Escribe José Castillo

Se va terminando el doble discurso del gobierno de Alberto y Cristina, de alcanzar un acuerdo con el FMI “sin ajuste”, “progresista” o “con inclusión social”. El ministro Guzmán reconoció que el FMI exige un mayor ajuste y Cristina en su carta (ver recuadro) dijo que su gobierno pagó más por la deuda de Macri que lo que puso para combatir la pandemia. Ahora el Frente de Todos se apresta a “rascar la olla” de las reservas del Banco Central para pagar en estos días más de 1.100 millones de dólares.

La negociación con el FMI entra en su recta final. Se acerca la hora de la verdad. Mientras tanto, esta semana el gobierno pagará al Fondo otros 720 millones de dólares de capital por el préstamo tomado por Macri en 2018; el próximo lunes hará lo mismo con 366 millones por intereses y el 22 de marzo vencerán otros 2.828 millones de dólares. Enormes cifras que deberían ir a combatir los males sociales, pero van  a terminar en manos del FMI.

El pago que debe realizarse en marzo es superior al total de las reservas líquidas del Banco Central. Por eso el gobierno intenta firmar el acuerdo antes de esa fecha.
 
La mentira del “acuerdo sin ajuste”

Está claro que un acuerdo con el FMI será con un mayor ajuste. Decimos mayor porque ya hay un ajuste en curso. El ministro Guzmán acaba de reconocerlo al decir que redujo el “déficit primario del 6,4% del PBI en 2020 al 3% en 2021” (Página12, 22/01/22). Este achique fue esencialmente por el robo a los jubilados con el cambio de la movilidad y porque se eliminaron la gran mayoría de las políticas sociales para atender las consecuencias de la pandemia (como el IFE, que se eliminó totalmente en 2021). Pero el FMI quiere más:el famoso déficit cero para 2024. El gobierno pide que sea para 2027. O sea, no hay diferencias de fondo, solo de plazos. La propia Cristina lo dijo, “con este ajuste perderemos las elecciones del año que viene”. Es que por eso mismo ya les fue mal en las legislativas del año pasado. Eso es lo que le preocupa al gobierno. Que el malhumor social se acreciente en vista al mayor ajuste que tendrá que seguir aplicando para pagar la usura de Macri.

Ya quedaron atrás las fantasías que promovía La Cámpora de un plan de pago a veinte años o de que el FMI iba a rebajar las sobretasas, autocrítica mediante. El acuerdo a firmar será a diez años, donde se deberán pagar intereses semestrales y el capital desde 2026. El periodista Alejandro Bercovich señaló además que el Fondo exige una revisión trimestral del acuerdo, en lo que será una virtual intervención de toda la política económica.

El gobierno quiere vender que está negociando “para que no haya ajuste”. Pero todos los acuerdos del FMI a distintos países (tanto los realizados en plena pandemia como los anteriores) han sido a cambio de fortísimos planes de ajuste. La frase del diputado Carlos Heller diciendo “queremos acordar, queremos pagar, pero sin ajuste”, es parte de los espejitos de colores del doble discurso oficial. Solo sirve para esconder que un acuerdo con el FMI, además de reconocer el pacto firmado por Macri, significará más recorte para los jubilados, trabajadores estatales, docentes y personal de salud con una mayor caída de sus ingresos, mayores tarifazos, reducción de la obra pública (lo que generará más desocupación), entre un largo etcétera.
 
 ¿Hay que apoyar una “buena negociación”?

Las grandes patronales nacionales, los bancos, los bonistas privados de la deuda externa, la Sociedad Rural y los grandes medios como Clarín y La Nación coinciden con el gobierno en que es necesario un acuerdo. Es lo que le fue a pedir de rodillas el canciller Santiago Cafiero al secretario de Estado yanqui Anthony Blinken, sacándole la frase al estadounidense “apoyamos la negociación Argentina con el FMI”. Por supuesto ¿Cómo no va a apoyar si es un gran negocio redondo para el FMI y los usureros internacionales apoyados por el gobierno imperialista?

Algunos hasta dicen “es mejor un mal acuerdo que el default”. Se unen para meter miedo a los trabajadores, argumentando que si se eligiera el camino opuesto (el no pago y el desconocimiento soberano del endeudamiento de Macri), sería perjudicial. Esconden de esta manera que la deuda externa es la hipoteca que sigue hundiendo a la economía argentina desde hace décadas, pagada por todos los gobiernos, sin excepción.

Nosotros sostenemos lo inverso. Si se acuerda con el FMI no hay salida para el pueblo trabajador. Se vendrá un mayor acto de dependencia y sometimiento, mientras se seguirán pagando miles de millones de dólares de intereses y ya en 2026 habrá otra vez una montaña de vencimientos impagables.

La salida, entonces, pasa por desconocer el endeudamiento de Macri, desligarse de los nuevos lazos que nos atan al FMI, suspender inmediatamente todo pago de deuda externa y volcar los recursos disponibles a atender las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, salud y educación. Llamamos a las distintas organizaciones con las cuales el Frente de Izquierda hizo la gran marcha y acto el pasado 11 de diciembre a seguir por ese camino, impulsando acciones comunes y un gran movimiento que repudie al FMI y los pagos de una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta.

Escribe José Castillo

Durante la tarde del pasado martes 18 la vicepresidenta Cristina Fernández dio a conocer una nueva “carta”. Su título “Pandemia macrista versus pandemia Covid-19” apunta a comparar los daños sobre la economía de la gestión de Juntos por el Cambio versus los generados por la pandemia.
Cristina vuelve a denunciar que el FMI le otorgó al macrismo “un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares”. Pero a partir de allí, reconoce que el gobierno del Frente de Todos terminó poniendo más recursos para pagar esa deuda que para combatir la pandemia.

“En el 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018”. Compara esa cifra con los “420.000 millones de pesos que fueron destinados a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia”. La propia Cristina muestra los números finales: durante 2021 se destinó el 1,1 % del PBI a pagarle al FMI y apenas un 0,9 % a los gastos de la pandemia. ¡Todo esto bajo el gobierno que ella presidió junto a Alberto Fernández!

Dicho esto, ¿Cristina propone no acordar con el Fondo o dejar de pagarle? En absoluto. Al decir en su carta: “Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, está mostrando que el peronismo gobernante va a seguir pagando (“nunca que se va a acabar”) cuando tenía la oportunidad de hacer lo opuesto.

Cristina Fernández y el peronismo kirchnerista buscan cubrirse “por izquierda” de ser los responsables del ajuste en curso (y del mayor que se viene). Bajo ningún punto de vista están dispuestos a romper con el FMI y dejar de pagar esa deuda usurera contraída por el macrismo. “Somos pagadores seriales”, como le gusta decir a la ex presidenta.

Escribe José Castillo

Fue un show que ocupó prácticamente las dos primeras semanas del año. El gobierno de Alberto Fernández convocó a los gobernadores para “explicar” cómo van las negociaciones con el FMI. En la práctica, para obtener una foto del apoyo para alcanzar dicho acuerdo.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio vio la ocasión para ganar cámara. Pidió que la reunión tuviera carácter “institucional” y se realizara en el Congreso Nacional. El gobierno primero aceptó, luego puso como excusa una declaración ofensiva de Juntos por el Cambio para suspender la reunión. Finalmente, tras varias idas y vueltas, la cumbre entre oficialismo y oposición patronal quedó en la nada. En el medio, por supuesto, quedaron anécdotas de la interna de Juntos por el Cambio, como la discusión entre el gobernador radical jujeño Gerardo Morales y la dirigencia de PRO acerca de quién era responsable de la toma del préstamo con el FMI.

No debemos confundirnos. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen un gran punto en común, que se debe acordar sí o sí con el FMI. La oposición patronal solo busca que el costo político lo pague el gobierno nacional. Pero ha insistido, una y mil veces, en que se debe presentar un “plan económico”, léase un plan de ajuste, acorde con lo exigido por el Fondo.

Hay una “santa alianza” entre ambos, más allá de los fuegos artificiales. Que incluye también a los libertarios de Milei y Espert (este último ha dicho que “si no se firma el acuerdo con el Fondo hay que irse a vivir a Marte”). Solo el Frente de Izquierda Unidad se opone categóricamente y por eso llenó la Plaza de Mayo el pasado 11 de diciembre junto a más de 100 organizaciones para decir ¡No al FMI!

Escribe Atilio Salusso

Una de las noticias del verano fue el sorteo de la dieta del derechista Milei. Más de un millón de personas aportaron sus datos personales para participar del mismo (DNI, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico y celular). La ganó un kirchnerista, quien dijo, “la voy a usar para pagar deudas”.

Milei aprovechó el hecho en un acto político en Mar del Plata. La movida fue cuestionada desde varios ángulos. Algunos denunciaron que bajo la fachada de un sorteo inocente su objetivo fue hacerse de una base de datos con fines políticos (violatoria de la ley 25.326) de cara a las elecciones de 2023. Otros se preguntaron: ¿De qué vive Milei? ¿Cómo paga sus cuentas? Sus seguidores dijeron: “Milei no necesita meterse en política para ganar dinero. Sólo le importa trabajar por el pueblo”.

Milei necesita proyección nacional. Por eso usa estas acciones populistas y golpes de efecto para vender que “es distinto” y no tiene que ver, como él mismo dice, con la “casta política” que nos viene gobernando. Nada más falso.

Milei pone en práctica una vieja receta que usan los políticos patronales, en este caso de derecha con un proyecto neofascista, para tratar de encubrir que su política está al servicio de lo peor del capitalismo, de acrecentar las ganancias de las patronales e ir contra las conquistas del movimiento obrero y de la juventud bajo el slogan de “la libertad”.

Se monta en la desesperación de millones ante el crecimiento de la pobreza y miseria, “donando su sueldo”. Y nada de eso significa que le “devuelve” a la sociedad una dieta que paga con sus impuestos. Lo que no dice Milei es que dejar los impuestos como están es que los siga pagando el pueblo trabajador con el IVA y los grandes capitalistas sigan fugándose la plata con la evasión o poniendo sus fortunas en paraísos fiscales.

Por si valiera hacer alguna aclaración, desde la izquierda revolucionaria somos lo opuesto. Porque proponemos que todo legislador, juez y funcionario gane como un laburante. Presentamos proyectos de ley para eso y lo ponemos en práctica desde nuestras bancas, como parte de una lucha contra los privilegios capitalistas de los políticos patronales. Y porque nuestra política sobre el tema va inscripta en combatir de fondo a una clase social parasitaria y explotadora que saquea al pueblo trabajador, que son las multinacionales, los bancos, el FMI y el imperialismo, sectores para los cuales trabaja Milei.

Milei “dona su dieta” pero es un trabajador a sueldo de las grandes patronales. Vino siendo pagado por el Grupo Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000), que vive de los subsidios del estado tras su privatización. Y recibiendo aportes de esas patronales en sus charlas para defender a los capitalistas o asesorar a grupos de inversión.

Repudiamos la demagogia de Milei y su política de conjunto. Que reivindique a Cavallo y a Menem que entregaron el país, o a Macri y a Patricia Bullrich, demuestra que es más de lo mismo. Un personaje nefasto al servicio del gran capital, tratando de camuflarse con medidas populistas. A no dejarse engañar.
 
 

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys

El gobierno de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña anunció en octubre del año pasado el adelantamiento del inicio del ciclo lectivo para el 21 de febrero. Esta decisión, tomada en una situación sanitaria completamente diferente a la actual, no obedecía a ninguna preocupación o criterio pedagógico sino a una nueva medida de propaganda en el marco de la disputa con el peronismo kirchnerista para ver quién está en mejores condiciones de profundizar el ajuste que venimos viviendo los trabajadores.

Hoy con más de cien mil infectados diarios de Covid-19 el anuncio mediático se sostiene sin ninguna definición en relación a las medidas de protección sanitaria lo que se transforma en un riesgo para estudiantes, trabajadores y familias. Tampoco se garantiza la tarea pedagógica y mucho menos su regularidad en las escuelas de la Ciudad donde probablemente suceda lo mismo que en otros lugares de trabajo que se ven afectados por una cantidad de contagios tal que paraliza la actividad o la reduce drásticamente.

Nuevamente, las organizaciones sindicales no han sido convocadas para discutir las condiciones necesarias para la apertura del ciclo lectivo en el marco de la pandemia. No se conocen los nuevos protocolos ajustados a la actual situación sanitaria. Nada se dice de cómo garantizar la vacunación de los estudiantes de manera masiva, de garantizar que todos los docentes y auxiliares reciban la dosis de refuerzo, de testeos masivos regulares en las escuelas ni de cómo se van a garantizar los reemplazos de aquellos docentes que deban ausentarse por contagio. Sabemos que la regularidad de las clases es prácticamente imposible, ya que con la cantidad de casos diarios no todos ingresarán el primer día ni todos podrán mantener la presencia regular en este marco. Toda esta falta de previsión demuestra el total desinterés por garantizar las condiciones para el desarrollo de la tarea educativa en las escuelas públicas. El gobierno tiene otros objetivos.

Una cuestión que Soledad Acuña había manifestado como prioritaria en 2020 como un elemento de campaña electoral, fue la recuperación de aquellos estudiantes que habían abandonado la escuela. No presentaron ni implementaron ninguna política seria para lograr la vuelta de los pibes como ser partidas presupuestarias especiales para ampliar la cantidad de profesionales en los equipos de orientación escolar, implementar parejas pedagógicas para realizar un acompañamiento serio a las disparidades producidas por la virtualidad o la presencialidad parcial, entrega de materiales a docentes y estudiantes, entre otras cosas. Este vacío lo intentan tapar atacando a los estudiantes, vinculándolos al narcotráfico fundamentalmente. Nada dice de los verdaderos problemas que aquejan a los chicos de los barrios populares, como la necesidad de salir a trabajar en la más absoluta precariedad para colaborar con la subsistencia familiar, el cuidado de hermanos menores que muchas veces impiden la posibilidad de ir a la escuela, el embarazo adolescente entre otras problemáticas que desnudan la tremenda crisis social que es a todas luces previa a la pandemia pero que sin dudas se ha profundizado. La recuperación y retención de la matrícula fue en todo caso fruto del trabajo consecuente de miles de maestras que sí se ocuparon de la escolarización de los alumnos.

La realidad que vivimos en las escuelas es otra. La ministra  propone la explotación laboral sin paga para más de 30 mil alumnos de los últimos años de la secundaria para el 2022, como parte del ajuste y vaciamiento educativo. No está previsto resolver un problema estructural como es la falta de vacantes, ni el hacinamiento en escuelas sin condiciones edilicias antes y durante la pandemia. No incrementó el presupuesto para infraestructura, equipos y conectividad para los pibes. El tema salarial tampoco estará resuelto profundizando la caída de nuestros ingresos tal como exige el FMI y que tanto Fernández como Larreta están dispuestos a cumplir.

En breve estaremos en las escuelas y Ademys alentará las asambleas escolares y convocará a asambleas abiertas unificadas para organizar la respuesta de los trabajadores para garantizar las condiciones sanitarias, educativas y salariales enfrentando nuevamente las medidas de ajuste que nos quieren seguir imponiendo.