Escribe Adolfo Santos

Propuesto por la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), se está discutiendo un proyecto denominado “plan Marshall criollo”. El objetivo sería generar cuatro millones de puestos de trabajo para responder a la crisis económica pospandemia. Sin embargo, más allá del pretencioso nombre, acabará sirviendo a la flexibilización laboral.

La propuesta, que hace algunos meses vienen discutiendo organizaciones sociales ligadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la recibió el presidente de manos del referente de la UTEP Juan Grabois. El plan, que contaría con el beneplácito del gobierno peronista, fue acordado con los dirigentes sindicales burocráticos Gerardo Martínez (Uocra), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Smata) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).

El proyecto propone la formación de un fondo de 750.000 millones de pesos para crear cuatro millones de puestos de trabajo, que percibirán un salario social de 10.000 pesos cada uno, similar al que reciben nueve millones de personas a través del IFE. En contrapartida, deberán trabajar sesenta horas por mes en programas de obras públicas, cooperativas, en la creación de colonias agrarias y el desarrollo de polos textiles dirigidos por ONGs e iglesias, en coordinación con sindicatos y municipios.

Estos trabajadores de la “economía popular” estarían sindicalizados, bancarizados y con una obra social. Con esto se crearía un verdadero ejército de mano de obra barata para realizar tareas que hoy hacen trabajadores organizados con salarios y beneficios de convenios conquistados con mucha lucha. Un verdadero salto de la flexibilización laboral.

El Marshall “criollo” es parte de un plan de ajuste global

El papel de la burocracia sindical apoyando este plan es nefasto. En vez de organizar la lucha para evitar los despidos y suspensiones durante la pandemia, se suma a un proyecto que va a retirar derechos a los trabajadores. El plan Marshall “criollo” pretende acelerar la flexibilización laboral y la precarización de millones de trabajadores. A cambio, la burocracia sindical se podrá favorecer con una masa de afiliaciones compulsivas para compensar las que perdió por la crisis y la desilusión de los trabajadores con las direcciones traidoras de los gremios.

Serán cuatro millones de trabajadores que recibirán un salario de hambre y que podrán ser despedidos sin indemnización. Es la desregulación total de las conquistas laborales. La burocracia sindical, en vez de luchar por empleos y salarios dignos, ayudará a aplicar un plan que va a incorporar trabajadores precarizados a sus sindicatos que van a competir con los trabajadores regidos por un convenio. El Marshall “criollo” es parte de un plan global del gobierno del Frente de Todos para hacer que la crisis la paguen los trabajadores.

En el mismo sentido, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna hizo su “aporte” al gobierno peronista sumando elementos a la flexibilización y la precarización. Propuso blanquear las relaciones laborales contratando trabajadores mediante una “libreta de fondo de desempleo”, como en la construcción, donde la patronal despide sin indemnización y sin necesidad de discutir con el obrero. El patrón deposita mensualmente un porcentaje, que varía entre el 8% y el 12% del salario, dependiendo de la antigüedad, que es lo que el trabajador recibe cuando es despedido. Ese dinero, que nunca coincide con los verdaderos valores ni es actualizado de acuerdo a la inflación, siempre termina significando una pérdida para el trabajador. Tampoco tendrá derecho a doble indemnización o a adicionales en casos de crisis. Por eso le resultó tan fácil a Techint despedir, sin ninguna ceremonia, a 1.450 obreros que figuraban como “de la construcción” en plena cuarentena.

Este plan no es “Marshall” ni resuelve la crisis

El verdadero Plan Marshall fue creado en 1948 durante el gobierno de Harry Truman, en la posguerra. Su objetivo era recuperar las economías de varios países del imperialismo europeo, en el marco del ascenso de la luchas sociales de entonces y de la competencia de la Guerra Fría. Durante tres años se destinaron más de 100.000 millones de dólares (actualizados al día de hoy). A años luz de distancia de las migajas propuestas por Grabois y compañía.

Pero hay otro problema. Una parte del plan se financiará con fondos destinados a programas ya existentes, pero el resto es incierto. Se habla de un supuesto “ahorro” por la renegociación de la deuda, un dinero que no existe en la realidad. También se mencionan impuestos a las ganancias y a las bebidas azucaradas. ¿Alberto Fernández le va a sacar plata a Coca-Cola o a otras grandes empresas? Y más aún: ¿va a poner el dinero en las cantidades que requiere la crisis mientras debe negociar el resto de la deuda con el FMI, que le va a exigir más flexibilización y recortes a los programas sociales? Es evidente que no.

No hay milagros para salir de esta crisis. El gobierno peronista no tiene otro plan que no sea ajustar a los trabajadores. Por eso no hay otro camino que la lucha para mejorar la vida del pueblo trabajador. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad afirmamos que no hay salida para esta crisis sin meter mano en los intereses de los ricos y poderosos. Por eso proponemos crear un impuesto a las grandes riquezas, al agronegocio, a los bancos y suspender de inmediato los pagos de la deuda externa. Solo así será posible disponer del dinero suficiente para impulsar un plan económico capaz de generar los empleos necesarios y de reactivar la economía al servicio de los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Martín Fú

Luego de más de cien días sin certezas sobre el paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, una noticia macabra atraviesa su búsqueda. Los restos óseos de un hombre joven fueron hallados en una zona de marisma en cercanías al paraje Cabeza de Buey, a solo 15 kilómetros de donde fue visto por última vez, el 30 de abril, en circunstancias en que era detenido por la policía bonaerense por “violar la cuarentena”.

Cristina Castro, la madre del joven, quien rápidamente se presentó en el lugar, ha señalado que va a esperar las pericias, pero que cree probable que se trate de Facundo tras ver los restos hallados y, sobre todo, después de encontrar ella misma una zapatilla de su hijo en perfecto estado a 30 metros. Uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, dijo sobre el cuerpo encontrado que “no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí ”, sino que “fue plantado”. Se está ante una típica operación macabra propia de la “maldita policía”, es decir, de la bonaerense.

Fueron pescadores los que, accidentalmente y sin proponérselo, denunciaron la aparición de un cuerpo en un cangrejal en cercanías de la ruta nacional 3, entre los límites de Villarino y Bahía Blanca, el pasado sábado 15 de agosto. Mientras tanto, cuatro fuerzas federales estuvieron abocadas a las tareas de búsqueda de Facundo, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El Ministerio Público Fiscal, a través de un fiscal federal y el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, completaron el aparato de búsqueda que no consiguió hasta la fecha ningún resultado positivo.

Es más, sobre el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pesa la denuncia de su rol cómplice con la bonaerense para frenar la investigación. Sospecha que se agiganta al tener en consideración su pasado de colaboración con partícipes del genocidio de la última dictadura. Desde Izquierda Socialista acompañamos el reclamo de Cristina Castro a favor de la remoción de este fiscal nefasto, al que el gobierno del Frente de Todos ha dado la espalda.

La familia, junto con sus letrados, vienen señalando a la bonaerense y al ministro Sergio Berni como los responsables, acusando al ministro de Seguridad de Kicillof como un claro encubridor. Incluso Berni salió a rasgarse las vestiduras señalando que nadie probó la vinculación de la bonaerense con el hecho y amenazó a los abogados de la familia de Facundo.

La desaparición de Facundo y su posterior búsqueda estuvieron atravesadas por un entramado de pistas falsas y diversas “posibles hipótesis” que solo buscaron, desde un primer momento, tratar de desviar la investigación para que la causa de Facundo termine en un lodazal, parecido al lugar donde se encontró un cuerpo que será examinado por el Equipo de Antropología Forense. La bonaerense, donde todos los cañones apuntan, y que tiene a la familia de Facundo y sus abogados en la mira como los principales responsables de su desaparición, se encargó de plantar falsos testigos no sin antes impedirle a Cristina Castro hacer la denuncia de la desaparición de su hijo, que recién fue tomada luego de cuarenta días de infructuosos esfuerzos.

El presidente Alberto Fernández en más de una ocasión declaró su preocupación y la “necesidad de que la Justicia vaya a fondo” y que “necesitamos saber qué pasó con Facundo”. Estuvo en la misma sintonía con el gobernador Kicillof y el ministro Berni, que prometieron una y otra vez “hacer todos los esfuerzos para dar con el joven”. Promesas que han caído en saco roto.

Todas las pruebas o indicios fueron aportados por la familia, los abogados y los peritos de parte que, a todo pulmón, a pesar de trabas y hasta amenazas, fueron hilando un entramado de mentiras que buscaba el encubrimiento de la bonaerense.

A Facundo lo desapareció la policía bonaerense, al mando de Sergio Berni, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof. Aquí están los principales responsables de este repudiable y atroz crimen y posterior encubrimiento, que tiene su continuidad en los gobiernos "democráticos", la desaparición forzada de personas. Como afirmó el abogado Aparicio, la responsabilidad de la bonaerense y Berni es clara, pero además “Facundo sufrió las consecuencias de un decreto, el 297/20, que faculta a la policía a que te detengan y te lleven a tu casa”. El gobierno es responsable del empoderamiento de la policía por decreto y por las arengas de Berni al comienzo de la cuarentena. El caso de Facundo se enmarca en los 92 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad desde que ese decreto fue sancionado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguimos acompañando a los familiares reclamando saber qué hicieron con Facundo y participaremos de las actividades discutidas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Repudiamos el encubrimiento de Berni, adherimos al reclamo ¡fuera Berni! realizado por la mamá de Facundo y señalamos que la bonaerense y el gobierno son los responsables.

Escribe Martín Fú

A todo esto, el diputado Máximo Kirchner dijo que lo que pasó con Facundo Castro es distinto del caso de Santiago Maldonado. Habló de “miserabilidades de la política”, haciendo referencia a quienes comparan ambos hechos. Mientras tanto, en las redes sociales miles opinan que se trata de desapariciones forzadas, incluso muchos simpatizantes del propio gobierno nacional.

Máximo Kirchner asegura que la muerte de Maldonado ocurrió “en medio de una represión”. Estamos de acuerdo, ¿pero con Facundo qué sucedió? Como dijo su madre: “A mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena”. Es decir que hubo un accionar policial represivo que lo hizo desaparecer. ¿Qué sería esto para Máximo Kirchner? También afirmó que con Maldonado hubo una política para ocultarlo. ¿Y con Facundo Castro acaso no hubo una política de encubrimiento a la bonaerense por parte del ministro Berni? Por eso Cristina Castro le está pidiendo la renuncia. El abogado Leandro Aparicio viene denunciando que “hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto”.

Máximo Kirchner asegura que “confía en Kicillof”, mientras el gobernador se la pasa diciendo “no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación”. Pero él es es el jefe político de Berni, el máximo defensor de la policía. Y es el propio gobierno peronista el que hizo oídos sordos al reclamo de la madre de Facundo, que pedía remover al fiscal de la causa por ser cómplice del encubrimiento.

Lo cierto es que Facundo Castro es víctima de una desaparición forzada de persona por parte del accionar de una fuerza represiva del aparato estatal, como lo es la policía bonaerense.

Por eso insistimos en el doble discurso de un gobierno que se define defensor de los derechos humanos. Ya en muchas provincias, con gobernadores afines a Alberto Fernández y al peronismo del Frente de Todos, vienen ocurriendo tremendos casos de gatillo fácil, asesinatos y represión (hay más de noventa muertes registradas a manos de la policía durante la cuarentena), ante los cuales venimos reclamando castigo para todos los responsables materiales y políticos. El caso de Luis Espinoza, asesinado y desaparecido a manos de la policía tucumana de Manzur en mayo de este año, es un ejemplo actual.

Y no es algo sólo de la gestión de Alberto Fernández. Desde 2003 hasta 2015, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se registraron setenta casos de desapariciones forzadas de personas. Algunas de las más emblemáticas fueron las de Julio López, en La Plata (2006), y la de Daniel Solano en Río Negro (2011). La bonaerense volvió a figurar en el caso de Luciano Arruga el 3 de febrero en 2009, cuyo cuerpo recién apareció en 2014 como NN.

A modo de recordatorio, y para clarificar los dichos de Máximo Kirchner acerca de la violencia institucional y la represión de los gobiernos, en este caso durante las gestiones peronistas kirchneristas, tenemos el informe de Correpi, con 3.070 personas asesinadas por la represión estatal durante 2003-2015, teniendo a la Policía Federal y a la bonaerense como los principales ejecutores. La cifra representa el 65% del total de los casos de violencia institucional desde 1983.

Tanto Santiago Maldonado como Facundo Castro fueron víctimas de la violencia institucional encarnada por los gobiernos de turno, Maldonado con Macri, de Cambiemos, y Facundo con Alberto Fernández, del Frente de Todos. Esa es la realidad, por más que Máximo quiera hacer malabares para negarlo.

Escribe Javier Leonforte

El 12 de agosto se realizó un nuevo plenario nacional virtual del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Fue el cuarto desde la fundación del PSC, hace más de dos años. Miles de luchadores de todo el país pudieron seguir a través de las redes los informes de los dirigentes de la Mesa Nacional del PSC y los debates de los dirigentes de los sindicatos que lo integran y delegados y trabajadores de decenas de luchas que recorren el país. 

Al comenzar, los dirigentes Alejandro Crespo, del Sutna, y Rubén “Pollo” Sobrero, de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, dieron la bienvenida a los participantes y plantearon los principales ejes de propuestas y debates. El Pollo, dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista, reivindicó la declaración política presentada por la Mesa Nacional, donde se denuncia el ajuste de Alberto Fernández, los gobernadores, los empresarios y las multinacionales, el acuerdo nefasto que se firmó con los fondos buitres para pagar la fraudulenta deuda externa y el acuerdo que se viene con el FMI. Que mientras se le entregan miles de millones de dólares a los banqueros, el pueblo trabajador y los jubilados estamos pasando miseria y falta presupuesto para la salud pública. Que hay un millón de nuevos desocupados y suspendidos. Que se rebaja el salario 25% y la mayoría de los gremios no tuvimos aumentos en 2020. O sea, que siguen haciendo que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo.

Durante todo el plenario hubo mucho acuerdo en estas denuncias. Y así lo ratificaron los referentes de las casi cincuenta luchas en curso que participaron, encabezados por los compañeros aeronáuticos de Latam, que están dando un enorme ejemplo, y uno de sus dirigentes agradeció especialmente a Izquierda Socialista y al sindicato docente Ademys por todo el apoyo que estamos brindando a su lucha. Lo plantearon nuestros compañeros Mariana Scayola y Jorge Adaro, secretaria general y adjunto de Ademys; Graciela Calderón, de Suteba Matanza; Pablo Almeida, de ATE; los ferroviarios Mónica Schlotthauer y Edgardo Reinoso; Marcelo Benavídez, del SEP de Córdoba; como los Ceramistas de Neuquén, los médicos de Cicop, los docentes de AGD-UBA, Suteba Multicolor, delegados del Subte, apoyaron y enriquecieron la declaración, que fue aprobada (ver resoluciones del PSC del 12/8 en la web). Intervinieron muchos activistas de los conflictos en curso, además de los aeronáuticos de Latam, de autoconvocados y de Ustara, de Gate Gourmet, Expreso Argentino, municipales de Jesús María, del sanatorio Plaza, de Escobar, Multicolor docente de Puerto Madryn, delegados en lucha de Coto, entre otros.

Entre las resoluciones adoptadas se definió organizar plenarios regionales en Neuquén y Río Negro, y en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego; seguir la fuerte campaña de apoyo a Latam, ceramistas de Neuquén y las luchas en curso y convocar a una jornada nacional de lucha para septiembre.

Además, como señaló nuestra compañera Angélica Lagunas, de la minoría Multicolor de ATEN Capital, todos coincidimos en denunciar el abandono a las luchas de los trabajadores por parte de la burocracia sindical, tanto de la CGT como de las CTA, que pactaron con el gobierno y los empresarios todas las medidas de ajuste y han desertado de cualquier lucha. Todas las que están en curso se dan contra estos burócratas traidores y encabezadas por nuevos luchadores. Y por eso es fundamental seguir fortaleciendo al PSC, para rodear de solidaridad y coordinar las luchas, para consolidar un polo para los activistas antiburocráticos de todo el país e ir gestando una nueva dirección de la clase trabajadora. 

Llamamos a todos los luchadores, a los activistas combativos y antiburocráticos y a los grupos de izquierda que aún no se hayan sumado a integrarse al PSC para seguir desarrollándolo en el conjunto de la clase trabajadora.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La foto que encabeza la nota es la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo aprobada en junio del 2018 en Lanús. Luego de dos años en que rechazaron permanentemente nuestros llamados a la unidad y estuvieron atacándonos con argumentos equivocados, los dirigentes del MAC/PTS cambiaron su política divisionista y pidieron ingresar al PSC. Para todos los que lo integrábamos fue un hecho importante, que suma y fortalece. Por eso, en la primera reunión después de su solicitud, se aprobó por unanimidad su integración a la Mesa Nacional del PSC, con Claudio Dellecarbonara, del subte, y Lorena Gentile, de Kraft/Mondelez.

Lamentablemente, tanto en sus primeras reuniones, acciones del PSC y en el plenario virtual, los dirigentes del MAC/PTS han demostrado que o han entendido poco la importancia de trabajar de manera conjunta en la construcción de un fuerte polo unitario antiburocrático y de lucha, o que su política de ingresar al PSC ha sido más bien forzada por la presión de los luchadores para la unidad en el PSC que por convicción propia.

La actitud de los dirigentes del MAC/PTS fue divisionista al PSC de conjunto. En su primera actividad en el PSC, un acto de apoyo a los ceramistas, en la Casa de Neuquén, en CABA, el MAC/PTS convocó antes en el Obelisco, sin avisarnos siquiera.

En todas las reuniones y en el plenario virtual, de manera muy provocativa, se dedicaron centralmente a criticar y diferenciarse del resto de los integrantes del PSC diciendo que el funcionamiento “no era democrático”. Esa acusación, para quienes estamos construyendo una herramienta antiburocrática para echar a la burocracia de todos los sindicatos, es gravísima y coloca una duda. ¿Para qué pidieron ingresar entonces si no consideran democrático el funcionamiento del PSC?

Al día siguiente de su primera reunión, el PTS lanzó una fuerte campaña convocando a encuentros, supuestamente por gremios, “verdaderamente democráticos”, llamando públicamente a los activistas de los gremios que integramos el PSC a que nos sumemos.

Ya en el plenario virtual no se cansaron de atacar al resto del PSC y su funcionamiento, insistiendo en que no somos democráticos, entre otras barbaridades que reproducían por el chat. Esta actitud infantil y divisionista del PTS molestó mucho, no solo a los integrantes del PSC, sino a los centenares de luchadores que participaban por primera vez buscando un espacio de respeto, coordinación y apoyo a las luchas.

Esta acusación es, en realidad, una fachada sin fundamento, tramposa, un intento de mostrar un perfil “democrático” para tratar de confundir a algún luchador o para consumo interno del PTS. Dicen que en sus encuentros “hablan todos los que quieren, todo se vota”. Pero cuando les propusimos que nos dijeran cómo querían que funcionara el plenario virtual del PSC, su propuesta fue exactamente la misma que la que utilizamos: informes de los integrantes de la mesa, intervenciones de los sectores independientes y luchas en curso, alguna intervención de dirigentes de las corrientes que integran el PSC, cierres. Y llevar propuestas de consenso, para que se aprueben. ¡Pero el día del plenario y los posteriores acusaron que esa misma propuesta, acordada con ellos en la Mesa del PSC, no era democrática!

La realidad es que en los “encuentros” del MAC/PTS no hablan más de treinta o cuarenta (bastante menos de los que hablaron en todos los plenarios del PSC). No se vota nada diferente de lo que la conducción del MAC/PTS decide. Es una mentira que “participan activamente miles”, ni siquiera “centenares”, simplemente porque es impracticable.

Además, lo más importante de los plenarios del PSC es que están integrados por decenas de dirigentes sindicales y corrientes políticas sindicales que tenemos diferentes puntos de vista y posiciones. Venimos construyendo el PSC hace más de dos años funcionando con mucho respeto, lo que no nos impide polemizar fuertemente de ser necesario. Y con consenso mayoritario, no imponiendo a un sector una “mayoría” circunstancial, sino buscando los puntos de acuerdo para que todo lo que el PSC resuelva sea impulsado y apoyado por todos. Esa es la manera más democrática de funcionar con corrientes y dirigentes con posiciones diferentes. Por eso damos cabida a que todos los sectores y sindicatos que lo integramos podamos presentar visiones, argumentos, propuestas, buscamos la unidad y la coordinación por encima de la “disputa y diferenciación”. Buscando que se sumen al PSC los nuevos luchadores antiburocráticos y antipatronales, independientes, para fortalecer, en primer lugar, al conjunto del PSC.

Llamamos a los compañeros del MAC/PTS a que abandonen su método difamatorio e infantil, divisionista, y se sumen a la tarea de construir, todos juntos, este polo de organización y coordinación obrera que estamos desarrollando con el PSC.