Debido a la presión mundial sobre el curso de la pandemia y las patentes, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden declaró por una eventual suspensión de las patentes de las vacunas. Se profundiza el debate en curso

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En nuestro país, Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud del gobierno de Macri, dio su posición sobre las patentes. Después de manifestar simpatía por las declaraciones del presidente norteamericano a favor de liberarlas parcialmente, plantea luego su verdadera posición con los mismos argumentos que usan las multinacionales Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras para justificar las patentes (Clarín, 12/5/2021).

Rubinstein, ex ministro de Macri, defiende los monopolios

En la defensa de las patentes da dos argumentos. El primero es que la liberación va a desincentivar la industria y la innovación tecnológica. Lo contradicen los datos que da el premio Nobel Joseph Stiglitz, que sostiene que esos fondos provienen de los gobiernos que transfirieron en todo el mundo 110.000 millones de dólares a la industria farmacéutica del total de 179.000 millones dedicados por las multinacionales a investigación y desarrollo (Actualidad Sanitaria, abril 13, 2021).

El segundo argumento, similar al que usa Bill Gates, es que la suspensión, aun temporaria,no puede ampliar la producción en un plazo cercano. También en esto coincidimos con Stiglitz, porque ya hay países que la producen como la Argentina, Sudáfrica, Brasil y otros y, en segundo lugar, que el poderío de la industria moderna permite acondicionar los laboratorios y las cadenas de insumos rápidamente.

De manera completamente opuesta a los monopolios farmacéuticos y sus defensores, la opinión pública estadounidense se está manifestando a favor de la suspensión de las patentes. Una encuesta muestra que una mayoría del 72% de los votantes demócratas quiere que Biden suspenda temporalmente las barreras de las patentes. Entre los votantes republicanos el resultado es de 50 por ciento. Hay, entonces, una tendencia clara del pueblo estadounidense para poner la vida humana sobre los beneficios empresariales y ese clamor es el que lleva a Biden a hacer las declaraciones a favor de la suspensión de las patentes.

Kicillof legisla para los monopolios

Inversamente a la opinión del pueblo norteamericano, Axel Kicillof, considerado parte del ala “izquierdista” del peronismo, hizo aprobar una ley en la Legislatura bonaerense que le permite comprar vacunas en el exterior. En consonancia con la ley nacional votada en noviembre pasado en el Congreso, el “izquierdista” Kicillof satisfizo todos los requerimientos de las multinacionales. Es decir, cláusulas de confidencialidad, entre otras cosas de los precios; condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias que se cargan al
Estado; la posibilidad de prorrogar jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y, finalmente, la aceptación de la ley extranjera. De esa manera, la provincia de Buenos Aires garantiza legislativamente a la industria farmacéutica las mismas concesiones otorgadas por la norma nacional, con el voto en contra del Frente de Izquierda Unidad.

El gobierno del Frente de Todos y los provinciales de distintos signo político deben desconocer las patentes y poner la capacidad industrial farmacéutica a producir millones de dosis. También el gobierno de Alberto Fernández puede incautar ya la producción de mAbxience en Garín y poner el resto de los laboratorios a fabricar la vacuna para lograr la inmunización masiva. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto a la Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI), somos parte de un gran movimiento que nuclea a organizaciones y distintas personalidades a nivel mundial que reclaman la suspensión de las patentes para que pueda haber vacunas para todas y todos.

Como consecuencia de los reclamos de la UIA, que se niega a seguir pagando salarios a trabajadores de riesgo licenciados en la pandemia por el decreto 207/2020, el gobierno del Frente de Todos autorizó el pasado 9 de abril a las patronales, con el decreto 241/21, a reincorporar a los trabajadores de riesgo que cuenten con una dosis de las vacunas. Frente a la bronca de trabajadores y al reclamo generalizado de entidades y especialistas, dicho decreto se cambió por el 287/21, que lo suspende por la situación de exponencial crecimiento del virus y el colapso sanitario.

Contra toda la evidencia científica, una resolución del Ministerio de Trabajo, que tiene menor jerarquía que el decreto del mismo organismo, facilita nuevamente a las patronales a que avancen en la convocatoria a compañeros de riesgo.

Los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por el Pollo Sobrero; la conducción de la Bancaria, de Apdfa y diversas organizaciones han rechazado este atropello con los debidos fundamentos legales y sanitarios y llaman a oponerse a toda presencialidad de trabajadores que están en esa condición. La CGT, mientras tanto, continúa con su silencio cómplice favoreciendo a las empresas.

En esta situación, el miércoles de la semana próxima, los ferroviarios del Sarmiento, en el marco de un homenaje a los compañeros de ese ramal que fallecieron por Covid-19, en estos días, rechazarán la exigencia de las patronales y el gobierno de la vuelta al trabajo de los mayores de 60 años. Y al mismo tiempo, reclamarán por vacunas para todas y todos, tanto trabajadores como usuarios.

Corresponsal

Se conoció la inflación de abril, 4,1 por ciento. Acumulado, 2021 ya lleva 17,6 por ciento. Lo peor es que los productos de la canasta familiar siguen aumentando mucho más. Mientras la inflación anual se encamina a estar cerca de 50%, los acuerdos salariales no pasan de 35%, y en cómodas cuotas.

Escribe José Castillo

Se veía venir. A pesar de todos los discursos del gobierno de que la inflación “se estaba desacelerando”, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec volvió a cantar arriba de 4 por ciento. En apenas cuatro meses ya se comió dos tercios de la inflación proyectada en el presupuesto votado el año pasado, de 29 por ciento.
Con estos datos, los salarios llevan perdido en un año un promedio de 10% de su capacidad de compra, que se suma a lo que ya se había deteriorado en los tres años previos, generando una reducción del poder adquisitivo superior a 30 por ciento.
Por eso no resulta extraño que la continuidad de la pulverización de sueldos y jubilaciones, sumado a los que han sido despedidos o han perdido todos sus ingresos, nos dé la terrible cifra de 42% de pobreza, con casi 63% de niñas, niños y adolescentes en esa situación.  

¿Por qué suben los precios?

La primera parte de la respuesta a esta pregunta es obvia, por los abusos de las patronales de alimentos, productos de limpieza, tocador y medicamentos, todos grandes grupos monopólicos que concentran en dos o tres firmas cada rubro y hoy están subiendo los precios dos o tres veces por mes. Sumándole a esto la también muy fuerte concentración en las cadenas de distribución, centradas en unos pocos hipermercados y supermercados.
El gobierno, más allá de su discurso, hace la vista gorda. “Precios cuidados” y “precios máximos” son violados con mil y una trampas, los productos desaparecen de las góndolas, son reemplazados por otros “que no están en la lista”, simplemente cambiándoles la etiqueta y sumándole o restándole 10 gramos, etcétera. El gobierno del Frente de Todos es cómplice de estas maniobras, incluso termina premiando a las empresas “deslistando” (léase retirando del listado de precios máximos) cada día más productos para reemplazarlos por una supuesta lista de ciento veinte productos que estarían congelados hasta octubre.
Pero también es cómplice del incremento de precios con la suba de los productos que están bajo su control. Así, desde agosto pasado, YPF subió los combustibles por encima del promedio de la inflación e incluso mucho más de lo que se incrementó el dólar, dando la señal para que dicho incremento sea seguido por el de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo.

¿Cuál es la solución?

Muy lejos ya quedó la retórica de Alberto Fernández de que su gobierno venía a “ponerle plata en el bolsillo a la gente” o a “garantizar la heladera llena”. Un dato vergonzoso basta para muestra, el salario mínimo, vital y móvil llegará a 29.160 pesos recién en febrero de 2022, apenas por encima de la canasta básica alimentaria que marca el límite de indigencia, que hoy ya está en 25.85 pesos.
Incluso se tornó falso el planteo de que este 2021 se recuperaría, aunque sea un poco, el salario real, con una inflación calculada en 29% y acuerdos paritarios en 35 por ciento. La burocracia sindical, aliada al gobierno, cerró las negociaciones con estos porcentajes, más aún, en cómodas cuotas, o sea que muchos gremios recién los alcanzarán en febrero o marzo del año próximo. Pero mientras tanto, como hemos visto, el famoso 29% quedó transformado en un dibujo, ya que terminaremos el año con una inflación cercana a 50 por ciento.

Es urgente, entonces, revertir esta situación. Se impone luchar por un conjunto de medidas básicas

Primero y principal, recuperar el salario. Es necesario un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar que, de acuerdo con los cálculos de la junta interna de ATE-Indec, asciende a 93.000 pesos. Y, a partir de allí, reabrir inmediatamente todas las paritarias, con incrementos mensuales según el aumento real del costo de vida. También se debe aumentar el haber mínimo jubilatorio hasta cubrir al menos la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos. Y, desde ahí, aplicar el 82% móvil. Del mismo modo, hay que otorgar un IFE de emergencia de 40.000 pesos para todo el que lo necesite.

Al mismo tiempo, hay que terminar de verdad con los abusos de las empresas monopólicas fijando precios máximos para todos los productos de la canasta familiar, sin excepción, y, sobre todo, con reales sanciones para los que no los cumplan, tal como lo establece la Ley de Abastecimiento, que incluye multas, clausuras, decomiso de mercadería y hasta la expropiación.  

Escribe Claudio Funes

Para los 2,7 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el aumento de 12,12% anunciado por el gobierno de Alberto Fernández, que comenzará a pagarse a partir del 1° de junio y hasta el 31 de agosto, absorbe el plus o bono de 1.500 pesos que cobraron en abril y mayo.
Esto significa que el 12,12% se aplica sobre el haber mínimo de marzo (20.571 pesos), sin contar los 1.500 pesos de cada mes. Así, en junio, julio y agosto la jubilación mínima será de 23.064 pesos, solo 4,4% más, lo que representa un aumento efectivo de 993 pesos por mes hasta septiembre. Miserable es poco.

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria no contempla la variable inflacionaria. En el primer cuatrimestre de 2021 la inflación llegó a 17,6 por ciento. Con el 8,07% de incremento en marzo y los bonos, los jubilados y pensionados con haber mínimo en abril y mayo solo acumularon un alza de 16 por ciento.

Ahora, si contabilizamos los incrementos de precios de mayo y junio (período a partir del cual rige el nuevo aumento), la suba en el primer semestre puede rondar 25%, mientras que todas las jubilaciones y pensiones, incluida la mínima, tendrán una mejora nominal de 21,16% (8,07%+12,12%), casi 4 puntos por debajo de la inflación.
Ni siquiera se trata de discutir si la mínima está 2 o 3 puntos sobre la inflación, seguiría siendo una suma de indigencia.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en abril continuó cayendo el gasto del gobierno en ayuda social y jubilaciones. Según la OPC, las transferencias en jubilaciones y pensiones, que alcanzaron los 241.173 millones de pesos, presentaron una caída real de 13,4% interanual, explicada mayoritariamente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados según la nueva fórmula de movilidad y la tasa de inflación.

El informe dice que el complemento de 1.500 pesos otorgado para contrarrestar la disminución en el poder adquisitivo de los jubilados de más bajos ingresos se ubicó por debajo del bono extraordinario otorgado en abril de 2020, que fue de 3.000 pesos.
Agrega que en mayo el retroceso previsional podría moderarse porque también este mes se está pagando el plus o bono de 1.500 pesos a los haberes más bajos (en igual mes de 2020 no hubo bono), pero ese mayor gasto nominal quedaría en parte neutralizado por el incremento de la inflación interanual, que podría rondar 49 por ciento.

El informe deja claro que el gobierno es el responsable de la miseria creciente en plena pandemia al ajustar el gasto para ayuda social y jubilaciones. Esta política obedece a su empeño en cumplir con los acreedores externos, el FMI y las multinacionales. “Dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación y lo cumplí”, manifestó Alberto Fernández a principios de enero. La realidad  desmiente  sus palabras.

Por lo expuesto, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos:
Aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta de la Tercera Edad, hoy en 62.000 pesos
Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan según la inflación mensual y el 82% móvil del salario en actividad.
Estas medidas son posibles, para garantizarlas hay que priorizar a los jubilados, no a los pulpos acreedores. Se impone romper con el FMI y suspender los pagos de la deuda externa.
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe José Castillo

El precio internacional de la soja ha subido a valores superiores al récord histórico de 2008. Tanto desde el gobierno del Frente de Todos, como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio se destaca eso como una “buena noticia”, donde supuestamente, todos ganamos. ¿Es realmente así?

Vamos por parte, quien realmente se beneficia con el precio de la soja por la nubes no es el pueblo trabajador, sino los grandes pulpos monopólicos del negocio de la agroexportación: son los yanquis ADM, Bunge, Cargill y Dreyfuss, la china Cofco, la suiza Glenncore, la francesa Dreyfus y
también los grandes grupos locales como Aceitera General Deheza (Urquía) o Molinos (grupo Pérez Companc). A esto tenemos que sumarle los grandes propietarios de tierras, que concentran varias propiedades de decenas de miles de hectáreas cada una, como los Grobo, el Tejar o Cresud,
por nombrar sólo los tres más importantes. Sin contar que miles de hectáreas están en manos de los mismos grupos exportadores extranjeros que mencionamos más arriba. Y otras tantas son explotadas por los grandes bancos y especuladores bursátiles que ganan con los pooles de siembra.
Efectivamente, este año las exportaciones dejarán 10.000 millones de dólares más que el año pasado. Pero no a “la Argentina”, sino a todos estos pulpos, que la sumarán a sus superganancias embolsadas en años anteriores. Pero acaso, podrá alguién preguntarse, ¿al menos no quedará
lo que ingrese al estado por impuestos -retenciones- que se calculan en cerca de 3.000 millones de dólares?

Sin duda, eso será recaudado por el gobierno de Alberto Fernández. Que podría incluso ser mucho más si se controlara de verdad lo que se exporta, en vez de aceptar las meras declaraciones juradas que se dejan al entrar en los puertos privados de estas mismas corporaciones, generando
todo tipo de maniobras de subfacturación de exportaciones, evasión impositiva y hasta contrabando, como quedó registrado el año pasado en el caso Vicentín. Pero lamentablemente, aún lo que entre en concepto de impuestos no irá a salud, educación, salario o empleo. El grueso terminará en subsidios a las privatizadas de la luz, el gas, la energía y el transporte, o en pagos de deuda externa. Todo esto nos reafirma en lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Es urgente otro programa económico, obrero y popular. Para que sean “nuestros” realmente los dólares del agronegocio hay que nacionalizar el comercio exterior. Y para que los recursos que ingresan al estado se apliquen de verdad a resolver las más urgentes necesidades populares es imperioso dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI.