Un gran colectivo de agrupaciones socioambientales definió sacar a las calles el reclamo contra la destrucción ambiental en nuestro país. Con eje en el rechazo al acuerdo de implantación de megafábricas chinas de cerdos; la exigencia de un freno inmediato al desmonte y las quemas en los humedales, bosques y montes nativos; el rechazo al pacto entre el Gobierno del Frente de Todos y el Complejo Agroindustrial Argentino, se plantea una oposición de conjunto al extractivismo, la depredación y el saqueo de los recursos y bienes naturales del país, que son puestos al servicio del pago de la deuda externa.

Las organizaciones que conformamos el Frente de Izquierda Unidad nos haremos presentes en las convocatorias de las veintitrés provincias y en la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo haremos de forma consecuente con nuestro programa y como continuidad de nuestra participación en las últimas movilizaciones contra la megaminería, en defensa de los humedales y las huelgas mundiales por el clima.

Sostenemos nuestro rechazo a la política de un Gobierno que ha utilizado la pandemia como excusa para desarrollar un brutal ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador, mientras en paralelo comprometió al país en el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, y ahora va camino a un nuevo pacto con el FMI. Al servicio de esa política es que el Gobierno comprometió, ante los acreedores externos, los recursos y bienes naturales como garantía de pago, y con ello, la salud de millones, además de alentar la degradación ambiental a gran escala. Incluso en ese marco es que se inscribe el acuerdo con China, que busca “externalizar los costos” de megaemprendimientos señalados como fábricas de pandemias a escala mundial.

Nuestro planteo político combina el repudio a esta orientación con una salida de fondo, donde el rechazo al pago de la deuda se liga a poner esos recursos al servicio de las necesidades populares y a dejar atrás cada una de las formas de depredación ambiental que hoy se utilizan para cumplir con el pago a los acreedores y el FMI.

Sostenemos un programa de verdadero desarrollo armónico con la naturaleza sobre la base de atacar al lucro capitalista. Planteamos la nacionalización y reestatización sin pago de todas las empresas privatizadas durante los 90, con administración y gestión de trabajadores y control de usuarios populares. Por un plan nacional energético controlado por los trabajadores que lleve luz y calor a todos los hogares y permita avanzar hacia una matriz energética sustentable y diversificada. Contra la voracidad del agronegocio, planteamos la expropiación de la oligarquía terrateniente, los grandes pooles de siembra, así como de los monopolios cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos. Medidas que deben ir de la mano de la nacionalización del comercio exterior para garantizar realmente la soberanía alimentaria. Expropiación de los grandes propietarios y respeto a los derechos de los campesinos pobres, pueblos originarios y pequeños chacareros, en función de avanzar en una producción agraria realizada bajo parámetros agroecológicos basada en la planificación democrática con intervención de los trabajadores del campo y la ciudad. No a los desmontes. Prohibición de fumigación con agrotóxicos que contaminen y afecten a la población. Nacionalización de la banca bajo control obrero para financiar la reconversión tecnológica del modelo agropecuario que permita salir del “modelo sojero”. No a la expulsión de campesinos y originarios de sus tierras. Basta de trabajo no registrado para los trabajadores rurales. Prohibición de la megaminería y el fracking. Expropiación de esas firmas, casi todas imperialistas, sin indemnización, y que reparen los daños ambientales causados, impulsando una reconversión productiva laboral y profesional de los trabajadores con garantías de continuidad salarial. Rechazamos además el avance de la confiscación de espacios verdes y públicos para la especulación inmobiliaria.

La consolidación de esta propuesta de transformación radical del actual modelo de producción, comercialización y consumo requiere una perspectiva militante y de movilización permanente nacional e internacional por Gobiernos de trabajadores.

Este 25A ganemos las calles en todo el país y avancemos en poner en pie un gran movimiento de lucha ambiental que se organice de forma independiente del Gobierno para pelear hasta el final por cada una de sus reivindicaciones.

Frente de Izquierda Unidad

PTS - PO - Izquierda Socialista - MST

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El banderazo de este lunes 17 en el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín fue aprovechado por Juntos por el Cambio y Macri, incluso con la presencia física de Patricia Bullrich, quien hasta salió con un discurso en “defensa de la patria” citando al libertador de América. ¿Se puede ser tan cínica? No tiene ninguna autoridad para decir nada la ex ministra defensora de los gendarmes de un gobierno que selló la dependencia y la entrega a través del pacto que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Las invocaciones a la “defensa de la Constitución, las instituciones, la República o la libertad” son palabras que en boca de los convocantes se usan para defender la propiedad privada de la patronal Vicentin, para darle la espalda a los trabajadores de la salud que están en la primera fila –¿alguien los mencionó ayer?, por supuesto que no– y para no referirse a ninguno de los graves problemas sanitarios y sociales que agobian al pueblo trabajador. ¿Alguien escuchó al actor Luis Brandoni, dirigente de la UCR, decir algo por Facundo Castro? ¿Y sobre los pagos de la deuda a los buitres? ¿Hubo algún mensaje en defensa de las trabajadoras y trabajadores de Latam? Claro que no. Se habló de la “justicia” y de la “corrupción”. ¿Y cuando se le perdonó la deuda del Correo a Franco Macri? De eso no se habla ¿Y de los espías de la AFI del gobierno anterior? Menos aún.

De un lado tenemos, entonces, esta expresión reaccionaria y propatronal de Juntos por el Cambio. ¿Acaso eso significa que el gobierno peronista de Fernández está defendiendo los intereses de los trabajadores o atacando de alguna forma los intereses de las patronales? Ese puede ser el honesto interrogante de algún compañero de trabajo, estudio o vecino del barrio. Pero lamentablemente no es así, más allá de las diferencias entre los discursos de uno u otro sector.

Las peleas en las alturas entre el actual gobierno y el macrismo y la UCR no pasan por ver quién defiende a los sectores populares, ni en cómo combatir las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre, la pobreza, la inflación, los despidos y las suspensiones. Por eso entre ambos sectores votaron leyes que consideran “fundamentales”, como el pago a los fondos buitres, o la moratoria impositiva a las grandes patronales. Como contrapartida, nada para los más postergados. Son peleas pensando en futuras elecciones y sobre cuotas de poder, en especial en la Justicia. Por eso la consigna de la marcha fue “No a la reforma judicial”. Son disputas entre sectores políticos patronales. PRO y la UCR buscan, por ejemplo, mantener su base electoral de clase media conservadora, antiperonista de toda la vida.

Mientras tanto, a los jubilados se les sigue bajando sus ingresos, ahora con el gobierno peronista, así como sucedía antes con el gobierno de Cambiemos. La Gendarmería de Patricia Bullrich que actuó contra Santiago Maldonado tuvo las mismas directivas que ahora tiene la bonaerense, que hizo desaparecer a Facundo Castro bajo el mando de Berni-Kicillof. Con la expropiación de Vicentin  se dio marcha atrás. Y el gobierno de Fernández nunca envió al Congreso lo que anunció como impuesto a la riqueza. La diferencia es que, antes, el gobierno de Macri reivindicaba lo actuado, y ahora el gobierno de Alberto Fernández usa un doble discurso “popular” para simular una cosa y hacer otra. Es decir, aplicar un ajuste, afirmando falsamente que gobierna para los más vulnerables.

Por eso hay que salir a enfrentar los planes del gobierno peronista de Fernández que, mientras continúa con su discurso “progresista”, deja correr los despidos en Latam, acuerda con los bonistas para seguir pagando la deuda, se apresta a negociar nuevos ajustes y reformas estructurales (laboral y jubilatoria) con el FMI, no le paga lo que les corresponde a los jubilados y sostiene, en acuerdo con la burocracia de la CGT y las CTA, los congelamientos de paritarias, las rebajas salariales y las centenas de miles de suspensiones y despidos. 

Se impone apoyar todas las luchas, coordinarlas y evitar que queden aisladas, como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo. Postular, a la vez, un programa de emergencia que enfrente las dos pandemias, la sanitaria y la social. Establecer un impuesto a las grandes riquezas, como lo sostiene el proyecto que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad, con el que se podría recaudar 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia, otorgándoles 30.000 pesos a todos los desocupados y trabajadores informales que lo necesiten. Y dejando inmediatamente de pagar la deuda externa. Allí están los fondos para resolver las más urgentes necesidades populares.

Al mismo tiempo, en estas horas es urgente seguir apoyando a la mamá de Facundo, Cristina Castro, a sus familiares y abogados, repudiando el encubrimiento de la bonaerense, reclamando que se vaya Berni y que los responsables materiales y políticos de la desaparición paguen con la cárcel. Izquierda Socialista te invita a poner manos a la obra para estas tareas.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

“El financiamiento gubernamental es necesario porque los productos para la pandemia son inversiones de altísimo riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las compañías farmacéuticas y haría que se metieran con todo”. Estas declaraciones de Bill Gates en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, que hemos citado en otras oportunidades, se completan con la indicación de que los gobiernos deben otorgar facilidades para la producción de las vacunas y comprarlas para distribuirlas en la población que las necesita. Como vemos, todo un programa para garantizar las ganancias de la industria farmacéutica multinacional en relación con la producción de una vacuna para enfrentar la pandemia.

Subsidiar a las multinacionales en lugar de invertir en vacunas

El reclamo del multimillonario Gates fue escuchado menos de dos meses después. En abril pasado, el gobierno de los Estados Unidos anunció el programa Warp Speed, que dedica 10.000 millones de dólares para financiar la investigación y producción de vacunas anticoronavirus a través de asociaciones público-privadas. Las principales multinacionales recibieron importantes subsidios; por ejemplo, la norteamericana Pfizer obtuvo 2.000 millones, y Sanofi GSK, la misma suma. Por su parte AstraZeneca, gracias a la unión con una firma estadounidense, obtuvo 1.200 millones de dólares.

¿Quién es AstraZeneca?

La semana pasada el presidente peronista Alberto Fernández anunció que se fabricaría la vacuna en la Argentina y dio a conocer el acuerdo del Grupo Insud con AstraZeneca. Esta compañía es la unión de una empresa farmacéutica británica con otra sueca que, a su vez, se asociaron con la Universidad de Oxford para la producción de la vacuna. Sin haber entrado en la Fase III de prueba en poblaciones, la multinacional ya ha firmado acuerdos de producción en todo el mundo con sociedades mixtas público-privadas, que le permitirían una venta global a los gobiernos de 3.000 millones de dosis. Por ejemplo, el contrato recientemente firmado con la Comisión Europea asegura la venta de 400 millones de dosis a Alemania, Francia, Italia y Holanda. Parte de esa política comercial de la multinacional es el acuerdo firmado con el Grupo Insud, del millonario argentino Hugo Sigman.

¿Quién es Hugo Sigman?

La revista Forbes le adjudica una fortuna de 2.000 millones de dólares a este multimillonario que proclama su adhesión al peronismo kirchnerista. Su entusiasmo con el matrimonio Kirchner se justifica. En 2009, en pleno brote pandémico del virus H1N1, de origen porcino, conocido como “gripe A”, el mismo Sigman selló un acuerdo con el gobierno peronista de Cristina Kirchner y su ministro de Salud de entonces, Juan Manzur. El Estado financió una planta industrial en Garín para que la sociedad entre la multinacional Novartis y el Grupo Insud produjeran la vacuna antigripal A. El Estado también se comprometió a comprarle hasta la actualidad 10 millones de dosis por año de la vacuna, incluida desde entonces en el calendario oficial. El acuerdo establecía que, pasados tres años, Sinergium Biotech, otra empresa de Insud, se quedaría con la planta, la tecnología y el mercado.

En el caso del negocio de la nueva vacuna Covid-19, se compartirá con el también multimillonario mexicano Carlos Slim, quien hizo el trato inicial con AstraZeneca y se supone que fondeará buena parte del desarrollo de la vacuna en la región. El laboratorio mexicano Liomont, en su momento especializado en la vacuna contra la gripe, es el encargado de completar el proceso de fraccionamiento y distribución del principio activo que procesará Sigman en la Argentina.

La anarquía y el despilfarro de recursos

Si bien se calcula que hay entre cincuenta y sesenta laboratorios en el mundo dedicados a la investigación de la vacuna para el Covid-19, solo son trece los que están en un estadio más avanzado. Una competencia feroz entre las multinacionales, y aun entre los gobiernos, se ha desatado. Quien logre elaborar una vacuna eficaz y obtenga la patente se asegura el monopolio de la producción y ganancias por varias décadas.

Las multinacionales y sus socios locales, que en el caso de América latina son el multimillonario mexicano Slim y el argentino Sigman, practican el secreto comercial lentificando artificialmente todo el proceso. Aunque públicamente anuncien como muy próxima la disponibilidad de las vacunas, la realidad es que todas están en etapas todavía lejanas de una instancia de aprobación y, obviamente, de la producción masiva.

En el caso de AstraZeneca, la científica británica Sarah Gilbert, quien lidera un equipo de trescientos investigadores de la Universidad de Oxford que trabajan para la vacuna, declaró: “El objetivo de fin de año para el lanzamiento de la vacuna es una posibilidad, pero no hay absolutamente ninguna certeza al respecto”.

Debido a la disputa por el monopolio de la vacuna se produce una superposición de esfuerzos y despilfarro de recursos que han sido criticados aún por personalidades tan opuestas al socialismo como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. ¡Cuán distinto sería el panorama si hubiera una investigación colaborativa entre las universidades e institutos de los distintos países, sobre todo los más desarrollados, que lleve a la producción estatal de una vacuna para el coronavirus! Los recursos del Estado deberían ir para esta producción y no, como ahora, para acumular ganancias de las multinacionales y sus socios locales.

Es así como el capitalismo frena el desarrollo, en este caso, de una vacuna que podría salvar tantas vidas. En el momento de escribir estas líneas hay 22 millones de contagiados y 800.000 muertos por el Covid-19 y tenemos que preguntarnos ¿hasta qué tenebrosa cantidad tendremos que esperar para disponer de una vacuna? Esa es la razón por la cual nuestro programa plantea la necesidad de abolir las patentes de los medicamentos en el camino de lograr la estatización de la industria farmacéutica bajo control de los trabajadores.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de la Cicop 

Si tuviéramos que resumir la pasada conferencia de prensa de Alberto Fernández sobre la pandemia, diríamos que el presidente peronista anunció más liberalización de la cuarentena en todo el país, en el sentido de lo reclamado por las patronales, bajo la expresión de que “la cuarentena ya no existía”. Remató, como los gobernantes peronistas y de Cambiemos lo vienen haciendo en las últimas semanas, apelando a la responsabilidad personal, responsabilidad que difícilmente puede sostenerse cuando son las empresas las que exigen ir a trabajar a sus empleados sin contar con todos los elementos de protección. Y cuando otros tantos cientos de miles deben salir a la calle a buscar su ingreso para sobrevivir.

El sistema sanitario está colapsando

La realidad es totalmente diferente de lo que dice el presidente. El plan no funcionó. El sistema sanitario está colapsando, más que por las camas por el déficit de recursos humanos. Un ejemplo categórico es Jujuy, donde hay una carencia aguda de profesionales entrenados que puedan manejar a los pacientes más delicados afectados por la infección de Covid-19. Parte del colapso del sistema se debe al contagio del personal de salud y su consiguiente aislamiento, que afecta gravemente los planteles y sobrecarga a los trabajadores restantes. La muerte de los trabajadores de la salud que se ha incrementado en las últimas semanas actúa como trágica amenaza sobre el resto. ¿Con qué ánimo se puede trabajar teniendo a su propio compañero con respiración mecánica?

En la provincia de Buenos Aires, en los meses de julio y agosto, la dotación de camas aumentó 6,4% mientras que la ocupación lo hizo un 16,1%, lo que lleva a la saturación completa de acuerdo con las estadísticas. Pero la realidad es mucho más cruel, hay días en que es imposible disponer de camas de UTI en la mayoría de los hospitales.

El presidente dijo también que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto; llenando las vacantes con nuevas designaciones; dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández viene sosteniendo que está a favor de “un rol activo del Estado” en la economía y que ello es lo que permite fortalecer el mercado interno, cuidar el empleo y mejorar la distribución de la riqueza. Más aún, que esa ha sido la “marca registrada” del peronismo a lo largo de su historia, para diferenciarlo de los gobiernos “de la derecha”, como el de Macri. 

Comencemos por el principio. En toda economía capitalista el Estado siempre “interviene”, eso está fuera de discusión. La cuestión es a favor de quién. El gobierno del Frente de Todos viene utilizando el Estado con un “rol” clarísimo, desde que asumió les pagó a los acreedores 5.000 millones de dólares; les regaló 300.000 millones de pesos a los bancos en intereses de Leliq, les dio una infinita serie de subsidios a las patronales, a las que incluso autorizó a bajarles el sueldo a los trabajadores. Ni qué hablar de que se puso como prioridad garantizar el pago de la deuda externa mientras se les volvió a robar a los jubilados. Al mismo tiempo, el gobierno de Fernández terminó dando marcha atrás con la expropiación de Vicentin. Hasta ahora no dio un solo paso en el, tantas veces anunciado, impuesto a la riqueza. Ahí está el “rol del Estado” en concreto que está llevando adelante Fernández. 

Y no se trata solo de un debate sobre las políticas de este gobierno. Porque no es cierto que el peronismo viene llevando adelante una política con un “rol del Estado” favorable a los trabajadores. ¿Acaso no fue el peronista Menem el que privatizó absolutamente todos nuestros recursos, sumiendo a millones en la marginación y el desempleo? O, más acá en el tiempo, ¿no fueron los gobiernos kirchneristas los que pagaron 200.000 millones de dólares a los pulpos de la deuda externa y miles de millones de dólares a las privatizadas, tanto de servicios públicos como de gas y petróleo, en concepto de subsidios?

Donde se acaban las palabras. El caso Latam

El actual conflicto de Latam nos muestra cómo todo el parloteo alrededor del “rol del Estado” no es más que puro doble discurso, sostener afirmaciones “progresistas” para después, en la práctica, hacer exactamente lo contrario. 

Repasemos. Lan Argentina es la rama local de la transnacional de capitales chileno-yanquis Latam, una de las mayores transnacionales del negocio aéreo del mundo y, sin duda, la de mayor importancia en Latinoamérica. 

Desde que comenzó la pandemia se aprovechó de absolutamente todas las ventajas otorgadas a las patronales por el actual gobierno. Así, fue una más de las que pagaron los sueldos con fondos del Estado. Al mismo tiempo, y con la vista gorda de toda la autoridad aeroportuaria, procedió a vaciar la empresa y hasta se llevó aviones a Chile y les “repintó” la matrícula, tapando la argentina y poniendo la chilena. 

Finalmente, de un día para otro, anunció que cerraba su filial argentina, despidiendo de manera encubierta, vía “retiros voluntarios”, sin siquiera pagar las dobles indemnizaciones correspondientes. El Ministerio de Trabajo se limitó a “convocarlos” mientras la empresa seguía vaciando los activos que le quedaban en el país. Quienes frenaron el vaciamiento fueron los propios trabajadores movilizados en defensa de sus puestos de trabajo con su acción directa, mientras las conducciones de la mayoría de los gremios aeronáuticos, peronistas alineados con el gobierno, alentaban los retiros voluntarios y no movían un dedo contra el vaciamiento.

En concreto, ¿qué habría que hacer en el caso de Latam? Frenar inmediatamente los despidos, expropiar y estatizar todos los activos de la multinacional que quedan en el país, retirarle todas las rutas y beneficios internacionales que aún posee bajo la figura de Latam Internacional, y que aspira a seguir operando después de cerrar su filial argentina. Fortalecer nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, haciendo que todos los trabajadores de Latam pasen a formar parte de su dotación tras reconocerles salarios, condiciones de trabajo, cargos y antigüedad. Y terminar con todos los ajustes planteados en la propia Aerolíneas Argentinas y en el proceso de fusión y cierre de Austral. 

El gobierno peronista del discurso del “rol del Estado” no ha hecho nada de todo esto. Al contrario, ni siquiera le garantiza a los trabajadores sus puestos de trabajo, mucho menos le prohíbe despedir a Latam habiendo vigente un decreto al respecto. Por lo bajo, busca un nuevo “socio” en el mundo de las empresas privadas aéreas para ocupar el lugar que dejaría Latam. Así, suena el nombre de Jet Smart, una low cost propiedad del fondo de inversión yanqui Indigo, que también controla a la aerolínea estadounidense Frontier Airlines, a la mexicana Volaris y a la húngara Wizz Air.​​​ Jet Smart ya está operando en nuestro país, es de hecho una de las aerolíneas que se benefició con la desregulación del macrismo a favor de este tipo de empresas y en contra de Aerolíneas Argentinas. Como todas las low cost, si esta patronal absorbe a parte de los trabajadores de Latam, por supuesto que será con feroces recortes de sueldos y condiciones de trabajo, con una completa flexibilización laboral. Las condiciones de precarización que la propia Latam no pudo imponer a sus trabajadores.

En suma, el gobierno de Fernández busca “solucionar” el conflicto de Latam abriéndole más el juego a una de las aerolíneas basura, las famosas low cost, exactamente el mismo negocio que estuvo promoviendo Macri durante toda su gestión. 

¿Entonces, de qué “rol del Estado” hablamos?

Hay que terminar con los discursos que siempre esconden negocios a favor de las grandes empresas y resolver de verdad las urgentes necesidades de los trabajadores. 

En el caso del conflicto de Latam, lo primero y primordial es ponerse absoluta e incondicionalmente al servicio de la lucha que están llevando adelante sus trabajadores para no perder sus puestos de trabajo, como hicimos desde Izquierda Socialista desde el primer día. 

En suma, se trata de recuperar un recurso estratégico de nuestro patrimonio nacional. Una línea de bandera, ciento por ciento estatal, que sea gestionada por sus propios trabajadores, terminando con las administraciones que la usaron para su propio beneficio, como fue el caso de las diversas conducciones de La Cámpora, o para achicarla y trasladarles negocios a los otros pulpos de la aviación, como la propia Latam, como sucedió durante el macrismo.

En síntesis, Latam no es más que un ejemplo. El “rol del Estado” del peronismo termina favoreciendo los negocios de las patronales. Solo un plan económico distinto, con medidas alternativas, llevado adelante por un gobierno de los trabajadores, como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, garantizará poner las palancas del Estado verdaderamente al servicio de las necesidades del pueblo trabajador.