Escribe Claudio Funes

Ante los primeros días de la ola de calor, a Edenor y a Edesur les saltó la térmica. ¿Quiénes son los dueños de estas  empresas que brindan un pésimo servicio en el AMBA?

Uno de los dueños de la distribuidora Edenor es el ex diputado menemista José Luis Manzano, que vive en Suiza con su familia desde hace un tiempo y no tiene problemas cuando se corta la luz en el AMBA. Es el mismo que en los ´90 declaró: “yo robo para la corona”.
Otro es Mauricio Filiberti, apodado “el rey del cloro”, propietario de uno de los yates más impresionantes del mundo, Attila, de 64 metros de eslora y un valor cercano a los 3 millones de dólares, que el dueño de Transclor S.A. tiene anclado en el Mediterráneo. Es socio de Nicolás Caputo, amigo de Macri, y de Alejandro Mac Farlane, de Gas Camuzzi, con quienes tiene tres aviones de la empresa Patagonia Jet.

El tercero es Daniel Vila, el empresario dueño del grupo de medios América, quien el año pasado ya adelantaba a La Nación que el acuerdo con el FMI traería aumentos de tarifas (“Daniel Vila dijo que ‘seguramente’ subirán las tarifas de energía eléctrica” 27 de junio de 2021).
Entre los tres manejan el 51% del paquete accionario de Edenor que le compraron a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, en diciembre de 2020. Las sociedades compradoras son Energía del Cono Sur e Integra Capital, todas controladas por los Manzano, Filiberti y Vila.
La otra distribuidora, Edesur, es propiedad de ENEL (Ente nazionale per l´energía elettrica) una compañía multinacional que es un operador integrado líder en los mercados de energía y renovables. Sus propietarios son, entre otros, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. ENEL está presente en treinta países y distribuye electricidad a través de una red global de más de 2,2 millones de kilómetros. Lleva energía a más de 70 millones de usuarios, con ganancias anuales por más de 2.600 millones de Euros.

ENEL se mantiene a la cabeza de Edesur desde que licitaron la red en los ´90, y también tiene activos en generación termoeléctrica con las centrales Costanera y Dock Sud; generación hidroeléctrica con El Chocón y transporte con Yacylec.  Por más que lloren, ningún capitalista trabaja a pérdida.

Un servicio público indispensable como es la provisión de energía eléctrica hoy es un negocio en manos de capitalistas insaciables. Ellos son los dueños de la luz.                                                                                  

La diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista, junto a la bancada del FIT Unidad presentaron un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para la reestatización de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Los cortes de luz que venimos padeciendo demuestran que el sistema eléctrico nacional no puede estar en manos de empresarios vaciadores que reciben millones de dólares en subsidios mientras exigen tarifazos como sucede con Edenor, Edesur y Edelap, entre otras.
El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, un servicio público básico que no puede ser tratado como una mercancía. Sin ese acceso los trabajadores y sectores populares no tendrán vivienda digna, sana alimentación, salud ni educación.

Por todo esto nuestra propuesta es la creación de un sistema eléctrico único, estatal y controlado por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Lejos está nuestra propuesta de lo que fue el modelo Segba, al servicio de los negociados de los políticos patronales y la burocracia sindical peronista.

A continuación los principales aspectos del proyecto de Ley:
• Declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución eléctrica.
• Compra inmediata de materiales y generadores eléctricos e ingreso a planta permanente de personal idóneo para la reconexión de usuarios sin servicio.
• Resarcimiento económico para los damnificados de cumplimiento inmediato.
• Declarar de nulidad absoluta los contratos de concesión sin indemnización alguna.
• Crear la “Empresa Eléctrica del Estado”, que operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores y organizaciones de usuarios electos democráticamente.
• La incorporación con plenos derechos a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras que revistan en empresas tercerizadas.
• Crear una comisión investigadora compuesta por trabajadores elegidos democráticamente y revocables para supervisar el traspaso del sistema eléctrico actual a la Empresa Eléctrica del Estado, y con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.
 
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Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En su cruzada en defensa de la explotación petrolera en el Mar Argentino, los funcionarios salieron a coro a tratar de convencernos de que el suyo es un “gobierno ambientalista”. ¿Esto tiene algo de cierto?

Además del raid mediático de funcionarios, el gobierno peronista aprovechó para el “greenwashing” (lavado de cara verde), la presentación de un “Clúster renovable nacional” de inversiones estatales y privadas para generar energías renovables. El propio escenario del discurso lo desnudaba por entero, ya que quienes acompañaban al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Producción, Matías Kulfas, eran todos gobernadores impulsores del fracking y la megaminería a cielo abierto: San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, y Mendoza.

Lo único “renovable” es el discurso

Lo dicho allí por Kulfas mostró que su estrategia ahora es decir que ellos representaran una tercera opción entre el “dejar explotar a cómo dé lugar” y el “prohibicionismo” al que no le preocupa la pobreza del país (sic), y que ellos ejercerán en el medio un “ambientalismo responsable”.
Lo primero a decir es que es difícil visualizar dónde estarían los “frenos” de este gobierno (y el anterior macrista y todos) a la destrucción ambiental. Argentina encabeza récords de pérdida de bosques nativos, tenemos los porcentajes de glifosato en sangre de la población más altos del mundo, las megamineras derraman cianuro a los ríos y no pasa nada, empresas como Klaukol mataron más de cien vecinos y nunca el Estado midió los residuos que emiten sus chimeneas… La verdad es que si acá no se contamina “a cómo dé lugar”, se parece bastante a eso. En donde existen en nuestro país limitaciones a la contaminación del saqueo extractivista es pura y exclusivamente porque luchas populares así lo impusieron. Y lo que persigue desembozadamente el gobierno del Frente de Todos es levantar esas limitaciones.

El gobierno peronista presenta como un hito de su “ambientalismo responsable” el acuerdo por la producción de hidrógeno verde en Río Negro. Pero, acto seguido, el propio Kulfas celebró en sus intervenciones radiales que ese hidrógeno ya está vendido a Inglaterra para el 2025. Tal como lo que se pretende con la explotación megaminera del litio, nuestro país se quedará con los pasivos ambientales del desarrollo de estas tecnologías para que luego los países centrales puedan “transicionar” a una economía menos dependiente del petróleo.

No hay transición energética sin reestatización de los recursos energéticos

El gobierno hace un mal uso de reportes científicos para señalar que como en 2050 recién el mundo tendría planificado culminar su proceso de descarbonización, hasta entonces sería “sostenible” hacer crecer exponencialmente la explotación de combustibles fósiles. Lo primero a decir es que esos pronósticos no está nada claro que vayan a cumplirse, justamente porque los gobiernos capitalistas y las multinacionales, siguen dándole manija a la exploración en busca de energías fósiles de formas cada vez más rebuscadas y dañinas para el ambiente (como las explotaciones offshore y el fracking).

Lo segundo, es que lo que los científicos casi unánimemente recomiendan es poner un freno a estas nuevas exploraciones, en particular a sus formas extremas, como las que implican las plataformas que van de 1.800 a 3.000 metros de profundidad habilitadas por el ministro Cabandié en el Mar Argentino. Las multinacionales del petróleo, privadas y estatales (como Equinor de Noruega) ya tienen declaradas reservas que de utilizarse en su totalidad más que quintuplicarían las emisiones de gases de efecto invernadero límite que tiene la humanidad, si no se quiere atravesar el umbral de un aumento de 1.5° de la temperatura global.

El “ambientalismo” del gobierno de Fernandez es seguir haciendo negocios, como si nada pasara con las multinacionales que con su lucro están incendiando el planeta.  Lo que por el contrario necesitamos es pelear por reestatizar bajo control de sus trabajadores la industria energética, el gas y el petróleo, y de la mano de dejar de pagar la deuda externa, contar con los recursos para discutir democráticamente una transición energética y productiva, que no es para comenzar dentro de treinta años sino lo antes posible, si queremos frenar la catástrofe que nos amenaza.
 
 
 
 

Escriben Marcela Martin y Ana Pereyra, integrantes de Asambleas de Punilla
 
El gobernador Schiaretti y los intendentes profundizan el modelo nacional de ajuste y saqueo de nuestros territorios y sus recursos naturales, al servicio de pagar la deuda externa. Mencionaremos algunos ejemplos: le otorgan todo tipo de beneficios al agronegocio, a la megaminería, hablan de un plan de prevención de incendios que no existe, sigue la tala indiscriminada de bosques, planean megaobras viales como la Autovía Punilla que destruyen cuencas hídricas y atraviesan sitios arqueológicos y reservas naturales a su paso.

El pueblo de Córdoba no aceptó pasivamente esta política que lleva más de treinta años. Hemos echado a Monsanto, hemos luchado contra los agrotóxicos en el barrio Ituzaingó, actualmente contra Porta (productora de alcohol), contra la extracción de litio en Traslasierra. Se frenó la autovía de Punilla, que forma parte del corredor bioceánico IRSA y que tiene el repudio mayoritario de la población. También se lucha  repudiando la inconsulta autovía en el valle de Paravachasca, y muchos etcéteras más.

En plena pandemia, y con temperaturas de 40 grados, no hay agua en ciudades como Cosquín, Capilla del Monte, Bialet Masse y Santa María. Lo mismo en ciudades como Río Ceballos, Unquillo y otras. Esto provocó la reacción de los vecinos que se vienen movilizando, hartos de pagar un líquido que no reciben y gastar un dineral en agua envasada para cuidar su salud. Por eso las asambleas de Punilla convocan el 29 de enero a las 18.30 en Cosquín a la 14° Caminata por el agua, la tierra y la vida.

Schiaretti prioriza grandes obras viales que le aporten votos. Gasta millones de dólares que endeudan a la provincia y solo benefician a un sector de la población, fundamentalmente a grandes empresarios de la ciudad y el campo. Hay plata para autovías, pero no para plantas potabilizadoras. Hay barrios enteros desde hace semanas sin agua potable, con suerte con algunos litros que llevan las municipalidades directo del río, que no sirve ni para lavar la ropa. Los Intendentes de estas localidades, que no han invertido en las obras hídricas necesarias ante el crecimiento demográfico de Punilla, sólo atinan a responsabilizar a la falta de lluvias.

En este marco, desde Izquierda Socialista y nuestra agrupación Ambiente en Lucha impulsamos asambleas locales para fortalecer, extender y coordinar esta pelea por una solución definitiva, que es lograr las obras que son una deuda con los vecinos. Por eso este 29 convocamos, convencidos que solo la movilización organizada y consecuente de los trabajadores y los sectores populares podrá imponer esa solución. Nuestro ejemplo es la movilización del pueblo de Chubut que derrotó a su gobernador.

Plata hay, pero se va en los pagos de la deuda externa. La nacional y la provincial. Es lo que todos los gobiernos han hecho, vía el ajuste a los trabajadores y los sectores populares y el saqueo de nuestros recursos naturales, para su propio beneficio y el de los grandes empresarios y multinacionales para quienes gobiernan. La prioridad debe ser el agua que es un derecho humano esencial.  

 
 
 
 

El 18 de enero se realizó el segundo Atlanticazo en todo el país, organizado por la asamblea de Mar del Plata (Mar libre de Petroleras) e impulsado a nivel plurinacional por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hubo movilizaciones en varios puntos de la Costa Atlántica, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Córdoba, Misiones, La Rioja y Santa Cruz, entre otros.

El Atlanticazo, aprendiendo del camino marcado por el Chubutazo, está desarrollándose en todo el territorio para ponerle un freno a la luz verde que le dieron desde el gobierno de Alberto Fernandez, con el ministro Cabandié y el aval del gobernador Kicillof y los intendentes de la costa atlántica, al proyecto de exploración sísmica en nuestro mar argentino para la instalación de petroleras.

Este proyecto aprobado el 30 de diciembre de 2021, está enmarcado en un plan del gobierno de avanzar con un paquete extractivista para conseguir los dólares que necesita para pagar la deuda externa. Por eso, no es de extrañar que en el paquete de leyes que propone tratar el gobierno nacional en febrero en el Congreso Nacional, esté incluída la ley de Hidrocarburos, mientras no aparece la ley de Humedales que entonces pierde estado parlamentario.

Con este proyecto de Equinor junto a Shell e YPF, primer paso para la explotación petrolífera en el Mar Argentino, será inevitable, como lo demuestran los estudios, que se produzcan derrames de petróleo, incluso en grandes cantidades, mayores a 1.000 barriles.

La semana pasada fue noticia el derrame en las costas de Perú de miles litros de petróleo en un yacimiento de características similares a la que quieren instalar en Argentina. Esta vez en manos de la multinacional Repsol, quien mintió intentando minimizar y ocultar la noticia del desastre ambiental que generó el derrame, y se negó a actuar rápidamente para intentar solucionar la catástrofe que el derrame estaba ocasionando para el ecosistema del lugar. Tal como denuncia nuestro partido hermano Uníos de Perú, “según la empresa, se enteraron de la magnitud del desastre por las redes sociales que daban cuenta del derrame de más de seis mil barriles de petróleo, con 18 mil metros cuadrados de mar afectado, dejando a su paso muerte, contaminación, desolación e indignación”. Un proyecto como el impulsado por Equinor, traería los mismos riesgos para nuestro mar, afectando su flora y fauna, y generaría una contaminación sin precedentes.

Por todo esto, es fundamental seguir impulsando el Atlanticazo para frenar este proyecto extractivista.