Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Bajo el título “Los muertos no pagan las deudas” (frase pronunciada por Néstor Kirchner) y “Crecer para pagar: ¿es posible con este pacto?”, las y los senadores que responden a Cristina Fernández emitieron un documento para justificar su voto negativo al pacto con el FMI. Al igual que la carta de La Cámpora en Diputados, enumeran datos sobre el endeudamiento de Macri y hasta dicen que así no se va a lograr el famoso “crecer para pagar”. Pero lo que llama la atención es que quienes se arrogan de tener “el alto honor de ser representantes de las provincias argentinas” dicen que lo que ahora escriben es “el resultado de un proceso, no exento de tensiones y debates, que se vienen desarrollando desde el primer momento en el que comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”. Pero les preguntamos, si fue un proceso de varios meses, ¿no sabían que el gobierno estaba mal encaminado en las negociaciones? ¿Por qué no abrieron la boca antes y lo hacen solo ahora ante los hechos consumados? Luego explican en la misma carta que el Bloque del Frente de Todos el 15 noviembre de 2020 publicó y envió una carta (y otra en febrero de 2021) al FMI ,solicitando a dicho organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina”. ¿Qué proponían a cambio? “Reconsideración de los intereses; período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año 2025 y plazo de amortización en varias décadas”. O sea, creían que había un FMI comprensivo. ¿Pero hablan de no avalar el endeudamiento de Macri? No. ¿Hablan de no firmar ningún acuerdo con el FMI? No. ¿Hablan de que no hay que pagar una deuda usurera? No.

¡Son nefastos! ¡Mientras mandaban cartas con plegarias al FMI votaban el robo jubilatorio y avalaban los 12.000 millones de dólares que pagó de deuda su gobierno en sus dos primeros años!

También reivindican que los ilumina el pensamiento y acción de Néstor Kirchner cuando “nos habíamos liberado” bajo su gobierno y que posteriormente con Cristina Fernández “la Argentina se transformó en un modelo global para los procesos de reestructuración de deuda soberana”. Podrían preguntarse entonces por qué perdieron el gobierno con “la derecha de Macri” en 2015 si se estaba tan bien en esos años.

Dicen, por otro lado, que “el centro del debate es cómo tener un programa de crecimiento económico que supere las recetas fallidas de programas de ajuste y recesión”. Pero solo proponen seguir bajo el ala del FMI bajo otras formas. Se lamentan porque dicen que así no se van a poder cumplir las metas acordadas y vuelven al slogan de que hay que pagar. “Creemos firmemente que las deudas deben ser honradas y nuestro movimiento político así lo ha demostrado pagando deudas que no contrajo y que fueron contraídas por gobiernos de signo ideológico opuesto”.

El broche de la larga carta es la página final sobre las “Conclusiones”. ¿Proponen un camino alternativo? Claro que no. Solo se lamentan que, de no alcanzarse los objetivos, sería una “dolorosa derrota de LA POLÍTICA”… Aclaramos, derrota de la política del peronismo y del Frente de Todos, que incluye a quienes  se lavan la cara con su voto en contra.                          

Escribe Javier Leonforte, dirigente de Izquierda Socialista e integrante de la mesa nacional del FIT Unidad
 
El jueves 17 de marzo realizamos un nuevo acto amplio y unitario en el Congreso Nacional contra el pacto con el FMI que aprobaron el gobierno nacional del Frente de Todos y la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Así le dimos continuidad al gran movimiento contra el FMI que impulsamos desde el FIT Unidad luego de las últimas elecciones. Este movimiento protagonizó tres jornadas nacionales de lucha en Plaza de Mayo y todas las provincias del país, el 11 de diciembre del año pasado, el 8 de febrero y el 10 de marzo de este año, cuando el acuerdo se aprobó en la cámara de Diputados. Con dos plenarias generales en el Parque Lezama y decenas de reuniones en el sindicato docente Ademys y las provincias, unificamos a más de cien organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, feministas, ambientales y estudiantiles contra el pacto del gobierno con el FMI.

En el acto del pasado jueves tomaron la palabra Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Nicolás del Caño (PTS), Gabriel Solano (PO) y Vilma Ripoll (MST) por los cuatro partidos del FIT Unidad. La oradora más ovacionada fue Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora (Ver Nora Cortiñas: “Estamos fuertes y en resistencia. El FMI se va a tener que ir”). También hablaron por “Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda” Beverly Keene de Diálogo 2000 y el Serpaj, Nina Brugo de Unidad Popular y Pablo Goodbar del MULCS. Hubo oradores de otras organizaciones que también integran el movimiento, como Libres del Sur-Barrios de Pie, Frente Popular Dario Santillán, FOL, Nuevo MAS, la Coordinadora ambientalista “Basta de Falsas Soluciones”, Política Obrera y MTR 12 de Abril, entre otros sectores.

Con este criterio amplio y unitario, desde el FIT Unidad nos proponemos darle continuidad al movimiento, ya que cada tres meses habrá visitas del FMI para monitorear el plan de ajuste y no descansaremos hasta echarlos del país.

Escribe José Castillo

La inflación está completamente desbordada. Los precios de los alimentos suben astronómicamente, pulverizando salarios y jubilaciones. Alberto Fernández llama a una guerra contra la inflación, pero, en su afán de no afectar ningún interés de los poderosos, hace que sea el pueblo trabajador quien sigue perdiendo.

La semana pasada se conoció la inflación de febrero. El número fue de terror: 4,7%, acumulando 8,8% entre enero y febrero. Así, en los últimos doce meses tuvimos una suba de precios del 52,3%. Pero esto no es lo peor: los alimentos, lo que más pega en el bolsillo de las y los trabajadores, tuvo un alza de 7,5%.

Con estos valores, la canasta básica total, que mide el mínimo oficial para no ser pobre, subió un 6,6%, a 83.807,29 pesos. Claro que este número no considera algunos gastos importantes que tienen la mayoría de las familias trabajadoras, como por ejemplo el alquiler de una vivienda. Tomando esto en cuenta, la Junta Interna de ATE Indec calcula que el mínimo para que una familia tipo no caiga en la pobreza ya asciende a 136.104. La canasta básica alimentaria, por su parte, aumentó en febrero un 9%, por lo que el nivel de indigencia hoy se encuentra en 37.413,97 pesos.

Pero esto no es lo peor. Todos estos números son anteriores a la gran suba de precios que se dio desde fines del mes pasado en adelante. En muchos casos, con la excusa de “la guerra Rusia-Ucrania”. Marzo, además, acumulará toda una serie de aumentos autorizados por el gobierno (20% en las tarifas de servicios públicos, 6% en las prepagas de salud, 17% en colegios privados con subvención estatal en CABA y 11,8% en provincia de Buenos Aires, entre otros).

El anuncio de la economía de guerra…y más aumentos

El martes 15 el presidente Alberto Fernández anunció que el viernes 18 se iba a iniciar la “guerra contra la inflación”. Ridículo. Casi fue una señal a los grandes monopolios para que se lanzaran a una carrera de aumentos de precios “para cubrirse”. Finalmente, cuando el viernes volvió a hablar el presidente, no hizo ningún anuncio importante. En los días siguientes se conocieron las “medidas”: más de lo mismo, nada serio. Solo palabras y más palabras, en el típico estilo del gobierno peronista del Frente de Todos, con grandes frases y promesas de sancionar a los especuladores, pero en realidad sin tocar un pelo a los poderosos, garantizándoles el mantenimiento de sus superganancias.

Tenemos un ejemplo concreto en lo que pasó con la carne. Nadie controla nada. Los exportadores de carne más importantes (agrupados en el consorcio ABC) , que son quienes exportan el 82% de la carne, amenazaron con abandonar el acuerdo “cortes cuidados”, por el que se habían comprometido a vender al mercado interno a determinados precios regulados. En la práctica nunca lo cumplieron, y la carne siguió subiendo incluso por encima del promedio de la inflación (57,9% de promedio en el último año). El motivo: los exportadores se habían comprometido a enviar 6.000 toneladas al mercado local y solo enviaron 2.500. Por supuesto no recibieron ni la más mínima sanción.

Medidas que no solucionan nada

Analicemos ahora las medidas en concreto. Se anunció la creación de un “fondo de estabilización para el precio de la harina”, en concreto un fideicomiso financiado por una suba de las retenciones (de 31 a 33%) a las exportaciones de aceite y harina de soja. Traduzcamos: el gobierno va a subsidiar a los molinos el precio de la harina de trigo (que, como explicamos en otra nota, son en su mayoría grandes empresas monopólicas), financiándolo con un impuesto a las exportaciones de las transnacionales que venden soja procesada (aceite y harina de ese origen). ¿Alguien cree que con esta medida va a bajar el precio del pan o de los fideos? Para comparar: ya hace un año que existe un fideicomiso similar para el aceite comestible (mezcla, soja o girasol), y sin embargo los precios de estos productos siguen por las nubes.

La otra medida que se está anunciando es la fijación de un conjunto de “precios de referencia” para una serie de productos de la canasta familiar. Nos preguntamos: ¿qué quiere decir “de referencia”? ¿Se va a sancionar a quiénes no lo cumplan? Porque hace años que existen “precios cuidados”, meses pasados se creó “precios máximos” (que teóricamente también existió todo el primer año de la pandemia) y existen los “cortes cuidados” para la carne, que citábamos más arriba. Pero todo siguió subiendo. Esos cartelitos a lo sumo le sirvieron a los grandes supermercados como una estrategia de marketing para quitarle clientela a los negocios de cercanía, como los supermercados chinos, pero no evitó las remarcaciones, las desapariciones de productos en las góndolas mientras por arte de magia aparecían al lado otros solo diferentes en el packaging a mayor precio y mil maniobras más que hicieron que todo siguiera subiendo. Incluso, fue bajo el paraguas del propio programa de precios cuidados que el gobierno terminó autorizando aumentos (como lo volverá a hacer cuando venza el programa el próximo 7 de abril).

Lo que nunca se hizo, a pesar de amenazas grandilocuentes para las cámaras de televisión, fue sancionar a los especuladores. La ley de Abastecimiento, a la que ahora se esgrime como amenaza, nunca fue aplicada. No existe una sóla multa, ni mucho menos clausura, a ninguna empresa por subir precios o hacer desaparecer productos de las góndolas.

La inflación es una herramienta del ajuste a la medida del FMI

Lo tenemos que decir con todas las letras: la “guerra contra la inflación” no existe. El gobierno del Frente de Todos utiliza la inflación para hacer pasar el ajuste pactado con el FMI. Esa es su forma de hacer caer los salarios. Mientras todos los cálculos dicen que la inflación de este año terminará como mínimo en 55/60%, con la complicidad de la burocracia sindical se vienen firmando acuerdos del 45% anual y en cómodas cuotas (como se dió en la UOM, en docentes e incluso en el Consejo del Salario Mínimo). Las jubilaciones siguen acumulando pérdidas. Y, además, la inflación también se utiliza para licuar partidas sociales, que se ajustan por debajo de la suba de precios.

En síntesis, la inflación seguirá subiendo en los próximos meses, motorizada por los tarifazos y la suba de los precios de los combustibles, exigencia del FMI. Y ni que hablar de cuando el gobierno deba cumplir con el otro requerimiento del Fondo: actualizar (léase devaluar) el valor del dólar.

Las y los trabajadores tienen que salir a defender el poder adquisitivo de sus salarios, al igual que las jubilaciones. Son necesarios aumentos de emergencia para alcanzar como mínimo el valor de la canasta familiar, actualizaciones mensuales de lo que se pierde y la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin techo alguno. Acompañado por un autentico programa de lucha contra la carestía, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo.

La concentración en el sector de alimentos en nuestro país es enorme. Por eso, esas empresas aumentan precios a voluntad y violan las regulaciones, e incluso los acuerdos de precios firmados por ellas mismas.

Las dos empresas más grandes del sector amasan superganancias. Así, Arcor ganó el año pasado 19.918 millones de pesos (triplicando su ganancia de 5.441 millones de 2020). Molinos Río de la Plata, otra empresa monopólica líder en alimentos, ganó en 2021 2.829 millones.  

En medio de las medidas de la supuesta “guerra contra la inflación”, el ministro de Producción, Matías Kulfas, se reunió con las cámaras patronales que agrupan a las empresas del sector, básicamente la Copal, juntamente con los grandes empresarios de la comercialización: la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), donde confluyen Coto, Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) y La Anónima.

Pero la concentración se da en todos los rubros que componen la canasta de alimentos. Así tenemos:

• Lácteos
La Serenísima (Mastellone-Arcor), Sancor (Adecoagro) y Dadone, concentran el 75% del negocio

• Bebidas sin alcohol
Coca Cola, ADA y Pepsico controlan el 85%

• Productos congelados
BRF, Swift y Molinos tienen el 60%

• Aceites
Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza suman el 90%

Escribe José Castillo

El negocio agroexportador argentino está extremadamente concentrado, monopolizado y extranjerizado.

Esto se da en el complejo sojero, donde claramente prevalecen transnacionales como Cofco (china), ADM, Cargill y Bunge (yanquis), Dreyfus (francesa), Glencore (anglo-suiza) junto grandes empresas locales como Aceitera General Deheza.
Lo mismo se repite con el trigo. Si bien hay 37.425 productores, el 10% más grande concentra el 43,4% del total del área sembrada y sólo diez empresas suman el 94,9% de las exportaciones de trigo. Básicamente son las mismas que en la soja: ADM (18,2%), Cofco (17,6%), Cargill (15,5%), Bunge (12,7%) y Dreyfus (10,8%).

Estas son las empresas que en apenas dos semanas, desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, con la suba de los precios internacionales de los granos, se hicieron de ganancias por 2.000 millones de dólares extras.
Si ahora vamos al negocio molinero (de dónde se obtiene la harina) vemos que acá también se da una altísima concentración monopólica.En la molinería también hay concentración: 4,7% de los molinos, con una producción superior a las 100.000 toneladas, nuclea el 50,4%. La principal empresa es Molinos Cañuelas con más del 23%. Le sigue en tamaño Molinos Río de la Plata y Morixe.

Si seguimos hacia abajo en la cadena de producción, tenemos la fabricación de pastas secas. De 47 empresas, cinco acaparan el 76,5% de la producción. Molinos Río de la Plata sola se queda con el 44,5% del total.
El único sector no concentrado es el de las panaderías. Existen entre 15.000 y 20.000 pequeños comercios que producen y comercializan pan, facturas y tortas. El costo de la harina, producto de los abusos de todo el resto de la cadena, viene creciendo cada vez más y así encareciendo el pan, que ya llega a 320 pesos el kilo.

El aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, del 31 al 33% es apenas una vuelta al mismo valor que tenía durante el macrismo, ya que había sido el Frente de Todos, en un intento de congraciarse con las empresas del sector, quien el año pasado había reducido la alícuota. A la vez su recaudación (se calcula entre 350 y 400 millones de dólares) se usará para subsidiar al sector molinero, como vimos también altamente monopolizado. Se trata de un “pase de manos” entre distintas patronales, una tan especuladora como la otra.

A pesar de los amagues de defender “la mesa de los argentinos”, se viene repitiendo un patrón común desde el conflicto de 2020 con Vicentín. El gobierno del Frente de Todos habla contra los monopolios agroexportadores, amenaza con medidas, habla de subas de retenciones (como a principios de 2021), y luego, a la menor queja de los agrupamientos patronales del sector, retrocede o toma medidas mínimas, como las actuales, que no mueven el amperímetro.

Defender de verdad el bolsillo de las y los trabajadores requiere de medidas de fondo, ir de verdad contra estos monopolios, recortarle sus superganancias y quitarles el lugar de chantaje que hoy tienen, terminando con el monopolio de hecho que tienen sobre el sector externo de la economía, reemplazándolo por otro, al servicio del pueblo trabajador: la nacionalización del comercio exterior.