La propuesta del gobierno peronista

* La nueva ley de reajuste jubilatorio, tiene como objetivo reducir la masa de dinero que se pagan en jubilaciones, como parte del “ahorro fiscal” (léase ajuste) exigido por el FMI.

*No toma en cuenta la inflación y los aumentos serán semestrales, en marzo y septiembre.

*Los incrementos de las jubilaciones se calcularán por las variaciones de los salarios y la recaudación de la Anses de hasta nueve meses antes.

*De la suba de los salarios y la recaudación tributaria con destino a la Anses y la recaudación total de la Anses, incrementada 3%, se aplicará la que otorgue menos aumento.

*Si los salarios suben menos que la recaudación se reduce el aumento de las jubilaciones. Por el contrario, si los salarios suben más que la recaudación se chocará con el tope impuesto por esta. Los haberes siempre tendrán techo y estarán en su valor más bajo.

*La ley anterior del peronismo tomaba la variación del índice general de salarios establecido por el Indec y el Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social, de ambos el mejor. 

*La nueva fórmula solo toma el Ripte. Esta modificación no es menor, reduce los futuros aumentos jubilatorios porque elimina una cláusula que garantizaba el índice más favorable del componente salarial, que es responsable del 50% de la fórmula de movilidad. 

*La nueva fórmula tampoco establece una compensación por la pérdida de los haberes jubilatorios durante 2018 y 2019. Y tampoco durante 2020, que afectó a las jubilaciones medias y más altas.

La propuesta de Cambiemos

*Insiste con la fórmula macrista de 2017, 70% por inflación y 30% por Ripte.

*Durante los cuatro años de gobierno macrista, los jubilados perdieron 20% de su poder adquisitivo. El ahorro fiscal alcanzó los 100.000 millones de pesos en 2018.

*Fue parte en su momento de las recomendaciones del FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 Nuestra propuesta

*Aumento de emergencia. Elevar la jubilación mínima, hoy en 18.129 pesos, a 49.614 pesos, valor de la canasta del jubilado según la Defensoría de la Tercera Edad.

*Reimplantar el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.

*Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan, de acuerdo a la inflación mensual.

* 82% móvil del salario en actividad.

*Para financiar esta propuesta se deben suspender los pagos al FMI.

Escriben Ana Valverde, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) y Otto Giachero, Jubilados en Marcha Córdoba

Los jubilados agrupados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) realizamos el martes 10 una reunión virtual donde charlamos sobre la nueva ley de movilidad previsional que exige el FMI y que el presidente Fernández acepta. Esta ley lo único que traerá para nosotros será una baja del haber jubilatorio ya que se toma la variación de los salarios en actividad y la recaudación de impuestos. Fernández durante este año fijó los aumentos de las jubilaciones a través de decretos. Nosotros decimos que no queremos decretos, que queremos una jubilación igual al valor de la canasta del jubilado, que es casi de 50.000 pesos.

Ya todos sabemos que día a día aumentan los alimentos, los remedios, los impuestos, etcétera. Es por esto que decimos que la ley de movilidad tiene que estar basada en la inflación y que debe ser actualizado el haber mes a mes, dado que en nuestro país tenemos una inflación altísima.

También charlamos que para luchar por nuestros derechos tenemos que organizarnos todos los jubilados y pensionados.

El miércoles 18, a las 15, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados llama a realizar un encuentro de agrupaciones de jubilados frente al Congreso. La Utjel asistirá para proponer un plan de lucha para enfrentar los planes de hambre y ajuste de Fernández y el FMI.

Los gobernadores también ajustan los salarios y las jubilaciones. Arcioni, en Chubut, va más lejos porque les está debiendo los sueldos y las jubilaciones desde hace más de dos meses y el aguinaldo de junio.

En Córdoba, el gobernador peronista Schiaretti, a través de las leyes 10.333 y 10.694, logró la armonización a la baja con las jubilaciones nacionales, del 82% sobre el mejor sueldo pasaron al 67% actualizado, del promedio de estos últimos diez años, nos cuentan nuestros compañeros de la agrupación Jubilados en Marcha de Córdoba.

La Utjel y Jubilados en Marcha de Córdoba decimos que tenemos que recuperar todos los derechos y conquistas, como el 82% móvil del mejor sueldo al momento de jubilarnos, jubilación mínima no menor a la canasta del jubilado, restitución de todos los aportes patronales y medicamentos sin cargo. No al vaciamiento de la Anses y de todas las cajas previsionales. No al pago de la deuda externa. Impuesto a las grandes multinacionales y las grandes fortunas y que estos fondos sean para salarios, jubilaciones, salud, educación, planes de vivienda y para combatir la pandemia del coronavirus.

Escribe Adolfo Santos

El fracaso de las políticas públicas para enfrentar la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández está demostrado. Al limitar su acción al aislamiento social preventivo, sin desplegar otras medidas necesarias, los contagios continuaron en aumento, lo mismo que el número de muertos. El gobierno hizo caso omiso a los planteos de los profesionales de la salud como lo indicaba, entre otros, la combativa Cicop, que exigía testeos masivos, el acompañamiento de los grupos de riesgo y de los sectores infectados y el incremento del presupuesto de salud para evitar el colapso. Es que todo lo que significa gastar dinero al servicio de la salud pública es rechazado por el gobierno, que está decidido a bajar el gasto público para no contrariar al FMI.

A la hora de gestionar la vacuna, el gobierno está dispuesto a hacer grandes negocios. En octubre, el Congreso aprobó un proyecto del Frente de Todos para proteger a los laboratorios internacionales. Una ley vergonzosa que prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” a los laboratorios. Todo lo que esté errado con las vacunas contra el Covid-19 no será de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado, que deberá asumir el perjuicio. Y garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero.

Con esta legislación, ahora se anuncian una serie de negociaciones para la compra de vacunas cuya eficacia no ha sido debidamente comprobada. Existen decenas de vacunas que están siendo investigadas en todo el mundo. Muchas en fase preclínica, que se testean en animales. De las que se testean en humanos, sólo once están en fase 3, pero sin ser aprobadas aún para uso masivo de la población. En este nivel existe una competencia feroz entre los distintos laboratorios para apoderarse de un mercado que demandará miles de millones de dosis cuando sean aprobadas.

Por eso resulta extraño que, ante este panorama, el gobierno esté anunciando con cierta euforia la compra de diez millones de dosis de la Sputnik V, de procedencia rusa, que también está en fase 3 y solo ha sido autorizada por el gobierno ruso. ¿Cuánto se ha pagado por esa vacuna a los rusos? ¿Qué sucedió con el contrato firmado con el laboratorio AstraZeneca, del empresario ligado al gobierno Hugo Sigman, que iba a producir una vacuna con la Universidad de Oxford? ¿Qué vacuna se le va a ofrecer a la población argentina, la rusa o la inglesa? ¿Con qué garantías? Son muchas las preguntas sin respuestas. Mientras tanto, los rumores hacen variar los precios de cada dosis entre 4 y 20 dólares.

Las vacunas son patrimonio de la humanidad

En este momento hay una feroz disputa entre las distintas multinacionales para quedarse con el negocio de las vacunas. No se pueden aplicar los patrones habituales de los negocios internacionales. Como estamos ante un desastre humanitario las vacunas deben ser declaradas patrimonio de la humanidad. Las multinacionales ya han recibido cuantiosas sumas de dinero de gobiernos y de organismos internacionales como la GAVI (Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización) para desarrollar sus proyectos. Solamente del gobierno de Trump, en el mes de abril, han recibido 10.000 millones de dólares, a lo que debe agregarse millonarias sumas de subsidios que han puesto gobiernos e instituciones. Por eso la vacuna tiene que ser gratuita.

A pesar de las enormes ganancias de la industria farmacéutica, existen denuncias de que un subsidio de 1.5 mil millones de dólares que se distribuyó en gran medida a Pfizer y Glaxo para asegurar el abastecimiento de vacunas contra la neumonía para los países en desarrollo, el suministro no alcanzó para la vacunación masiva. 

Diferente de la vacuna contra la poliomielitis, descubierta por Jonas Salk, que rápidamente estuvo disponible en forma gratuita, hoy la mayoría de las vacunas salen al mercado patentadas. Le debemos exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández la liberación de la patente del Covid-19. Mientras tanto, se debe apoyar en el conocimiento de los especialistas nombrados por las facultades de Medicina y Farmacia de las universidades estatales, del Conicet y otros institutos de investigación estatales para ayudar a definir los criterios para adquirir las vacunas que sean necesarias. La salud pública no es una mercadería, es un bien social que el gobierno no puede negociar. Solo la estatización de los laboratorios para la producción nacional de vacunas puede acabar con este comercio infame.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia Buenos Aires (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Finalmente se conoció el proyecto de ley denominado “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto” que propone el gobierno y que venía siendo retrasado desde el 1° de marzo. El anuncio lo hace el mismo día en que se votó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2021 al servicio de los planes de ajuste del FMI, y el aporte solidario que pagarán por única vez los empresarios más ricos del país y que nada tiene que ver con un verdadero impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT-Unidad. 

Más allá de la fecha elegida por el presidente, lo cierto es que el anuncio venía siendo muy esperado, sobre todo porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto estaba al borde de caer por octava vez. Pero ahora se tratarían ambas iniciativas en las sesiones extraordinarias y tenemos que imponer con la movilización callejera que el proyecto que finalmente “gane” y se apruebe sea el de la Campaña, el que construimos con las más de setecientas organizaciones feministas y que tiene el aval de la #mareaverde. 

Son dos proyectos distintos. Estamos con el de la Campaña

Si bien el proyecto de Alberto Fernández sostiene en su artículo 4° el acceso a la IVE hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional, sigue criminalizando a quienes luego de ese período aborten por fuera de las tres causales ya establecidas en el Código Penal. Primera e importante diferencia con el proyecto de la Campaña que justamente deja explícitamente aclarado que en ningún caso se castiga o penaliza a quienes decidan interrumpir un embarazo. 

Por otro lado, en el artículo 5° del proyecto del gobierno se establece un plazo de hasta diez (10) días corridos para que se realice el aborto desde su solicitud. En cambio, en el proyecto de la Campaña el plazo máximo establecido es de cinco (5) días corridos. Esta diferencia de días no es menor ya que nuestro planteo radica en los posibles condicionantes que podría tener una persona gestante para que no ejerza su derecho. 

En el artículo 10 del proyecto del gobierno se incorpora la objeción de conciencia individual que, sin dudas, es una concesión a las iglesias que buscan obstruir nuestro derecho a decidir. Pero además, en ese artículo (ni en ningún otro) no aclara si la institución de los objetores estará obligada o no a garantizar la práctica. Alertamos que esto puede ser muy grave a la hora de la reglamentación de la ley, tal como lo vimos en protocolo ILE de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta acordó con los antiderechos para poner más restricciones en el acceso. 

Este acuerdo con las iglesias se refleja también en que, junto con su proyecto, el gobierno presentó el proyecto de ley de “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” conocida como el plan de los 1.000 días, en el que entre otras cosas se amplían la asignación universal por hijo/a (AUH) y la asignación por embarazo. ¿Pero qué tendrán que ver las asignaciones con una decisión autónoma y el derecho a decidir interrumpir un embarazo no deseado?

No es un presidente, es la #mareaverde que no abandonó las calles

Las organizaciones de mujeres del Frente de Todos festejan y aclaman la presentación del proyecto de ley de IVE del gobierno como si fuera un gran triunfo de él mismo y esgrimen argumentos como que “Alberto nos da el aborto”, pero eso sería ningunear la lucha que dimos durante décadas y que seguimos dando las mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar para conquistar este y cada uno de los derechos que nos faltan. Nadie puede dudar de ese potencial que tenemos cuando salimos a las calles, porque fue así como ganamos el debate y la despenalización social hace dos años. Ese es el camino que hoy tenemos que seguir y profundizar porque solo con la movilización ganaremos nuestras demandas. Desde Isadora te invitamos a que participes con nosotras este miércoles del pañuelazo frente al Congreso y que te sumes a todas las actividades que hay en el país para exigir el aborto legal, seguro y gratuito ya. Seamos miles, hagamos historia y que esta vez sí #QueSeaLey.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys

La ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, participó del programa “Un café con Fernando Iglesias”, el diputado nacional de Juntos por el Cambio reconocido por ser un provocador de derecha que expresa sin tapujos el pensamiento más reaccionario de su sector.

Allí, quizás entusiasmada y cebada por sus interlocutores, Soledad Acuña no tuvo filtro en decir sinceramente lo que opina de la educación y de los docentes. (ver link: https://youtu.be/Qk_ESFkkFbY)

Sus dichos han generado un repudio generalizado en todos los sectores de la educación y de los derechos humanos por racistas, reaccionarios y muchos otros calificativos. 

Desde el sindicato docente Ademys respondimos duramente y estamos pidiendo que se vaya ya (ver link de Ademys: https://www.ademys.org.ar/v2/total-repudio-a-la-politica-totalitaria-de-acuna/). Si Soledad Acuña tuviera algo de dignidad personal ya habría presentado sus disculpas… y su renuncia.

Las declaraciones de Acuña, además de repudiables, muestran su concepción sobre la educación, el fracaso de su política educativa, su hipocresía, desnudando que todas las críticas que venimos realizando a su política, y ella negaba, eran correctas.

Acuña clarifica que, para el gobierno, el principal problema de la educación es que necesita docentes serviles a los conceptos antiescuela pública y sumisos a los mandamientos de los gobiernos patronales de turno. No quiere docentes ni alumnos con pensamiento crítico, sino repetidores de las ideologías oficiales. Por eso muestra repulsión hacia los profesorados que han formado docentes durante décadas que han llevado a la educación pública argentina al respeto internacional. Como venimos diciendo, no son los profesorados el problema de la crisis educativa, sino la política gubernamental de destrucción de la escuela pública, de privatización, de reducción presupuestaria, de salarios miserables a la docencia y de escuelas destruidas la que está atacando esa calidad educativa que siempre tuvimos.

Y somos los docentes, con nuestro tremendo esfuerzo y lucha, junto con la comunidad educativa de las escuelas públicas, los que estamos sosteniendo la educación pública y evitando que los gobiernos y las Soledad Acuña la terminen de liquidar y privaticen todo el sistema.

Queda claro ahora cuáles eran los verdaderos objetivos de Acuña al querer cerrar los profesorados y montar la Unicaba, querer modificar los programas de estudio y la libertad de cátedra. Por qué liquidó la junta de clasificaciones y apuntó a los nombramientos “a dedo” de docentes serviles. Por qué quiso cerrar las escuelas nocturnas donde estudian los trabajadores. Queda clara su política de achicar la educación a profesores y alumnos de clase alta que tengan la “capacidad social” de viajar por el mundo, los únicos que, según la reaccionaria Acuña, tendrían “capacidad de formar y agregarles un plus” a los estudiantes, mientras los docentes pobres (pobreza generada por el propio gobierno) solo “utilizaríamos” la educación como “tercera opción laboral ante los fracasos anteriores”. Los que venimos de familias trabajadoras o pobres no tendríamos ningún valor para compartir con nuestros alumnos. ¡Ni a Mussolini se le ocurrieron esas ideas!

Acuña desnudó públicamente su repulsión a los docentes de origen pobre, a los profesores “críticos”, a los sindicatos opositores como Ademys, a la “izquierda” que, luchando todos juntos, no le permitimos la implementación de sus planes reaccionarios. 

Queda claro también cómo jugó el peronismo kirchnerismo durante estas últimas décadas, ya que el macrismo no necesitó aprobar ninguna nueva ley para implementar toda esta política reaccionaria y privatista. Solo se apoyó en las leyes del kirchnerismo ya existentes, la Ley Nacional de Educación kirchnerista que habilita todas estas barbaridades. Por eso Acuña dijo que su problema “no fue el kirchnerismo, sino la izquierda”.

Desde Izquierda Socialista siempre fuimos claros y repudiamos y combatimos la Ley de Educación del peronismo kirchnerista, nacionalmente y en cada provincia donde intentan avanzar en su aplicación. Será por eso que desde Ctera la secretaria general Alesso solo pidió a Acuña “que se disculpe”, en vez de, como impulsamos nosotros, exigir que se vaya este personaje nefasto de la derecha política. Sigamos defendiendo la educación pública, los profesorados, un mayor presupuesto con plata de la deuda externa y el fin de los subsidios a la educación privada. Sigamos defendiendo, orgullosos, la educación pública y nuestra tarea docente.