Más de 6.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, perteneciente a la multinacional española Repsol, aparecieron derramados frente a las costas peruanas de Lima.

El 4 de febrero nos movilizamos nuevamente a nivel plurinacional por un mar libre de petroleras, para denunciar el proyecto extractivista en nuestro mar Argentino impulsado por el gobierno del Frente de Todos. Tomando la fecha de las asambleas de Chubut contra la megaminería, será una jornada de lucha a nivel nacional contra la exploración sísmica en nuestro mar y por todas las problemáticas ambientales de los territorios. Sumate a marchar con Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independioentes) y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Escribe Montserrat Gayone

El 12 de diciembre nos sumamos a la muraleada convocada por la Asamblea por un mar libre de petroleras de Mar del Plata, junto a otras comunidades costeras de la provincia de Buenos Aires, contra la instalación de las petroleras offshore en nuestras costas. Además, el 4 de enero convocamos a una jornada de difusión en la localidad portuaria de Ingeniero White, donde los vecinos sufren con mayor crudeza las consecuencias de convivir con las empresas del polo petroquímico desde 1981. Este es un proyecto que sigue en expansión y desde 2008 recibe en el muelle de Mega al buque regasificador, agregando un nuevo riesgo a las habituales explosiones, ruidos, rotura de las viviendas por las vibraciones, olores, escapes de gas y cloro, emanaciones, venteos y vertidos de tóxicos, que afectan la salud y la vida cotidiana de los vecinos, y que además liquidaron una actividad productiva tradicional, la pesca artesanal. Los escapes de cloro y amoníaco en agosto del 2000, la disminución paulatina de la pesca, aumento de las enfermedades y más de diez asesinatos laborales impunes es el saldo del extractivismo que incluye petróleo, gas e industria química.

Esta localidad obrera, con pleno empleo hasta la década del ´90, enfrentó las privatizaciones del menemismo y en el 2000 volvió a la lucha, cortando la ruta y el acceso al puerto, denunciando la contaminación ambiental y el riesgo vivido, frente a los escapes que las empresas y el gobierno intentaron ocultar. Se opuso a la instalación del buque regasificador y apoyó a los pescadores en diciembre del 2009, cuando 350 familias se quedaron sin recursos  y sin respuesta por parte de las autoridades. Los pescadores denunciaron y demostraron la contaminación que el gobierno sigue negando. Esta vuelta de tuerca del extractivismo es incompatible con la vida, y son los pescadores y comunidades costeras que lo vienen denunciando en el país y en el mundo quienes ofrecen un punto de partida para organizar la resistencia y pensar en un nuevo modelo productivo.

Escribe Malena Lenta

Un nuevo caso de abuso sexual hacia las infancias en un Tucumán impune. Mientras la niña es obligada a gestar y a parir, el violador está libre y el gobierno y las instituciones provinciales miran para el costado.

El pasado 10 de enero salió a la luz la noticia de una niña de diez años abusada sexualmente, quien parió por cesárea a las veintisiete semanas en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. Su violador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, pareja de su cuidadora, se encuentra prófugo.

La cruda historia de esta niña muestra junto con la violencia sexual, la violencia de las instituciones de salud, educación, justicia y derechos de infancia que miraron para un costado durante su corta vida. La madre de la niña no contaba con medios económicos para cuidarla y la vecina que la tenía a cargo, además de enviarla a trabajar en limpieza de casas particulares, se la entregaba al violador sin que ninguna de las instituciones hiciera nada al respecto. Por eso decimos que también son responsables de obligarla a gestar y a parir, lo que consideramos un hecho de tortura.

Y aunque desde el Ministerio de Salud en manos del antiderechos Luis Medina Ruiz digan que se activó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, lo cierto es que una cesárea en esa edad gestacional no lo es. Se trata en cambio de otro intento del ministro por confundir los hechos e intentar ocultar la flagrante vulneración de derechos de esta niña.

Pero éste no es el único caso en las tierras del jefe de gabinete Manzur, reconocido militante del pañuelo celeste. En Tucumán son reiterados los hechos de violencia sexual hacia las infancias y muchos han sido los casos en los que se llevó los embarazos de niñas a término con el argumento de “salvar las dos vidas”, tal como denunciamos en 2020 y 2019. Además, en esa provincia, junto con la pobreza y el descuido de las infancias y adolescencias con derechos vulnerados, es flagrante la falta de implementación de la Educación Sexual Integral, de acceso a métodos anticonceptivos, de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, como vimos, de la Interrupción Legal del Embarazo en los tiempos y con los procedimientos adecuados.

Una vez más exigimos el derecho a las infancias libres. ¡Son niñas, no madres! ¡Basta de violencias contra las infancias! ¡Cesárea no es Interrupción Legal del Embarazo! Reclamamos la inmediata restitución de derechos a esta niña, cárcel a su violador y la destitución de los responsables políticos de esta vulneración de todas las instituciones que no hicieron nada. El gobierno es responsable.

Pero también es necesario seguir reclamando por la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y el cumplimiento inmediato de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con presupuesto y con equipos de salud formados que realmente garanticen el derecho a decidir.

Escribe Malena Lenta

Luego de doce horas de agonía, la joven Wichi de dieciocho años, Aldana Quico, falleció en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Había llegado al mismo por fuertes dolores en su vientre mientras cursaba un embarazo avanzado. Sin embargo, el médico obstetra Patricio Parra Marin se negó a atenderla adecuadamente. Luego de constatar la muerte fetal, no le practicó una cirugía sino que la dejó esperando hasta que tuviera un “parto normal”. Tras varias horas de sufrimiento, la joven murió de un paro cardíaco.

Sin embargo, este no fue el único caso de abandono y violencia obstétrica cometido por este médico. Ya en 2020 se había negado a asistir a una joven Qom embarazada que había concurrido al nosocomio mientras se desangraba, quien también falleció por la falta de atención. Aunque la familia realizó la denuncia, las autoridades no hicieron nada y Parra Marin siguió trabajando como si nada hubiera sucedido. Por eso, también son responsables las autoridades del hospital y de la subsecretaría de Gestión de Salud de la provincia, a cargo de Silvia Cardozo, quien además de haber protegido a Parra Marin justificó el abandono de la joven al relatar a los medios de comunicación las supuestas resistencias que tienen los pueblos Wichí y Qom para recibir asistencia por parte del sistema de salud, en lugar de condenar la violencia obstétrica.
Exigimos justicia por Aldana Quico y reclamamos: ¡Basta de violencia obstétrica! ¡Basta de racismo contra los pueblos originarios!