Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

A pesar de los mensajes pretendidamente optimistas de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, la pandemia continúa en expansión, con gran cantidad de casos nuevos y muertes diarias. Estamos en el peor momento. Diego Santilli y el ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós, de Cambiemos, dijeron en los últimos días que la curva de casos nuevos había entrado en una meseta, es decir, había dejado de crecer. Eso no es así, la supuesta meseta se ha instalado con un alto número de casos diarios que no muestran señales de descenso. Esas declaraciones son espejismos para hacernos creer que lo peor ya pasó y justificar la imposición patronal de aflojar la cuarentena.

Mientras tanto, la tasa de contagios confirmados en provincia de Buenos Aires es de 893/100.000 y en CABA de 2.311/100.000, cifras más que elevadas si las comparamos, por ejemplo, con las de los Estados Unidos, un país de los más castigados por la pandemia. Allí la tasa nacional de contagiados es de 18/100.000. No nos va mejor en varias provincias, Chaco, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y, en los últimos días, Jujuy tienen más de cien contagios confirmados por día. Para entender dónde estamos parados debemos saber que los epidemiólogos en el mundo consideran que la pandemia se vuelve manejable recién cuando la incidencia baja a un caso cada 100.000 habitantes por día. Los Estados Unidos están muy lejos de lograrlo, pero nosotros también.

El sistema sanitario está colapsando

Desde este semanario hemos denunciado que nuestro sistema de salud, fruto de décadas de desinversión y ahogo presupuestario provocado por los sucesivos gobiernos, no estaba en condiciones de afrontar el desafío que significaba la pandemia. Desde marzo estamos exigiendo los recursos tecnológicos y humanos que permitan encarar con éxito el enorme esfuerzo. Sin embargo, el gobierno peronista hizo muy poco para responder a las enormes necesidades planteadas y hoy el sistema está colapsando. Las unidades de terapia intensiva se han convertido en el punto débil del sistema y la tasa de ocupación de esas camas es motivo de polémica. Las autoridades, tanto peronistas como de Cambiemos, dan cifras optimistas mientras que los trabajadores de la salud hablan de saturación al 100% en los grandes hospitales del AMBA. Lo cierto es que las camas útiles son muchas menos que las que declaran las autoridades, entre otras cosas por la falta de enfermeros y médicos entrenados para que se tornen operativas.

El otro gran punto débil del sistema es la escasez del recurso humano. Mucho antes de que se instale en el país la pandemia, solamente en la provincia de Buenos Aires se requerían llenar 2.500 vacantes de profesionales de la salud, como reclamaba la Cicop. Hace un par de meses, con gran alharaca mediática, el gobierno peronista provincial de Axel Kicillof hizo apenas unas 650 designaciones y dejó promesas de futuros nombramientos transitorios. Algo parecido sucede con Cambiemos en CABA. En ambas jurisdicciones los gobiernos se niegan a aumentar los miserables salarios, lo cual hace difícil la incorporación de nuevos trabajadores. 

Ni el gobierno ni las patronales sanatoriales cuidan al trabajador de la salud

A esta carencia básica de personal se le añade el impacto de la pandemia en los propios trabajadores del sistema, entre los cuales los contagiados superan ya los 14.000 entre el sector público y el privado. Cuando hay un trabajador contagiado sus compañeros deben entrar en aislamiento. Se ralean, entonces, los servicios y en muchos casos es necesario cerrarlos por falta de personal, especialmente las UTI, donde la exposición es mayor. La distribución en turnos no puede cumplirse, con lo que se sobrecargan los trabajadores, aumenta el riesgo del contagio y se terminan afectando las prestaciones a la población.

El personal de salud debe trabajar en esta situación de amenaza permanente, lo que lleva al agotamiento físico y psicológico. Amenaza que es muy concreta, son numerosos ya los trabajadores de la salud mayores de 60 años y quienes, sin serlo, presentan una condición patológica de riesgo, que han muerto infectados por el Covid-19. Pérdidas absolutamente evitables si se escucharan los reclamos de los trabajadores que exigen la licencia para quienes están en esas condiciones.

Las patronales vienen empujando para terminar con la cuarentena

Durante las últimas semanas el gobierno peronista viene abandonando en forma precipitada la medida que fue su principal acierto para enfrentar a la pandemia en el AMBA, el aislamiento o cuarentena. Responde así a la presión de las patronales que buscan mantener su cuota de ganancia aun a costa de expandir el virus. La propaganda, tanto del oficialismo peronista como de la oposición patronal de Cambiemos, se orienta ahora a descargar en la población la responsabilidad del cuidado. Mientras los medios magnifican intencionalmente encuentros sociales irresponsables, pero aislados, se ignora que centenares de miles de trabajadores deben romper la cuarentena para procurarse el sustento y que otros tantos están quedando en la calle por despidos. En lugar de ayudar y subsidiar a los trabajadores para sostener el aislamiento, trata de instalar en la sociedad la idea de que se contagia el que quiere, el que no se cuida, que enfermarse es un problema de cada individuo y que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad.

Sostenimiento de la cuarentena, búsqueda activa de focos, cuidado del personal de la salud y centralización

La cuarentena se sostiene subsidiando a los trabajadores para que no se vean obligados a salir a buscar su sustento. ¡Basta de subsidios a las grandes patronales y de despidos! Hay que testear a las poblaciones de riesgo y sus contactos para identificar los focos de contagio. Hay que cuidar al personal de salud, dando licencias a los mayores de 60 años y a los portadores de condición de riesgo. Es necesario centralizar el sistema de salud para garantizar el acceso a la atención médica de todos. Debe facilitarse y supervisar la disponibilidad de recursos curativos, como por ejemplo el plasma, que si bien está todavía en investigación, ha sido universalmente adoptado en nuestro país y es usado empíricamente en la presente pandemia dado que es barato y está al alcance de cualquier hospital con servicio de hemoterapia.

Financiación con un fondo de emergencia

La pregunta de las preguntas, ¿cómo financiar los gastos que demanda la lucha contra la pandemia planteada de la manera que lo hacemos? La opción es de hierro, o la financian las grandes fortunas del país junto con los capitales imperialistas, o si no, el pueblo sigue pagando su tributo de vidas perdidas, desocupación y empobrecimiento general. Por eso es necesario crear un fondo integrado por un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández y sus periodistas amigos se han lanzado a una inmensa operación de “convencimiento”. Quieren hacernos creer que el acuerdo al que se ha llegado con los más importantes fondos de inversión del mundo (BlackRock, Templeton, Greylock, Pimco, etcétera), con la activa participación de bancos como el HSBC y el Of América, es “el mejor de los acuerdos posibles”. 

Contaron con el apoyo del conjunto de los economistas del establishment, que en infinitas notas, papers a sus clientes, informes de consultoras y columnas de opinión en diarios locales y extranjeros, aplaudieron el acuerdo. Lo mismo hicieron los ex funcionarios del área económica del macrismo, como Luis “Toto” Caputo y Guido Sandleris, y hasta un terrorífico personaje de nuestra historia económica, Domingo Cavallo, que salió de las catacumbas para elogiar el arreglo. Por supuesto, también apoyaron todos los políticos patronales de la oposición, sin excepción. 

En esta abrumadora coincidencia solo queda una voz disonante, la nuestra, la de la izquierda. Quedamos absolutamente solos, con la obligación de denunciar la triste verdad, que este acuerdo es un desastre, una tragedia para el pueblo trabajador y para el país. Y que, otra vez, nos llevará más temprano que tarde al hundimiento.

Sabemos que muchos compañeros de trabajo o estudio, o vecinos, quieren tener esperanzas y confían en lo que les dice el gobierno. ¿Qué otra cosa se podía hacer?, nos preguntan. 

Vamos a responder. Primero, este acuerdo no es por el conjunto de la deuda argentina. Es solo con los acreedores que poseen bonos bajo legislación extranjera, por poco más de 66.000 millones de dólares. El acuerdo no reduce prácticamente nada el capital de la deuda. Y, si se achican un poco los intereses, igual se sigue pagando una tasa seis veces más grande que la que cualquier especulador obtiene comprando bonos de otros países. Al mismo tiempo, el plazo en el que se “patearon” los vencimientos para adelante es extremadamente corto, ya en julio del año próximo les estaremos abonando vencimientos a estos acreedores. 

Durante la negociación, que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo y cediendo, cada vez más. Se calcula que entre la primera oferta y la que se terminó firmando, se le reconoció 16.500 millones de dólares más a los acreedores. 

¿“Nos ahorramos” 40.000 millones de dólares, como anuncia el gobierno? Mentira, solo se patearon para adelante algunos pagos, y como vimos no demasiado. Ni qué hablar de la “montaña” de vencimientos, que a partir de 2024 son tan gigantescos como los que nos dejó Macri.

Pero, al menos, ¿solo tendremos que pagar 1.400 millones de dólares en los próximos tres años? Otra mentira. Expliquémosla. A ese monto hay que sumarle la “otra” deuda que también se está negociando, la que poseen los bonistas bajo legislación local. Hay en juego otros 40.000 millones de dólares que, cuidado, en gran parte –15.000 millones de dólares–, también están en manos de pulpos extranjeros, como el fondo Pimco. E incluso a los fondos internacionales se les dará la “opción” de dolarizar los bonos que están en pesos. De ahí saldrán nuevos vencimientos, que habrá que pagar en los próximos meses.

Sigamos sumando. En mayo del año próximo tenemos que pagar 2.100 millones de dólares al Club de París. 

Y dejamos para el final la perla de la negociación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de 49.000 millones de dólares, que hay que empezar a abonar en septiembre del año que viene, y que luego sigue con vencimientos gigantescos en 2022 y 2023. Anticipamos cómo seguirá la historia. El FMI ya le ha dicho a todos los que lo quieran escuchar que acá no hay “quita” que valga, se deberá pagar el ciento por ciento del monto. Sí aceptará correr un poco los vencimientos, claro que a cambio de lo que llama “reformas estructurales”. En concreto, un ajuste fiscal (traducido, reducir el dinero que va a gastos sociales, salud o educación, subir tarifas y cobrar más impuestos al pueblo trabajador), una reforma previsional (hundir más en la miseria a los jubilados) y otra laboral (ir a fondo con la flexibilización reventando convenios colectivos y llevando a todos los trabajadores a las condiciones en que están los de Vaca Muerta, o los de Rappi y Glovo).

La historia vuelve a repetirse. Una vez más quieren meternos gato por liebre. Reconocen una deuda ilegítima, fraudulenta, ilegal e inmoral. Luego “renegocian”. Para vendernos después que, “ahora sí”, se resolvió el problema definitivamente. Todo termina en un nuevo ajuste al pueblo trabajador para cumplir con los acreedores. Así pagamos y pagamos infinitamente. Pero como no alcanza pedimos nuevos préstamos, para “refinanciar” el resto. Y la deuda sigue creciendo. Ese es el camino, hasta la próxima renegociación, que indefectiblemente llegará. Una rueda infernal, infinita, en la que nos seguimos hundiendo. 

Volvemos a la pregunta del principio, ¿había otra alternativa? Frente a este camino de decadencia, hambre y miseria, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que sí, y proponemos la única salida viable si queremos de una vez por todas priorizar las  necesidades populares y desarrollar nuestro país, quebrando las cadenas de la dependencia. Hay que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, repudiándola en su totalidad, romper con el Fondo Monetario Internacional y poner así todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares: la salud pública, en el marco de la pandemia, el salario, el trabajo, la educación y la vivienda, las otras prioridades que deben reemplazar a las de las ganancias de los pulpos acreedores.

Escribe Adolfo Santos

Se habla mucho de que en el gobierno del Frente de Todos habría dos alas. Dos peronismos diferentes, el del presidente Alberto Fernández, un modelo más moderado y conciliador, y el encarnado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sería más progresista y confrontativo.

Muchas veces se utilizan estas supuestas diferencias para explicar que, lo que hace Alberto, no es lo que piensa o haría Cristina. Que, si fuera por la vicepresidenta, el gobierno sería más duro con los grandes empresarios, que habría aprobado el impuesto a las grandes riquezas o llevado adelante la expropiación de Vicentin. Desde Izquierda Socialista, independiente de la forma personal de actuar de esos políticos patronales, más o menos belicosa, más o menos dialoguista, no tenemos dudas de que ambos defienden políticas semejantes.

La prueba más contundente de que no tienen diferencias esenciales la dieron durante la reciente negociación con los detentadores de los bonos de la deuda. Nadie, desde el gobierno, cuestionó el acuerdo firmado entre los “lobos” de Manhattan, encabezados por Laurence Fink, el multimillonario CEO de BlackRock, y los emisarios del gobierno. Al contrario, fue Cristina la que le aconsejó a Alberto que afloje con los usureros. Lo confirmó el propio presidente en C5N: “En algún momento yo me puse duro con el tema de la negociación. Pero me llamaron algunas personas y me dijeron ‘mirá el contexto, ablandate’. Una de esas personas fue Cristina”.

Diferente de lo que publicaron algunos medios, la vice nunca propuso ir al default, ni planteó enfrentar a los fondos usureros, y tampoco lo hará con el FMI. No nos sorprende que así sea. Durante sus años de gobierno cumplió fielmente los compromisos con el sistema financiero internacional. Ella misma se autodefinió como “pagadora serial”. O sea, si en el gobierno peronista no existe una “grieta” en cuanto a pagar la fraudulenta deuda externa a los usureros internacionales, un problema clave para resolver la crisis económica, no vemos que existan diferencias importantes, fuera de algunos matices en temas secundarios.

Más grave todavía es que Cristina le proponga al presidente que se ablande ante los usureros del sistema financiero, “por el contexto”, algo con lo que Alberto Fernández coincidió. ¿Cuál es ese contexto? Una brutal crisis económica agravada por la pandemia, con miles de desocupados, salarios por el piso, pequeños comercios quebrados, trabajadores autónomos sin poder trabajar y una inflación que no para de subir. Un contexto que golpea duramente a la población trabajadora y a la cual se deberían destinar todos los recursos económicos por largos años para ayudarla a superar la crisis. Sin embargo, el guiño fue para los bonistas, porque se gobierna para los de arriba. Por más que Alberto y Cristina digan que no van a pagar la deuda con el hambre del pueblo, o que “no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”, los dos, sin grietas, claudicaron frente a la presión de los banqueros de Wall Street.

Unir a la izquierda y luchar por una salida de clase

No fueron diferentes los anteriores gobiernos peronistas kirchneristas. En aquellos años la coyuntura económica mundial les permitió formar un colchón por los altos precios de las materias primas, como la soja, por ejemplo. Con ese superávit, y presionado por un fuerte ascenso, el gobierno se vio obligado a transferir parte de esas ganancias a los sectores más desprotegidos, pero sin que se tocase un peso a los capitalistas y pagando la deuda externa. Sin esa situación económica favorable, al gobierno peronista se le cae la máscara. No hay una política progresista de Cristina Kirchner contra el moderado Alberto Fernández, tratando de atacar los intereses económicos de los grandes empresarios para ayudar a los más vulnerables. No han habido debates o diferencias importantes sobre una política en ese sentido. Salvo el empleo de un doble discurso para criticar a los grandes empresarios, o amenazar a los buitres, aunque solo de palabra, los dos terminan gobernando para ellos.

La política del gobierno peronista es una sola. No es suspender los pagos de la deuda para destinar ese dinero a resolver los graves problemas sociales. Tampoco expropiar las empresas que despiden, suspenden o directamente cierran sus puertas. Ni siquiera implementar un impuesto a las grandes fortunas para formar un fondo de emergencia para abastecer los hospitales públicos, aumentar el salario de los trabajadores de la salud y otorgar 30.000 pesos a todos aquellos que los necesiten frente a la cuarentena. El centro de su política, y en esto nadie saca los pies del plato, es ajustar a los trabajadores, como lo demuestra la rebaja salarial del 25%, suspender las paritarias, aceptar despidos y suspensiones, suspender la movilidad de las jubilaciones y avanzar con la flexibilización laboral.

El peronismo no resuelve las necesidades del pueblo trabajador. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es necesario construir una alternativa política con independencia de clase. Porque con este plan económico al servicio de los ricos el gobierno seguirá profundizando la crisis y castigando a los de abajo. Por eso, nos sumamos a las luchas en curso para evitar que se aplique, para derrotarlo. Al calor de esas luchas debemos ir construyendo una nueva dirección independiente, al servicio de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, que rompa con los patrones y sus organizaciones políticas, con el FMI y los usureros de la deuda. Y destinar los recursos que se obtengan del no pago de la deuda al servicio de un plan económico que atienda en primer lugar las urgentes necesidades del pueblo trabajador. Solo así será posible salir de la crisis.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, dijo recientemente en una sesión parlamentaria: “Hicieron zoom desde sus casas mientras les piden a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse”. El hijo de la vicepresidenta reflejaba así su molestia por una reunión que había tenido la cúpula de la CGT con la crema de los empresarios nucleados en AEA (Asociación Empresarial Argentina), entre ellos, de cuerpo presente, Paolo Rocca (Techint), Magnetto (Clarín) y Marcos Galperín (Mercado Libre). Carlos Acuña, el segundo de Daer en la CGT, le salió al cruce: “Este muchacho no laburó en toda su vida y nos va a venir a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT”.

¿Cuál fue el motivo del enojo de Máximo Kirchner? ¿Que la CGT se reúne con grandes empresarios? ¿Que deja en banda a los trabajadores y debe delinear un plan de lucha? ¿Que hay que desplazar a esos burócratas para reemplazarlos por dirigentes combativos? Nada de eso. Su reproche a los burócratas de la CGT fue porque luego de esa reunión emitieron un documento conjunto diciendo que hubo “muchas décadas de mal desempeño económico en el país”, incluyendo los doce años de gobierno peronista kirchnerista. Por eso saltó Máximo y le recordó a Daer que compare la cantidad de afiliados que tenía su gremio en aquellos años para que vea la diferencia respecto de otros gobiernos. De esa forma, el dirigente de La Cámpora intenta encubrir que en esa década ganaron los bancos, las multinacionales, los grandes empresarios y el FMI (cuando Néstor Kirchner le pagó de contado 10.000 millones de dólares de deuda diciendo que de esa manera el país se iba a liberar), no los trabajadores.

Máximo eleva la voz contra Daer y la CGT criticando la reunión que mantuvieron con esos empresarios. Pero son los mismos empresarios que, junto con Daer, se sacaron la foto el 9 de julio en Olivos con el presidente de Máximo Kirchner, Alberto Fernández. Foto que le valió críticas de Hebe de Bonafini y de Cristina. Pero ya antes Máximo Kirchner había hecho lo propio reuniéndose con otros empresarios junto a Sergio Massa. ¿De qué están hablando?

Tal vez algún trabajador vea bien las declaraciones de Máximo contra la CGT, que deja pasar el ajuste, los despidos y la entrega del país, pero alertamos que se trata de otro doble discurso de este sector del peronismo. Esta misma CGT es la que pactó con la UIA la rebaja salarial de 25% a los trabajadores, de la mano del gobierno de Alberto Fernández, que Máximo Kirchner integra y nunca dijo nada.

La careta se le cae a Máximo Kirchner cuando dice que, en cambio, ve con buenos ojos a Hugo Yasky, de la CTA. Yasky dice que no hay que luchar porque enfrentar al gobierno de Fernández es “hacerle el juego a la derecha”. Yasky es quien anunció un impuesto a la riqueza y lo archivó. Es parte de la burocracia autotitulada “progre” y de “centroizquierda” que no mueve un dedo por ningún conflicto, al contrario, apoya al gobierno con un discurso contra el “neoliberalismo” de Macri y a favor de un “capitalismo productivo”, del que también habla el presidente.

También Máximo Kirchner estaría haciendo buenas migas con el camionero Pablo Moyano, por la importancia de la “logística”, dicen. Y hasta con la burocracia de la Uatre, gremio de los trabajadores rurales, por el rol que tiene en el sector agroindustrial, también dicen. Todo en miras a juegos entre políticos patronales peronistas y burócratas sindicales del mismo palo.

Les recordamos a los trabajadores que simpaticen con las denuncias de Máximo Kirchner que el peronismo kirchnerista gobernó en sus doce años con el apoyo de la CGT de entonces, cuando la presidió Hugo Moyano primero, luego el tándem Moyano-Barrionuevo y, posteriormente, el triunvirato Moyano-Barrionuevo-Caló. Era la propia Cristina Kirchner quien visitaba la sede de la Unión Ferroviaria nacional y se ponía la gorra de la Lista Verde del burócrata José Pedraza, el que mandó a matar a Mariano Ferreyra y avaló el remate de los ferrocarriles en los años ’90 bajo otro gobierno peronista, el de Carlos Menem.

A las nuevas generaciones de trabajadores les decimos que el kirchnerismo atacó a los trabajadores. Por eso hubo paros generales contra los bajos salarios, el impuesto a las ganancias que pagaron, y pagan, millones de trabajadores, y la pobreza. Fue bajo el kirchnerismo que al Pollo Sobrero lo metieron preso por las calumnias de Aníbal Fernández, que lo acusó de quemar trenes. A los trabajadores del Indec que denunciaban a la patota de Guillermo Moreno los difamaban diciendo que actuaban “con los bonistas de la deuda”. Cristina Kirchner trató de vagos a los docentes y de “destituyentes” y “golpistas” a los paros que hizo la CGT Moyano cuando rompió con su gobierno y terminó apoyando a Macri.

Máximo Kirchner coquetea con distintos sectores de la burocracia sindical que se van cobijando bajo los distintos gobiernos de turno al calor de sus privilegios y obras sociales millonarias, a cambio de obtener apoyo y la entrega de las luchas. Es el viejo juego de esta burocracia, que es parte del movimiento patronal peronista, que pregonó históricamente que “los sindicatos son de Perón”, usurpando esas herramientas de lucha de los trabajadores.    

Máximo Kirchner hace gala del frecuente doble discurso al que nos tienen acostumbrados los políticos patronales del peronismo. Desde la izquierda les proponemos a los trabajadores seguir luchando contra las patronales y el gobierno por aumento de salario, contra los despidos y el ajuste en curso. Enfrentar el pacto UIA-CGT-gobierno. Repudiar a todos los dirigentes cómplices, tanto de la CGT como de las CTA, y sumarse al sindicalismo combativo que lucha y no se vende. Postular medidas de fondo, con un inmediato impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda, lo opuesto a lo que hace el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner. Para ello llamamos a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad y a que se sumen a Izquierda Socialista.

Escribe Diego Martínez

El amplio abanico de fuerzas políticas que apoyaron el acuerdo entre los bonistas y el gobierno abarcó desde el propio Mauricio Macri y toda la cúpula de Cambiemos hasta los sectores que se autodenominan “ala izquierda del gobierno”, entre quienes se encuentran Patria Grande y el PCR, pasando por el peronismo en su conjunto.

El diputado del Frente Patria Grande Itaí Hagman, hizo una encendida defensa del acuerdo con los bonistas, que fue festejado por Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

Hagman, quien hasta hace muy poco proponía la suspensión e investigación de la deuda contraída por Macri, y antes directamente el “no pago”, dijo que el acuerdo era una “muy buena noticia para la Argentina”, pese a que sostuvo a la vez que la deuda fue “tomada de manera irresponsable y usada para pagar la fuga de capitales”. El diputado del Frente Patria Grande también sostuvo que defendía una “deuda sustentable que se pueda pagar”. Se trata de una completa utopía. Como lo venimos explicando, la deuda externa es un mecanismo de sujeción que utiliza el imperialismo para imponer políticas de ajuste, con la colaboración de los gobiernos de turno, en países oprimidos como el nuestro. El negocio es que la deuda nunca llegue a pagarse en su totalidad, para así mantener los lazos de sujeción.

Lo de “la deuda que se pueda pagar” se asemeja al discurso del peronismo kirchnerista que afirmaba que “nos estábamos desendeudando”, mientras la realidad demostraba lo contrario. Cristina terminó su mandato en 2015 con una deuda superior a la que existía cuando asumió Néstor Kirchner en 2003. Esto, pese a que la propia Cristina definió a los gobiernos kirchneristas como “pagadores seriales”. En su discurso, Hagman intentó mostrar una marcada diferencia entre la política que tuvieron Cristina y Macri con respecto a la deuda, pero lo cierto es que el peronismo kirchnerista favoreció la fuga de capitales y utilizó dinero de las reservas del Banco Central para pagar deuda, como sucedió con Macri.

Hagman también declaró que los sectores que más se benefician con el acuerdo con los bonistas “son los que van a tener que hacer el esfuerzo para pagar la deuda interna con el pueblo”, pero la política del actual gobierno peronista que él defiende es exactamente la contraria. Fernández beneficia a esas mismas patronales con el ajuste al salario, las paritarias a la baja, deja pasar despidos y suspensiones, se reúne con la Sociedad Rural y lo más granado del empresariado local, al que favorece con moratorias, mientras la pobreza avanza entre los trabajadores y los sectores populares, situación a la que el gobierno no da respuestas.

Hagman, como esperando a los reyes magos, sigue teniendo expectativas en que el gobierno implemente el impuesto a las grandes riquezas, pero dice que “no cambia nada si se sanciona hoy, en dos semanas o dentro de un mes” (Infobae, 9/8/2020). Declara esto en el peor momento de la pandemia, cuando se evidencia la falta de presupuesto en el sistema de salud y la pobreza trepa casi al 50 por ciento. Mientras tanto, el único proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que presentó el FIT Unidad en el Congreso, ni siquiera llegó a tratarse debido al rechazo de la mayoría de los bloques, incluidos los del oficialismo y su “ala izquierda”.

El PCR y Lozano, furgones de cola del gobierno

Igual de lamentable fue la posición del PCR/CCC. Juan Carlos Alderete, diputado de este partido y del Frente de Todos, dijo que “el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán forcejearon muy duro con grupos muy poderosos” (Télam, 9/8/2020). Esto en el marco de que el gobierno mejoró cinco veces la oferta inicial. Tal fue la entrega de parte del gobierno que un economista del establishment como Martín Redrado, que fue funcionario de gobiernos de todo tipo y color, dijo: “Soy de los que creen que en las negociaciones hay que ser duro en el contenido y diplomático en las formas, y acá fue más bien al revés, se terminó cediendo 16.500 millones de dólares para llegar a un acuerdo” (Clarín, 9/8/2020).

Claudio Lozano, economista ligado a la CTA y actual miembro del directorio del Banco Nación, dijo en marzo de este año que “hay que suspender el pago de la deuda para reactivar la economía” y que “las deudas se pagan, las estafas no, es una consigna a aplicar” (RadioGráfica, 21/3/2020). Ahora destaca que en el acuerdo con los bonistas “el gobierno logró despejar los vencimientos que tenía en los próximos años con los acreedores privados” (Ámbito Financiero, 8/8/2020).

Construyamos una auténtica alternativa de izquierda

El apoyo del “ala izquierda” del gobierno al acuerdo con los fondos buitres se suma al voto a favor de la entrada de tropas yanquis en el país a principios de año, la defensa del ajuste jubilatorio y la tregua que organizaciones sociales, como la CCC y la CTEP (cuyo referente, Juan Grabois, es parte del Frente Patria Grande) junto a Barrios de Pie (el llamado triunvirato piquetero), vienen manteniendo desde 2018, cuando gobernaba Macri, en consonancia con la política del peronismo kirchnerista que en aquel entonces, con la consigna “hay 2019”, abandonó las calles y dejó pasar el ajuste.

La política de hacer alianzas con partidos patronales “contra la derecha” solo sirve para lavarle la cara a esos sectores y ser cómplices de los ajustes que los gobiernos, que se dicen “nacionales y populares”, también aplican. Esta política de la centroizquierda, que lamentablemente ahora, con el gobierno de Fernández, también llevan adelante sectores de la izquierda como el PCR, ya fracasó con la Alianza de De la Rúa en 2001 y durante los doce años del kirchnerismo. 

Llamamos a seguir construyendo una alternativa de izquierda, independiente de todos los partidos y gobiernos patronales, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, el único bloque político que rechazó el acuerdo con los fondos buitres y que se opone tajantemente al pago de la deuda externa.