Escribe María Meza, Izquierda Socialista/FIT Unidad Tierra del Fuego

Demostrando un servilismo ilimitado, el presidente Javier Milei, junto a su ministro de Defensa Luis Petri, extendieron la alfombra roja para recibir al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey. El funcionario yanqui no viene a traer buenas noticias. La visita responde a los intereses estratégicos estadounidenses en la región sur del continente. Viene a supervisar las medidas de seguridad que adopta el gobierno y extender la influencia del país del norte.

El almirante se reunió con personal militar en la Base Naval Multipropósito de Ushuaia, donde informó el papel de su país en la protección de las rutas marítimas como pretenden hacer en el Canal de Panamá, donde enfrentan una fuerte resistencia. El interés del gobierno Donald Trump es controlar este tipo de instalación naval terrestre, multifuncional, que incluye el apoyo logístico a buques navales, reparaciones, aprovisionamiento, y entrenamiento. Lo mismo se proponen con los ejercicios militares que realizarán las Fuerzas de Operaciones Especiales que incluyen Santa Cruz y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y específicamente en Isla de los Estados, lo que permite a los yanquis actuar directamente en el terreno de operaciones.

En ese sentido, Holsey se interesó por la puesta en funcionamiento del Radar instalado en la Estancia el Relincho, en Tolhuin, a unos 100 kilómetros de Ushuaia. Un dato curioso es que este radar, que puede ser utilizado para espionaje, recibir y enviar mensajes, fue instalado por una empresa irlandesa y otra británica, en pleno gobierno del Frente de Todos. En la época se desató una gran polémica por la autorización y el gobierno peronista tuvo que retroceder y cancelar el proyecto.

Repudiamos la visita de este representante militar estadounidense. No hay nada de inocente ni casual en ella. En nombre de Trump, viene a poner un pie en una región geopolítica de importancia estratégica. Para eso, se utiliza de las facilidades que le otorga un gobierno entreguista que está dispuesto a renunciar a la soberanía nacional para congraciarse con el gobierno norteamericano. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, llamamos a resistir esta política pro imperialista del gobierno y a defender la soberanía económica, política y territorial de nuestro país.
 

Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobierno quiere trasladar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, de un pabellón de la cárcel común de Ezeiza, a un penal ubicado en el interior del predio de Campo de Mayo. La medida otorgaría beneficios a los represores condenados como celdas individuales con televisor, acceso a plataformas de internet y la posibilidad de utilizar las comodidades de la Unidad 34 de Campo de Mayo que dispone de canchas de tenis, gimnasio y una heladera cada dos detenidos.

Además de Astiz, también son parte de la lista de beneficiados Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, entre otros, todos con condena de prisión perpetua. Es una medida inaceptable. Nos sumamos al pedido de organismos de derechos humanos que exigen “que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido sus penas […] Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino (privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros) deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”.

Desde que asumió, el gobierno encabezado por Javier Milei y la negacionista Victoria Villarruel, se trató de rehabilitar a las Fuerzas Armadas negando sus crímenes. Parte de esa escalada fue la visita oficial de parlamentarios de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para “confortar” a los genocidas. También el video mentiroso publicado por Agustín Laje desde la Casa Rosada el 24 de marzo. Después resolvieron incorporar a los militares a tareas de seguridad interna, algo que está impedido por ley (ver nota en esta página) y ahora pretenden aliviar a los represores enviándolos a una cárcel VIP. No lo podemos permitir. Unamos fuerzas para gritar de viva voz: juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas.
                               

 
 

Escribe José Castillo

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es el organismo encargado de regular y controlar a todas las empresas que prestan servicios con camiones, ómnibus de larga distancia, colectivos del AMBA, trenes de pasajeros y formaciones ferroviarias de carga.
Hoy, la CNRT está en la mira de la motosierra del ministro Federico Sturzenegger, quien la tendría como próximo organismo a cerrar o “liquidar”. Esto ya ha desatado una feroz interna “por la torta” entre las distintas alas libertarias.

De hecho, para la eliminación y reestructuración de la CNRT existen dos alternativas en pugna dentro de la gestión mileísta. La primera propone fusionar el ente regulador con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST).

La nueva estructura absorbía la mayoría de las tareas de control y supervisión de las empresas de transporte automotor de cargas y pasajeros, mientras que los permisos y licencias internacionales quedarían a cargo de la Secretaría de Transporte. En cuanto a los trenes de pasajeros, las funciones de control pasarían a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario; para los trenes cargueros, se crearía la nueva Agencia Federal de Regulación del Transporte Ferroviario de Cargas (Afrtc), prevista en el esquema de privatización de Belgrano Cargas.

La segunda variante de reconfiguración de la CNRT consistiría en una fusión del ala terrestre de camiones y ómnibus en un nuevo organismo con Vialidad Nacional y la ANSV, mientras que los servicios ferroviarios quedarían reasignadas en la Secretaría de Transporte y en la nueva Afrtc.

Habrá un desguace de las actuales funciones, despidos masivos y, lo más importante, los controles pasarán a ser meramente formales, y a la medida de los negociados de los empresarios. El servicio bajará en calidad; la inseguridad y los riesgos de accidentes crecerán exponencialmente.

Nos oponemos al cierre y desguace de la CNRT, y sobre todo a los despidos de su personal. Junto con las y los trabajadores de los distintos medios de transporte involucrados, que son quienes deben administrar y controlar todo el sistema de transporte, el cual debe reestatizarse y no profundizar su privatización como propone el gobierno.
 

Escribe Angélica Lagunas, candidata a secretaria general provincial

El 29 de mayo serán las elecciones en el combativo gremio docente neuquino. Se elegirá la conducción provincial y las comisiones directivas en las 22 seccionales, además de decenas de cargos en el Concejo Provincial de Educación (CPE). Presentamos un frente unitario y combativo.

La actual conducción liderada por Marcelo Guagliardo, de la agrupación kirchnerista TEP, que lleva más de 20 años encabezando la directiva provincial, llamó sorpresivamente a elecciones que debían realizarse en octubre. Lo hizo para sorprender a la oposición y quitarle el tiempo necesario para recorrer una provincia muy extensa y con seccionales que distan a 500 km de la capital. A pesar de esta maniobra, logramos presentar el Frente Multicolor-Bermellón e Independientes. Lo hicimos junto a cientos de activistas luchadores, y todas las agrupaciones combativas opositoras, empujados por un gran sector de la base docente que reclama un cambio de modelo sindical para mejor enfrentar el ajuste del gobernador Rolando Figueroa que se alineó rápidamente a la motosierra y recortes de Javier Milei.

El gobernador, durante el primer año de gestión, atacó las condiciones de vida y de trabajo, continuó vaciando la salud y educación pública, profundizó la entrega del gas y el petróleo con ínfimas regalías, e incluso puso en riesgo de contaminación del Lago Mari Menuco por fracking que abastece de agua potable a más de 600.000 habitantes. A las y los trabajadores de la educación y estatales nos bajó el nivel de vida cuando no reconoció, en la actualización trimestral del salario, el 24,5% de inflación de enero del 2024. Justamente, la conducción de la TEP de Guagliardo en acuerdo con el gobierno y con asambleas en el interior, tipo encuesta personal, impuso un acta que nos llevó a esa pérdida salarial. Esa entrega fue un salto en el desprestigio de la actual conducción burocrática. Porque además aceptaron un premio al presentismo que es extorsivo porque nos obliga a ir a trabajar enfermas y enfermos, rebaja el 80% móvil de las jubilaciones y pretende que no salgamos a luchar. Si hay plata para presentismo, que pase al básico, es nuestro reclamo.

Gran frente opositor para recuperar ATEN

Las y los trabajadores de la educación nos estamos organizando contra el ataque sistemático al Estatuto del Docente a través de las reformas, al régimen de licencias, y para luchar por la recuperación salarial. La conducción de Guagliardo es una traba importante para frenar este ataque porque tiene un acuerdo con el gobierno muy fuerte y visible, al punto que puso una decena de funcionarios provinciales, empezando por la Ministra de Educación, proveniente del espacio político-sindical del TEP. Por eso el gobierno sigue avanzando en la destrucción del Estatuto del Docente para reemplazarlo por un convenio colectivo de trabajo, donde se termine con la antigüedad docente, los ingresos por listado y concursos, y volvamos (como a principio del siglo pasado), a depender del gobierno y las conducciones sindicales para conseguir un cargo.

La trayectoria de lucha con asambleas masivas de la seccional Capital y otras seccionales opositoras fueron la base para armar el Frente Multicolor-Bermellón e Independientes.  Presentamos lista en la provincial, en 14 de las 22 seccionales y en todos los cargos del CPE. Decimos que están en juego dos modelos sindicales: el modelo de la burocracia tipo Roberto Baradel, o el modelo que proponemos de un sindicato combativo y democrático, independiente del Estado y sus gobiernos, dispuesto a organizarnos para luchar para defender la escuela pública, el salario, las jubilaciones y las condiciones laborales. Organizar toda la acción gremial reivindicativa y de lucha desde las asambleas y los cuerpos de delegados y delegadas para que sean las bases las que decidan cuáles son nuestras demandas y con qué medidas las vamos a conseguir.

Si triunfamos, nuestra comisión directiva provincial trabajará en equipo con las conducciones seccionales; con finanzas públicas como ya lo practicamos desde ATEN Capital; y vamos a proponer que a las reuniones con el gobierno ingresen dirigentes de las seccionales junto a la provincial para garantizar la pluralidad en la delegación y la transparencia en la negociación. Y será un gran paso en la pelea por una nueva dirección democrática en el gremio y del sindicalismo combativo.

Nos preparamos para una gran campaña en la provincia, llamando a votar masivamente a nuestro frente y que controlemos las urnas con nuestros fiscales para derrotar el intento de fraude, ya que enfrentamos un aparato sindical apoyado por el gobierno, que manipulará el padrón y cualquier otra maniobra para retener sus privilegios. Y por supuesto contaremos con el apoyo de todo el sindicalismo combativo del país.

Escribe Nicolás Núñez, miembro de la comisión directiva de AGD-Sociales

Entre el 21 y el 25 de abril se llevaron adelante las elecciones de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Se dieron en el marco de que además el 22 y 23 se sostuvieron el paro y las distintas medidas de visibilización votadas por la federación nacional, la Conadu Histórica, en reclamo de aumento salarial. El sueldo de la docencia universitaria perdió entre el 30 y 40% de su poder adquisitivo desde que asumió Javier Milei. Fortalecer una posición crítica a la orientación del Frente Gremial nacional y las autoridades universitarias, desde donde el peronismo y el radicalismo frenaron la lucha en 2024, fue parte de lo que se expresó fuertemente en la elección de la AGD.

Participaron 1.574 docentes de las distintas facultades, el CBC y los colegios pre-universitarios. Para la Mesa ejecutiva del gremio, la lista Unidad Docente (UD) que conformamos desde la Lista Fucsia, junto a la Lista Naranja (PO), Marabunta, PTS, y compañeres independientes, obtuvo 1.092 (70,1%). Mientras que la lista En Común (Patria Grande, maoísmo, CTA-A), 466 (29,9%).

Por otro lado, la elección de Comisión Directiva que convocó a una mayor participación fue la que se dio en la Facultad de Ciencias Sociales, donde aumentando más de un 20% respecto de la última elección (2022), votaron 411 docentes. Con 251 votos, UD ratificó el rol que vino teniendo tanto en la conducción del gremio como en el día a día de la organización de la docencia. En esta elección se dio la particularidad de que además de En Común, nuestra lista unitaria y combativa tuvo también la oposición de Política Obrera (Jorge Altamira), que presentó una lista divisionista a días de haber compartido con los espacios que integramos UD una misma lista en las elecciones de Conadu Histórica. No escatimaron en el uso de mentiras ni en la búsqueda de apoyos de sectores vinculados a las distintas gestiones de la Facultad. Pero tras el cierre del recuento de votos no les alcanzó para entrar a la Comisión Directiva, lo que los llevó a hacer una campaña de calumnias para proponer fallidamente modificar el método histórico de distribución de ubicaciones en la directiva.

El voto de la docencia ratifica que existe en la UBA voluntad de enfrentar la motosierra de Milei y de hacerlo con un plan de lucha que vaya más allá de los frenos y limitaciones del Frente Gremial. Hace falta profundizar el camino de los paros y las clases públicas, y convocar una nueva marcha federal para que nuevamente cientos de miles salgan a las calles en defensa de la Universidad Pública.