad de la educación en todos los niveles y modalidades. 

*Que el gobierno garantice el acceso a los tratamientos y medicinas de las personas con discapacidad, y los cargos auxiliares necesarios, para un completo desarrollo psico-afectivo, dentro del ámbito de los ministerios de educación.

*Nombramiento y titularización de todos los cargos necesarios: gabinetista, EOE, psicopedagogo y demás faltantes en cada escuela y distrito. No a la tercerización y precarización, respeto del estatuto docente.

*Planificación efectiva de la ESI en todos los niveles y modalidades, incluyendo a las escuelas especiales.

*Defensa de la educación especial pública, estatal, gratuita y científica y de los centros de formación de la modalidad, en todo el país.