La diputada Graciela Calderón, desde la banca de Izquierda Socialista, y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentó un proyecto de declaración para que la legislatura bonaerense se exprese en apoyo al pedido urgente de justicia tras 15 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa y para que el ex edificio de ARBA (donde sucedió el hecho) se constituya efectivamente como refugio y centro integral para mujeres en situación de violencia de género.

La diputada Calderón comentó: “El 22 de febrero del 2007 luego de 6 días de desaparecida, se encontró el cuerpo de Sandra en el ex edificio de ARBA. Al día de hoy solo 1 acusado está cumpliendo condena, cuando se sabe hay más de 7 ADN en juego en este caso.”

Calderón sostuvo: “A 15 años del femicidio a Sandra Ayala Gamboa seguimos gritando justicia y basta de impunidad. Además, sabemos que en este año ya hubieron 22 femicidios, es decir que cada 27hs nos matan a una compañera.”

Graciela Calderón sentenció: “Contrario a las políticas del gobierno del Frente de Todos que no destina presupuesto para combatir la violencia de género, nosotras gritamos bien fuerte: ¡ni una menos, vivas nos queremos! ¡Presupuesto para erradicar la violencia machista, no para la deuda!”

Calderón finalizó: “Nos sumamos al pedido de Justicia para Sandra y Nelly su mamá, quien sigue incansablemente esta lucha todos los días.”

Contacto:

Graciela Calderón: 11 3149-9049 

Instagram: @gracielacalderon.dip

Twitter: dipgcalderon

Prensa: 2352488329

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su apoyo al pedido urgente de justicia tras 15 años del femicidio con previa violación a Sandra Ayala Gamboa.

Asimismo, que el edificio que antes disponía ARBA y donde actualmente se encuentra funcionando la Dirección Provincial de Estadística, pase a ser en su totalidad el refugio y centro integral para mujeres en situación de violencia de género “Casa Sandra Ayala Gamboa”

FUNDAMENTOS

El 16 de febrero de 2007, Sandra Ayala Gamboa, una joven de 21 años que había llegado desde Perú a la ciudad de La Plata, se acercó al ex edificio de archivo del Ministerio de Economía de la provincia (ARBA) , respondiendo a una supuesta oferta de trabajo. Seis días después, el 22 de febrero, se halló su cuerpo sin vida.

A 15 años del brutal femicidio, sigue sin haber justicia para Sandra ni para “Nelly”, su madre, quien año tras año sigue dando peleas contra la justicia patriarcal que encubre a los acusados, quienes se sabe que han ocupado y/o siguen ejerciendo cargos públicos. El poder judicial una y otra vez termina revictimizando a las familias.

Los femicidios que día a día se cobran vidas de muchas mujeres, demuestran que estamos lejos de terminar con el patriarcado como anunció Alberto Fernandez. En el año 2021 se registraron 256  femicidios, y en enero del 2022 ya se contabilizan 22 nuevos asesinatos por cuestiones de género, lo que da un promedio de 1 femicidio cada 27 horas (ahoraquesinosven.com.ar).  En la Provincia de Buenos Aires se cuenta con un Ministerio de Género y Diversidades, pero el mismo verá reducido su presupuesto, generando así menos posibilidades de que se pueda brindar justicia y acompañamiento a las víctimas por violencia de género.

Desde distintos colectivos, como también siguiendo el pedido de la madre de Sandra, se necesita con urgencia el funcionamiento efectivo de la Casa Sandra Ayala Gamboa en su totalidad, como un centro de atención integral y casa de refugio para mujeres que sufren la violencia machista.

Por lo antes dicho, solicitamos a los demás bloques, diputados y diputadas adherir a este proyecto de declaración.

Escribe Claudio Funes

La masacre de Once es uno de los capítulos más negros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace diez años, trabajadores y sectores populares pagaron con sus vidas el desguace del sistema ferroviario producto de las privatizaciones, la corrupción y los negociados bajo el peronismo. La reestatización bajo control de sus trabajadores es la única manera de volver a viajar seguros.

El 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la ex línea Sarmiento, chocó contra la plataforma de la estación Once. El saldo fue fatal: 52 muertos y 789 heridos. Ni siquiera funcionaba el paragolpes hidráulico instalado al final de la vía que debía absorber el impacto.

Este luctuoso suceso quedará registrado como uno de los capítulos más negros del gobierno peronista kirchnerista de Cristina Fernández. No fue un accidente, fue una masacre anunciada. El resultado predecible del largo proceso de privatización, fuente de negociados y corrupción. De este entramado participaban las primeras líneas del gobierno y empresarios que se enriquecían con los multimillonarios subsidios sin control, en este caso los hermanos Cirigliano (TBA).

El peronismo menemista remató los ferrocarriles

En la década de los 90 se produjo una de las mayores entregas del patrimonio nacional, la privatización del ferrocarril. Lo hizo el gobierno peronista de Carlos Menem con la complicidad de la burocracia sindical. Pasaron los gobiernos de De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. El sistema ferroviario continuó empeorando, mientras se incrementaban los subsidios que iban a los bolsillos de los empresarios a pesar del aumento de los accidentes.

En 1996, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dos años después de haber obtenido la concesión, TBA ya había registrado 200 accidentes en las ex líneas Sarmiento y Mitre. El gobierno de Cristina Kirchner ignoró las advertencias del combativo Cuerpo de Delegados de la ex línea Sarmiento que a través de sus denuncias informaban sobre el deterioro creciente del ferrocarril. Varias fueron presentadas ante la propia CNRT, en febrero de 2003, marzo de 2004, enero de 2008, entre otras. 

En mayo de 2005 fue enviada una denuncia al ministro de Planificación Julio de Vido; al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación; al Defensor del Pueblo; a la Oficina Anticorrupción y al Secretario Nacional de la Unión Ferroviaria. En ella se remarcaba: “Esta carta lleva el objetivo de exponer que el servicio eléctrico ya está en colapso y las consecuencias pueden ser las pérdidas de vidas […]”. Los ferroviarios querían evitar el “Cromañón ferroviario”. Pero el inagotable afán de lucro a cualquier precio se impuso al valor de las vidas humanas.

Subsidios millonarios K a la patronal

La masacre de Once dejó al descubierto los millonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a los hermanos Cirigliano, titulares de TBA. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las pericias contables de la Justicia los mostraron. También quedó al descubierto los montos que se ocultaron durante más de ocho años. 

La Secretaría de Transporte de la Nación reveló el monto de los subsidios desde 2003 a diciembre de 2011 (dos meses antes de la masacre) pero según la pericia contable ordenada por el juez Bonadío excedía 4,6 veces la declarada. Este es uno de los motivos que llevó al fiscal Federico Delgado afirmar que hubo connivencia entre los funcionarios del gobierno y los directivos de TBA para no mejorar el estado del sistema ferroviario. En su escrito calificó a la masacre no solo como estrago culposo (por negligencia, impericia o imprudencia) sino peculado, que significa utilizar fondos públicos para beneficio propio, delito no excarcelable. El fiscal dejó en claro que existió complicidad criminal.

El abandono del material rodante, vías y señales por parte de la empresa era evidente. Los Cirigliano utilizaban el dinero para llenar sus bolsillos, llevarlos a paraísos fiscales o invertirlos en otros negocios en el exterior. Solo cuatro formaciones contaban con todos los compresores. La mayoría tenían algunos que funcionaban y otros que no. Los paragolpes entre vagones no se reparaban porque no había resortes. Esto se sumaba a que las carrocerías de los coches estaban podridas. Pero el gobierno culpaba a los ferroviarios de saboteadores y los sancionaba cuando se negaban a sacar formaciones sin estar en condiciones.

Todos estos factores concurrieron el 22 septiembre a las 8.33 horas de aquel fatídico miércoles. El tren no frenó, chocó contra el paragolpes (que no funcionaba) y el segundo vagón se incrustó siete metros en el de adelante.

Ante el trágico hecho evitable el gobierno se vio forzado a quitarle la concesión a TBA, pero se la dieron a Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero). Luego pasó al Estado, pero controlado por funcionarios del gobierno de turno.

Nada de esto era lo que exigían los ferroviarios del Sarmiento, que proponen la reestatización de todo el sistema ferroviario en una única empresa estatal dirigida y controlada por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única forma de terminar con los negociados corruptos y lograr un transporte de calidad, seguro y accesible para el pueblo trabajador.

Lucha contra la impunidad

Entrevistada por Crónica TV en septiembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Estado no tuvo la culpa por la masacre de Once. Desligó de responsabilidades a De Vido y apuntó al maquinista. “No accionó los frenos”, dijo. El mismo argumento que utilizó Gregorio Dalbón, el abogado de 463 víctimas para salvar a De Vido en el juicio. Dalbón es hoy letrado de Cristina.

La movilización incansable de las organizaciones de familiares de las víctimas y usuarios, con el acompañamiento del Cuerpo de Delegados del Sarmiento encabezado por Sobrero, Reynoso, Ruiz, Schlotthauer y otros valiosos luchadores, obligó a la justicia patronal a investigar, imputar y condenar. Fue un hecho enorme. La lucha impidió parcialmente la impunidad. En 2015, 21 de los 28 acusados recibieron condenas. A la fecha ninguno está en la cárcel, algunos en prisión domiciliaria. El único que la cumplió fue el motorman.

Este martes en la estación Once a diez años de la masacre homenajeamos a las víctimas exigiendo castigo para todos los responsables. A su vez hacemos un llamado desde Izquierda Socialista para seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario para que este capítulo negro no se repita nunca más. 

Reproducimos texto de la campaña unitaria internacional por la liberación de Dora María Téllez, ex comandante sandinista, y demás presos políticos bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua.

LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL PARA DORA MARÍA TÉLLEZ Y LOS PRESOS POLÍTICOS EN NICARAGUA

La mañana del 13 de junio de 2021, fue detenida Dora María Téllez; heroína de la revolución sandinista a finales de los años 70´s. Junto a Dora María, también fue apresada Ana Vijil, integrante del Movimiento Renovador Sandinista.

El 1 de febrero de 2022, se retomaron los juicios contra 36 presos políticos que fueron detenidos en junio de 2021, considerados peligrosos para el gobierno de los Ortega, entre ellos, Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán, quien enfrentó públicamente a Daniel Ortega durante el levantamiento del año 2018, después que el gobierno sandinista, implementara un plan de ajustes dictado por el Fondo Monetario Internacional. Entre esos planes, se impulsó un ataque al sistema de pensiones que provocó un levantamiento popular encabezado por jóvenes universitarios al grito «con los abuelos no». La revuelta fue aplastada, dejando un saldo de 300 asesinados, mil personas heridas, 115 presos políticos y 70 mil más, en el exilio.

El 3 de febrero, Dora María y Lesther Alemán, fueron sentenciados a 15 años de cárcel bajo los delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «conspiración». Esta noticia nos indigna y llena de rabia, así como sobre el trato inhumano que se ha venido dando a los presos políticos, golpizas, tortura y faltas al debido proceso. Familiares y testigos oculares denuncian que, en su detención, Dora María fue golpeada. A su vez, Ana María Vigil, también ha sido condenada bajo los mismos cargos.

Los juicios se han realizado a puerta cerrada, con total hermetismo, dentro de las mazmorras en donde el gobierno capitalista de Daniel Ortega tiene secuestrados a todos aquellos que él considera «opositores», a sus familias se les ha negado el derecho al estar presentes durante el juicio. A decir de los abogados de Dora María, los juicios deben celebrarse en los tribunales, no en prisión. Los familiares de los presos políticos han denunciado esta maniobra del gobierno para que no se filtren imágenes a los medios de comunicación que evidencien el deterioro físico y emocional en el que se encuentran, producto de la tortura que están sufriendo.

Por esta razón, organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, así como personas solidarias con la causa del pueblo nica contra la dictadura de los Ortega y el FSLN, exigimos que se organice una comisión internacional para visitar y documentar las condiciones en las que se encuentran las y los presos políticos en Nicaragua, su estado de salud físico y mental, que el gobierno nica retire todas las acusaciones contra los presos políticos y sean puestos en libertad.

Firmas:

La Marx México

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica

Grupo Socialista Obrero (México)

La Marx Brasil

David Morera Herrera, sociólogo Universidad Nacional de Costa Rica

Patricia Ramos Con, abogada Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Stella Chinchilla, comunicadora popular independiente, (Costa Rica)

Grace Serrano por Comité Ejecutivo Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Costa Rica

Adrián Jaén España, sociólogo y dirigente nacional Bloque de Vivienda, (Costa Rica)

Frank García Hernández, sociólogo e historiador cubano

Socorro Trejos, María José Lechado y María de los Ángeles Téllez, Comité de Lucha por Vivienda Monte Alto Alajuelita (Costa Rica)

Victor Segura Ramírez, Secretario de Organización del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Costa Rica

Franklin Quesada Campos, directivo de la Central General de Trabajadores (CGT), Costa Rica

Juan Carlos Zamora Ureña, sociólogo, profesor universitario (Costa Rica)

Juan Almonte, Abogado (República Dominicana)

Jean Moreno, profesor de Secundaria, Costa Rica

Grupo de Trabajadores Socialistas (Colombia)

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (Argentina)

Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (Argentina)

Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (Argentina)

Mercedes Trimarchi, legisladora electa CABA Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (Argentina)

Pablo Almeida, legisladore electo CABA Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (Argentina)

Noelia Agüero, legisladora Córdoba Izquierda Socialista en el FIT Unidad (Argentina)

Blanca López, legisladora neuquina Izquierda Socialista en el FIT Unidad (Argentina)

Angelica Lagunas Diputada mandato cumplido por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda de Trabajadores – Unidad y actual Secretaria General de Aten Capital (Argentina)

Miguel Sorans, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) y coordinador de la Brigada Simón Bolívar (1979)

David Orta. Militante de Lucha Internacionalista. Delegado de los trabajadores de Titanlux, químicas de COBAS. (Estado Español)

Toni Granados. ExConcejal de Lucha Internacionalista por Girona desde la candidatura de la CUP-Crida per Girona. Delegado de químicas de COS. (Estado Español)

Josep Lluis del Alcázar. Militante de Lucha Internacionalista. Representante maestros represaliados del Baix Llobregat (Barcelona). (Estado Español)

Pedro Mercadé. Militante de Lucha Internacionalista. Delegado de maestros de escuelas públicas del Baix Llobregat (Barcelona)  por CGT. (Estado Español)

Cristina Mas. Militante de Lucha Internacionalista. Periodista y delegada trabajadores. Miembro de Plataformas en defensa refugiados e internacionalistas. (Estado Español)

Txema Morillo. Militante de Lucha Internacionalista. Activista en las plataformas en defensa de migrantes. (Estado Español)

Marc del Alcázar Julià. Militante de Lucha Internacionalista. Estudiante y activista en las asambleas de facultad de la UB. (Estado Español)

Miquel Blanch. Militante de Lucha Internacionalista. Exdelegado de las escuelas de Adultos de Girona por CCOO. Miembro de la Corriente por un giro a la izquierda de CCOO. (Estado Español)

Anna Morelló. Militante de Lucha Internacionalista. Profesora secundaria enseñanza pública en St. Andreu de la Barca (Barcelona).

Adriana Beidenägl. Militante de Lucha Internacionalista. Miembro de la Marea Pensionista de Catalunya (Estado Español)

Marga Olalla. Militante de Lucha Internacionalista. Activista sindical entre las trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona. (Estado Español)

Carlos Rodríguez. Militante de Lucha Internacionalista. Marea Pensionista de Valencia. (Estado Español)

Víctor Messeguer. Militante de Lucha Internacionalista. Trabajador público de la Generalitat. (Estado Español)

Alfons Enrique. Militante de Lucha Internacionalista. Delegado trabajadores de CCOO en Girona. Miembro de la Corriente por un giro a la izquierda de CCOO. (Estado Español)

Cristina Darriba. Militante de Lucha Internacionalista. Arquitecta. Activista en la Crida LGTB (Estado Español)

Isarn Pardes. Militante de Lucha Internacionalista. Movimiento autirepresivo de Lleida. (Estado Español)

Rosario Mendieta. Militante de Lucha Internacionalista. Activista en el movimiento feminista Catalunya. (Estado Español)

Josep A. Barberà. Militante de Lucha Internacionalista. Activista en defensa del derecho a la vivienda (Sindicat de Llogaters de Vilafranca) (Estado Español)

Guillermo S. Schelling. Militante de Lucha Internacionalista. Responsables de inmigración en la Assamblea Nacional de Catalunya (Estado Español)

Lorena Mulero. Militante de Lucha Internacionalista. Movimiento feminista Lleida. (Estado Español)

Anna Lletjós. Militante de Lucha Internacionalista. Arquitecta y activista en moviemtnos pro-vivienda. (Estado Español)

M. Esther del Alcázar. Militante de Lucha Internacionalista. Docente y representante de LI en la candidatura de la CUP-G y CUP-Per la Ruptura (Estado Español)

Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores (Bolivia)

Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz (Bolivia)

Movimiento Revolucionario Socialista (Brasil)

Juventud Socialista (Honduras)

La Marx Mujeres / Plataforma internacional contra los Feminicidios y Desapariciones

Frente Popular Francisco Villa Independiente (México)

Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores (Argentina)

Generando Movimiento de General Motors de Silao, Guanajuato (México)

Frente del Pueblo (México)

Núcleo Trotskista Internacionalista-Cuarta Internacional (México)

Jennifer Valeska Sánchez Morales, economista (Nicaragua)

Joao Batista Araujo “Baba”, Rio de Janeiro CST-PSOL (Brasil)

Ranier Rios Puebla, dirigente MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) (Chile)

Emmanuel Santos, de Socialist Core (Estados Unidos)

Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social y Propuesta Socialista (Panamá)

Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista (Panamá)

María José Herrera, madre de la Comisión de la Campaña Internacional ¿Dónde está Camila Cinali?, Desaparecida por Trata ( Argentina)

Greta Roquero Periodista (Argentina)

Celina Contu, abogada (Argentina)

José Ángel Garrido, militante trotskista y especialista en lengua castellana (Panamá)

Daniel Campos, Economista Marxista ( Argentina)

Jorge Corzo, dirigente del Partido de los Trabajadores Uníos (Perú)

Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional de Uníos en Perú

Enrique Gómez, Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) (México)

Jesús Torres Nuño, ex presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc) (México)

Henry Morel, periodista y militante del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) (República Dominicana)

Sedat Durel, Secretario General del Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunicación y de centro de llamados (Turquía)

Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia (Turquía)

Oktay Çelik, presidente Partido por la democracia Obrera (IDP) (Turquía)

Gorkem Duru, dirigente de IDP (Turquía)

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) (Venezuela)

Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) (Venezuela)

Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital (Venezuela)

Miguel Ángel Hernández, secretario general Partido Socialismo y Libertad (PSL) (Venezuela)

Simón Rodríguez Porras (PSL) (Venezuela)

Ana Laura Hernández / La Marx México

Mariano Díaz / Grupo Socialista Obrero México

Ofelia Rivera, Sección XXII CNTE (México)

Dr. Olivo García / La Marx México

Jesús Valdez, editor de @Revolucion / La Marx México

Tomás Andino Mencía, ex diputado nacional de UD y activista popular (Honduras)

Carlos Lanza, curador y crítico de arte (Honduras)

David Velasco, Sección 22 CNTE / La Marx México

Lorena Zayas Cruz, Sección 22 CNTE / La Marx México

Miguel Barrios Gutiérrez obrero de construcción y militante del PRT Costa Rica

Alejandro Benedetti, periodista, Argentina / Editor de @Revolución y militante del Nuevo PST

La Voz del Anáhuac, México

Vladimir de la Cruz, Historiador, Miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)

Ernesto García Linares, activista popular (El Salvador)

Allan Duarte, abogado internacionalista (Guatemala)

Profesor Rafael Capellán, República Dominicana

Roberto Espinal, República Dominicana

Guillermo Carvajal Alvarado, catedrático Universidad de Costa Rica

Humberto Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro «Libertad»

Roberto Espinal, Médico y profesor universitario (República Dominicana)

Rafael Alfaro Velasco, Sección 22 CNTE / La Marx México

Dra Luisa liliana hermosilla. Salta, (Argentina)

Mariano Cordero, abogado laborista, Chihuahua, México

Rafael Morera Ramos, Estudiante Secundario (Costa Rica)

Tobías Fernández profesor escuela pública de Republica Dominicana

Rafael Encarnación, Militantes Revolucionarios Socialistas de República Dominicana

Raymundo Hernández, Coordinador General de las Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX)

Rebeca Monteiro, Abogada (Brasil)

Gisele Sifroni , Profesora Universidad Federal del Amazonas, (Brasil)

Indignante. Repudiable.  Las palabras no pueden contener todo el odio a la criminal responsabilidad del infame dictador Daniel Ortega sobre la muerte de Hugo Torres, ex comandante de la revolución de 1979.

El héroe sandinista falleció el 12 de febrero, a los 73 años de edad, tras más de dos meses en los que la dictadura mantuvo oculto su paradero físico y condición de salud. Desde mediados de diciembre se desconocía el paradero de Hugo Torres en la cárcel El Chipote, donde estaba enfermo de gravedad.

Torres estaba detenido desde junio de 2021, junto a centenares de presos políticos, que se reclamaron opositores a la dictadura de Daniel Ortega-Rosa Murillo.

Hugo Torres era considerado en Nicaragua como uno de los héroes de la revolución popular que derribó el 19 de julio de 1979 a la dictadura de Anastasio Somoza. Ahora estaba encarcelado bajo la falsa acusación de “traidor a la patria”, por oponerse políticamente al régimen de Ortega.

Hugo Torres, en 1974, arriesgó su vida comandando un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos a Daniel Ortega. Durante la revolución fue conocido como el “comandante uno”. Participó también de la famosa toma del Palacio Nacional, en 1978, junto a Edén Pastora (“comandante cero “) y Dora Téllez.

En los años ochenta fue condecorado y nombrado general de brigada en el Ejército de Nicaragua, del cual se retiró en 1998. Después de abandonar el FSLN, fue vicepresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y actualmente era vicepresidente de Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), una organización política que contiene a varios de los ex- dirigentes sandinistas y otras fuerzas sociales de oposición.

Hacemos responsable a la dictadura de Ortega-Murillo de la muerte del ex comandante sandinista Hugo Torres. Este nuevo crimen no podrá quedar impune. Los pueblos del mundo deben repudiar lo sucedido y reclamar por justicia y libertad de todos los presos políticos de Nicaragua.

Las personas bajo prisión política y diversas organizaciones de derechos humanos, feministas y de izquierda vienen denunciando que son sistemáticos los encierros con aislamiento y desatención médica durante largos meses, lo cual constituye una forma de tortura. Así llevaron a la muerte a Hugo Torres.

Bajo la misma acusación que tenía Hugo Torres, de “traidor a la patria” y “sedición”, acaban de condenar a 15 años de prisión a Dora Téllez, otra ex comandante de la revolución, y a 10 años al joven luchador Yader Parajón, entre otros. Bajo las mismas condiciones será juzgado, entre otros, Víctor Hugo Tinoco también ex comandante de la revolución.

Desde la UIT-CI exigimos la inmediata liberación de todas las personas encarceladas por razones políticas. Oponerse a la violación de las libertades democráticas por parte de la dictadura burguesa de Ortega y Murillo no es un crimen, es el deber de todo el pueblo trabajador nicaragüense. Llamamos a toda la militancia de izquierda, socialista, democrática, de Latinoamérica y el mundo a rechazar las farsas judiciales ante las embajadas y consulados de la dictadura orteguista. Exijamos la ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura y organicemos la solidaridad internacional con el pueblo explotado de Nicaragua.

¡Libertad ya para Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Léster Alemán, Muhamar Vado y todas las personas encarceladas y sometidas a torturas por disentir de la dictadura!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

14 de febrero de 2022

El año empezó con el gobierno de Alberto Fernández preocupado como prioridad absoluta por el acuerdo con el FMI. Y termina enero de la misma manera. Culmina el mes que comenzó con los apagones de Edenor y Edesur, que en cualquier momento volverán a repetirse, ya que se trata de años sin inversiones de infraestructura. Todo esto mientras el gobierno se apresta a dar curso a los aumentos de tarifas, para así cumplir con la hoja de ruta exigida por el propio Fondo.

Al mismo tiempo, “Ómicron está por todas partes” se suele escuchar en los barrios. La realidad es que los casos se multiplican, crecen las colas kilométricas para hisoparse, los trabajadores de la salud están colapsados y lamentablemente las muertes vuelven a alcanzar los valores de varios meses atrás. Frente a esto, el gobierno de Alberto Fernández sólo se preocupa de responder a las demandas de las grandes patronales. En síntesis, “todos a trabajar”, no importa que se trate de contagiados recientes o contactos estrechos. Una salvajada, donde con el único objetivo de garantizar las ganancias a las empresas, se expone a millones al contagio.

Otro hecho, no por repetido menos dramático, fue que continuó y se incrementó la inflación. Ya terminó el 2021 por arriba de 50%, ahora es muy probable en enero un valor cercano al 4%, con especial énfasis en el aumento de los alimentos, en particular los frescos. También subieron los alquileres y las prepagas. Y se vienen, como ya dijimos, los tarifazos del gas y la electricidad. La contrapartida de todo es la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Frente a esta realidad, la burocracia sindical hace silencio: así como no movió un dedo frente a la flexibilización de los protocolos del Covid-19, tampoco lo hace para reclamar aumentos de emergencia o la reapertura inmediata de todas las paritarias.

Mientras estos son los problemas que enfrenta el pueblo trabajador, los dirigentes de los partidos patronales, tanto peronistas como macristas de  Juntos, siguen muy lejos de estas preocupaciones. Si en diciembre la anécdota eran los diputados y senadores que se iban al exterior apenas asumidos, el escándalo de enero fueron las vacaciones en playas mexicanas de la titular del PAMI Luana Volnovich y de su pareja, Martín Rodríguez, segundo a cargo del organismo. Hecho repudiable, más aún tratándose de la funcionaria responsable de un organismo del que dependen millones de jubilados que cobran pensiones por debajo de la línea de indigencia.

Las prioridades políticas del gobierno de Alberto Fernández, como decíamos al comienzo, siguen pasando por lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández, en su reciente carta, lo reconoció blanco sobre negro: en 2021 se dedicaron más dólares a pagarle al Fondo que todo lo que se puso para atender la pandemia. Ahora, mientras el FMI continúa exigiendo más y más ajustes, el gobierno se apresta a pagar 1.100 millones de dólares, sacándolos de las casi inexistentes reservas del Banco Central.

Esto también se evidencia en su política de saqueo ambiental. Con tal de conseguir un dólar más para cumplir con los acreedores, el gobierno está dispuesto a todo: al fracking, a la megaminería a cielo abierto, a la destrucción de glaciares y fuentes de agua, y ahora también a la entrega y contaminación del propio Mar Argentino. Pero se está enfrentando a una resistencia creciente, como en el Atlanticazo, continuidad en este enero de la rebelión popular de fines del año pasado en Chubut que obligó a dar marcha atrás con los proyectos megamineros.

Todos estos temas integran la realidad de este enero “caliente”. Por eso cada día la bronca popular va creciendo y acumulándose. Es fundamental que debatamos en cada lugar para ver cómo la transformamos en organización para salir a pelear, al mismo tiempo que discutimos sobre la necesidad de una nueva alternativa política para el pueblo trabajador.

Es que mientras el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos (y también la ultraderecha “libertaria” de Milei y Espert) juegan a denunciarse unos a otros, acuerdan en lo esencial: en que se deben flexibilizar los protocolos de la pandemia para bajar al mínimo el “ausentismo”, tal como reclaman las patronales, aunque eso aumente los contagios. En que hay que avanzar con los tarifazos de los servicios públicos. En que la variable de ajuste son los salarios y las jubilaciones. Y, por sobre todo, en que hay que firmar el acuerdo con el FMI, aunque ello signifique más ajuste y saqueo.

En la vereda de enfrente nos encontramos aquellos que planteamos exactamente lo opuesto, la necesidad de pelear por un programa de emergencia que priorice resolver las más urgentes necesidades del pueblo trabajador generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Eso es lo que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que es necesario otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Que hay que tomar medidas urgentes frente a la tercera ola del Covid-19, que pasa por cumplir con todos los protocolos sanitarios de aislamiento (y no lo que le convenga a las patronales), con la aceleración de la vacunación, con más testeos, y que para eso hacen falta más recursos, más trabajadores de la salud, con salarios y condiciones de trabajo dignas. Y que, ante la necesidad de aislamiento, hay que otorgar un IFE de emergencia a todo el que lo necesite.

También somos los que decimos que nos oponemos a los tarifazos, y los que planteamos que la salida ante los cortes de luz y la baja calidad de los servicios pasa por la reestatización de las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, como hemos propuesto recientemente en el proyecto presentado por nuestra diputada Graciela Calderón en la legislatura bonaerense.

Y, por sobre todo, somos los que afirmamos que cualquier programa alternativo debe proponer terminar con el saqueo y la semicolonización de la ilegal, inmoral e impagable deuda externa. Para eso es necesario avanzar en la conformación de un gran movimiento que luche por suspender inmediatamente sus pagos y romper con el Fondo Monetario Internacional, el paso fundamental para empezar a poner nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades de trabajo, salario, salud, educación y vivienda.