Escribe Olga Ortigoza, directiva Suteba La Matanza
 
Nuevamente se dan impactantes e inaceptables hechos de violencia en las escuelas, ingreso a los establecimientos con docentes y niños presentes, agresiones, cámaras de TV dando por hecho denuncias contra docentes. ¿Qué hay detrás de estas graves situaciones?   

La docencia es la primera en cuidar el bienestar de las y los estudiantes y la escuela pública, frente al abandono del gobierno. Trabajamos casi en soledad con un sin fin de situaciones de vulneración de derechos hacia nuestras niñas y niños, escenarios cada vez más complejos producto de la mayor crisis social. Las escuelas están en pésimo estado, el gobierno no nombra docentes ni al personal necesario, lo que obliga a cubrir todo tipo de tareas. Si se cumpliera con la reglamentación, no habría clases por falta de personal y el pésimo estado de las escuelas. Pero el gobierno presiona para que se den clases de cualquier manera, dando margen para situaciones que solo pueden generarse por falta de personal.

Existen también grupos anti escuela pública (la atacan para empujar la ida a las privadas), otros en contra la Educación Sexual Integral en las escuelas o, mucho peor, personas que quieren ocultar situaciones de abusos en el ámbito familiar. La indignación que generan las denuncias de abuso mueven a muchas familias a acompañar las agresiones en las escuelas. Así surgen acusaciones por las redes, que motivan acciones de violencia y hasta brutales ataques a docentes. ¡Ninguna de esas denuncias contra docentes se comprobó realmente! Pero los medios de comunicación no dedicaron ni un minuto para clarificar la falsedad de estas. Y así, además, sigue la impunidad de los verdaderos abusadores.

Mientras Baradel y las conducciones burocráticas abandonan a la docencia, esta semana el Suteba La Matanza Multicolor llamó a un paro y movilización distrital en repudio a las agresiones, la falta de veracidad de las denuncias y la situación de desprotección con que se trabaja. El paro fue total y más de mil docentes se movilizaron exigiendo soluciones a esta grave situación. Como decían los carteles, “a los niños y docentes no se los ataca, se los defiende”. El viernes 13 de mayo se realizará una movilización a La Plata, convocada por los Suteba Multicolores.

El pasado 6 de mayo se cumplía la cuarta jornada de paro por tiempo indeterminado, impulsado por las bases, tras los previos de 24 y 48 horas sin obtener respuesta de las patronales encuadradas en Afarte. Se trata de patronales que se benefician con la ampliación de la Ley de Promoción Industrial Nº 19.640, que los exime de la totalidad de los impuestos, al tiempo que pretenden que los trabajadores acepten trabajar por 100.000 pesos. Todo esto luego de dos años de congelamiento salarial, en una provincia donde la canasta familiar supera los 170.000 pesos.

El ajuste del gobierno peronista de Fernández y provincial de Melella se topó con la gran determinación de cientos de metalúrgicos y metalúrgicas dispuestos a defenderse. En todas las fábricas, día y noche, hicieron piquetes con los típicos tachos con fuego debido al intenso frío, demostrando la fuerza de la lucha impuesta desde las bases.

Las patronales respondieron enviando telegramas masivos intimando a volver al trabajo, bajo la amenaza de quedar despedidos. Argumentaron que el paro era ilegal pues la UOM Nacional no lo había notificado. Esto fue usado por el ministerio de Trabajo y la burocracia sindical de la UOM regional para justificar la firma de una conciliación obligatoria y levantar el paro. En las puertas de las fábricas hubo gran indignación y bronca contra la dirigencia sindical, y muchos se preguntaban “¿por qué levantar la medida si no tenemos ninguna respuesta?”.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, que estuvimos acompañando los piquetes, entendemos que los y las metalúrgicas deberían mantenerse en estado asambleario, para continuar la lucha hasta conseguir el aumento salarial. Hay que impulsar una gran movilización que fortalezca la unidad y en ese camino construir desde abajo un plan de lucha. Así mismo, incorporar al reclamo salarial la recuperación de las fábricas ocupadas Digital Fueguina y Ambasador, que vienen luchando por recuperar su fuente de trabajo.           

Corresponsal

La empresa Siderca-Tenaris, siderúrgica del grupo Techint con casi 5.000 operarios, es la industria que mayor ganancia obtuvo en 2021 en Argentina. Por convenio, debe repartir anualmente entre sus trabajadores un porcentaje de las ganancias.

Frente a los bajos salarios metalúrgicos, había grandes expectativas en conseguir un “premio” importante, se batieron récords de producción, se hicieron horas extras, trabajando francos y feriados, impusieron vacaciones fuera de término. Pero Rocca sólo pagó unos miserables 33.000 pesos. Y estalló la bronca en toda la fábrica, que empalmó con los bajos salarios, aumentos a cuenta gotas que pierden con la inflación y el malestar general.

La lista Violeta, de Abel Furlán, flamante secretario general nacional de la UOM, definió cortar las horas extras y quite de colaboración. Y se realizó una movilización dentro de la planta. La patronal amenaza con sanciones y descuentos.

Para sostener el reclamo y lograr otros como aumento real de salarios, comedores y transporte (que Rocca sacó hace años), no alcanza con quite de colaboración. La comisión interna debe llamar a una asamblea general para debatir y votar un paro de producción y movilización para ganar.
                                      
Corresponsal

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

“En Andalgalá la minería encuentra una resistencia violenta por parte de un grupo minoritario”, profesó el comunicado que sacó el Frente de Todos de Catamarca horas después de que su policía sea utilizada por las multinacionales del emprendimiento Mara-Agua Rica para desalojar el acampe pacífico de la comunidad de Choya. El gobernador peronista, Raúl Jalil, dio la orden, en sintonía con la política de Alberto Fernández: abrir paso a la megaminería a como dé lugar en todo el país, avanzando en contra de la resistencia popular y las trabas legales que existen en distintas provincias.
En Andalgalá, ante el agotamiento de la mina de Bajo la Alumbrera, Yamana Gold, Glencore International y Newmont Corporation intentan desarrollar un nuevo emprendimiento tres veces más grande e igualmente violatorio de la Ley de Glaciares y los principios precautorios y preventivos de la Ley de Ambiente. Lo que se opone al proyecto no es una “resistencia minoritaria y violenta”, sino comunidades enteras que se valen de las propias leyes que votan kirchneristas, peronistas, macristas y radicales para después pisotearlas.

A la violenta represión, que dejó una gran cantidad de cuerpos llenos de balas de goma, se sumó como ya es costumbre, la citación e imputación de asambleístas a quienes se les acusa de “lesiones” y “atentado a la autoridad”. Desde el gobierno dicen que “asambleístas emboscaron un patrullero”. Resulta que justo al patrullero se le ocurrió “emboscarse” pasando por donde estaba asentado el piquete en protesta, y tuvieron que tirar decenas de balazos para “liberarlo”.

Este es el Frente de Todos. Esta es la otra cara de la moneda de la Mesa Minera que convocó Matías Kulfas, ministro de Producción, y a la que asistió Jóvenes por el Clima. El Frente de Todos reprimió al servicio de la  megaminería.
¡Desprocesamiento de los compañeros y compañeras de Choya! Basta de reprimir la protesta social.
 
 
 


 

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras filtrarse en los medios la posibilidad de retroceder en la interrupción voluntaria del embarazo, las movilizaciones de mujeres en Estados Unidos no se hicieron esperar. No es para menos, ya que está en juego el fallo Roe, instrumento conquistado con la lucha hace cincuenta años y que le ha permitido a las mujeres estadounidenses abortar.
 
El pasado lunes 2 de mayo se filtró en el portal Político un texto del juez Samuel Alito en el que la Corte Suprema de Justicia estaría declarando como “atrozmente errónea desde el comienzo” la histórica decisión del caso Roe vs Wade de 1973. Frente a esta situación se pone en evidencia que ningún derecho conquistado es para siempre y, por lo tanto, la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo queda en manos de la lucha feminista.

La amenaza al fallo Roe no es nueva. En cincuenta años los intentos de los sectores conservadores y anti derechos no se hicieron esperar. Incluso han logrado leyes en estados locales muy restrictivas. De no existir el actual amparo judicial, en la mitad de los estados las mujeres no podrían abortar.

El último ataque vino de la mano del reaccionario y misógino Donald Trump, que junto a las iglesias busca restringir la autonomía de las mujeres. Recordemos que justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Trump se había comprometido a nombrar jueces en la Corte Suprema que anularían “automáticamente” el fallo Roe. Cuestión que se concretó bajo su presidencia con el nombramiento de tres nuevos jueces que le dieron mayoría a los conservadores (seis a tres).

Por otro lado, es un escándalo el uso electoral que Joe Biden está haciendo del tema. El presidente llamó defender el Fallo Roe pero votando al Partido Demócrata en las próximas elecciones de medio término. Una nueva maniobra oportunista que refleja la hipocresía del Partido Demócrata, que en cincuenta años no sancionó una ley (especialmente cuando tuvieron el control de ambas cámaras) dejándolo en manos de la justicia y por lo tanto, en constante peligro, bajo amenazas permanentes como lo que está ocurriendo ahora.
 
Solo con la lucha feminista lograremos frenar este ataque

De concretarse esta decisión del máximo tribunal, quedaría en manos de los gobiernos locales regular la práctica con la posibilidad de que en más de la mitad de los Estados se prohíba el aborto y se criminalice. La situación más grave es para las mujeres que habitan en los Estados en los que rige la Ley del latido, como en Texas. Allí no solo se impide el derecho al aborto sino que se premia a las personas que denuncien a la clínica, al médico o a quien acompañe a una mujer a abortar. Las penas son de varios años de cárcel y lo que viene ocurriendo en estos distritos es que se fogonea y envalentona a grupos e individuos de extrema derecha que se organizan para denunciar a las mujeres y al personal de salud que garantiza la práctica.

La Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional publicó una declaración de apoyo a las movilizaciones que se están realizando en Estados Unidos en defensa del derecho al aborto contra este avance conservador que se puede leer y compartir desde la página uit-ci.org.

La pelea por el aborto legal seguro y gratuito en Estados Unidos y en el mundo solo la podremos librar las mujeres y disidencias con la movilización independiente de los gobiernos. Solo confiamos en la fuerza de la movilización y con ella decimos: Ni un paso atrás. Los derechos se defienden y se conquistan en las calles.